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Odón Elorza - Elementos filtrados por fecha: Sábado, 28 Abril 2018

La transparencia fiscal debe ser parte de la regeneración democrática en España.

En España se mantiene una opacidad fiscal férrea por voluntad del PP. O lo que es lo mismo, una censura informativa sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias y otros aspectos de interés que realizan las grandes empresas. No tenemos derecho a saber nada; todo son resistencias a abrir espacios democráticos a una transparencia fiscal responsable por parte de Hacienda y de las empresas.

A nivel mundial se están dando algunos avances en materia de transparencia tributaria de la mano del G-20 y la OCDE. Se producen tras la crisis económico-financiera, la crisis fiscal y la inyección de dinero público a los bancos. Y son consecuencia de la presión y la movilización de la opinión pública tras sufrir la crisis y sumar ahora los recortes salariales y los de programas sociales. El objetivo es poner coto a las actividades delictivas y los comportamientos inmorales en materia fiscal. ¿Pero hay voluntad real en esta Europa desfigurada?

En todo caso, son necesarias más decisiones políticas en la UE para la eliminación efectiva del secreto bancario; mayor transmisión e intercambio automático de datos para combatir la evasión fiscal, el refugio de capitales en paraísos fiscales o el lavado de ingresos de actividades delictivas; así como la aplicación del plan de acción contra BEPS de la OCDE para evitar una planificación fiscal agresiva de las grandes empresas multinacionales

En cambio, si bajamos al nivel nacional nos encontramos con la opacidad absoluta del Gobierno del PP que se niega a reformar el artículo 95 de la Ley General Tributaria, que consagra la consideración de materia reservada para todos los datos e informes en manos de la administración tributaria. La última reforma ha sido muy limitada.

“LA CENSURA SE INSTALA EN EL CONGRESO”

Como ejemplo, la Mesa del Congreso me rechazó hace un mes una serie de preguntas que formulé al Gobierno sobre la cuantía de las obligaciones fiscales devengadas por Amazon en relación con el Impuesto de Sociedades y el IVA en los pasados seis años. Preguntaba sobre el régimen tributario que se aplica al gigante del comercio online, las exenciones fiscales que hubiera recibido o la existencia de deudas y conflictos con la Seguridad Social. Una actitud de censura  incompatible con la exigencia de una regeneración democrática en España que conllevaría la práctica de las reglas de transparencia fiscal.

LA UE DEBE ADAPTAR LAS NORMAS FISCALES A LA NUEVA REALIDAD DE LA ECONOMÍA DIGITAL Y A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LOS PARAÍSOS FISCALES. 

Por otra parte, la Comisión de la Unión Europea ha presentado recientemente una propuesta para crear un impuesto dirigido a las grandes empresas tecnológicas que necesitará el apoyo unánime de los Estados miembros para ser aprobada. Antes tiene que transitar por diferentes instancias y, finalmente, debatirse en el Parlamento Europeo.

La intención es aplicar un gravamen temporal para plataformas como Google, Facebook, Amazon, Twitter y Apple, entre otras, y responde a la demanda de algunos países de evitar el agujero negro en la tributación fiscal de los beneficios de las empresas digitales que, en la actualidad, no lo hacen por utilizar la elusión y la evasión fiscal gracias a su ingeniería financiera. Su factura fiscal es ridícula al elegir tributar en Estados con un tipo muy bajo para el Impuesto de Sociedades (Luxemburgo e Irlanda) u obtener beneficios fiscales de los Estados que rompen la competencia.

Según se ha publicado, la UE baraja un impuesto entorno al 3% de la facturación de las multinacionales digitales que tengan unos ingresos globales superiores a los 750 millones en el mundo y los 50 millones en los Estados de la UE. De ese modo, los países del bloque comunitario podrían recaudar unos 5.000 millones de euros al año y se mantendría temporalmente hasta que se aprobara una reforma más amplia y definitiva del Impuesto de Sociedades.

Dicho impuesto incluiría cambios en su base imponible, de manera que dejen de eludir el pago las empresas que operan en internet y no tienen sus sedes físicamente en territorio de la UE. Este nuevo sistema, según la Comisión Europea, buscaría garantizar un "vínculo real" entre el territorio dónde se generan los beneficios digitales y dónde son gravados. En definitiva, la Comisión trata de evitar que los países de la UE aprueben medidas unilaterales que puedan crear una disparidad de respuestas nacionales precipitadas. Se persigue que esa tasa temporal grave los ingresos generados por actividades de venta online, espacios publicitarios y otras actividades comerciales que son difíciles de capturar por las normas fiscales actuales, ya que no están adaptadas para regular los nuevos fenómenos de la economía digital. 

“UN IMPUESTO DIGITAL EN ESPAÑA”

Alternativamente, y sí se atasca el proceso de aprobación por parte de las instancias de la UE en favor de un acuerdo fiscal armonizador, Montoro tendría que estudiar ya la creación de un Impuesto Digital en España; algo solicitado por el PSOE en el Congreso y desatendido por el Gobierno. (Parece que lo va a hacer, forzado por las repercusiones en el capítulo de gastos de los presupuestos para 2018 de los acuerdos de última hora con el PNV en materia de pensiones. En cualquier caso, conocida la capacidad de mentir del Ministro Montoro, no hay garantías de que ese anuncio se materialice.)

En “casa”, lo más grave es la opacidad que domina los despachos ministeriales de Hacienda, como quedó en evidencia con el secretismo intolerable del Gobierno sobre la lista de personas y sociedades acogidas a la vergonzosa Amnistía Fiscal de 2012 -luego declarada anticonstitucional - en medio de una crisis económica que afectaba a millones de familias y de una legión de casos de corrupción. Esa actitud de opacidad y desidia se extiende a la ausencia de un debate sobre los criterios en los que debiera fundamentarse un nuevo sistema fiscal adaptado a la realidad económica del siglo XXI. Un sistema que sea equitativo, eficiente, suficiente y transparente para regular la nueva economía global y digital y hacer efectiva la tributación de las empresas multinacionales; en especial las digitales y las del IBEX.

Buena parte de las empresas del IBEX 35 no habrían superado, según los análisis de la Fundación Compromiso y Transparencia y del Observatorio de RSC, un test reciente sobre transparencia en información de datos y prácticas tanto financieras como no financieras, así como sobre el cumplimiento explícito de sus compromisos y obligaciones tributarias. Sus memorias presentan una gran ausencia de información sobre su contribución real a la Hacienda Pública. Incluso incumplen obligaciones legales como las establecidas en la Ley de Sociedades de Capital al no ofrecer información sobre la planificación de su estrategia fiscal y los riesgos de la empresa. De modo que seguimos sin saber los impuestos que pagan y los beneficios fiscales que reciben del Gobierno de Rajoy.

”EL COMBATE POR LA TRANSPARENCIA FISCAL” 

Ante semejante panorama, se impone continuar trabajando en favor de la transparencia fiscal, tanto en España como a nivel internacional. De hecho, Bruselas quiere obligar a las empresas más importantes del espacio europeo a hacer públicos, de forma detallada, los impuestos que pagan país por país para evitar situaciones de competencia fiscal. ¿Es acaso una utopía? No es aceptable el secretismo que impone el Gobierno Rajoy, negándose a reformar el artículo 95 de la Ley General Tributaria, algo necesario para modificar la actual cláusula de materia reservada aplicable a todo lo referido a los datos e informes que dispone la administración tributaria.

Los graves incumplimientos de obligaciones tributarias por parte de sociedades, familias y particulares con fortunas, los morosos con deudas relevantes a Hacienda, la opacidad sobre las bases imponibles y las cuotas fiscales abonadas realmente por las grandes empresas en España - incluidas las corporaciones gigantes de la economía digital-, la lucha efectiva contra la elusión y evasión fiscal así como la eliminación de los numerosos paraísos fiscales, la ocultación de las exenciones y ayudas fiscales concedidas por el Gobierno, son todas ellas cuestiones que deben abordarse desde una administración tributaria más eficiente y mediante reformas legislativas que incorporen nuevas regles de transparencia fiscal.

Algo se avanzará con ocasión de la próxima modificación en el Congreso del texto refundido sobre el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas; será en materia de información no financiera y diversidad, relacionada con la responsabilidad social corporativa.

Considero que la transparencia es un principio sustancial de la regeneración democrática y que ayudará a contar con los ingresos que permitan la recuperación del Estado de Bienestar, siendo consciente de la resistencia de las grandes empresas, del poder de los intereses privados y de las fuertes presiones que se darán en un proceso que busca profundizar la democracia y mejorar la cohesión social.

La transparencia fiscal no puede ser vista como una “utopía”, como algo imposible en este siglo XXI en el que la Socialdemocracia debe afrontar ese reto trascendental para que la política domine la economía. No olvidemos que la lucha contra la desigualdad y por fortalecer el Estado del Bienestar depende de la aplicación de un sistema fiscal más justo y eficiente.

ODÓN ELORZA

Diputado Socialista por Gipuzkoa y Responsable de Transparencia y Participación en la CEF del PSOE.

Publicado en infolibre.es el 29 de abril de 2018. 

 

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