Por qué no vale cualquier amnistía.

Considero que la amnistía, una medida excepcional, no es realmente una necesidad imperiosa para lograr la convivencia en Cataluña. Esa convivencia ya está encaminada por la acción del Gobierno de Pedro Sánchez -en diálogo con ERC- tras la aprobación de los indultos en 2021 y otras medidas de reforma legislativa penal (sedición y malversación) que han permitido recuperar, en buena medida, la convivencia y en grado importante la normalidad política. Se comprobó con los excelentes resultados del PSC-PSOE en las últimas elecciones municipales y generales en Cataluña .

Aunque hay que seguir en esa dirección, en favor de la concordia, la amnistía se retoma por pura necesidad de sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez con los votos de Junts y ERC. Si el PSOE o Sumar hubieran obtenido siete escaños más esta compleja negociación no se hubiera producido. De ahí la trascendencia política de explicar a la ciudadanía la razón de nuestro repentino giro sobre la constitucionalidad de tal medida y -hoy- sobre el trato de “President” a Puigdemont que le otorga el PSOE.  

La verdad es que la amnistía es el precio a pagar para lograr investir a un Gobierno PSOE/Sumar que siga promoviendo políticas de progreso, actualice el Estado Autonómico y cierre el paso a la involución que pretenden PP y VOX. Pero no nos debería valer cualquier ley de amnistía para que sea constitucional y no provoque un rechazo mayoritario en la opinión pública.

Por tanto, tenemos la obligación de preguntarnos de qué amnistía hablamos. Me refiero a cuestiones políticas, como sus contenidos y alcance. Y me centro en ello por entender que la ley recogerá, eso sí, la fundamentación jurídica rigurosa que le dé cobertura constitucional. También debe recoger una justificación política que sea objetiva y razonable. No vale, por ejemplo, alegar algo tan interesado como que con ella se podría formar un gobierno. 

Mis reservas se basan solo en consideraciones personales porque desconozco los términos de la negociación y la redacción del texto de la ley que plantea Pedro Sánchez, Junts o ERC en la mesa. Pero las condiciones que señalo tienen el objetivo de aportar más credibilidad entre la ciudadana a la necesidad de acordar una amnistía para evitar un gobierno trumpista.

Es muy razonable reflexionar, en caso de que no acertemos con la redacción de la ley, sobre qué precio y durante cuánto tiempo pasaría factura al PSOE. O cómo afectaría una amnistía, que no recoja las debidas garantías democráticas para evitar la repetición del procés, a la convivencia de la sociedad en el resto de España ante la crispación y polarización ya existente y ante la ausencia de responsabilidad y diálogo en la vida política.

Una amnistía relacionada con el procés independentista adquiere pleno sentido, en el escenario de la política española, si se explica bien que lo que se busca es la reconciliación y la concordia para evitar la repetición de aquella situación de graves conflictos y decisiones ilegales de octubre de 2017.

Ahora bien, una medida política tan extraordinaria, que es discutible y está sometida a lecturas partidistas, exige gestos y cesiones claras por todas las partes. ¿En qué cede Puigdemont? ¿A qué se comprometen a cambio los secesionistas?

La amnistía no puede entenderse por la ciudadanía como el perdón y olvido de un Estado democrático hacia quienes cometieron delitos a cambio de nada. Porque quienes son sus beneficiarios han declarado hasta la saciedad que lo volverán a hacer, que volverían a promover un proceso unilateral de secesión saltándose la Constitución.

En el caso de un acuerdo sobre la amnistía con Junts, ERC y otros grupos, la ley debería reflejar que todas las partes asumen un costes y compromisos. Por ello, defiendo que la Ley recoja en su Preámbulo un relato de aquel proceso independentista contrario al Estado de Derecho, tomándose decisiones ilegales, por lo que a fin de garantizar su no repetición se impone el desistimiento y la renuncia a la utilización de la vía unilateral y que solo cabe la vía del diálogo, el mutuo acuerdo y, siempre, en el marco de la Constitución.

Me parece un error estratégico que el PSOE no haya comunicado, públicamente y desde el inicio de las conversaciones, aquellas condiciones y garantías que entiendo básicas en un sistema democrático para aprobar otra amnistía. Ello hubiera permitido, en caso de fracasar la negociación de la investidura de Pedro Sánchez por este asunto, acudir con mayor coherencia y más fuerza a una repetición electoral en enero.

Lamentablemente, no ha existido un Plan B tras la derrota electoral del PSOE el 23J. Un Plan B significaba contar con una estrategia del PSOE pensada para afrontar la hipótesis de unas nuevas elecciones y ganar a Feijóo. No era un imposible. Pero se renunció a esa opción y nos hemos volcado en el Plan A para sacar adelante la investidura de Sánchez. ¿Como sea? Ahora estamos en manos de otros y toca cruzar los dedos y esperar.

Odón Elorza / Ex diputado del PSOE y miembro del Comité Federal.