Mi opinión ante el debate sobre la reforma de la ley de secretos oficiales.

La opacidad y la sobreprotección de información clasificada como secreta por parte del Estado, han estado garantizadas hasta ahora por una ley que proviene del franquismo. El debate previsto para el otoño en el Congreso sobre la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, me lleva a plantear algunas consideraciones democráticas que parten de la defensa, en términos razonables, del principio de transparencia y del derecho a saber de la ciudadanía.

Los papeles relacionados con el golpismo y el 23F, la guerra sucia contra el terrorismo de ETA y los GAL, los secretos de la larga dictadura franquista, la salida de España del Sáhara, el caso Mikel Zabalza (ver https://odonelorza.com/blog/item/1383-el-caso-mikel-zabalza-en-un-estado-de-derecho.html ) y otros asuntos de relevancia, han de desclasificarse como Secretos de Estado y, por tanto, posibilitar su conocimiento.

Este cambio tiene que producirse con ocasión de la aprobación de la nueva ley. Una ley de Protección de la Información Clasificada que establezca los ámbitos y materias que deben quedar protegidas por el Estado, las categorías y plazos de protección de documentos como Secretos de Estado, el procedimiento y requisitos a cumplir para solicitar la desclasificación, el papel del Tribunal Supremo ante las demandas de desclasificación y la identificación de los documentos existentes en los archivos secretos. Esto último con el objetivo de facilitar la accesibilidad a los mismos mediante la creación de un Registro que permita conocer qué asuntos o materias están protegidas bajo las categorías de Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido.

En 2022, y tras esperar 43 años, una Ley de Secretos Oficiales debe servir a la democracia. El anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros ha levantado críticas y ofrece algunos agujeros negros. Por ejemplo: no contempla la prohibición de clasificar información que pudiera ser constitutiva de algún delito grave, fraude económico o corrupcióny ello con la finalidad de impedir que estas conductas delictivas quedaran impunes o prescritas. Por no hablar del pretendido carácter retroactivo de la ley sobre la información que ha sido secreta hasta hoy.

No pueden justificarse por la ley más esperas ni plazos más amplios de protección documental (se propone hasta los 50 años para información de alto secreto, ampliable a 65). Las personas físicas o jurídicas afectadas, los jueces, investigadores, historiadores, etc, tienen que poder acceder y conocer toda la verdad a partir del contenido de los documentos archivados como secretos oficiales. Hablamos de asuntos de gran trascendencia que tuvieron lugar hace más de 40 años. Es una cuestión de sensibilidad democrática. 

Ampliar los plazos para la desclasificación no sería entendido por la sociedad. De ahí que confíe en que el periodo que se abre en agosto para formular alegaciones y el debate con ocasión del trámite legislativo en el Parlamento, permitan aprobar una ley que se homologue a las más avanzadas en Europa y de la que los demócratas nos sintamos satisfechos. Para ello, será necesario un amplio consenso promovido por el Gobierno de coalición que permita compatibilizar el funcionamiento democrático del Estado con el mantenimiento de la seguridad y la defensa nacional.

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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