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La Constitución ha de ser garante de la plena ciudadanía.

Cuarenta años después de aprobarse aquella Constitución exitosa que daba la espalda a la dictadura y nos devolvía la democracia, con las limitaciones propias de nuestra difícil transición, necesitamos una reforma de la Carta Magna. Una Constirución que sea feminista, que impida las desigualdades crecientes, el desamparo de los jóvenes y de los desempleados mayores de 52 años, la pérdida de músculo democrático por el Estado, la crisis de cohesión en el modelo territorial, los recortes en los servicios públicos y el abandono que sienten millones de familias por las condiciones de sus empleos y ante la incertidumbre por sus Pensiones.

Por eso tenemos que afrontar con urgencia los trabajos para la renovación del pacto constitucional de 1978. Se trata de garantizar a la ciudadanía un proyecto de vida con dignidad en un marco de cohesión social, territorial y estabilidad política. Aunque la reforma resultará ahora más difícil ante la aparición del germen de un Frente Nacional de las derechas que proclaman un discurso de involución en distintos campos. 

El PSOE propone con total convicción  -como partido con vocación de Gobierno y principal representante de la izquierda- , tras una grave crisis económico-financiera que ha debilitado el estado del bienestar y restado legitimidad al Estado de Derecho y a los político, la reforma de la Constitución frente al inmovilismo y los bloqueos por parte de las derechas. Nadie debería negar la urgencia de reforzar con más democracia las reglas de juego institucional en favor de la ética pública, eliminando los aforamientos y garantizando la transparencia y la participación democrática para combatir la corrupción. 

Las mayores desigualdades las impuso el PP con sus políticas de austeridad y recortes, a lo que siguió el relato tramposo sobre un crecimiento económico en el que no ha habido ni reparto de sacrificios ni de beneficios. Todo ello ha abierto innumerables conflictos y convertido artículos de la Constitución en papel mojado.

Sin embargo, la condición de ciudadanía exige tener, no solo reconocidos sino garantizados, un bloque de derechos y servicios básicos como la educación, la sanidad, el empleo digno, la vivienda, las Pensiones, la dependencia, la igualdad de género; además de imponer deberes, en especial en el terreno de la responsabilidad fiscal, y acreditar a las personas como parte de este país que es España.

Es evidente que a lo largo de estos cuarenta años la sociedad española ha cambiado mucho y este mundo globalizado, tecnológico, robotizado y amenazado por el cambio climático nos plantea nuevos desafíos. Esa realidad deja al descubierto que la Constitución ofrece lagunas, artículos que han quedado desfasados y una lógica ausencia de miradas al siglo XXI.

Por otra parte, la Constitución dejó abierto el sistema de organización territorial por lo que hay que completar y regular constitucionalmente lo que en plena transición quedó sin precisar, actualizando y perfeccionando nuestro Estado autonómico de descentralización del poder. Los socialistas queremos incorporar al modelo de autogobierno principios federalistas como la cohesión, la cooperación y mecanismos de encuentro e integración del conjunto de Pueblos de España que forman parte de un Estado plurinacional.

La reforma no podrá ser el resultado de la imposición de sus postulados por una parte, ni soportará la exclusión de ninguno de los agentes políticos y sociales, ni será el fruto de una negociación de salón entre expertos. En ese escenario, que se prevé complejo por el actual contexto político y la falta de cultura de pacto constitucional, la capacidad de diálogo y de cesión será decisiva para alcanzar acuerdos equilibrados entre las fuerzas parlamentarias.

El debate protagonizado por el Parlamento ha de complementarse con la apertura a la sociedad de cauces participativos. La ciudadanía, la mayoría de la cual no pudo votar aquel texto, no va a asistir como espectadora a un nuevo pacto constitucional porque su concepción de la democracia ha evolucionado hacia la deliberación, la participación y la transparencia de cara a la aprobación de la nueva Constitución que necesitará de un referéndum popular.

La izquierda necesita una estrategia propia para conducir un proceso que requiere reflexionar sobre el perímetro de la reforma, la metodología a seguir y las propuestas concretas a plantear a debate, aplicando mucha pedagogía constitucional. El PSOE lleva años defendiendo una reforma constitucional en sus programas. Pero se ha encontrado con la pared del inmovilismo político y con el miedo de sectores políticos y económicos a perder sus privilegios, sus amnistías fiscales y sus posiciones de poder. También la Casa Real, si desea más legitimidad, deberá superar viejos conceptos como la inviolabilidad e incorporar a sus obligaciones la transparencia fiscal.

La capacidad de gobernar del PSOE, desde alternativas diferentes a las que plantean las derechas y con Pedro Sanchez como Presidente, significa un nuevo modelo de país que va unido a una renovada Constitución que refleje los anhelos de la gran mayoría ciudadana. Pero, previo al intento del deseable consenso, será imprescindible definir bien las posiciones socialistas en el marco de un proceso democrático de participación de su militancia y simpatizantes, sin renuncias de antemano y sin maximalismos. Porque es mucho lo que está en juego y lo que debiera incorporar la nueva Constitución. Y no queremos correr el riesgo de provocar mayor frustración ciudadana y el distanciamiento de los jóvenes de las posiciones del PSOE.

 

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

6 de diciembre de 2018

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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