Los órganos de cooperación y la gobernanza de la España Autonómica.

La Constitución Española no contempla en su Título VIII preceptos que recojan explícitamente el sentido de los principios de colaboración o coordinación ni los organismos de cooperación intergubernamental aplicables, en ambos casos, a la relación entre las diferentes administraciones del Estado Autonómico. Tampoco hay una definición de la lealtad institucional. Y, sin embargo, son instrumentos imprescindibles que hay que conjugar para el buen funcionamiento de un Estado descentralizado con una organización territorial articulada en Comunidades Autónomas.

Sí recoge, en cambio, el principio de solidaridad en los artículos 2, 138 y 156 de la CE, aunque en opinión del Consejo de Estado las referencias que a él se hacen en la Constitución están lejos de determinar su ámbito y contenido, y requieren precisar las obligaciones que se desprenden de ese principio básico.

España es un Estado plurinacional y descentralizado, con una distribución del poder que descansa en una estructura autonómica y con una sociedad que demanda una democracia de participación en la toma de decisiones.

En este complejo escenario y con ocasión de la pandemia ha funcionado un modelo de gobernanza entre los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas. Ha sido una apuesta del Gobierno presidido por Pedro Sánchez que ha evidenciado la necesidad de fortalecer los mecanismos de lealtad y cooperación entre las diferentes administraciones.

La gobernanza, como sistema operativo idóneo para un Estado descentralizado, exige promover un funcionamiento regular de los Órganos de Cooperación. En concreto, las Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales y otras Comisiones, en especial el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se han mostrado como órganos válidos para una cooperación multilateral entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas.

La Conferencia de Presidentes fue creada por el Presidente Rodriguez Zapatero en 2004 y contemplada en el articulo 146 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Sus funciones se concretan en un Reglamento interno cuya última versión data de 2017. La Conferencia de Presidentes tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas.

Las consecuencias de la pandemia, con los estados de alarma, las ayudas del escudo social y el proceso de vacunación, han subrayado la importancia de utilizar mecanismos de gobernanza compartida que permitieran la gestión eficaz de una situación inédita. Los órganos de cooperación, con sus dificultades y carencias, necesitaron el diálogo, el ejercicio de consultas, la cooperación y las decisiones compartidas para dar respuestas urgentes a los efectos del virus COVID-19.

Para transitar en una deseable normalidad política se deben aprovechar y perfeccionar el funcionamiento de los órganos de cooperación que estaban dormidos con el PP. Desde ellos se debe afrontar la reforma de la financiación autonómica o la participación de las CCAA en los procesos de formación de la voluntad del Estado en los asuntos europeos. De ahí, la creación de una Conferencia Sectorial con las CCAA para tratar la gestión de los Fondos Europeos de ayuda a la recuperación económica.

Estos órganos de cooperación -propios del Federalismo- pueden contribuir a reducir la conflictividad entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autonómicos, revertir la tendencia de algunas Comunidades a una exclusiva relación bilateral con el Estado -un mecanismo legal y necesario, en todo caso- dar cauce a la participación autonómica en materias que les afectan dentro del ámbito de decisiones de la Comunidad Europea y alimentar una cultura política de cooperación. En conjunto son misiones que fortalecerán nuestro sistema democrático.

En las naciones europeas de estructura federal, parecidas herramientas para la cooperación sirven para tratar las cuestiones más trascendentes del país. En España, ahora, las administraciones tendrán que afrontar el reto de lograr una gestión eficaz y transparente de los Fondos Europeos de ayuda Next Generation para la recuperación económica, la colaboración en la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión social y territorial.

Avanzar en la consolidación del modelo institucional de gobernanza requerirá una actitud leal entre las partes y un funcionamiento planificado y continuado de los órganos de cooperación. Se trata de alcanzar una mayor integración y cohesión del Estado Autonómico y de prestar un mejor servicio público a la ciudadanía. Ademas, es preciso avanzar con ese modelo democrático para el ejercicio del poder que supone la gobernanza, mediante la extensión de procesos deliberativos de participación democrática en la sociedad, con sus organizaciones cívicas y agentes sociales.

Odón Elorza / Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa.
22 de septiembre de 2021 / Publicado en ethic.es (actualizado el día 23)

Odón Elorza

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