Comunicación al V Congreso Internacional de TRANSPARENCIA sobre la reforma de la Ley de Transparencia para incluir en su ámbito de aplicación a La Corona.

*Comunicación personal presentada oralmente hoy 30 de septiembre de 2020 por vía telemática.

 

El objeto de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, según señala en su artículo 1, es “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”.

Los Parlamentos que se dotan de normas con una regulación exigente a la hora de establecer unas reglas de transparencia acordes con los tiempos y las demandas de una sociedad democrática e incorporan principios de buen gobierno y procesos de rendición de cuentas a seguir por sus instituciones, sin excepción, disfrutan de una democracia de más calidad y con instituciones que gozan de una mayor confianza ciudadana y solvencia internacional.

Por otra parte, al posibilitar sistemas de fiscalización de los poderes públicos y prever mecanismos eficaces de transparencia en la información para combatir, preventivamente, la corrupción, se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia del Estado de Derecho, se fortalece la democracia y se favorece el desarrollo económico y social. En ese sentido, la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno afrontó cuestiones pendientes en la vida política española y supuso un avance normativo aunque insuficiente. En tal sentido, la ley tiene pendiente abordar algunas reformas.

Partiendo de la Disposición Final Octava de la Ley donde se recogen los títulos competenciales que señaló el Estado para fundamentar la aprobación de la Ley 19/2013, es preciso dar un paso más para hacer efectiva la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles, sin inmunidades ni excepciones extrañas y bajo el control jurisdiccional como corresponde a un Estado de Derecho del siglo XXI.

La transparencia y la publicidad activa, el derecho al acceso a la información pública y el cumplimiento de las normas de buen gobierno, se han convertido en ejes fundamentales a respetar en toda acción política de los altos cargos.

Sólo cuando los comportamientos de los máximos responsables de nuestras instituciones son ejemplares y optan por actuar desde las reglas de la transparencia frente a la opacidad, sólo cuando la ciudadanía puede conocer cómo y por qué se toman las decisiones que les afectan y cómo se gestionan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan las instituciones, entonces los poderes públicos están respondiendo de modo satisfactorio a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación y herramientas para hacer posible un control ciudadano democrático y el ejercicio de rendición de cuentas.

Además de todo lo concerniente a las formas a seguir en la toma de decisiones por parte de los poderes públicos, hace ya tiempo que la sociedad reclama, también, que los comportamientos y conductas personales de quienes ocupan las mayores responsabilidades políticas en las instituciones sigan unas pautas éticas. De ahí que la Ley, en su Título I, regule la trasparencia con un ámbito subjetivo de aplicación muy extenso al incluir a los altos cargos del Poder Ejecutivo de las Administraciones Públicas, los órganos del Poder Legislativo y Judicial, así como otros Órganos Constitucionales y Reguladores. Asimismo, la Ley se aplica a entidades públicas empresariales y agencias estatales, que, por su especial relevancia pública, o por su condición de perceptores de fondos públicos, vienen obligados a reforzar la transparencia de su actividad.

En concreto, la Ley se aplica a las Corporaciones de Derecho Público, a la Casa de Su Majestad el Rey al servicio del Jefe del Estado, al Congreso de los Diputados, Senado, órganos como el Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial, así como al Banco de España, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social e instituciones autonómicas y locales. También se aplica a los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales.

El artículo 2.f) de la Ley de Transparencia incluye en su aplicación a la Casa de Su Majestad el Rey, organismo de apoyo y asistencia al Rey en sus funciones de Jefe del Estado, respecto a sus propias actividades institucionales, actos de gestión administrativa y presupuestaria de las cantidades que tiene asignadas. Lo que no está sometido a esta Ley son las actividades ni los bienes y patrimonio del Rey Felipe VI y de la Familia Real, de la que forma parte el Rey emérito Juan Carlos.

Por otra parte, la Ley, en el artículo 8.1.f) para el caso de las retribuciones de los altos cargos y en el artículo 8.1.h) para las declaraciones de bienes y actividades de los representantes locales, prevé la publicidad de sus ingresos y patrimonio, de acuerdo con el desarrollo de las obligaciones concretas contempladas en normas sectoriales. Así, la declaración de bienes y derechos patrimoniales para los altos cargos se establece en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

En los tiempos perturbadores que vivimos ante noticias constantes de abusos de poder y corrupción, en el marco de en un sistema constitucional de Monarquía Parlamentaria, resulta pertinente que el Rey, que ostenta la Jefatura de Estado, quede incluído en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Transparencia.

Por otra parte, ni en la Constitución Española ni en ninguna otra norma se establece un vínculo entre La Corona y principios y valores ejemplares como la igualdad, honestidad, imparcialidad, ética civil, transparencia, etc. De ahí la conveniencia de extender las disposiciones recogidas en el artículo 26 de la LTAIPBG al Jefe del Estado y a quienes forman parte de la Familia Real.

No extender a La Corona, más allá de su singularidad y su no pertenencia a la Administración General del Estado, y frente al principio de inviolabilidad e irresponsabilidad que rige en la actualidad la actuación y funciones constitucionales y de otro carácter del Rey (artículo 56 de la CE), la aplicación de aquellos principios y responsabilidades de transparencia y buen gobierno que resultan legalmente exigibles para los demás instituciones y organismos, carece de justificación y es contrario al artículo 14 de la Constitución.

El propio Rey Felipe VI, en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014, tras la abdicación de Don Juan Carlos I, manifestó lo siguiente: “La Corona debe (...) velar por la dignidad de la Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, sólo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos”.

En coherencia con lo anterior, la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno debe ser de aplicación al Rey, como Jefe del Estado, y a la Familia Real. Esto supone su equiparación al régimen de obligaciones que se aplican al Presidente del Gobierno y los Ministros, Presidentes de Comunidades Autónomas, Diputados y Senadores, Alcaldes, miembros de organismos constitucionales y supervisores, responsables de sociedades públicas, etc. El Rey, como máxima institución del Estado, ha de entender que la transparencia es una fuente de legitimidad en la medida en que genera confianza ciudadana en una institución.

El Rey Felipe VI, que ostenta la Jefatura de Estado, ejercerá mejor su función moderadora, de neutralidad y arbitraje, esencial para el buen funcionamiento del Estado de Derecho, si refuerza su auctóritas y su prestigio. Para lograrlo ha de asumir el ejercicio de las reglas de transparencia en relación con sus funciones y con la declaración pública de sus bienes y patrimonio, comprometerse con los valores de la ética civil, mantener un comportamiento ejemplar y seguir los principios del buen gobierno que se contemplan en el artículo 26 de la presente Ley. Principios que son de aplicación al mismo Presidente del Gobierno y a gran número de cargos públicos en España. De ese modo, quedaría plasmado el artículo 14 de la Constitución, según el cual “los españoles somos iguales ante la ley”.

En base a las anteriores consideraciones, habría que plantear la reforma de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, mediante la incorporación de una nueva Disposición Adicional con el siguiente contenido:

 

Artículo único. Reforma de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Añadir una nueva Disposición Adicional que quedaría redactada como sigue:

Disposición Adicional Novena : “Aplicación de las obligaciones de transparencia y buen gobierno a los miembros de la Familia Real.

1. Al Rey y a los demás miembros de la Familia Real les será de aplicación, en el ejercicio de sus funciones, lo dispuesto en esta Ley en lo que se refiere a los principios de transparencia y buen gobierno.

2. El Rey de España, en su condición de Jefe del Estado, así como los demás componentes de la Familia Real, deberán efectuar declaración pública de sus ingresos, bienes y derechos patrimoniales cada año. Para ello, aportarán el certificado de la última declaración del Impuesto sobre el Patrimonio y el del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Todo lo cual remitirán a Las Cortes”.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa.

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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