Más política para Catalunya y menos odio.

Me podrán llamar ingenuo, me acusarán de ser blando o de llegar tarde porque repiten que la situación no tiene salida. Incluso podrán decir que soy un imbécil por intentar vías que ayuden a buscar una solución al contencioso político que se vive en Catalunya. Me niego a aceptar que el diálogo está muerto y que la confrontación hasta el final resulta inevitable.

En este negro escenario las iniciativas soberanistas insisten en el objetivo de desbordar, con el apoyo de movilizaciones, el marco constitucional y estatutario, promueven la desconexión y la desobediencia civil y juegan la estrategia del victimismo. En frente, a la incapacidad del PP y C's de entender la realidad plural de España, a la pasividad e inmovilismo del Gobierno central se suma la intensificación de la judicialización del proceso. Todo nos han llevado a un callejón sin salida.

Pero tengo muy claro que no me identifico con ninguna de las dos posiciones y desespero ante la práctica ausencia de referentes de talla política que defiendan la democracia buscando cómo conjugar el principio de legalidad con el principio democrático. Y mostrándose dispuestos a dejarse la piel en una negociación difícil. ¡Cómo echo en falta la responsabilidad democrática y el catalanismo constitucional de Ernest Lluch!

La situación límite que se vive en Catalunya como consecuencia del contencioso que enfrenta a la Generalitat con la Administración General del Estado, no sólo afecta negativamente a las relaciones entre las instituciones y entre las fuerzas políticas sino que provoca grandes incertidumbres -ante el desprecio a la regla de oro del respeto a la legalidad- y consecuencias en el clima de convivencia ciudadana.

La mayoría social de Catalunya reclama más política y soluciones mientras contempla a partidos de gobierno buscar réditos electorales de la confrontación. Por ello, para un demócrata no caben ni el silencio ni la resignación. Tampoco podemos pensar que la solución radica en aplicar la fórmula de ruptura social que conlleva una consulta de autodeterminación que, hoy por hoy, se enfrenta a obstáculos legales insalvables. Ni en la falta de respuesta a demandas de la sociedad catalana en favor de más autogobierno, más eficacia en la gestión y menos corrupción. Es alentador recordar que la historia está llena de ejemplos en los que la política se abrió paso en la resolución de conflictos que habían llegado al borde del precipicio.

Rotas, desde hace tiempo, las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat catalana, se debiera trasladar una iniciativa por el diálogo y entendimiento al marco democrático del Parlamento español. Afirmo, con rotundidad, que el diálogo parlamentario es imprescindible para la resolución de las diferencias entre la Generalitat y el Estado en cuestiones competenciales, en el reconocimiento de la personalidad singular catalana, en infraestructuras o en materias económicas y financieras.

A medio plazo, los Socialistas tenemos que conseguir la revisión de la organización territorial del Estado mediante la reforma de la Constitución con el acuerdo entre las diferentes formaciones políticas, profundizando en un nuevo modelo de estructura federal. Pero no podemos esperar al inicio del complejo proceso de reforma constitucional. Es necesario explorar ahora, para el caso catalán, todas las posibilidades prácticas que permite la Constitución desde una lectura flexible y abierta del texto. En línea con la idea de un "constitucionalismo útil", como defendía Ernest Lluch en sus reflexiones políticas sobre la búsqueda del diálogo y el entendimiento para superar el desencuentro sobre el modelo territorial y alcanzar un nuevo Pacto de Estado.

El socialista del PSC, Ernest Lluch, teorizó acerca de un "constitucionalismo útil" que podría permitir encontrar fórmulas de reconocimiento a la personalidad histórica de Catalunya en la realidad de una España plural. Y lograr la garantía constitucional hacia el carácter nacional de Catalunya, su conciencia propia y la ampliación de su autogobierno.

En el caso que nos ocupa, en un mundo de soberanías compartidas e interdependencias crecientes en todos los planos, se trata de favorecer la convivencia de identidades, el encaje de Catalunya en España y la viabilidad al desarrollo de proyectos compartidos entre Catalunya y una España entendida como nación de naciones, pluricultural y plurilingüística.

Más allá de los desaciertos políticos, del cambio de orientación que introdujo la tardía sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y de las actitudes irresponsables de las muy diferentes autoridades que han provocado esta fractura, es urgente la creación de una Comisión parlamentaria en el Congreso. Sería útil para el diálogo entre los grupos, el estudio y la presentación de propuestas y medidas para encauzar de modo democrático las discrepancias, como corresponde a un Estado de Derecho.

Odón Elorza.  Diputado Socialista por Gipuzkoa

San Sebastián, a 18 de febrero de 2017.  Publicado en Infolibre.es