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La inviolabilidad Real vista por un republicano despistado.

La transición de una dictadura franquista a la democracia, un proceso tan valioso como positivo y esforzado, exhibe con el paso del tiempo sus lógicas limitaciones. Al igual que, con los años y la condición humana, afloran pecados de algunos protagonistas. Se refuerzan así las razones de quienes defendemos una reforma modernizadora de la Constitución. Una aspiración razonable por el largo tiempo transcurrido y democrática para corregir errores, aunque no sea este el contexto ideal para afrontar semejante reto democrático. Pero hablemos de Don Juan Carlos I. 


Si aceptamos que el rey no tiene que responder ante un juez y de por vida por actos realizados durante su Jefatura de Estado ni rendir cuentas ante el Parlamento ni hacer público su patrimonio - todo por ser inviolable y no estar sujeto a responsabilidad según la Constitución - deberíamos reconocer que algo se hizo mal y que eso causa un daño grave a la democracia en España.

Por tanto, que nadie se alarme si se critica, porque es legítimo hacerlo, y buscar el momento adecuado para cambiar semejante dislate, impropio en un Estado Social y Democrático de Derecho. Es cierto que, ahora, la reforma constitucional no sea una prioridad al vivir una situación excepcional por muchas razones, no solo por la crisis provocada por el coronavirus, que impiden un obligado consenso.

Lo anterior guarda relación con las noticias sobre el rey Don Juan Carlos I que no será investigado por una Comisión política del Congreso al no tener que responder sobre nada de su pasado por gozar de inviolabilidad permanente. Aunque tal privilegio no resulte coherente con lo que debiera representar una monarquía parlamentaria en el siglo XXI ni con el principio democrático de que todos somos iguales ante la ley.

El informe de los letrados.

Los letrados del Congreso se han manifestado ante una nueva ofensiva de grupos parlamentarios para investigar los negocios privados y la posible comisión de delitos económicos por parte de Don Juan Carlos I, ocurridos tras su abdicación el 11 de junio de 2014. Cuestiones que ya indaga la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Los letrados, sin embargo, sostienen que la inviolabilidad que otorga la Constitución en su artículo 56.3 al anterior Jefe del Estado, tiene efectos jurídicos permanentes. Recordemos que el articulo 56.3 señala: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados (por el Gobierno) en la forma establecida en el artículo 64 ...”

En su dictamen consultivo, los letrados consideran que se pretende investigar "cuestiones que afectan al ex Jefe del Estado y que, aun pudiendo tener proyección en una etapa posterior, se corresponderían, sin solución de continuidad, con el periodo de tiempo en el que el rey Don Juan Carlos I era Jefe del Estado y traen causa del mismo hecho de la ocupación de dicha Jefatura por aquél".

Por tanto, mantienen que todo lo que hiciera después el rey emérito con las presuntamente comisiones cobradas durante su reinado, son también objeto de la inviolabilidad constitucional. Aunque pudieran significar posibles actos de corrupción. Así lo refrendan al asegurar que "pretender una investigación parlamentaria vendría a vaciar de contenido las prerrogativas constitucionales del Jefe del Estado que despliegan sus efectos de forma permanente". ¿Se equivocan los letrados o bien la Constitución dejó este régimen muy atado para lo que pudiera pasar?

El fiscal suizo.

En definitiva, las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes; esto es, de por vida. La última palabra la tiene el fiscal Bertossa de Ginebra que investiga el ingreso de 100 millones de euros en 2008 y otro menor en 2010 en la cuenta de la fundación Lucum, cuyo beneficiario era el rey emérito, en el banco suizo Mirabaud.

Se puede leer en distintos medios que el fiscal suizo ha sido quien ha arrojado luz sobre el caso archivado provisionalmente en septiembre de 2018 en España en un juzgado de la Audiencia Nacional por sus “débiles” indicios y por la inviolabilidad penal del rey emérito cuando se produjeron los hechos. Dicho fiscal suizo envió a la Audiencia Nacional una comisión rogatoria en la que describía los movimientos de la cuenta del anterior monarca. Pero aún no ha remitido a España la documentación prometida por lo que fuentes judiciales no ocultan su malestar por la tardanza. ¡Mal vamos!

La redacción de la Constitución, sometida a ciertos condicionantes políticos de la pre-democracia, consagró en el artículo 56 referido a la monarquía una inviolabilidad que significa la exención total de responsabilidad civil o penal para la persona del rey. Algo más propio de la Edad Media.

Pero ... digámoslo claro: una parte de la opinión pública no olvidará las informaciones aparecidas en España y en el extranjero sobre un presunto cobro de comisiones con ocasión de las obras de construcción del AVE de La Meca a Medina, realizadas por un gran consorcio de doce empresas y entidades españolas.

La nota de Zarzuela y el descrédito.

En mi opinión, la monarquía española sale muy tocada. A ello ha contribuido el comunicado de La Zarzuela el pasado 15 de marzo, la noche de un domingo en la que toda España estaba pendiente de la decisiva declaración por el Gobierno del estado de alarma para combatir el coronavirus.

Aquella nota se emitió por sorpresa ante la aparición de noticias en medios foráneos y en ella el actual rey, Don Felipe VI, dio a entender posibles actuaciones irregulares de su padre a quien deja en evidencia, le retira la asignación, renuncia a una herencia dudosa y abre buen número de preguntas que no tendrán respuesta en clave de transparencia y prácticas democráticas.

Sin embargo, afirmo que sería un error avanzar por encima del informe de los letrados del Congreso. Habría mucha más crispación, malestar en ámbitos militares y policiales, conflicto en la calle con ultras y cayetanos y traslado de la bronca al Tribunal Constitucional. Además de que no aceptaría comparecer ni el Tato. Todo en detrimento de la reconstrucción de España tras el COVID-19. Es mejor esperar a la decisión motivada del Fiscal del Supremo y crear un estado de opinión con razonamientos democráticos.

En cualquier caso, los acontecimientos dañan a la Casa Real y tendrían que hacerle reflexionar. El rey debería ser inviolable pero solo en relación con el ejercicio de sus funciones sometidas a refrendo. Del resto de sus actuaciones, en todo momento, debiera responder ante el juez en régimen de aforado y, en su caso, ante el Parlamento. Al igual que debiera dar cuenta pública, regularmente, de su patrimonio con total transparencia. Ayudaría a reforzar nuestra democracia y a recuperar el prestigio de la monarquía. Lo dice un republicano despistado.

 

 

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

San Sebastián 22 de junio de 2020.

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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