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LA LUCHA PENDIENTE DEL CONGRESO CONTRA LA CORRUPCIÓN.


Este país necesita acometer sin más dilación la regeneración del sistema institucional en profundidad. Para ello, el PSOE tiene que dotarse de una "Agenda propia para la Regeneración Democrática", la otra prioridad junto a la creación de empleo, que le permitiría adoptar una posición más proactiva con el objetivo de avanzar en el Parlamento en la lucha eficaz contra la corrupción.

La importancia de esta Agenda guarda relación con la idea extendida entre la opinión pública de que el proceso de regeneracion está parado y que el Gobierno y el Parlamento no hacen nada. Son consecuencias del retraso en la aprobación y aplicación de medidas urgentes y cambios normativos que permitan prevenir y castigar la corrupcion y un mayor control y transparencia en el funcionamiento del sistema político.

La corrupción sigue aumentando la desafección ciudadana hacia la política, alimenta el desprestigio de los políticos y deteriora profundamente la confianza de la ciudadanía en la democracia y en sus instituciones. Sobre todo cuando la corrupción es noticia permanente en medio de una crisis que provoca sufrimiento y miedo al futuro para millones de familias por el desempleo masivo, los recortes de servicios públicos y el aumento de la desigualdad social. 

Pues bien, tras el debate en el Congreso sobre el estado de la nación, se aprobó el pasado 26 de febrero una Resolución con un conjunto de actuaciones propuestas y apoyadas por la mayoría de Grupos. No obstante, el PSOE e IU nos abstuvimos por considerarlas insuficientes. Con ella, se pretendía dar respuesta a las reiteradas demandas de la sociedad española para mejorar la calidad de la democracia y evitar la impunidad de los corruptos. Quienes hemos gobernado en España tenemos que reconocer, sin excusas, que han sobrado actitudes contemporizadoras y han faltado diligencia y contundencia.

La citada Resolución contempla la aprobación por parte del Gobierno de hasta once proyectos y reformas legislativas para su remisión al Parlamento: Ley de Partidos Políticos, Ley de financiación de Partidos, Ley del Tribunal de Cuentas, Ley de contratos del sector público, nuevo Estatuto del Cargo Público, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Penal, Ley de Iniciativa Legislativa Popular, Ley de Indulto, Ley de Régimen Electoral General y nueva Ley de Transparencia. ¡Casi nada!

Además, se comprometía a la elaboración de un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Así cómo a la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia.

Ante la magnitud de los deberes pendientes, los socialistas cometeríamos un error si permaneciéramos a la espera dejando que el Gobierno, desde la Vicepresidencia, marque los tiempos de este proceso regenerador e imponga con prepotencia sus contenidos. Sería tanto como dar un cheque en blanco a un PP que ha demostrado no aplicarse en la lucha contra la corrupción y en la transparencia porque está implicado en los casos Bárcenas y Gürtel, entre otros.

No se puede confiar en un Gobierno que se burla del Parlamento gestionando a golpe de Decretos-Leyes, impidiendo Comisiones de Investigación sobre los escándalos financieros y ofreciendo una democracia de plasma y sin preguntas frente a una democracia participativa. Y corresponde al Grupo Parlamentario Socialista, como primera fuerza política de la oposición, plantear iniciativas que demuestren que el Parlamento ni está muerto ni hace oidos sordos a las reivindicaciones de los movimientos ciudadanos.

De ahí mi propuesta, ya remitida a la dirección socialista, para que nos dotemos de una Agenda estratėgica propia que nos permita realizar un seguimiento, análisis y control diario de la política general del Gobierno de Rajoy en relación con la regeneración, la calidad de la democracia y la lucha contra la corrupción, creando para ello un grupo intensivo de trabajo y marcaje formado por diputados socialista, especialistas y asesores.

También ha de activar de modo específico el cumplimiento de los compromisos acordados el pasado 26 de febrero por el Congreso en su Resolución como consecuencia del debate sobre el estado de la nación, así como preparar con antelación la respuesta de los Diputados socialistas a los trabajos que debe presentar la Vicepresidenta del Gobierno ante las Comisiones del Congreso y consistentes en propuestas sobre las once reformas legales para su debate y aprobación.

Por último, la Agenda ha de incluir la presentación sin demora de un Manifiesto contra la corrupción y de un nuevo "Contrato ético del PSOE con la Ciudadanía". Sólo así podremos plantear desde la coherencia nuevas iniciativas en el Congreso para complementar las carencias de la Resolución. Nuestro objetivo no puede ser otro que afianzar las bases de una democracia ética, transparente y participativa que ayude a recuperar la confianza de la ciudadanía en la política. Y en particular en el PSOE.


Odón Elorza
Diputado Socialista por Gipuzkoa
20 de mayo de 2013

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BILDU PIERDE DOS AÑOS PARA COMENZAR LA OBRA DE LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN SAN SEBASTIÁN. OBRAS QUE ESTABAN CONCURSADAS Y ADJUDICADAS POR EL GOBIERNO ANTERIOR DESDE MARZO DE 2011.


El inicio de las obras de la Estación de Autobuses, junto a Renfe en Atotxa, es una buena noticia para la ciudadanía en general. Pero conviene no olvidar que esa obra, después de tres duros años de gestiones políticas con ADIF y Diputación, trámites urbanísticos, estudios económicos y negociaciones para la financiación de los 26 millones de coste, estaba ya concursada, adjudicada y recogida en los presupuestos de inversión del Ayto donostiarra con una partida plurianual.

Todo ello fue realizado y gestionado por el anterior Gobierno de San Sebastián desde hace más de dos años; concretamente en marzo de 2011 se adjudicaron las obras que hoy se inician tras la paralización de dos años que ordenó Bildu. Y se hizo entonces cumpliendo además todas las formalidades legales.

No me parece razonable que Bildu oculte ese dato, sobre todo cuando Bildu ha perdido inútilmente dos años por su rechazo a esta ubicación junto a la estación de Atocha, buscando argumentos peregrinos para impedir el cumplimiento de un acuerdo adoptado por el anterior Gobierno Municipal que tuve el honor de presidir como Alcalde y compuesto por el PSE-EE, Aralar y Alternativa. No se puede engañar a la ciudadanía en este asunto.

Por fin se demuestra, frente a la oposición mantenida durante 5 años por EA, PNV, PP y la antigua HB, (curiosa falta de memoria la de todos ellos) que la ubicación de la nueva Estación de Autobuses junto a la Estacion de Renfe y futura del AVE e Y ferroviaria vasca, era la idónea por centralidad, por servir de intercambiador modal y permitir la intermodalidad o combinación de sistemas de transporte.


Odón Elorza
Ex-Alcalde de San Sebastián
21 de mayo de 2013

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Resolución del Pleno del Congreso, de 26 de febrero, tras el debate sobre el estado de la nación en 2013 referida a "Regeneración democråtica, corrupción y transparencia". Con los votos a favor de PP, UPyD, CIU, PNV, ...


// Por su interés y para su análisis detallado, doy a conocer en mi blog el contenido de la citada Resolucion que ha de ser desarrollada mediante la remisión al Congreso de las propuestas de reforma legislativa para dar cumplimiento efectivo a los compromisos del Parlamento. A los Socialistas nos pareció que su contenido era incompleto y como tampoco queríamos dar un cheque en blanco a un Gobierno nada transparente en el caso Bárcenas -entre otros muchos- , optamos por la abstención desde una posición activa y vigilante //


"El Congreso de los Diputados considera necesario un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones. Entre otras, este acuerdo debería incorporar las siguientes iniciativas:

La elaboración de un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados.

2. La creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia.

3. La aprobación por parte del Gobierno de los siguientes proyectos de ley para su remisión al Parlamento:

Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos con nuevas exigencias a los partidos, como los procedimientos mínimos de aprobación de cuentas, que, en todo caso, deberán ser aprobadas y remitidas al Tribunal de Cuentas en los primeros tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran, la regulación del papel de los responsables económico- financieros de estas organizaciones, así como el tratamiento de las donaciones a los partidos políticos.

b) Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control para poder optimizar la capacidad de respuesta, en tiempo adecuado, del Tribunal de Cuentas, así como más medios para su desarrollo y fórmulas de colaboración por parte de la AEAT, el INSS y la Oficina de Conflictos de Intereses.

c) Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción.

d) Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, que constituya un verdadero Estatuto del Cargo Público al servicio de la Administración General del Estado. Esta norma debería incluir, entre otras, las siguientes medidas: la regulación de la publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de los cargos públicos; la realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato; el establecimiento de escalas de retribución de los cargos públicos de la Administración General del Estado; la determinación y límites de los sistemas de protección social; la limitación de la compensación tras el cese, y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.

e) Reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción. En concreto, se analizará el tratamiento penal de los siguientes delitos existentes en la legislación penal y de nuevos comportamientos que pudieren ser incorporados: prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, delitos urbanísticos, omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos politicos de sus cuentas y patrimonio social, financiación ilegal y enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos. Asimismo se determinará el aumento de los plazos de prescripción para esos delitos.

f) Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para clarificar la competencia de los Tribunales y agilizar los procedimientos para la persecución de los delitos de corrupción para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una condena pública sin sentencia.

4. En el ámbito parlamentario, se adoptarán los siguientes acuerdos:

Incorporación a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de los siguientes extremos:

I. La mejor fórmula para incorporar a la Ley de Transparencia a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público.
II. Cláusula de inmediata entrada en vigor de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos.

b) Estudio, en las correspondientes comisiones parlamentarias, de los siguientes aspectos:

Medidas oportunas a adoptar para regular las organizaciones de intereses o "lobbies", con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites.

II. Forma de aplicación a Diputados y Senadores de las normas de transparencia incluidas en la futura Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, estableciendo un procedimiento concreto de publicidad de las declaraciones tributarias, de actividades y bienes.

III. Reformas necesarias para modernizar las campañas electorales (sondeos, tratamiento por los medios, debates e incluso duración).

IV. Nuevas medidas a adoptar contra el transfuguismo político.

V. Posibles reformas de la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular para facilitar su impulso y tramitación.

VI. Posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para mejorar el procedimiento de votación de los ciudadanos españoles residentes en el exterior.

VII. La puesta en marcha inmediata de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales".

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MIS ARGUMENTOS PARA RECHAZAR EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO RAJOY SOBRE LA CONTRA-REFORMA LOCAL.


1. ESTA INICIATIVA ESCONDE LA IMPOSICIÓN DEL MODELO IDEOLÓGICO DE LA DERECHA.

El Gobierno de Rajoy aprobó en Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2013 iniciar la tramitación de su propuesta de contra-reforma para la administración local: un anteproyecto de Ley denominado "para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local".

¿Qué busca el Gobierno?

Montoro aprovecha las exigencias de Bruselas sobre la estabilidad presupuestaria y el estricto cumplimiento del déficit para devaluar la democracia local, vaciar de competencias a los Ayuntamientos convirtiéndolos en meras delegaciones de otras administraciones, someter y tutelar su capacidad de decisión e imponer un modelo ideológico basado en: la austeridad, los ajustes y recortes de derechos ciudadanos y la privatización o desaparición de servicios públicos. Todo ello conducirá a una mayor desigualdad y desprotección de una buena parte de nuestros vecinos en un periodo en el que la crisis económica requiere más que nunca de la actuación conjunta de las administraciones públicas para garantizar un umbral básico de protección social.

Dice el Gobierno que su contra-reforma local persigue el objetivo de hacer cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y garantizar la sostenibilidad de las Entidades Locales. Pero es una justificacion sin base, puesto que son los Gobiernos Locales los que están cumpliendo con mayor rigor los objetivos de reducción del dėficit público y amortización de deuda. Los datos son que el endeudamiento público de los Ayuntamientos se sitúa en torno al 4% del PIB. Además, sobre un déficit público del 10 % entre el conjunto de las administraciones en 2012, la administración local "aportó" el 0,3% y se mantendrá en el 0% en el periodo 2013-2015.

Sin embargo, el PP quiere atribuirles una imagen de mala gestión y despilfarro, como si tuvieran necesidad de buscar una cabeza de turco a quien responsabilizar de la mala situación económica general.

El PP busca imponer, con su mayoría absoluta, los criterios de máximo rigor presupuestario que exige la troika en el funcionamiento de las corporaciones locales, por encima de la atención a la ciudadanía y la prestación de servicios de calidad que son, desde hace 30 años, los objetivos prioritarios de casi todos los Ayuntamientos. Ellos han sido quienes han transformado nuestros municipios, aún reconociendo la existencia de inversiones injustificadas y fallidas y de casos decorrupción; importantes pero que no pueden borrar el acierto y la honestidad demostrada por la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que han gestionado las Alcaldías en España desde el año 1979.


2. RAJOY PRETENDE ELIMINAR LOS SERVICIOS SOCIALES EN LOS PUEBLOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES.

En la actualidad y según la Memoria del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, correspondiente a los años 2010-2011, elaborada por el Ministerio de Sanidad, el 98% de la población en España tenía acceso a los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. Canalizando y realizando estos servicios sociales municipales trabajan 50.000 personas. Cada año, 7 millones de ciudadanos se benefician de estos servicios pero la desaparición del Plan Concertado, al dejar el Estado de aportar ayudas, se traduce en dejar sin atención y cuidados a millones de personas, en especial , mayores y dependientes, y condenarlos a una vida precaria o abandonarlos a la exclusión.

El modelo ideológico de la derecha pretende, entre otras cosas, que en los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, los servicios sociales y de otro tipo que no sean "rentables" o no cumplan con los criterios y el "coste estandar" o precio máximo que fijará el Gobierno, tendrán que desaparecer o se externalizarán previo traspaso de las competencias de los Ayuntamientos a las Diputaciones. Esto significará, además, alejar la gestión de lo próximo y dificultar el control ciudadano.

En definitiva: quieren eliminar los servicios sociales en los municipios con menos de 20.000 habitantes, prescindir del personal cualificado que los presta, pasar la competencia de los servicios sociales y otros servicios a las Diputaciones Provinciales y abrir camino a la privatización de su prestación cediéndolos a empresas concesionarias.


3. EL PROYECTO DEL PP CONDENARÁ A LA MARGINACIÓN A LAS ZONAS RURALES.

Los servicios sociales no solo cumplen una función social y solidaria sino que, además, en miles de zonas rurales son un elemento que favorece la formación de "comunidad" y la permanencia de los habitantes en el territorio.

Con la eliminación de todos los servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 habitantes (teleasistencia, ayuda a domicilio para dependientes, autobuses escolares, ayuda a mujeres maltratadas, acogimiento a personas en situación de exclusión social, talleres ocupacionales y tantos otros), se estaría condenando a la marginación a miles de ciudadanos que viven en las zonas rurales, provocando su despoblación. Por cierto, la propuesta del Gobierno elimina todas las entidades locales menores.

El mantenimiento del pequeño municipio, que defiende los intereses de sus vecinos y contribuye y define su identidad, no puede estar reñido con la gestión más eficiente de los servicios. Esta etapa de crisis debe servir para impulsar la concertación de actuaciones entre ellos, mediante mancomunidades y consorcios dotados de instrumentos -que deberían aportar las Diputaciones- para garantizar una gestión con rigor tėcnico y económico. Esta fórmula o la asociación de pequeños municipios han de permitir una prestación racional de los servicios locales sin sobrecostos.

Hay que tener en cuenta la realidad de nuestra estructura municipal que tiene 5.791 municipios de menos de 2.000 habitantes. Y que los servicios no obligatorios para Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes pueden ofrecerse mediante mancomunidades, comarcas o consorcios de municipios, siempre con la garantía de apoyo técnico y legal. Es ahí donde alcanza sentido la existencia de las Diputaciones Provinciales como entes colaboradores de los pequeños municipios y no como una administración política opaca, reforzada de más poder como pretende el PP.


4. EL PP DESPRECIA EL PAPEL CÍVICO DE LOS AYUNTAMIENTOS Y PERJUDICARÁ LA COHESIÓN SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS EN MITAD DE LA CRISIS.

La propuesta del PP deja en manos de las Comunidades Autónomas prácticamente todas las competencias en servicios sociales que hoy están gestionados por los Ayuntamientos de las ciudades y poblaciones superiores a 20.000 personas, pudiendo delegar en algunos casos su prestación en los ayuntamientos tras un complejo proceso de ida y vuelta, marcándoles los criterios y tutelando cada paso. Y sin precisar cómo, ni hasta cuando y a quienes se va a financiar.

Esto, además, supone un claro desprecio hacia la eficaz labor en servicios sociales que prestan los ayuntamientos desde hace años y al buen trabajo de atención a los ciudadanos que se ha hecho desde ellos. La inmensa mayoría de los ayuntamientos lo han hecho y lo hacen bien, en este ámbito, porque son la administración más
cercana al ciudadano, porque conocen el terreno y se adaptan a las necesidades de las personas.

El PP quiere trasladar la reforma laboral y los recortes de servicios al campo de los Ayuntamientos, como exigió Bruselas. Y la consecuencia será la expulsión de miles de trabajadores, más paro y una privatización de servicios.

Quitar las competencias sobre los servicios sociales y limitar, intervenir o impedir el papel de los Ayuntamientos en materia educativa, sanidad, vivienda, desarrollo económico o empleo es dificultar la cohesión social y reducir el "salario social indirecto" que muchos Ayuntamientos aportan a la ciudadanía por la vía de servicios.

Está claro que el Gobierno de la derecha no busca una reforma democråtica, ni potenciar el papel se los Ayuntamientos en tiempos de crisis en los que habría que reforzar su papel -como las administraciones más cercanas a la ciudadanía- para mantener las bases de la cohesión social en los pueblos y ciudades con políticas de solidaridad y ayuda a aquellas familias que viven en situacion de pobreza y con riesgo de exclusiøn.

Por el contrario, pretenden vaciar de competencias a más del 90 por ciento de las entidades locales, despreciando a los gobiernos locales elegidos democráticamente en las urnas por la ciudadanía para convertirlos en meras administraciones que soporten las decisiones políticas de otras instancias territoriales.


5. DEL RECHAZO AL PROYECTO DEL GOBIERNO A LA MOVILIZACIÓN Y CONSTRUCCION DE UNA ALTERNATIVA.

La reforma de la Administración local diseñada por el Gobierno de la derecha — cuyo lema es: una Administración una competencia, rechazando las competencias compartidas entre administraciones — concede la competencia exclusiva de los servicios sociales en las ciudades a las Comunidades Autónomas y falsea los datos a la hora de evaluar el pretendido ahorro económico que se marca como objetivo.

Esta decisión tendrá un impacto directo en las prestaciones de servicios municipales, protagonistas de la primera línea de batalla contra la desigualdad, la exclusión y el desamparo. Precisamente en un momento en que la dureza y la persistencia de la crisis económica está desbordando la capacidad de respuesta de la red asistencial, la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy ha sembrado la incertidumbre en el sector: no está claro si las autonomías mantendrán todos los servicios que los municipios tendrán que dejar de asumir, si podrán financiarlos o si acabarán privatizándolos. Como reconoce el propio Gobierno, entre los principales objetivos de la reforma se encuentra el de "favorecer una regulación favorable a la iniciativa privada".

Esta errónea concepción del nuevo papel de los Ayuntamientos se manifiesta en un texto que no resuelve los problemas reales de financiación de las Entidades Locales, ni profundiza en los derechos democráticos de participación ciudadana, ni abre el debate sobre la posible elección directa de los Alcaldes, ni aborda medidas de transparencia, ética política y buen gobierno .

Por el contrario, ataca la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, ignora los principios reconocidos en la Carta Europea de la Autonomía Local, vulnera la propia Constitución y los Estatutos de Autonomía invadiendo las competencias de las Comunidades Autónomas.

En tales circunstancias, el PSOE y el conjunto de la oposicion, excepto UPyD, pedimos la retirada inmediata de este proyecto que no puede imponerse por una mayoría absoluta coyuntural y que se abra un proceso de debate para poder aprobar una nueva Ley de Gobierno Local, con la participación activa y el consenso imprescindible de los grupos parlamentarios y de las Asociaciones representativas del municipalismo.

El objetivo es lograr Ayuntamientos más eficientes evitando descoordinaciones con otras administraciones que permitan gestionar mejor, ahorrar recursos sin perder eficacia y mantener servicios con criterios sostenibles desde el punto de vista social y económico. Además, la nueva norma debería establecer las bases para dejar claramente definidas las competencias propias de los Ayuntamientos, el modo de ejecutar las competencias compartidas con otras administraciones, la mejora de los mecanismos de control y transparencia para evitar casos de corrupción (con especial referencia al papel de los Secretarios, Interventores y mesas de contratación) sobre todo en materias de contratación de obras y planes de urbanismo, establecer los límites retributivos de los políticos y garantizar un modelo de financiación local suficiente y adecuada a los servicios que prestan.


*De momento, he presentado como Diputado hasta 9 preguntas a responder por el Ministro Montoro que después de 8 meses se niega a comparecer en Comisión del Congreso para "explicar" de modo transparente los objetivos de su contra-reforma local y someterse al debate de control político por la oposición.


Odón Elorza
Diputado Socalista
29 de abril de 2013

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NUEVO ESCENARIO ANTE LA ORDEN MINISTERIAL 2899/2011 DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DEL CLIENTE DE SERVICIOS BANCARIOS.

De acuerdo con la solicitud que me han planteado la Plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa y la Agrupacion Socialista de Hondarribia del PSE-EE (PSOE), he presentado como Diputado Socialista una nueva iniciativa parlamentaria para lograr la desaparición definitiva del IRPH de Cajas y Bancos como índice de referencia para el establecimiento de los intereses de los préstamos hipotecarios, a partir del día 28 de abril, y que el Gobierno establezca su sustitución por el denominado “régimen transitorio".
Conviene recordar que la Disposición Transitoria de la Orden Ministerial 2899/2011 publicada el 29 de octubre de 2011 "de transparencia y protección de los clientes de los servicios bancarios", establece que la desaparición completa del IRPH Cajas, entre otros, se producirá el próximo día 28 de abril de 2013, siempre que se establezca el "régimen transitorio" para los préstamos hipotecarios afectados. Dicho "régimen transitorio" que debería fijar el Gobierno antes del día 28 de abril, tendría como objetivo la fijación del interés que ha de aplicarse a los préstamos afectados por la desaparición de su indice de referencia y que no contemplan una alternativa en su clausulado.
Es de gran trascendencia la retirada de unos índices llamados a su desaparición según establece la citada Orden Ministerial y su sustitución por otro tipo de interés más bajo que favoreciera a una gran cantidad de familias al permitirles afrontar sus obligaciones de una manera más desahogada. En suma, el Gobierno de Rajoy y el Ministro De Guindos, caso de tener voluntad, pueden ayudar a poner freno a situaciones límite que están conduciendo a un amplio porcentaje de familias al impago, al desahucio, y a la exclusión social.

Sin embargo, de darse este "regimen transitorio" no afectaría a la mayoría de los préstamos firmados con la entidad Kutxa, que son varios miles y que sí contemplan una cláusula alternativa a la desaparición del IRPH, que es la del euribor + 1 %

Por las razones expuestas y más allá de la problemática diferente que tienen los clientes con préstamos suscritos con la Caja Kutxa, el PSOE exige al Gobierno, en esta PREGUNTA PARA EL PRÓXIMO PLENO de sesión de control al Gobierno, que rinda cuentas sobre sí ha publicado o no el citado "régimen transitorio" antes del día 28 de abril. Ademås le preguntaré sí su contenido resulte socialmente aceptable, conforme y sensible con la realidad económica en que vivimos. Es decir, que para los préstamos hipotecarios que no tienen prevista una claúsula alternativa a los índices que desaparecen, el "régimen transitorio" fije un nuevo interés que no vaya más allá del euribor + 1%.

Odón Elorza
Diputado Socialista por Gipuzkoa.
San Sebastián a 27 de abril de 2013.

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ANEXO:


Pregunta presentada al Grupo Parlamentario Socialista por el Diputado Odón Elorza Gonzålez y dirigida al Ministro de Economía para la próxima sesión de control al Gobierno.


¿Ha publicado el Gobierno antes del 29 de abril, y en su caso con qué contenido, el régimen transitorio que se prevé en el último inciso del apartado 1 de la disposición transitoria única de la Orden Ministerial EHA/2899/2011, de 28 de octubre, "de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios", por la que se suprimen el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las cajas de ahorros (IRPH Cajas) y los bancos (IRPH Bancos) así como el tipo activo de referencia de las cajas de ahorro (indicador CECA)?



En el Congreso de los Diputados, a 24 de abril de 2013.