Ante las amenazas a la democracia, los derechos sociales y las libertades, no caben los silencios.

A las amenazas a la democracia provenientes de fuerzas políticas carentes de convicciones democráticas, y me refiero a los populismos trumpistas, a las fuerzas ultras y a los nacionalismos excluyentes, se suman los efectos negativos que provocan el aumento de la desigualdad y la precariedad en las condiciones de vida y en el empleo de millones de personas.

Además, los procesos de transición energética en respuesta a la emergencia climática, la necesidad de la descarbonización y la imparable transformación digital pueden conllevar, de inicio, ajustes de empleo en algunos sectores ante lo que habrá que adoptar medidas concertadas con antelación, mediante políticas y nuevos proyectos sostenibles de futuro que garanticen una transición justa sin dejar gente atrás. 

No olvidemos que esta situación se produce en el escenario de una globalización desregulada y especulativa que ha agravado las desigualdades, devaluado el papel de las instituciones estatales y eliminado la capacidad de control y participación de la ciudadanía en las grandes decisiones. 

Salvar la democracia requerirá de los gobiernos de progreso la máxima sensibilidad en favor de una democracia justa, avanzada en lo social y en la concepción de unas prácticas políticas de participación y transparencia como corresponde a un Estado de Derecho. Además, necesitaremos espacios articulados y abiertos a la sociedad civil en donde surjan ideas, iniciativas y propuestas de acción transversal que movilicen a los demócratas para defender el sistema democrático.

Las amenazas a la democracia provienen del avance de ese magma configurado por los populismos, los nacionalismos de confrontación y excluyentes y la extrema derecha. Lo que pretenden es recortar la dimensión del sistema democrático para propiciar un Estado débil incapaz de sostener políticas públicas.

La situación descrita se produce en una coyuntura plagada de incertidumbres vitales y de inseguridades. Un escenario ideal para el avance de los populismos más extremistas. Si a lo anterior se une el incremento de las desigualdades, las corruptelas y los abusos de poder y la desinformación, lo previsible es que aumente el descontento y la desconfianza en las instituciones de la democracia por parte de sectores crecientes de una población que sufre, además, la fatiga de una larga pandemia y la preocupación ante los nuevos retos y transiciones del siglo XXI.

En España hay muchos patriotas exaltados, seguidores de Trump, Orbán, Le Pen, Salvini, Putin o Bolsonaro que ya han salido del armario y que actúan tanto en la calle como en las instituciones. Los abanderados de la democracia iliberal o autoritaria los tenemos en las instituciones (Ayuso es otro ejemplo) y están incrustados en los más importantes aparatos del Estado y en sus cloacas.

La cuestión es cómo responder a esa amenaza real y cómo hacerlo también desde la sociedad organizada. Porque no es suficiente trabajar solo desde las instituciones y los partidos. De ahí la necesidad de crear una Red de ideas para la Democracia, a modo de movimiento cívico, abierto y transversal. Hablo de una herramienta apartidista que hoy no tenemos y que deviene imprescindible para fomentar la movilización y el activismo cívico de los demócratas.

El objetivo es que las fuerzas e intelectuales progresistas, junto a los movimientos democráticos de la ciudadanía, se movilicen para lograr mejoras sustanciales en el funcionamiento de la democracia y una gestión de gobierno que sea justa, eficiente y transparente.

Desde la vigencia de sus principios, hay que superar un enfoque reduccionista de la democracia formal representativa y atender las demandas de más democracia por parte de una sociedad crítica con el sistema. La democracia del siglo XXI tiene que ser la herramienta imprescindible para perfeccionar la toma de decisiones aplicando principios de justicia social, participación, transparencia, integridad y rendición de cuentas.

Es preciso, en definitiva, garantizar la separación de poderes mediante la elección, en base a criterios de independencia e imparcialidad, de los miembros de los órganos constitucionales y supervisores. A la vez, se deben aprobar mecanismos efectivos de lucha contra la corrupción y medidas que permitan avanzar en una fiscalidad realmente progresiva. Igualmente, hay una compleja tarea pendiente referida a la regulación de la globalización económico-financiera creando mecanismos para una gobernanza supraestatal democrática y de control sobre las grandes empresas e influyentes plataformas tecnológicas.

Una democracia que no actúe para combatir las desigualdades o plegada a los interesas del poder, político o económico, no resolverá sus limitaciones. La involución, como alternativa a un modelo de democracia justa y avanzada, significará, por contra, un regimen político autoritario sometido a los líderes autócratas y unas sociedades con niveles insoportables de injusticia social.

Aún estamos a tiempo, los demócratas, de reaccionar y evitar nuevos episodios del asalto al Capitolio.

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 12 de mayo de 2022.