Mirando a Cataluña con angustia.

Lo que está sucediendo en Cataluña, tras la sentencia, ya lo viví en las calles y plazas de Euskadi. Y a muchos les costó entender que la violencia no tiene justificación y suele mutar a peor.

Mi libertad acaba cuando impido o anulo la libertad de otras personas de manera continuada.

Mi derecho a protestar deja de ser legítimo si sobrepaso los límites de la razón democrática y convierto mi protesta en intolerable, con provocación y daños al bien común.

Mi ideología deja de ser respetable cuando en un Estado de Derecho se fanatiza y acompaña de gestos de odio.

Las convicciones democráticas, la ética política, el respeto al marco legal y la defensa del bien común deben marcar el camino en la difícil búsqueda de una salida dialogada al conflicto. En torno a la vía federal en una España plurinacional podría alcanzarse una solución negociada y refrendada.

Pero no podemos olvidar los intereses bastardos que hay en juego en el escenario catalán y en vísperas del 10N. Desde los extremos se alimentan la confrontación y la excepcionalidad.

Mientras, desde la Presidencia de la Generalitat se anima a “la desobediencia civil” en vez de llamar a la concordia y defender la convivencia ciudadana. Desde esa autoridad se insiste en una nueva y próxima convocatoria de autodeterminación ignorando las advertencias del Tribunal Constitucional y la sentencia sobre el procés. ¡Qué error!

Los gobiernos deben hacer siempre lo imposible para conciliar los derechos y libertades, en los términos regulados en la Constitución y desde la fortaleza de un Estado democrático, con la seguridad de las personas.