Una renovación del CGPJ acordada en y por el Parlamento.

Para tratar de poner fin a la situación de bloqueo que ha provocado el PP durante más de tres años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se dispone de una vía de negociación centrada en el Parlamento. Es lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial pero que hasta ahora no se ha empleado para resolver esta burla a la democracia y a la Constitución.

Las Cortes tienen la obligación legal de proceder a tiempo para renovar el CGPJ. Los fundamentos y el procedimiento a seguir se recogen en el articulo 122 de la CE, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Título XXII del Reglamento del Congreso sobre nombramientos.

Así, el artículo 567 de la Ley Orgánica, aprobada en 2013 por una imposición del PP que sin embargo ahora quiere incumplir, dice que “cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial”. Por su parte, el 568 señala que “el CGPJ se renovará en su totalidad cada cinco años y los Presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”.

La habitual negociación entre el PSOE y el PP para lograr algo parecido a un reparto de cuotas en la elección de los 20 miembros del poder judicial ha fracasado. Hablamos de una solución poco transparente y visto por la sociedad con desconfianza, lo que aumenta la desafección ciudadana a los partidos.

Habrá que actuar con sensibilidad democrática y aportar plena legitimidad a las decisiones sobre una cuestión tan polémica como los nombramientos de los órganos constitucionales. En su elección se deben cumplir los requisitos de mérito, competencia y experiencia.

El Congreso y el Senado recibieron del presidente del CGPJ, en diciembre de 2018, la lista de 51 jueces y magistrados que habían obtenido el apoyo de sus asociaciones y colegas, como candidatos y candidatas, para someterse a una designación por el Parlamento de los doce vocales correspondientes al turno de jueces. Esto demuestra que el actual sistema de elección ya garantiza la participación de quienes forman parte de la carrera judicial.

El conflicto institucional debe acabar y el Parlamento ha de tomar la iniciativa. La nueva vía será compleja pero debe ensayarse una metodología basada en el diálogo y la búsqueda del consenso transversal. Una metodología a impulsar por las Presidencias y Mesas del Congreso y Senado, a la que habrá que sumar la participación e implicación de los Portavoces de todos los Grupos.

Las candidaturas a presentar en el Parlamento serían públicas y estarían valoradas por la prensa y la opinión pública. Pero se debería mejorar el trámite parlamentario que sirvió para la polémica elección de Enrique Arnaldo, entre otras personas, como miembro del Tribunal Constitucional. Se trata de perfeccionar los mecanismos de deliberación y negociación entre los Portavoces y que se cumpla la función de control y evaluación por la Comisión Consultiva de Nombramientos.

Si el PP no participase en la presentación de candidatos y en el proceso de negociación posterior, quedaría más en evidencia que no juega limpio. Lo mismo sucedería a quienes hicieran propuestas a favor de personas no independientes que no garantizasen la imparcialidad del organismo.

Ya sabemos que la interlocución y el consenso con el PP son muy difíciles. Pero la puesta en marcha de la vía de negociación parlamentaria no puede esperar cuando ya se ha constatado que la negociación ajena al Parlamento no culmina con éxito. Además, se podrá avanzar en la regeneración democrática y en la separación de poderes.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 29 de mayo de 2022 / Publicado en La Hora Digital

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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