Las farmacéuticas y el negocio de las vacunas.

Nos acercamos a los 2’4 millones de personas fallecidas a causa de la COVID-19. Y esta pandemia no será derrotada sin una lucha global y sostenida, basada en la cooperación internacional y en la defensa del derecho universal a la salud para garantizar medicamentos y vacunas de calidad, accesibles y asequibles a toda la población.

Con millones de vidas en juego la vacuna no debería ser un negocio ni objeto de puja por las grandes farmacéuticas, como pasara al inicio de la pandemia con la compra de los equipos y materiales de protección sanitaria. Los beneficios ilimitados de las farmacéuticas y la opacidad de sus contratos y beneficios, aprovechando la angustia ciudadana, siempre serán indecentes.

Resulta inexplicable que, ante la urgencia por salvar vidas y conseguir la inmunidad de rebaño para avanzar en la recuperación económica y social, los poderes democráticos no hayan acordado mecanismos extraordinarios de acción. Porque la exclusividad en la producción de vacunas que otorgan las patentes a las grandes farmacéuticas, impide garantizar una producción masiva, como se viene constatando ante los incumplimientos de producción y entrega por parte de dichas empresas multinacionales. 

En este escenario, las vacunas tienen que ser declaradas como un bien público prioritario. Pero este objetivo choca con una producción limitada, consecuencia de los derechos exclusivos de producción que dan las patentes a un selecto grupo de empresas que actúan como un oligopolio que marca precios, impide la competencia y considera las vacunas como un bien de mercado.

Como recuerda la OMS, hay fórmulas posibles para que, en circunstancias excepcionales, los Estados liberen, licencien o expropien las patentes y consigan una producción intensiva de vacunas y medicamentos con la colaboración de otros laboratorios que dispongan de instalaciones adecuadas. Se trata de prever vías que permitan acelerar su producción y distribución a un precio justo para poder inmunizar, a toda la población del planeta.

Ante los anuncios de reducción de vacunas y retrasos en el envío, la decisión de la Comisión Europea de controlar las vacunas producidas en su territorio y de bloquear su exportación a terceros países es una respuesta insuficiente. El problema de Bruselas empieza con su aceptación de contratos sin transparencia y con lagunas sobre compromisos claves que no frenan la prepotencia de las farmacéuticas. El problema continúa con la prevención de la UE a revisar la actual regulación del sistema de patentes de vacunas y otros medicamentos para que puedan ser intervenidas en situaciones de extrema necesidad. Estamos en este caso.

Puede sonar a idealismo o a utopía, pero los demócratas debemos movilizarse ante lo que está en juego. Es hora de que los Estados, de la mano de la OMS, la ONU y otras organizaciones médicas y humanitarias, acuerden una nueva regulación internacional de las patentes de medicamentos en situaciones de emergencia, sobre todo si las vacunas han obtenido financiación pública para la fase de investigación.

La OMS y las asociaciones en defensa de la salud pública proponen reformas en las Declaraciones acordadas por la Organización Mundial de Comercio y en los Tratados internacionales que regulan las patentes. Reformas que contemplen medidas como expropiar las patentes, conceder autorizaciones por los Estados para fabricar genéricos, la creación de un banco voluntario de aportación de derechos de patentes y datos de la investigación o la flexibilización de las patentes de modo acordado entre los Estados y las farmacéuticas para implicar a otros laboratorios y garantizar una producción masiva. La razón es que el intereses público de la salud debe prevalecer por encima del derecho privativo.

La propia Unión Europea lideró en la última Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, en mayo de 2020 y en respuesta a la COVID, la defensa de un sistema de reparto equitativo de vacunas de forma global. Pero eso no basta. Frente a una pandemia que se complica con la aparición de variantes más contagiosas del virus, el voluntarismo no sirve ante las farmacéuticas.

Es momento de repensar, como apunta el Consejo de Europa, un mayor desarrollo del art. 122 del Tratado Fundacional de la UE que podría conceder poderes excepcionales a la Comisión Europea en circunstancias de extrema gravedad para los Estados. Como consecuencia de una pandemia o una catástrofe natural y ante incumplimientos, insuficiencias o abusos en los contratos, amparados por los derechos que otorgan las patentes, las normas internacionales tienen que garantizar el cumplimiento de los contratos de suministro de vacunas suscritos por la Comisión, obligando a las farmacéuticas, en esos casos, a compartir o subcontratar una mayor producción con otras empresas del sector.

Como novedad, hay que destacar que la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, planteó en septiembre una nueva estrategia de acción para la UE. En ella, somete a la consideración de los socios europeos la creación de una gran Agencia o Autoridad Europea (HERA) que pueda afrontar, con facultades de coordinación sobre infraestructuras sanitarias, así como con competencias legales y financieras, una respuesta inmediata y autosuficiente a las grandes emergencias sanitarias en los Estados de la UE, algo no previsto adecuadamente en el art. 122 del Tratado. Ese nuevo organismo podría incluso “planificar, coordinar y construir” un “ecosistema de capacidades públicas y privadas”. Veremos en qué acaba. 

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián 1 de febrero de 2021 / Publicado en InfoLibre

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

Copyright © 2014 - 2018 - Odón Elorza. Todos los derechos reservados.