FRENTE A LA DESINFORMACIÓN Y LAS FAKE NEWS : CÓMO ACTUAR DESDE LA DEMOCRACIA.

La desinformación, concepto ambiguo y acción no recogida en el Código Penal, se traduce en una información verificable como falsa o engañosa que en forma de campañas se crea y divulga para confundir deliberadamente a la opinión pública. Está dirigida a causar un perjuicio grave que incluye amenazas a los procesos democráticos, a bienes públicos como la salud, el medio ambiente, la seguridad o la soberanía nacional.

Las campañas de desinformación se apoyan en Fake News de envergadura, en el marco de una actuación organizada dirigida a desestabilizar un país y socavar la confianza ciudadana en la democracia.

En la era de internet la desinformación se ha convertido en motivo de preocupación para la Comisión Europea que, tras la aprobación de su Plan de Acción en 2018, ha requerido la cooperación de los Estados miembros para que pongan en marcha procedimientos estratégicos con respuestas políticas contra las campañas orquestadas por naciones extranjeras o desde el interior por agentes a su servicio.

De ahí que el Gobierno de España publicara en el BOE, el 5 de noviembre, una Orden de redacción farragosa sobre el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional. Ese acuerdo diseña una estrategia propia que monitoriza, detecta, rastrea y evalúa noticias falsas de calado para poner en marcha respuestas de comunicación veraz que permitan rebatir y contrarrestar las campañas de desinformación.

La Orden ministerial hace referencia explícita al artículo 20 de la Constitución que consagra el derecho a la libertad de expresión y opinión. También recoge el derecho a recibir una información veraz; de modo que un Estado de Derecho debe proteger la libertad, la pluralidad de los medios y el derecho a una información veraz.

En realidad, la libertad de expresión e información nunca es absoluta, por cuanto que dicho artículo 20 señala que “estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

Queda claro en la Orden que el Gobierno defiende la libertad de expresión y no pretende controlar ni censurar ni sancionar a los medios ni a las redes por difundir informaciones críticas contra el Gobierno o comentarios extremos de la oposición. La Orden no entra ni sirve para la lucha partidista, por más que la derecha liberticida la denunciara en caliente y sin datos.

Sin embargo, Alemania, Francia o Reino Unido sí han aprobado normas y leyes, polémicas en su tramitación, para eliminar por una vía rápida determinadas Fake News en las redes sociales, obligando a intervenir a los operadores de redes, en especial en procesos electorales. Así mismo, en 2018 a instancias de la Comisión Europea las plataformas de redes sociales firmaron un Código de Buenas Practicas sobre desinformación para ayudar a detectar noticias falsas de gravedad y adoptar medidas de respuesta.

Algunos Estados han aprobado que se puedan presentar denuncias ante una instancia judicial especial que, en un proceso ágil, puede decidir suprimir contenidos escritos o audiovisuales, cerrar la cuenta que los difunda o vetar su acceso a internet. El Parlamento de Italia, lo mismo que en Gran Bretaña, está estudiando cómo actuar sobre mensajes en redes que inciten al odio, la discriminación o la violencia.

En España se ha creado un Comité Permanente, coordinado por la Secretaría de Estado de Comunicación, a quien corresponde la compleja tarea de concretar el alcance de la desinformación. Se contempla, además, un órgano cívico abierto al sector privado y a la sociedad civil, para la colaboración en la lucha contra la desinformación.

La lucha contra la desinformación tiene que ser tratada como un tema de Estado que requiere una respuesta multidisciplinar. Por ello, tendrá que implicar y articular en la tarea al poder legislativo, al judicial -que dispusiera de un nuevo mecanismo de enjuiciamiento exprés- y a organizaciones de la sociedad civil como las agencias independientes de verificación, asociaciones de periodistas, investigadores universitarios, sector tecnológico, plataformas de redes sociales y observatorios de medios digitales.

Por último, no se debería olvidar que es necesario fomentar la alfabetización mediática para la formación de la ciudadanía, de modo que sepa discernir las noticias falsas, intoxicaciones y bulos. Es una tarea educativa que permitirá concienciar a la opinión pública sobre las consecuencias de la  desinformación, formándole en la conciencia crítica, enseñando a identificar el origen de una información y a saber cómo contrastarla en busca de la verdad.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

2 de diciembre de 2020 / Publicado en InfoLibre el 5 de diciembre de 2020. 

Odón Elorza

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