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¿Presupuestos a cambio de presos? Nunca.

Los partidos secesionistas catalanes se equivocan al poner condiciones imposibles e ilegales al Gobierno de cara a negociar unos Presupuestos para 2019 que permitan mejoras sociales e inicien transformaciones en la economía española. El President Torra y sus socios parecen ignorar que el centro del debate no puede ser el futuro de los presos del proceso soberanista sino la ciudadanía y la mejora en su calidad de vida después de años de recortes y precarización del empleo.

Ese y no otro debiera ser el objeto de la ya casi imposible negociación pendiente. Lo que no cabe es negociar con Pedro Sánchez ventajas para favorecer la independencia de Cataluña o cuestiones relacionadas con el juicio a un Govern que declaró la DUI en vez de haber convocado elecciones autonómicas para evitar la aplicación del artículo 155. No olvidemos que el acuerdo entre el Gobierno del PSOE y Podemos quiere demostrar que sí hay alternativa a la política económica y fiscal de la derecha y que otro Presupuesto es posible; con una mayor redistribución de la riqueza, mayor gasto social y medidas para impulsar cambios en el modelo productivo y una transición energética.

Las líneas maestras de los Presupuestos del Gobierno de España, buscan abrir un nuevo pacto social e intergeneracional, devolver la credibilidad a la política y a sus representantes y, sobre todo, empezar a recuperar la plenitud de los derechos básicos recortados en la etapa de crisis. Unos Presupuestos que van unidos a reformas legislativas para comenzar a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y las imposiciones de la reforma de las Pensiones, ambas del PP, y que dan cobertura a un Plan de medidas para favorecer el empleo joven y a la recuperación de las prestaciones para los parados mayores de 52 años.

El acuerdo de contenido Socialdemócrata entre las izquierdas permitirá fortalecer el Estado de Bienestar y avanzar -frente al crecimiento de las desigualdades, la pobreza y la exclusión- en la dignificación de la vida de millones de familias en toda España. De ahí que incorpore nuevos recursos en el proyecto de Presupuestos 2019 para mejorar las Pensiones -garantizando un crecimiento anual del IPC-, los servicios públicos de educación y sanidad, la revitalización del sistema de la dependencia, medidas contra la pobreza energética, ayudas para combatir la violencia machista o la pobreza infantil, equiparar los permisos de maternidad y paternidad, posibilitar la universalización de la educación de 0 a 3 años, eliminar el copago farmaceútico, mayor inversión en I+D+i, ampliar las becas e inversiones en vivienda pública destinada al alquiler social.

Respecto a la subida del Salario Mínimo, era necesario darle un empujón y es razonable que busquemos acercarnos a los salarios mínimos de países vecinos –Francia, Alemania- que están muy por encima de los españoles. No es ningún lujo plantear que un trabajador cobre un mínimo de 900 euros repartidos en catorce pagas, porque es lo mínimo para que una familia pueda sobrevivir.

Sin embargo, para las derechas, el FMI, la CEOE o el Gobernador del Banco de España, las iniciativas del Gobierno suponen un despilfarro y un ataque a la creación de empleo. No cabe mayor demostración de que las propuestas del Frente Nacional de las derechas solo persiguen la involución.

Los Presupuestos serían innovadores porque servirán para dar respuestas a los nuevos desafíos que plantea un mundo globalizado con una economía digital y con un planeta amenazado por el cambio climático. Es preciso dar respuestas a un sistema capitalista financiero y especulativo desregulación y en permanente mutación, lo que unido a la revolución tecnológica provoca grandes incertidumbres sobre el empleo y exige liderar políticas para crear empleo de calidad.

La senda del déficit público previsto, el aumento razonable del volumen de gasto y la reducción de la deuda forman parte de un compromiso con los objetivos de estabilidad presupuestaria acordados con Bruselas. Por cierto, Montoro hizo trampas porque nunca cumplió ni con las previsiones de ingresos ni con los compromisos de déficit y estabilidad fijados por Bruselas. Tampoco con unos gastos que no se acompasaban y que, por tanto, no resistieron ni el análisis de la AIREF, ni el cumplimiento de los criterios de la Comisión Europea.

Pero no será posible avanzar en la lucha contra las desigualdades si no se propone una nueva política tributaria más justa que suponga una mayor tributación de las grandes corporaciones empresariales que hoy disfrutan de un tipo real bajo en el impuesto de sociedades. A ello sumaremos un impuesto sobre las transacciones financieras de la Banca y una nueva figura impositiva de aplicación a las grandes plataformas del comercio digital como Amazon o Google. Respecto a la posible subida del diésel, forma parte de una fiscalidad medioambiental que necesita recursos para frenar el cambio climático.

Estas medidas son parte de una reforma fiscal para hacer realidad los principios constitucionales de justicia, capacidad contributiva y progresividad. Supondrían 5.600 millones de euros como ingresos adicionales que permitan, por una parte, atender las demandas de mejores servicios públicos y, por otra, cumplir con nuestro compromiso de estabilidad ante la UE.

 

Odón Elorza  /  Diputado Socialista por Gipuzkoa

San Sebastián, 3 de diciembre de 2018. / Publicado en El Diario Vasco. 

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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