Cuando las Redes se convierten en armas contra la democracia: ¿qué hacer?

La desinformación y los bulos, los discursos de odio y otros contenidos ilícitos discurren sin control por aquellas plataformas y redes sociales tóxicas que son la fuente en donde se informan, sin ninguna garantía de rigor y veracidad, un sector cada vez más numeroso de la población, especialmente la juventud.

> El actual modelo de redes sociales, en manos de los gigantes tecnológicos, supone un riesgo para la democracia.

Las plataformas más importantes de información, comunicación e interacción pública son propiedad de seis gigantes tecnológicos que actúan como un cuarto poder al ejercer el oligopolio y servir de apoyo a quienes practican el ciberpopulismo y el trumpismo. Su plan de negocio, formulado desde una posición política y económica ultraliberal, ni respeta el interés general de la ciudadanía ni cumple la regulación europea sobre las reglas de funcionamiento a seguir por las redes sociales en los Estados de la UE.

Las que inicialmente fueron consideradas como “plazas públicas digitales abiertas al debate” se han convertido, por los intereses de la élite digital, en herramientas de manipulación informativa y propaganda política. Y no tendrían que poder seguir funcionando conforme a la ley de la selva, en medio de la disrupción tecnológica que vive la sociedad y en ausencia -hasta ahora- de una regulación precisa en la Unión Europea. De ahí que la ciudadanía se vea expuesta a unas redes tóxicas que acogen y difunden contenidos ilegales, campañas de desinformación, bulos, fake news, teorías conspirativas, injurias y discursos de odio racistas, xenófobos o de violencia de género, así como campañas de haters, bots y ultras desde cuentas falsas o anónimas.

Los grupos ultras, contrarios a los valores democráticos, actúan con la tolerancia o incluso complicidad de las grandes corporaciones tecnológicas. Y se hacen muy presentes en esas plataformas al encontrar en ellas una vía fácil para hacer penetrar sus ideas y discursos de odio entre la población. Lo cierto es que sus dueños -como expresan claramente Musk y Zuckerberg- no fiscalizan debidamente lo que difunden y rara vez moderan o eliminan aquellos contenidos que pudieran constituir un delito o provocar con la desinformación un riesgo sistémico. Tampoco acostumbran a suspender perfiles de cuentas que constituyen un peligro para la convivencia. De ahí que se prodiguen los mensajes que exaltan la violencia, el totalitarismo, la distopía, la posverdad y los relatos alternativos. 

Es una situación grave cuando una parte creciente de la población, entre ellos muchos adolescentes y jóvenes, está enganchada a las plataformas digitales y sigue, sin ninguna verificación o contraste, las proclamas de los nuevos predicadores que se llaman youtubers e influencers. Las redes sociales, con el potencial que suponen los logaritmos y la utilización de la inteligencia artificial, no deberían constituir una amenaza para la democracia y la convivencia sino servir para atender las necesidades de la sociedad y los derechos digitales de las personas.

Sin embargo, los gigantes tecnológicos son ajenos a la ética digital y a los valores que conforman una sociedad libre y democrática. De modo que la Comisión Europea y los Estados miembros tienen que comprometerse a garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos; como acceder a una información veraz, el respeto a su honor y a la privacidad de sus datos, poder comunicarse y debatir con libertad sus opiniones en todas las redes sociales o hacer compras de bienes y productos con seguridad.

Las macroempresas tecnológicas, representativas del nuevo capitalismo digital, ostentan un tecnopoder muy superior al de muchos Estados, gracias a la nueva economía de los datos personales que les aportan cada día los usuarios de las plataformas. Con el big data hacen un inmenso negocio y su prioridad estriba en mantener la plena soberanía digital al margen de cualquier regulación legislativa. Para fomentar un consumo enfermizo utilizan sesgos y sistemas algorítmicos que les permite, además, orientar la comunicación, manipular la opinión pública, fomentar preferencias electorales entre la ciudadanía y discriminar o direccionar tanto la información como la publicidad personalizada.

> Los Estados deben aplicar con firmeza la regulación de la Unión Europea sobre las plataformas y redes digitales de Musk, Zuckerberg y los demás oligarcas digitales.

El Reglamento sobre Servicios Digitales (conocido como DSA) aprobado en 2022 por el Europarlamento y el Consejo Europeo, así como el Código de Buenas Prácticas contra la desinformación, los bulos y las fake news -una norma de autorregulación a seguir por las corporaciones- constituyen la normativa de regulación en el ámbito de la UE. Es de aplicación a las grandes corporaciones como Google, Instagram, X (antes Twitter), TikTok, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Zalando, Booking, YouTube, Dropbox, Telegram o Amazon.

La Comisión Europea trata así de regular la actividad de las plataformas de internet para prevenir contenidos ilegales o peligrosos, garantizando los derechos fundamentales de las personas y en particular los derechos de los menores, la seguridad de los usuarios y la creación de un entorno de servicios digitales transparente y fiscalizado. También se establece el procedimiento a seguir en las ordenes y sanciones que se impongan a dichas plataformas, en las restricciones a las cuentas de usuarios que cometan infracciones así como en la puesta a disposición de mecanismos accesibles para atender las denuncias o quejas ciudadanas.

Sin embargo, con representar un avance, la reciente regulación europea es insuficiente a la hora de controlar y democratizar el funcionamiento de las redes y evitar la manipulación. Porque el Reglamento no establece la obligación de filtrar o moderar, por parte de las propias corporaciones tecnológicas, lo que publican los usuarios en sus redes y de eliminar contenidos ilegales o suspender cuentas con inmediatez por campañas de desinformación que entrañen graves peligros. La norma europea señala “las obligaciones” de las plataformas con expresiones como ajustar, evaluar, evitar, sopesar, reducir riesgos, auditar y prestar atención para moderar contenidos ilícitos o aquellos que ofrezcan riesgos de gravedad. En definitiva, la DSA no recoge una responsabilidad de las plataformas por los contenidos que difunden ni la obligación de realizar una supervisión permanente.

El Reglamento se complementa con un Código de Buenas Prácticas en materia de desinformación, noticias falsas y bulos, que es la primera herramienta de este tipo a través de la cual los agentes pertinentes de la industria acordaron normas de autorregulación para luchar contra la desinformación. Sin embargo, el cumplimiento del Código queda a la voluntad de las tecnológicas y se da el caso de que Elon Musk, dueño de X, no ha firmado dicho Código y Meta (Instagram, Facebook y WhatsApp) se acaba de desligar.

Por otra parte, ni este Reglamento ni tampoco el que trata de la “Libertad en los Medios de Comunicación”, definen qué ha de entenderse por desinformación ilícita y cuándo estaremos solo ante casos de desinformación engañosa, incompleta o incorrecta. De modo que la determinación de los tipos delictivos de la desinformación para casos verdaderamente graves (relacionados con riesgos para la salud de las personas, la seguridad o la soberanía nacional, los procesos electorales, los servicios esenciales en casos de emergencia, la convivencia social o los derechos fundamentales de la persona) se deja como una tarea para los Estados miembros de la UE en el desarrollo del Reglamento y mediante una ley nacional. Un trabajo legislativo muy complejo y resbaladizo porque esa regulación no podría dañar el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa.

A pesar de sus limitaciones, la efectiva aplicación del Reglamento se ha convertido en un reto para los Estados de la UE y para la propia Comisión Europea de cara a hacer cumplir sus criterios. La clave reside en que los Estados tengan una voluntad política real de supervisar y controlar el funcionamiento de las redes y actuar con rigor, tanto desde la autoridad administrativa como la judicial, bien a iniciativa propia o atendiendo denuncias fundadas de usuarios y de alertadores fiables.

En el caso de España y de acuerdo con lo previsto en la DSA, que obliga a cada Estado miembro a nombrar una instancia Coordinadora de Servicios Digitales, el Gobierno ha designado para tal función a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La DSA dota al organismo Coordinador en cada país de amplias facultades de supervisión, investigación y sanción sobre los prestadores de servicios digitales que operen en España. Representa, además, el primer punto de contacto para que las personas y las empresas resuelvan las reclamaciones.

La CNMC es la encargada de velar por el cumplimiento efectivo y eficaz de la norma europea, estando pendiente desde hace un año que el Gobierno eleve una ley al Parlamento para que la entidad asuma esa nueva competencia y pueda imponer sanciones o emitir ordenes de actuación a las plataformas. Debe, también, reformar sus estatutos para adaptar su actual organigrama y contar con más recursos. Como el Gobierno no ha hecho esos deberes, la CNMC aún no ha iniciado su función, algo inaceptable a la vista de cómo han proliferado los bulos con ocasión de la trágica DANA y con la permisividad de algunas plataformas.

En este complejo escenario tecnológico y político, es deseable que las instituciones democráticas, las organizaciones cívicas y los movimientos de activistas por la democracia estudien y trabajen sobre cómo configurar y promover otro modelo de redes sociales que sea alternativo a las pertenecientes a la aristocracia digital. La democracia precisa un modelo de redes que aporte confianza a la sociedad, funcione con transparencia en sus procesos y sistemas de algoritmos, así como con criterios de responsabilidad ética y garantías de cumplir las normas regulatorias.

> La urgente necesidad de una plataforma europea alternativa, con vocación de servicio público, transparente y que cumpla la regulación. 

En esa línea, desde abril de 2022 y durante dos años, la Unión Europea, por medio del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) y la Dirección General de Servicios Digitales, promovió un ensayo con la puesta en marcha de infraestructuras digitales de comunicación, sin ánimo de lucro y con un modelo alternativo al de las redes sociales de los gigantes tecnológicos.

Se han desarrollado, a modo de prueba y materializando un proyecto piloto, dos plataformas digitales para estudiar la viabilidad de una red social pública europea. El ensayo tecnológico, un hecho poco conocido, ha sido realizado por la Unión Europea a la vista de la actual dependencia de las plataformas chinas y norteamericanas, así como ante la interferencia desestabilizadora de Rusia en las redes con ocasión de procesos electorales en Europa.

La prueba consistió en la creación de dos portales: “UE Voice” y “UE Video”. Dos opciones para “competir”, llegado el caso, con redes privadas como X (de Elon Musk), YouTube o TikTok. “UE Voice” se diseñó como una plataforma de microblogging, pensada para compartir textos cortos, imágenes y vídeos de poca duración. Esta red se podría comparar con Twitter/X. Por su parte, “UE Video” sería una plataforma pensada para difundir vídeos y podcasts, una oferta del tipo YouTube.

La experiencia de crear infraestructuras digitales de comunicación públicas, se realizó por la UE teniendo como usuarios solo a instituciones, órganos, oficinas y agencias europeas que tuvieron la oportunidad de registrar sus cuentas en las dos plataformas públicas e interconectarse entre si. En su ensayo, el SEPD no quiso incluir el acceso de usuarios particulares, consciente de que no se daban las condiciones.

Los modelos ensayados presentan grandes diferencias con las redes privadas que ofrecen las corporaciones tecnológicas y se apostó por un modelo de plataformas europeas de servicio público, gratuitas, con un diseño de software de código abierto accesible al público y descentralizadas. Lo cierto es que, en la actualidad, ya existen ofertas de ese modelo de red. Es el caso de Blueski y Mastodon que tienen vocación social, respetan la privacidad de los usuarios que no se ven obligados a ceder sus datos personales, carecen de perfilado de sesgos de las personas y de algoritmos que manipulen los datos, no incluyen de momento publicidad y asumen el compromiso de moderar o minimizar contenidos de riesgo aceptando la autoregulación.

Estas redes sociales alternativas, Blueski y Mastodon, están experimentando un crecimiento notable tras los comportamientos y el posicionamiento político de Elon Musk, propietario de X y aliado de Trump en las recientes elecciones de EEUU. Esto ha provocado un gran debate público y la migración de numerosas cuentas desde X a dichas redes, hasta ahora muy minoritarias.

> Conclusiones : hay que actuar porque los intereses generales de la humanidad y el planeta están en peligro ante una marea reaccionaria. 

Las sociedades democráticas necesitan un modelo de red alternativa, con una vocación realmente social que funcione como un servicio público, sin manipulación de la información y con protocolos de transparencia que no estén al servicio de las élites tecnológicas ni de fuerzas políticas o gobiernos. Es muy importante que las redes alternativas asuman la responsabilidad de impedir contenidos ilegales o de gravedad y cumplan con las regulaciones.

Por tanto, si los gigantes tecnológicos, tras el preceptivo informe de evaluación, incumplen el citado Reglamento de Servicios Digitales y si no se autorregulan mediante el Código acordado contra los excesos de la desinformación y las fake news, los Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión que preside Úrsula von der Leyen deben intervenir con los instrumentos que les da la ley para supervisar, denunciar y sancionar a Musk y sus colegas, e incluso revisar aspectos de la DSA y corregir sus insuficiencias para el marco europeo.

Por otra parte, corresponde a las instituciones europeas la función de educar a la población en la cultura ética digital y defender los derechos de la ciudadanía en los ámbitos de la comunicación, información y debate público de ideas. En el caso de España, la Constitución en su artículo 20 recoge también el derecho a disponer de una información veraz. No olvidemos que la conjunción entre unas redes privadas al servicio de caudillos autoritarios, que permiten contenidos ilícitos, el uso de algoritmos para la manipulación de datos personales y la utilización de sistemas de inteligencia artificial para influir en la opinión pública, supone un grave riesgo para la convivencia democrática de la humanidad y la pervivencia del planeta.

Asistimos al desafío global de lograr una gobernanza democrática de las redes y controlar los sistemas y usos de inteligencia artificial. De lo contrario, cada año habrá más Estados en el planeta que, en medio de campañas sistemáticas de desinformación y bulos, avancen en la dirección de contar con gobiernos autocráticos, autoritarios y falsas democracias, contrarios todos ellos al interés general. Para frenar los riesgos de una marea de autoritarismo que se basa en la mentira, el miedo, el orden y la seguridad, debemos repensar y regenerar las instituciones de una democracia en crisis.

No sabemos hasta qué extremo va a pervertir Trump el sistema democrático en EEUU pero sí sufrimos la contaminación reaccionaria que provoca en Europa. Tampoco sabemos cómo será una gobernanza en la que intervenga la IA, pero en manos de Trump representa una amenaza para el empoderamiento ciudadano y su participación libre en la toma de decisiones. Ambos ejes de la democracia pueden ser sustituidos por un gobierno tirano de algoritmos y de sistemas inteligentes automatizados, ofreciéndonos a cambio “decisiones tecnológicas de gobierno más eficientes”, como parte de un modelo alternativo a la democracia y que practique una política deshumanizada.

En lo inmediato, con Musk en La Casa Blanca junto a un gobierno plutocrático de multimillonarios ultraliberales, democratizar las redes sociales y acabar con los discursos de odio será casi una misión imposible. Por ello, las sociedades que aman las libertades y la convivencia en paz, deben ejercer una resistencia activa y trabajar por recuperar la función original de internet para que esté al servicio de las necesidades de la humanidad y no de los beneficios para una aristocracia digital.

Odón Elorza / Licenciado en Derecho y ex Diputado por el PSOE (2012-2022).


Publicado por El Ciervo en su revista de enero 2025.