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Rajoy vacía la hucha de las Pensiones.

La España que nos ha impuesto la derecha en estos años de crisis se resume en un modelo de país que se identifica con las desigualdades, la precarización laboral, la corrupción y las incertidumbres. Rajoy nos dejará esa herencia y muchas cuestiones pendientes, como la reforma de la Constitución o la consolidación del sistema de las pensiones públicas.

Para quienes defendemos posiciones de izquierda, la situación de grave riesgo de las futuras pensiones, su actual pérdida de capacidad adquisitiva (suben un 0'25%) ante la mayor subida del IPC (1'20%) o el incremento de la factura de la luz, así como el enorme déficit desde 2011 del sistema de la Seguridad Social por la bajada de ingresos por cotizaciones, nos parece un escándalo que podría tumbar a este gobierno.

La crisis de las pensiones, cuyo botón de muestra es el vaciado de la hucha por parte de Rajoy, es consecuencia del conjunto de las políticas más antisociales aprobadas por el Gobierno del PP. Me refiero a que detrás se esconden: la reforma de las pensiones de 2013 con la trampa del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización -que rebajará con el paso de los años las pensiones una media del 30% sobre el marco normativo anterior-, la reforma laboral de 2012 con la precarización del empleo y la rebaja de los salarios, las políticas de contratación favorecedoras para los empresarios con rebajas de las cotizaciones que en 2016 supusieron 1.500 millones, la ausencia de una reforma fiscal y la ineficacia y falta de previsión del gobierno.

El Congreso de los Diputados aprobó en marzo y septiembre de 2017, a propuesta del PSOE, dos resoluciones reclamando al gobierno que, tras su negociación con los interlocutores sociales y sin perjuicio de su debate en el Pacto de Toledo, adoptara las medidas necesarias para asegurar el equilibrio financiero del sistema público de pensiones con nuevos ingresos, garantizando su sostenibilidad y la suficiencia de las mismas para vivir con dignidad. Y ello, tanto a través de su actualización de conformidad con la evolución de los índices de precios como definiendo otros ingresos complementarios a las cotizaciones que, desde los Presupuestos Generales del Estado, se destinen a cubrir el déficit del sistema en los próximos años.

Pasan los meses y los años y el Gobierno del Partido Popular, además de jugar con el espejismo de una tasa de crecimiento con empleo basura, continúa inmóvil, sin cumplir sus responsabilidades. Mientras, el desfile de comparecencias de expertos ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso se suceden, en una maniobra dilatoria de Rajoy para tapar su incapacidad ante el creciente déficit de la Seguridad Social.

Lo cierto es que el agujero de la Seguridad Social se sitúa en torno a los 15.000 millones de euros anuales —así está previsto al menos hasta 2020— lo que hace que salten todas las alarmas. Con excepción de las de la Banca y las aseguradoras, más preocupadas en el negocio de vender planes de pensiones que en contribuir a sostener uno de los pilares de redistribución de rentas y solidaridad en un Estado de Bienestar.

En vez de proponer, en estos seis años, alternativas que combatieran el déficit, Rajoy se limita a vaciar la llamada hucha de las pensiones que se creó para afrontar las posibles descompensaciones financieras del sistema. Este Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue una herencia del Gobierno de Rodriguez Zapatero que Rajoy ha gastado por un importe de 70.000 millones de euros.

El pasado 28 de junio el BOE publicó la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, otorgando al Gobierno autorización para la concesión de préstamos a la Tesorería de la Seguridad Social hasta un importe máximo anual de 10.192 millones. El Consejo de Ministros de 29 de junio acordó concederle un préstamo de 5.986 millones así como que se detrajera del Fondo de Reserva de la Seguridad Social otros 3.514 millones con el fin de completar el abono de las dos pagas de julio y la liquidación del IRPF.

A inicios de diciembre hemos conocido que ha dispuesto del crédito sobrante de 4.206 millones y de otros 3.586 millones que ha sacado del Fondo de Reserva para hacer frente a las dos pagas de fin de año en el presente 2017. La opción de endeudarse para pagar pensiones - lo volverá a hacer en 2018 acudiendo a otro crédito del Tesoro por importe de 15.000 millones de euros- es el claro reflejo de la incapacidad de un Gobierno que, a la vez que continúa con su política de minoración de ingresos del sistema de pensiones, se niega a abordar una estrategia para completarlos con recursos adicionales. Es pura desidia e irresponsabilidad. 

La política del PP se basa en un modelo de contrataciones precarias con salarios devaluados, lo que lleva a la reducción de las bases de cotización y supone la bajada de ingresos de la Seguridad Social. Se otorgan, además, incentivos para la creación de empleo basados en bonificaciones, exenciones y tarifas planas para las empresas, algo ineficiente para el objetivo perseguido y cuyo coste es asumido por la Seguridad Social, cuando debieran ser financiadas desde el Presupuesto del Estado. Medidas de apoyo a las empresas, en detrimento de los ingresos a la Seguridad Social, que el PP ha ido aplicando al margen del Pacto de Toledo.

Nadie niega la compleja solución del problema pero se deben arbitrar nuevas fórmulas de financiación, como expresión del imprescindible pacto intergeneracional entre trabajadores activos y jubilados que, junto con el abono de las cuotas sociales, contribuyan a garantizar una viabilidad y sostenibilidad del sistema que suponga acercar ingresos y gastos.

Un gobierno con conciencia social tendría que adelantarse a los retos futuros que recaen sobre las pensiones, relacionados - también por la OCDE - con el descenso alarmante de la natalidad en España, el aumento de la esperanza de vida tras la jubilación, la inicial subida de la cuantía media de las nuevas pensiones y el acceso a la jubilación de la generación del baby boom.

A lo anterior se suma la elevada tasa de paro y de temporalidad, un SMI que sigue bajo y desempleados sin prestación que tampoco cotizan; en definitiva trabajadores que cotizan poco o nada para sus jubilaciones, lo que pone en riesgo su futura cuantía. Otro problema para la viabilidad de las pensiones es la baja tasa de empleo de las personas de más de 55 años, muy por debajo de la media de la OCDE, en particular el grupo de 65 a 69 años. Por cierto que para el colectivo de parados de larga duración y más de 52 años, castigados por la crisis, debería de establecerse un tratamiento especial sobre el cómputo de los años cotizados para impedir pensiones de miseria.

En opinión de CCOO y UGT, el mantenimiento del sistema de pensiones es viable. Pero hay que mejorar ya la estructura de ingresos de la Seguridad Social, reducir la caída de la tasa de sustitución, subir los salarios más bajos, destopar las cotizaciones de los más altos y establecer otros ingresos que provengan de una nueva imposición al sector de la Banca, de nuevos tributos finalistas o de los Presupuestos Generales. 

Es urgente lanzar un debate transparente y clarificador ante la sociedad, con rigor y sin demagogia, con convicción del problema y propuestas concretas de las fuerzas políticas, los agentes sociales y económicos. Habrá que repartir con equidad los esfuerzos necesarios para mantener el carácter contributivo, distributivo y de dignidad de las pensiones.

El PSOE lleva tiempo trabajando en ello y Pedro Sanchez ha presentado las bases de nuestra propuesta, convocando asambleas abiertas por todo el país ante una situación de emergencia. Mientras, a Rajoy ni se le espera, mientras la derecha y los poderes a su servicio descalifican cualquier movimiento del PSOE. 

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa y miembro de la CEF del PSOE.

San Sebastián a 18 de diciembre de 2017  /  Publicado en Público.es 

*Texto revisado el 16 de enero. 

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