Iniciativas parlamentarias

Pregunta al Gobierno en relación con la situación de la hucha de las Pensiones y la financiación del sistema público de Pensiones.

                                                  A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Pregunta, “en relación con la situación de la hucha de las Pensiones y la financiación del sistema público de Pensiones”, para que le sea contestada por escrito.

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 4 de diciembre de 2017. 

 

 

                                                                   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Partido Popular, en sus seis años de Gobierno, no ha planteado ni acordado una sola medida para "proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma" (disposición adicional novena, Ley 3/2017).

Frente al déficit creciente que presenta el sistema, por primera vez en democracia, y que desde el año 2012 y hasta el año 2016 alcanzó una cifra acumulada de cerca de 70.000 millones (el 7% del PIB), la única medida adoptada ha sido la de vaciar el Fondo de Reserva de las pensiones, una herencia de gobiernos anteriores.

Así, el Gobierno de Rajoy y Fátima Báñez ha empleado desde 2012 la mayor parte del Fondo de Reserva, un Fondo que, derivado del consenso alcanzado en el Pacto de Toledo de 1995, se constituyó para sufragar las posibles descompensaciones financieras que pudiera arrojar el sistema.

Pero en vez de buscar alternativas que aliviaran el déficit del sistema durante estos seis años, el Gobierno del Partido Popular ha convertido la llamada “hucha de las pensiones” en el instrumento imprescindible para garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones, como expresamente lo señala el Informe enviado a las Cortes Generales sobre “evolución y composición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social de 2015”.

Por otro lado, el pasado 28 de junio el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, cuya disposición adicional novena le otorga al Gobierno la posibilidad de autorizar la concesión de préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social hasta un importe máximo anual de 10.192 millones de euros.

Apenas 24 horas más tarde, el Consejo de Ministros de 29 de junio autorizó la concesión de este préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para 2017. Para ello, acordó que se tomara del mismo la cantidad de 5.986 millones, casi el 60%, así como que se detrajera del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 3.514 millones, con el fin de completar el abono de las dos pagas de julio y la liquidación del IRPF.

A inicios de diciembre hemos conocido que dispondrá del crédito sobrante de 4.206 millones y de otros 3.586 millones que ha sacado del Fondo de Reserva para hacer frente a las dos pagas de fin de año en el presente 2017 que alcanzan una cifra de 17.470 millones de euros.

El Gobierno del Partido Popular ha consumido, pues, la cantidad disponible en 2011, que ascendía a 66.815 y buena parte de sus rendimientos. Cuando el Gobierno ha visto que el Fondo era insuficiente y que el desequilibrio financiero del sistema apunta en 2017 a cerca de 20.000 millones, ha optado por endeudar el sistema de Seguridad Social. Y ello, cuando en la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 se había introducido la previsión de reducción de las transferencias del Estado a la Seguridad Social: un 0,52% menos.

El Gobierno incide, pues, en el endeudamiento y en el desequilibrio del balance del sistema público de pensiones, en vez de optar como alternativa a una mayor transferencia desde el Presupuesto del Estado al de la Seguridad Social. Alternativa de transferencia que, como garantía de eficiencia, debería compaginarse con una reversión de la reforma del mercado de trabajo, que ha producido una precarización de las condiciones laborales y una devaluación salarial de impacto directo en las arcas del sistema, así como con dejar de imputar a este sistema gastos impropios, como reducciones de cuotas o tarifas planas.

El Gobierno del PP tendría que impulsar un debate necesario y en profundidad sobre cómo articular un nuevo modelo de financiación de nuestro sistema público de pensiones, previsión ya recogida en las Recomendaciones del Pacto de Toledo, en el Acuerdo Social y Económico de 2011 y en la Ley 27/2011, de 1 de agosto.

La opción del endeudamiento es el claro reflejo de la parálisis de un Gobierno que, a la par que continua con su política de minoración de ingresos del sistema, se niega a abordar una estrategia para completarlos con recursos adicionales provenientes de la imposición general. No cabe escudarse en las reuniones de comparecencias que celebra el Pacto de Toledo para eludir esta responsabilidad de Gobierno. La situación urge a que se adopten de forma inmediata las medidas que permitan el reforzamiento financiero del sistema, a presentar por el Gobierno para ser discutidas en el seno del Pacto de Toledo.

Es necesario arbitrar nuevas fórmulas de financiación que, junto con el abono de las cotizaciones sociales, contribuyan a garantizar de forma solvente la viabilidad y sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social así como la suficiencia de las pensiones. Del modo como ya lo vienen haciendo los países de nuestro entorno, adelantándose a los desafíos futuros relacionados con el incremento de la esperanza de vida, tal y como se acordó por el Gobierno socialista y los interlocutores sociales en el Acuerdo social y económico de 2011 y se recogió en la Ley 27/2011, de 1 de agosto.

El Gobierno debe actuar para reforzar la financiación de nuestro sistema público de pensiones, como expresión de pacto intergeneracional y pacto entre trabajadores activos y jubilados. Las pensiones constituyen el pilar más sólido de nuestro Estado de Bienestar y fundamento de la cohesión social.

A finales de 2017, el agujero de las pensiones representará aproximadamente la mitad de todo el déficit del Estado y será el principal reto presupuestario que haya que abordar. Máxime cuando en los próximos años se empezará a jubilar la generación del baby boom, presionando todavía más al alza sobre los gastos.

Por todo ello, el Diputado firmante formula la siguiente PREGUNTA al Gobierno:

1-¿Piensa cumplir el Gobierno la Recomendación del Pacto de Toledo, en vigor en la actualidad, que le exige adoptar urgentemente medidas que aseguren el equilibrio financiero en el corto plazo y garanticen la sostenibilidad y viabilidad del sistema de futuro, sin merma de los derechos de los pensionistas por afectar a uno de las bases de la cohesión social?

2-¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Gobierno para garantizar la financiación del sistema público de Pensiones a la vista de que agotará en 2018 los 70.000 millones de euros que recibió en 2011 del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y en el que hoy solo quedan 8.095 millones?

3-¿Piensa el Gobierno refundar y afianzar nuestro compromiso con el sistema público de Pensiones, presentando en el seno del Pacto de Toledo las fórmulas y nuevas fuentes de financiación que permitan restituir y garantizar su equilibrio financiero?

4-¿En qué plazo se compromete el Gobierno a presentar ante el Pacto de Toledo un proyecto articulado para corregir el déficit del sistema de la Seguridad Social, sin endeudarlo más y garantizando con actualizaciones anuales el poder adquisitivo de las Pensiones?

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Proposición sobre iniciativas fiscales para apoyar el uso de la bicicleta.

                                                A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre una política fiscal en apoyo a la bicicleta en las ciudades, para su debate en la Comisión Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 30 de noviembre de 2017

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

                                                                 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Ha llegado el momento de aplicar menos impuestos a la bicicleta ante la falta de interés del Gobierno por apoyarla. La bici está cada vez más presente en las ciudades españolas y su utilización contribuye a fortalecer los comportamientos en favor de una movilidad sostenible. Las ventajas que aporta su uso para la ciudadanía y el funcionamiento de las ciudades están ampliamente contrastadas: humaniza la ciudad, calma el tráfico, mejora la salud de las personas y disminuye el gasto sanitario, reduce la contaminación ambiental y acústica, ahorra energía fósil y promueve la igualdad.

Las administraciones públicas, en un tiempo en el que la preocupación entre la ciudadanía es máxima por el nivel de polución en las ciudades, deberían adoptar con más decisión un conjunto de medidas repetidamente señaladas por los colectivos de ciclistas urbanos, las entidades de la bicicleta y el movimiento ecologista.

El problema de la contaminación del aire en un importante número de ciudades, coincidiendo con unos años de reducción drástica del régimen de lluvias, afecta directamente a la salud pública de toda la ciudadanía. Eliminar esa polución es un objetivo que va unido a la lucha contra el cambio climático y que exige la adopción de medidas que reduzcan el uso del vehículo privado y promuevan el aumento del número de usuarios de los transportes colectivos y de la bicicleta en las ciudades, tanto la convencional como la eléctrica.

Para llegar al volumen de usuarios de la bici existente en gran número de países del centro de Europa, que incluso ofrecen peores condiciones climáticas para incentivar su uso habitual como sistema de transporte en las ciudades, son imprescindibles: la ampliación de infraestructuras como los carriles bici en el marco de políticas urbanísticas eficientes, la extensión en las vías urbanas de las áreas 30, medidas legislativas, políticas que favorezcan la intermodalidad en el transporte, un plan estratégico general así como partidas presupuestarias y medidas de carácter fiscal.

1- Ha sido una la mala noticia la exclusión de la bicicleta del Decreto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sobre el Plan MOVEA para 2017, con un programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente por importe de 17 millones de euros. Este tipo de normas se explican como medidas para impulsar vehículos eléctricos y fomentar tecnologías más eficientes y ecológicas. Además, tratan de facilitar una mayor utilización de vehículos eléctricos a efectos de contribuir a un mejor aprovechamiento de las energías renovables, favorecer la reducción de emisiones en los puntos de mayor concentración de las mismas y disminuir la dependencia de los productos petrolíferos, así como la oportunidad de situar a España en un lugar destacado en un mercado claramente emergente.

No se entiende, por tanto, la exclusión que el Gobierno de España hace de las bicicletas eléctricas entre los vehículos perceptores de las subvenciones que establece el citado Plan MOVEA. Es evidente que no ha tenido en cuenta razones como la de facilitar el acceso a barrios en zonas altas, la condición física o edad avanzada de potenciales usuarios o la existencia de cuestas y desniveles en los viales.

Frente a ello, las bicis de pedaleo apoyadas por una pequeña batería recargable resultan una solución ideal para minimizar y superar esas dificultades en los desplazamientos por las ciudades, con un coste notablemente inferior al resto de vehículos eléctricos. Además, según establece la normativa europea en los países de la Unión Europea, una bici de pedaleo asistido con batería de hasta 250W -con la que no pueda superar los 25 km/h- se considera una bicicleta asimilada a la convencional y por tanto no requiere licencia de conducción ni matrícula. .

2- Desde hace años, organizaciones europeas del sector como COLIBI (Asociación del sector de la bicicleta en Europa) COLLIPED (Asociación del sector de componentes y accesorios de los vehículos de dos ruedas), ETRA (Asociación europea de minoristas de bicicletas), ECF (Federación de Ciclistas Europeos), la propia ConBici, la Mesa Nacional de la Bicicleta y AMBE, vienen proponiendo reducir el IVA de las bicicletas urbanas, de los productos relacionados y de los servicios derivados atendiendo a la función social y ecológica de la misma.

Así mismo, en distintas ocasiones la Unión Europea ha manifestado la necesidad de prestar especial atención a la reducción del IVA en las políticas comunitarias, como las relativas a proteger el medio ambiente, a mejorar la movilidad o en aquellos servicios que cumplan una función social. Sin duda, pasar de un tipo del 21% en España al IVA reducido del 10% supondría una rebaja en el precio final de las bicicletas coherente con el objetivo de promover vehículos que hagan posible la Movilidad Sostenible. Lo que no se entiende es que la bici soporte la misma fiscalidad que un coche.

La motivación de un nuevo tipo impositivo se basa, en lo que respecta a las bicicletas urbanas (entre las que se incluyen las bicicletas de pedaleo asistido), en que su mayor uso disminuiría la utilización de vehículos motorizados y por tanto reduciría las emisiones de CO2, el ruido, la congestión en las calles y mejorarían el medio ambiente de las ciudades y la salud pública.

3- Por último, y siguiendo el ejemplo de países como Alemania, Holanda o Gran Bretaña, con 34.000 empresas acogidas, distintas entidades del mundo de la bici propusieron al Ministerio de Hacienda, en 2014, incluir la bicicleta como un bien susceptible de ser valorado como retribución flexible. El Reglamento del IRPF considera ciertas exenciones para determinados productos o servicios cuando estos son entregados por una empresa a sus empleados como parte del sueldo, ofreciendo una alternativa a que estos los paguen con un dinero que sí está sometido a tributación en el IRPF.

Los planes de retribución flexible en la actualidad consisten precisamente en eso: intercambiar salario en efectivo del trabajador por productos o servicios para motivar buenas prácticas, dentro de una lista puesta a su disposición por la empresa. Este mecanismo fiscal supone que el trabajador financia los bienes que desea adquirir, pero obtiene una serie de ventajas como la reducción de impuestos o la comodidad de acceso a dicho servicio. No se produce con este programa una afección a las cotizaciones a la Seguridad Social. Ejemplos de estos bienes o servicios serían: los tickets de comida, el seguro médico, servicio de guardería, seguro de vida, vales de transporte, formación externa o compra de ordenadores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente, PROPOSICIÓN NO DE LEY: 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes ayudas y medidas fiscales en relación con el apoyo a la bicicleta como alternativa de transporte para promover una movilidad sostenible en las ciudades:

1- Incluir en el Decreto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sobre el Plan MOVEA, correspondiente al próximo ejercicio de 2018, la bicicleta eléctrica de pedaleo asistido mediante una batería, como uno más de los vehículos eléctricos que podrán beneficiarse de la concesión de subvenciones directas destinadas a su adquisición.

2- Rebajar el IVA que se aplica en precio de venta de bicicletas convencionales y eléctricas de pedaleo asistido, pasando del 21% actual a un IVA reducido del 10 % para fomentar un medio de transporte no contaminante que produce importantes beneficios al medio ambiente, retornos y ahorros diversos también evaluables económicamente.

3- Incluir la bicicleta, por parte del Ministerio de Hacienda, en la lista de bienes y servicios susceptibles de ser valorados como parte de la “Retribución Flexible”, por inspirar y motivar a las personas a que contribuyan con una práctica de movilidad sostenible.

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