Qué es desinformación ilegal en una democracia.

El ansia de poder de los populistas y regímenes autoritarios a cualquier precio, así como del fenómeno ultraliberal trumpista apoyado por la aristocracia digital, no tiene límites. Su estrategia para avanzar se basa en la manipulación de la información gracias a la disponibilidad que han logrado de las redes y las plataformas digitales.

La democracia con sus principios, derechos, libertades y división de poderes, no es eterna ni está garantizado que resista ante las campañas de desinformación orquestadas que utilizan la mentira como herramienta central de su acción política. Sin olvidar que, también, los errores y vicios que arrastra el propio sistema, una responsabilidad imputable a los partidos “tradicionales” de gobierno, nos han llevado a una situación de crisis y al deterioro de la calidad de la democracia en medio de la desafección y desconfianza ciudadana.

Si no se actúa con un plan de regeneración del sistema democrático representativo, si no se promueve y apoya desde la UE una información veraz e independiente, a la vez que se fortalece la democracia con más políticas de igualdad e inclusión, pueden repetirse los peores episodios de la historia reciente. No olvidemos que la defensa del sistema democrático costó millones de vidas y sacrificios el pasado siglo -anteayer- cuando las fuerzas totalitarias, desde el nazismo alemán al comunismo soviético, eliminaron la democracia en casi toda Europa. Para ello, controlando los medios de comunicación, utilizaron el terror, la mentira, la propaganda política y los bulos racistas para practicar el exterminio.

La desinformación, como método para desestabilizar las instituciones y los Estados democráticos con noticias falsas y discursos de odio, forma parte del contexto de las nuevas amenazas híbridas, sin que se produzca un control efectivo por parte de plataformas digitales y redes sociales sobre lo que difunden. Estas son la fuente de información, sin garantía de rigor ni veracidad, para un número creciente de personas, especialmente para la gran mayoría de jóvenes.

Las redes sociales más seguidas se han convertido en una amenaza para la democracia al prestarse a difundir contenidos que suponen un riesgo sistémico. Una situación que empeora tras la decisión de X y Meta de restringir los programas de verificación independiente de los datos, no moderar los contenidos y no aceptar la autorregulación de lo que difunden. Con ello, los gigantes tecnológicos que apelan a la libertad de expresión más absoluta, demuestran que no van a aplicar la reciente regulación europea y que, por tanto, serán necesarias sanciones ejemplares.

Ahora, el canal fundamental de la información es digital como consecuencia de la revolución tecnológica y la pérdida de influencia y capacidad de intermediación de los medios clásicos de prensa, radio y tv. En una sociedad digital resulta más fácil crear confusión en la opinión pública mediante la mentira, los bulos y las campañas organizadas por los grupos ultras, de interés económico y regímenes autocráticos en las plataformas, gracias a la aplicación del sesgo algorítmico y al uso de la inteligencia artificial.

La desinformación se ha hecho patente con ocasión de la pandemia y las vacunas; en las elecciones de EEUU, Rumanía, Brasil y otros países; durante la DANA en España con bulos promovidos por Rusia y la extrema derecha española sobre su origen y el número de fallecidos; con la utilización de TikTok por China; en el ensalzamiento de la dictadura franquista; o con la campaña de Elon Musk en favor de la extrema derecha en las elecciones de Alemania.

Las corporaciones tecnológicas no favorecen el acceso a una información veraz y, por contra, amplifican noticias falsas. Por ello, la Comisión Europea decidió regular su actividad para prevenir y sancionar contenidos ilegales o peligrosos, así como para garantizar los derechos fundamentales de las personas. El Reglamento sobre Servicios Digitales (conocido como DSA) aprobado en 2022 por el Europarlamento, así como el Código de Buenas Prácticas contra la desinformación, los bulos y las fake news -una norma de autorregulación a seguir por las corporaciones- constituyen la normativa en el ámbito de la UE.

Con ese Reglamento se pretende un control democrático sobre la actividad de plataformas digitales como Google, Instagram, X (antes Twitter), TikTok, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Zalando, Booking, YouTube, Dropbox, Telegram y Amazon. Ahora resulta posible que los jueces y las autoridades nacionales y comunitarias procedan al envío de requerimientos cuando se observan contenidos ilícitos o noticias falsas de gravedad en las plataformas, con la imposición de multas por incumplimiento de obligaciones tras un procedimiento muy garantista.

Sin embargo, con ser un avance, la normativa europea resulta insuficiente porque la DSA no establece la responsabilidad de las plataformas digitales por los contenidos ilegales o peligrosos cuya difusión permiten y amplifican ni contempla que tengan la obligación de aplicar filtros de ética digital para realizar una moderación de contenidos con carácter preventivo.

En realidad, las grandes corporaciones del llamado oligopolio digital son remisas a la hora de atender las órdenes preventivas de autoridades de los Estados o de la Comisión Europea. Lo cierto es que, aunque tengan un conocimiento efectivo previo que les debería llevar a eliminar contenidos ilícitos o suspender cuentas tóxicas que cometan infracciones en sus redes, no actúan o no lo hacen con la diligencia debida.

Para combatir la manipulación informativa y el uso de sesgos en los algoritmos, se tienen que aplicar con firmeza los Reglamentos y los criterios de la Comisión Europea. Además, es necesario concretar una cuestión clave, como la de establecer cuándo nos encontramos ante supuestos de desinformación ilegal, una tarea muy compleja en democracia.

La Comisión Europea entiende que debe considerarse desinformación ilegal a “una información verificable como falsa o engañosa que se crea para confundir deliberadamente a la población y puede causar un grave perjuicio público …”. Sin embargo, la definición más precisa de los supuestos en los que podría hablarse de desinformación ilegal no vienen recogidos ni en el Reglamento de “Servicios Digitales”, más allá de una referencia a la interferencia de potencias extranjeras, ni en otro posterior que trata sobre la “Libertad de los Medios de Comunicación”.

En España, la desinformación no se contempla como delito aunque sí se puede castigar con prisión si se enmarca en uno de estos 7 supuestos: delitos de odio, descubrimiento y revelación de secretos, delito contra la integridad moral, desórdenes públicos, injurias y calumnias, delitos contra la salud pública, estafas, intrusismo y delitos contra el mercado y los consumidores.

Por tanto, necesitamos una ley nacional que precise, identifique y tipifique como ilegales aquellos casos de desinformación que reúnan una serie de requisitos. Esta tarea, en desarrollo de los Reglamentos de la UE, se deja en manos de los Estados miembros y requiere un consenso parlamentario amplio y plural en una materia muy resbaladiza, porque no toda desinformación puede considerarse ilegal. No lo sería en los casos de una información errónea, engañosa, incompleta o inexacta. El resultado de regular la desinformación ilegal no puede impedir el ejercicio de la libertad de expresión, que tiene sus claras limitaciones legales ni servir como excusa para practicar la censura política por parte de los gobiernos.

Un buen número de profesionales, expertos de la comunicación y juristas, opinan que no se debería legislar en materia de desinformación por cuanto que los discursos de odio, las noticias falsas o las injurias ya están contemplados en el Código Penal. Piensan, además, que regular qué es verdad y qué es desinformación supondría un juicio o censura inaceptable, atentatoria de la libertad de información y de expresión.

Añaden que los gobiernos serían jueces y parte. De ahí que apuesten por: la autorregulación de las propias plataformas digitales y medios de comunicación, aplicando un código de conducta; por reforzar el papel de las agencias de verificación; la búsqueda de colaboración con las grandes redes sociales y plataformas digitales; potenciar la profesionalidad, independencia, transparencia y pluralismo de la función periodística; fortalecer los consejos deontológicos que velen por la profesionalidad del periodismo, la libertad de información y la opinión en las redes; y por la alfabetización mediática y digital o, dicho de otro modo, la formación de la sociedad sobre el riesgo de las noticias falsas -en especial en el ámbito digital- y la necesidad de proceder a contrastar las fuentes y verificar las noticias.

En mi opinión, esas medidas son acertadas y de gran interés pero resultan insuficientes, habida cuenta del feroz comportamiento de las grandes corporaciones tecnológicas y de las prácticas de los enemigos del sistema democrático que no dudan en defender la posverdad, promover teorías conspiranoicas o poner en riesgo la seguridad de la población.

Afrontar un problema político de la magnitud y complejidad de la desinformación no puede hacerse excluyendo la acción de legislar. Se precisan criterios claros en favor de la seguridad jurídica, efectividad en su aplicación, implicación judicial y cautela en la regulación para no afectar al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la libertad del nuevo ecosistema de comunicación. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de nuestra Constitución que recoge el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz.

Estamos ante una tarea legislativa pendiente que corresponde al Gobierno y al Parlamento y que exigirá la búsqueda de un consenso imprescindible que incluya a los partidos mayoritarios. ¿Será posible con la deriva del Partido Popular y en una coyuntura de pura confrontación e inestabilidad? Solo desde un acuerdo de Estado se podrían identificar y tipificar los supuestos de contenidos a considerar como desinformación ilegal.

En concreto y por su trascendencia, entiendo que se deben calificar como noticias ilegales aquellas que sean verificadas como falsas, divulgadas con premeditación conocida de engañar a la opinión pública y que recojan un contenido que busca hacer daño y afectar a la seguridad de la población o a la soberanía nacional. Esto es, que ataquen gravemente a la convivencia ciudadana en libertad, al resultado de procesos electorales, al funcionamiento de los servicios públicos esenciales en situaciones de emergencia, a los derechos fundamentales de las personas, a la salud de la población o a la independencia de España.

La nueva ley tendría que hacer especial referencia a las campañas de desinformación que provengan de cuentas tóxicas organizadas y automatizadas con empleo de bots o deepfakes que busquen desestabilizar las instituciones de la democracia y provocar graves alteraciones de la convivencia.

Una ultima consideración relacionada con el ejercicio de los derechos digitales. La sociedad europea precisa un nuevo modelo de redes sociales, alternativo a las redes privadas mayoritarias, que aporte confianza a la sociedad, que funcione con transparencia en sus procesos y sistemas de algoritmos y que no esté al servicio de los intereses económicos y de poder de las élites tecnológicas ni de fuerzas políticas o gobiernos.

La UE debiera garantizar el acceso de la ciudadanía a una red social que actúe con criterios éticos, que tenga una vocación de servicio público y sea gratuita. Que ofrezca, además, un diseño de software de código abierto accesible al público y descentralizado, sin manipulación de la información y con protocolos de transparencia. Es imprescindible que la red alternativa que pudiera promoverse desde la UE o bien trabajando en partenariado con alguna red existente, funcione con ética digital (tipo Bluesky o Mastodon) y asuma la responsabilidad de impedir contenidos ilegales o de gravedad así como cumplir la regulación europea.  

Odón Elorza González

Licenciado en Derecho, ex Alcalde de San Sebastian (1991-2011) y Diputado del PSOE por Gipuzkoa en el Congreso, actuando como portavoz en la Comisión Constitucional.

San Sebastián, 19 de junio de 2025 / Publicado en argumentosprogresistas.com