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Odón Elorza

Odón Elorza

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En defensa de la #TransparenciaFiscal : sobre Corinna, el rey emérito y la lista de una amnistía fiscal anticonstitucional.

La decisión del nuevo Gobierno de no hacer pública la lista de los acogidos a la amnistía fiscal decretada por Rajoy y Montoro en 2012, manteniendo así en secreto la identidad de los defraudadores, no se ha entendido por una parte de la ciudadanía. Al parecer, la Abogacía del Estado habría señalado que una reforma del artículo 95 de la Ley General Tributaria, para exceptuar este caso como materia reservada, no lo permitiría porque tendría que respetarse el principio de irretroactividad de las leyes.

Por otra parte, ha levantado controversia la respuesta que desde algunos ministerios se dio a la supuesta grabación a un personaje tan insolvente como Corinna en la que habla del rey emérito. Una maniobra de alto voltaje realizada por parte del comisario Villarejo, un personaje vinculado a las cloacas del Estado y que se encuentra en prisión preventiva. Sin dudarlo, algunos partidos exigen abrir una Comisión de Investigación en el Congreso sobre aspectos fiscales del rey emérito a partir de semejante material contaminado y sin que exista una denuncia en un juzgado. Otra cosa es que el normal funcionamiento de las instituciones del Estado (Agencia Tributaria, Fiscalía anticorrupción, jueces, ...) haya puesto en marcha un trabajo de comprobación e investigación, con normalidad y discreción debida, por si hubiera indicios de delito.

De entrada, no hay motivo para dudar que el Gobierno del Presidente Pedro Sánchez haya analizado con rigor la existencia de un problema jurídico para cumplir el compromiso reiterado que hizo el PSOE, en la oposición, de hacer pública la lista de los 30.000 defraudadores que afloraron dinero negro en un procedimiento excepcional declarado el pasado año inconstitucional por Sentencia del Tribunal Constitucional. Si bien, el Tribunal precisó su alcance al declarar “no susceptibles de ser revisadas, como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas a su amparo, por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica del art. 9.3 de la CE”. ¿Pero su publicación contraviene, en todo caso, dicha seguridad jurídica?

En estos años de crisis, con recortes y sacrificios para millones de familias, la lucha contra la corrupción y, como una variante de ella, la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal así como hacer realidad la transparencia fiscal, se han convertido en una bandera democrática irrenunciable. De ahí que el Gobierno trabaje para no dar la falsa impresión de que ahora no comparte esa demanda ciudadana tan vinculada a la regeneración democrática.

Recuerdo algo sabido, como que el Rey es inviolable según la CE; el rey emérito pasó a ser aforado y dicen que no tiene que dar “cuentas” por hechos anteriores a 2014; la CE consagra el principio de irretroactividad de la ley y la ley sigue siendo igual para todos. Ahora bien, dicho sin ninguna otra intencionalidad, es obvio que para fortalecer la democracia y dar un ejemplo de transparencia fiscal, ambos - el Rey y su padre- deberían hacer pública, con regularidad, sus declaraciones de renta y patrimonio. Porque si hablamos de reglas de transparencia y de ética, estas han de ser aplicables, siempre y con carácter de ejemplaridad, a gobernantes, políticos y a la propia Casa Real.

Al hilo de esta doble controversia he vuelto a leer la Sentencia del TC dictada contra la amnistía fiscal y me llamó la atención la forzada argumentación que hizo el Abogado del Estado para justificar la amnistía contemplada en la disposición del Real Decreto Ley 12/2012 sobre la “regularización tributaria”. Unos argumentos que formuló en respuesta al recurso de inconstitucionalidad que interpusimos los diputados socialistas en 2012. Ciertamente, el Abogado del Estado no estuvo muy fino. Y para hacerse una idea transcribo los párrafos más llamativos recogidos en la propia Sentencia de junio de 2017 :

“.... el legislador puede decidir, en un momento determinado y con una vigencia temporal, introducir junto con el procedimiento ordinario de regularización otro excepcional sin que padezca el principio de igualdad. La única comparación relevante sería, entonces, la del contribuyente cumplidor con la del que ha ocultado sus rentas y se acoge a la declaración especial, respecto de la que existe una razón del trato desigual: el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del art. 135 CE, dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea.”

Proseguía el Abogado del Estado, en defensa de aquella amnistía ilegal, señalando que “si el coste de la regularización fuese alto, pocos defraudadores se acogerían al mismo, razón por la cual, sólo con un coste bajo se consigue el objetivo perseguido, lo que supone que debe admitirse un cierto sacrificio de los principios tributarios del art. 31.1 CE, singularmente el de igualdad, en atención a otros principios constitucionalmente relevantes, como es el de estabilidad presupuestaria del art. 135”

Se debió quedar tan ancho haciendo descansar su rechazo al recurso, en nombre del Gobierno del PP, en la protección del polémico artículo 135 de la CE y en la justificación de “sacrificar” los principios tributarios de capacidad económica, igualdad y progresividad para favorecer a unos defraudadores, por supuesto insolidarios, frente al conjunto de la ciudadanía. Ni que decir tiene que el Tribunal desbarató toda su argumentación.

Pero cabe preguntarse de qué ha servido ganar el recurso, lograr que se declare nula la disposición del Real Decreto que abrió aquella vía, si lo que queda es, junto a la impunidad, el secretismo en favor de los aprovechateguis. ¿Es coherente el desarrollo de los acontecimientos con la aplicación práctica de los principios que dice defender la Sentencia?

Por ello, resulta muy conveniente estudiar con detalle si existe alguna vía legal para su publicación en base a la propia Sentencia que declara inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto y que según el Tribunal Constitucional no respetaba los principios tributarios del artículo 31.1 CE. Leo opiniones de juristas -pues de todo hay- que argumentan que publicar la lista no iría contra la seguridad jurídica del art 9.3 de la Constitución, considerando que esa simple decisión no conllevaría revisión de los actos tributarios realizados según el Real Decreto, ni supondría recargo ni sanción alguna para los interesados.

Conocer la lista de los amnistiados favorecidos por el anterior Gobierno haría realidad el principio de transparencia fiscal, incluso en el caso de que sólo se publicaran sus nombres, sin aportar sus datos económicos ni las cuotas tributarias pagadas a tipo reducido por cada beneficiario. Así se acabarían las especulaciones sobre la composición de la lista y ganaría la credibilidad del Gobierno Socialdemócrata. En conclusión y a la vista de las anteriores consideraciones, no va a resulta fácil renunciar a un objetivo tan básico en una democracia pero que se ha convertido en una utopía real.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

Secretario de Transparencia y Democracia Participativa de la CEF del PSOE

San Sebastián, 22 de julio de 2018  /  Publicado en infolibre 

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La izquierda europea está pendiente del Gobierno de España: un nuevo proyecto Socialdemócrata.

Analizando los acontecimientos y el papel que juegan las izquierdas en el escenario político de una Europa escéptica, cercada por el nacionalismo y el populismo, me ratifico en la esperanza que representa, como un referente internacional, el nuevo modelo de política Socialdemócrata del PSOE que quiere ensayar Pedro Sánchez desde la Presidencia del Gobierno de España. 

Son solo unos primeros pasos, incipientes, pero me consta que detrás hay un modelo de cohesión social y territorial fruto de largas reflexiones y debates en el PSOE sobre la construcción de una alternativa de gobierno. Una alternativa diferenciada de la vía neoliberal que busca reconectar con las demandas de la mayoría social y responder a los fenómenos y problemas de este siglo.

Hasta ahora, una buena parte de la opinión pública y de los analistas han sido críticos y han caído en la resignación ante la perdida de influencia y los retrocesos de unos desconcertados Partidos Socialistas, con la excepción de Portugal. Decepciones con la Socialdemocracia europea ha habido muchas en los pasados veinte años y era tiempo obligado de hacer una reflexión autocrítica para luego reconquistar la credibilidad y pasar a la accion. 

En este proceso de transición del PSOE, llegó la Moción de Censura contra Rajoy en respuesta a la corrupción, una iniciativa no buscada por los socialistas pero ineludible tras la clarificadora sentencia de la trama Gürtel. Y con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno empieza a tomar cuerpo y adquiere difusión internacional el proyecto de una socialdemocracia que se renueva en ideas e innova sus planteamientos para dar respuestas a los retos de una sociedad global en el siglo XXI en claves de igualdad, redistribución, sostenibilidad, feminismo, cooperación, democracia y ética.

En la actualidad, hay mucha gente y muchos movimientos sociales, no solo en Europa sino también en America Latina, que nos observan con gran interés y hasta con ilusión. Es una razón más para no desaprovechar la oportunidad que se nos ha presentado de demostrar que es posible ofrecer una alternativa sostenible, frente a los conservadores y a las fuerzas populistas, con otras medidas en materia de economía digital, reparto del crecimiento, robotización y empleo, lucha contra los paraísos fiscales, fiscalidad justa y transparente, migraciones y refugiados, cambio climático y calidad de la democracia.

El primer examen se producirá en septiembre con la presentación por el Gobierno de un marco presupuestario para 2019 que incorpore novedades que resulten identificables desde la izquierda y permita la recuperación gradual de la dignidad de las personas en situación de precariedad e incertidumbre y los derechos sociales en un Estado de Bienestar venido a menos por culpa de las medidas neoliberales del PP. Todo ello pasa por ejercer el poder con decencia y lealtad a los principios democráticos que exige una gobernanza ética. 

Para quienes nos observan en la distancia, la posición y los compromisos de Pedro Sánchez pueden representar, en diálogo permanente con diferentes movimientos, al conjunto de la izquierda europea y al sector de la ciudadanía con valores progresistas que arrastra una sensación de orfandad ante la escasez de líderes creíbles que defiendan sus intereses en las diferentes cumbres y encuentros con poderosos mandatarios.

Los mercados financieros desregulados y especulativos, los amigos de los paraísos fiscales, las mafias, los enemigos de la libertad y la solidaridad ya tienen quienes les representen. Es la inmensa mayoría de la humanidad quien carece de voces suficientes y sensibles para hacerse oír. Así de compleja y de utópica va a resultar  nuestra causa. Pero siempre fue así. 

 

Odón Elorza  /  Diputado Socialista por Gipuzkoa

Madrid, 16 de julio de 2018

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Resucitan en el BOE el Ducado de Franco a escondidas.

Hay días en los que el BOE te obliga a sentirte un poco más Republicano. Lo digo tras conocer que ha aparecido publicada, con la firma del Rey, la continuidad del título de Ducado de Franco con la consideración de Grande de España. Asistimos a una bofetada a la democracia. Y esto, por ser grave, no debería resultar gratuito para quienes lo han hecho posible desde la opacidad de sus responsabilidades.

Es difícil de creer que suceda en momentos en los que, por fin, el nuevo Gobierno Socialdemócrata de Pedro Sanchez, surgido con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso, expresa su voluntad de afrontar la regeneración democrática que necesita el país; esto es, la regeneración de las instituciones y los órganos que conforman el Estado.

¿Qué sentido tiene que el anterior Ministro de Justicia, Sr. Catalá, autorizara in extremis, en víspera de su cese, el expediente para dar continuidad al citado Ducado de Franco mediante la sucesión del mismo en la persona de su nieta? ¿Qué razones, qué méritos de los beneficiarios explicarían hoy semejante proceder?

Sinceramente, este comportamiento sólo es explicable desde el reconocimiento del ADN franquista que pervive en una parte de la dirección del PP. Eso explicaría también su negativa a cumplir, con total desprecio y durante siete años, la Ley de Memoria y su rechazo a exhumar los restos del dictador enterrados en el altar del delirante mausoleo del Valle de los Caídos. ¡Ya está bien!

El título fue concedido por el anterior Rey de España el 27 de noviembre de 1975 a los pocos días de la muerte de Franco . El régimen franquista, al calor de la situación de aquellos días y en momentos de exaltación de los supuestos logros de Franco tras 40 años de una dictadura represiva, quiso compensar así, todavía un poco más, a la familia Franco.

Pero transcurridos más de 40 años no se entiende que el hijo del anterior Rey acepte hoy dar continuidad a semejante decisión que ataca la dignidad de la democracia y provocará el enfado de un sector importante de la ciudadanía. Esa ha sido una decisión que no favorece la imagen de la monarquia, que no corresponde al papel de un Rey joven en pleno siglo XXI. De ahí la decepción de muchos y el cabreo de unos cuantos.

¿Por cierto, quien rendirá cuentas de esta decisión? ¿O acaso alguien piensa que no hay derecho a pedirla? ¿Donde queda la función del Parlamento si esta orden escapa de su control? Como cualquier decisión ha de cumplir con el principio de la transparencia y no puede diluirse la responsabilidad de quienes han hecho posible semejante indignidad.

Hay vías precisas -como diputado socialista me sentí en la obligación de plantear propuestas concretas- para hacer posible la revocación de la concesión de aquellos títulos concedidos que avergüenzan a la democracia española. Bastaría con una reforma legislativa del Real Decretó de 29 de mayo de 1912. En cualquier caso, nadie debería escudarse en la falta de un artículo sobre revocación en ese viejo Real Decreto para justificar la continuidad del Ducado en favor del general dictador y su familia.

Lo dicho al inicio: hoy me han obligado desde el BOE a sentirme Republicano. Y ese tipo de sentimientos no solo permanecen sino que se acrecientan.

Odón Elorza  /  Diputado Socialista por Gipuzkoa

4 de julio de 2018 / Publicado en público.es

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De Moncloa a Santa Pola: la catarsis.

Quién podía imaginar, hace solo unas semanas, que viviríamos la salida de Rajoy a Santa Pola y un cisma en el PP; que Pedro Sánchez aparecería junto a Merkel y Macron como líder europeo de una emergente Socialdemocracia para discutir soluciones al fenómeno de las migraciones y sobre el futuro del euro; que las mujeres serían mayoría en un Gobierno de España y en un país sacudido por la violencia machista; o que el proyecto de mercadotecnia y nacionalismo español de Rivera empezara a desinflarse.

El escenario político está cambiando a gran velocidad, lo mismo que este mundo global e interdependiente y dominado por un mercado de capitalismo financiero especulativo que carece de regulación. Por eso son necesarias nuevas formas de entender los gobiernos desde la democracia, con soluciones políticas basadas en el diálogo y la negociación para dar respuesta a los numerosos conflictos que deja la herencia del PP -junto a algunos errores del PSOE en el pasado- y a los nuevos fenómenos de la globalización en una Europa desfigurada por su crisis de valores.

Sin negar su complejidad, es la oportunidad histórica para iniciar, cuarenta años después de aprobada la Constitución, una segunda transición en España, que ha comenzado como un ejercicio de catarsis ética, épica y democrática. Una catarsis de la sociedad que se inició con el triunfo de la Moción contra la corrupción y que siguió con la dimisión de Rajoy como líder del PP y su salida de la política. Pero el proceso de purificación del sistema democrático no puede quedarse en lo emocional y debe tener una firme continuidad para que culmine, lo antes posible y desde un consenso general, con la reforma de la Constitución.

Corresponde al Presidente Pedro Sánchez y al Gobierno del PSOE abordar las tareas pendientes de regeneración de una democracia enferma. Lo cual se traduce en fortalecer sus defensas, aprobar medidas para prevenir y combatir la corrupción y recuperar la confianza de la ciudadanía en el papel de las instituciones, en particular en el Congreso.

La Moción de Censura que presentamos los socialistas tras la sentencia de la trama Gürtel, respondía a la gravedad y extensión de una corrupción que señalaba a Mariano Rajoy como máximo responsable político y que dejaba en evidencia los comportamientos inmorales con los que el PP ejerció la labor de gobierno. También era una respuesta al deterioro de la democracia que arrastramos desde hace tiempo.

Si algo espera una sufrida ciudadanía, tanto de Pedro Sánchez como de este Gobierno Socialdemócrata, es decencia y un cambio de cultura política en el ejercicio del poder.

Porque además de las dolorosas consecuencias que afectan a la dignidad de la vida de millones de familias, provocadas por la gestión antisocial de la crisis económico-financiera, hemos padecido años de opacidad, corrupción y amiguismo, abusos de poder, prepotencia y desprecios al Parlamento.

El hartazgo de la calle reclama al nuevo Gobierno la máxima transparencia, un alto nivel de moralidad política y más diálogo entre las fuerzas políticas y con la sociedad en la búsqueda de soluciones. Son demandas ciudadanas que no suponen coste económico y que exigen inteligencia y generosidad para lograr acuerdos en el Parlamento y un liderazgo cívico compartido por parte del Presidente de Gobierno.

Las ideas claves de este deseado cambio en el funcionamiento de la democracia se resumen en una Gobernanza cívica que significa:

- la práctica del diálogo social y la búsqueda del consenso con los grupos del Parlamento,

- la interlocución con la sociedad y sus agentes para hacer efectiva una justa redistribución de la riqueza,

- el respeto al pluralismo, también desde los medios públicos de comunicación, con una RTVE de todos y para todos,

- la transparencia en las decisiones de gobierno y una conducta honesta,

- la búsqueda de la colaboración, la eficacia y la integridad en el funcionamiento de las administraciones,

- la elección de los responsables de los órganos constitucionales y otras instancias en base a los principios de mérito, capacidad, consenso amplio e independencia,

- la rendición de cuentas sobre las decisiones del Gobierno y la aplicación del programa de gobierno,

- el sometimiento al control del Parlamento,

- y una concepción de la democracia que desarrolle sus dimensiones representativa, participativa, deliberativa y digital.

Acometer la regeneración democrática del sistema requiere medidas legislativas y actuaciones que permitan la reforma del Congreso. Además, una clara voluntad política de autorregulación por parte del Gobierno, dotándose de un código ético de conducta y abriéndose a procesos de participación y deliberación en la toma de decisiones con organizaciones, agentes y colectivos ciudadanos. Todo ello en línea con las recomendaciones de GRECO, con los criterios que señala el Consejo de Europa y los planes que caracterizan a un Gobierno Abierto.

Odón Elorza / Diputado socialista por Gipuzkoa

Secretario de Transparencia y Democracia Participativa en la CEF del PSOE

San Sebastián, 2 de julio de 2018 / Publicado en El Diario Vasco. 

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