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El Parlamento necesita un Código Ético.

Nuestro Parlamento reinicia su marcha y, pese a un tímido intento hace un año, aún carece de un Código Ético consensuado. Algo que ha sido reclamado por el Consejo de Europa para dar cumplimiento a las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la corrupción (Greco) realizó al legislativo español en 2013. 

Un buen Código debiera proponer un conjunto de principios políticos y reglas morales de conducta asumidas voluntariamente y con compromiso de cumplimiento por sus señorías para prevenir la corrupción, evitar conflictos de intereses, actuar con honestidad y respeto a la Ley, educar en los comportamientos democráticos y aportar mayor legitimidad a la institución. Su texto ha de incorporarse, como anexo, al viejo Reglamento del Congreso, necesitado de reformas.

El código de conducta ha de promover los comportamientos y buenas prácticas parlamentarias que deben realizarse en el desempeño del cargo. Entre esas prácticas de excelencia se incluye la obligación de hacer públicas, en el Portal de Transparencia de las Cámaras, las agendas diarias de trabajo institucional - incluida la celebración de encuentros con la ciudadanía y con todo tipo de organizaciones y empresas-, una conducta respetuosa hacia los demás parlamentarios, una actitud rigurosa en las reuniones e intervenciones en las Cámaras y una dedicación intensa y exclusiva a sus funciones.

En un escenario político con amenazas a la democracia, el Código debe favorecer una gobernanza que se apoye en una democracia participativa. Me refiero a posibilitar la participación de la sociedad en los trabajos e iniciativas de los parlamentarios de un modo inclusivo así como la accesibilidad física y tecnológica a los parlamentarios por parte del electorado. En este caso mediante una vía de interacción disponible en el blog del parlamentario.

El Código ha de motivar el desarrollo de procesos participativos incluyentes en cada tramitación legislativa, incorporando en el tratamiento de cada proyecto o proposición de ley una metodología de consulta y deliberación con organizaciones ciudadanas y entidades de la sociedad interesadas en la temática. De esa manera, se valorarán sus opiniones y propuestas de cambios antes de aprobar una ley.

La transparencia ha de presidir la Declaración de bienes de cara al control efectivo de posibles conflictos de intereses. El Código tiene que reforzar la obligación de los parlamentarios de detallar en su Declaración pública, a exponer en la web de cada Cámara, todos sus ingresos, bienes patrimoniales, préstamos concertados, trabajos desempeñados anteriormente, participación en sociedades y posesión concreta de acciones.

Las Comisiones del Estatuto de Diputados y Senadores o bien una Oficina de Conflicto de Intereses serían competentes para verificar la exactitud de las declaraciones y, en su caso, iniciar la instrucción de procedimientos por infracción de la obligación de declarar con exactitud las actividades y todo tipo de rentas, elevando sus propuestas de sanción a las Mesas de las Cámaras

Por otra parte, el Código Ético, en aplicación del principio de transparencia, entrará a regular los lobbys con la creación de un registro público en el que tendrían que inscribirse los grupos de intereses y presión o lobbys para hacer públicos todos sus movimientos y someterlos a control. No olvidemos que el Código tiene que ayudar a prevenir la corrupción y a defender la integridad institucional. 

Un Código se elabora mediante un proceso participativo de los parlamentarios para que sea el resultado de la autorregulación y del consenso, de modo que las partes que lo firman se comprometen a actuar con lealtad en su aplicación. Incluirá una vía institucional de formación y asesoramiento para los casos de duda, lo mismo que una vía para las denuncias ciudadanas. El contenido del Código será accesible al público y fijará la transparencia de las retribuciones individualizadas de los parlamentarios, las asignaciones a los Grupos y la información detallada de los gastos.

En definitiva, el Código formará parte de un nuevo modelo Parlamentario que refuerce el sistema democrático, con un comportamiento íntegro de los hombres y mujeres que trabajamos en instituciones que representan la soberanía popular. Quizás así podamos incrementar la satisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia y generar más confianza en las instituciones.

La aplicación del Código, con el apoyo de un sistema de supervisión, control y depuración interna de responsabilidades, ayudará a desarrollar en sus señorías la conciencia sobre un comportamiento de ética pública. De una cultura política donde la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión responsable al servicio del interés general sean valores extendidos en el trabajo parlamentario.

Es posible que algunas de las cuestiones aquí expuestas pudieran recogerse en el marco de la reforma del propio Reglamento del Congreso y Senado para darles fuerza normativa. Pero esa reforma ni se ha iniciado.

 

Odón Elorza / Diputado y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional.

San Sebastián 13 de febrero de 2020. Actualización del artículo publicado el día 10 en InfoLibre. 

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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