La desinformación habitual que no causa alarma social.

Hay un tipo de desinformación cotidiana, con la que convivimos y que no provoca alarma social ni sesudos artículos de politólogos. Supone un caudal informativo enorme en periódicos, televisiones y radios que ofrecen, en ocasiones, una informacion de baja calidad. Se trata de una desinformación de grado ligero que resulta más o menos sutil, en parte engañosa o desenfocada, incompleta a la hora de reflejar y contrastar los datos, interesada o sesgada, claramente partidista. Por tanto, carente de la exigible veracidad e independencia que deberían mantener los medios al dar o analizar una noticia.

Una encuesta reciente, publicada en InfoLibre, sobre las audiencias del ecosistema de medios de comunicación me lleva a la reflexión. El porcentaje de la audiencia de diarios digitales y en papel, controlados en España por la derecha o grupos ultras, se dispara por encima del 80%. Es también muy significativa la audiencia mayoritaria de las televisiones en manos de las derechas y algo más equilibrada en la elección y seguimiento de las radios. Desde luego esos repartos no se corresponden con la sociología electoral de nuestro país.

Son muchos años en España, como en otros países, bebiendo de las fuentes de una abrumadora mayoría mediática que está en manos de la derecha. Y, lo que es más grave, de la llamada caverna. En realidad, todos actúan en coherencia con los intereses de los propietarios del medio, un dato importante pero todavía desconocido por parte de la ciudadanía y de sus propios clientes.

Esto sucede aunque el Reglamento de la UE sobre la libertad e independencia de los medios de comunicación (2024), obliga a dar transparencia pública a los nombres de los titulares de la propiedad, así como de los accionistas y los importes anuales de fondos públicos que reciben de las diferentes autoridades para campañas de publicidad institucional.

No estoy hablando de contenidos y comportamientos informativos que puedan compararse con los de aquella otra Desinformación que no duda en utilizar noticias falsas y bulos de gravedad, que engaña y manipula con premeditación, que busca provocar un riesgo sistémico, que incita al odio, que busca desestabilizar o atacar la soberanía de un Estado o romper la libre convivencia. Pero en ocasiones sí llegan a bordear esos comportamientos límite que podemos atribuir a una práctica de Desinformación de gravedad, cuyos contenidos abundan en las redes sociales y plataformas de las grandes corporaciones tecnológicas, en los periódicos digitales ultras y en los singulares boletines de influencers.

Porque sí funciona otra Desinformación, con mayúscula, que necesita ser objeto de una tipificación de los casos y de una regulación y sanción precisas. Hablo de la Desinformación ilegal que conlleva un delito y que podría regularse, según la UE en su Reglamento sobre servicios digitales (2023), por medio de una ley nacional. Una tarea legislativa compleja y delicada en favor de una regulación que debiera abordarse desde la búsqueda del consenso entre los partidos, en línea con el artículo 20 de la Constitución y el respeto a la libertad editorial y de expresión.

Sin embargo, la habitual información partidista que obedece a una línea editorial de la propiedad o al interés de un gobierno, que cae en la tentación de manipular la información para influir o crear un estado de opinión, la seguiremos sufriendo porque es una clase de desinformación legal. Aquí se impone promover la autorregulación de la mano del código ético de conducta de los periodistas y de los consejos deontológicos de la profesión.

No será fácil para una parte de la audiencia, acostumbrada a un medio concreto y desconocedora de que sus contenidos no son muy rigurosos, alejarse de aquellos medios del ecosistema que trabajan para los intereses de sus dueños y que no dudarían, en ocasiones y coyunturas determinadas, en funcionar al margen de los principios y valores de una Democracia en crisis.

Odón Elorza / Ex diputado del PSOE por Gipuzkoa / Publicado en InfoLibre.es  / 30 de junio de 2025.