Slider
Odón Elorza

Odón Elorza

  • Categoría: Blog

El patrimonio de la Familia Real ha de ser transparente. Debemos reformar la Ley de Transparencia.

No soy monárquico y defiendo la rendición de cuentas. Por tanto, me abstuve en 2014 en la votación del Congreso sobre la Ley Orgánica de Abdicación del rey Juan Carlos I. Pero eso no quita para que trate de aportar iniciativas que mejoren el funcionamiento de una monarquía parlamentaria desde el punto de vista democrático. Es más, lo considero una obligación como diputado socialista.

Viene esto a cuento de la trascendencia que ha adquirido el cumplimiento de las reglas de la transparencia para evaluar la calidad democrática de cualquier institución. Más aún si pretende ser un referente del Estado de Derecho en tiempos en los que la ley y la justicia han de ser igual para todos.

Sabido es que en España la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada en 2013 a instancias del Gobierno de Rajoy y con la mayoría absoluta del PP, nació con limitaciones y errores notables que reclaman una reforma. Un error es que dicha ley no sea de aplicación a quien ostenta la Jefatura del Estado.

Seguro que estaremos de acuerdo en que una manera de combatir la corrupción, la opacidad, el fraude fiscal y, en definitiva, el mal uso del poder, es cumplir con las reglas de transparencia. Entre ellas la obligación legal de presentar una declaración pública de sueldos, bienes y patrimonio. Algo que debemos cumplir, sin pereza, desde el Presidente del Gobierno y los altos cargos hasta los diputados, alcaldes o directivos de entidades del sector público. Incluida la Casa de Su Majestad el Rey.

Sin embargo, la Familia Real no está incluída en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia que, curiosamente, lleva la firma del anterior Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I. Y claro, visto el desarrollo de los acontecimientos relacionados presuntamente con el rey emérito, llama la atención semejante contradicción. Aunque el rey Felipe VI reguló por vez primera, en diciembre de 2014, los regalos que pueden o no recibir los miembros de la Familia Real y también da publicidad a sus sueldos y a una parte de los gastos, los que corren a cargo del presupuesto de Zarzuela.

Ante la exclusión que hace la ley podemos mirar hacia otro lado por simpatía con la realeza o pensando que no está el horno para bollos. Pero también cabe plantear algo tan natural para un demócrata como estudiar la reforma de los artículos 2 y 25 así como la disposición adicional sexta de la ley para que las obligaciones que sobre la declaración de bienes y patrimonio señala la ley así como las reglas de transparencia y buen gobierno, se extiendan a los miembros de la Familia Real, incluido el rey emérito.

Supondría para el Jefe del Estado y toda la Familia Real tener que realizar declaración pública de sus bienes y patrimonio, en línea con lo que hace el Presidente de Gobierno, entre otros, en cumplimiento del art.17 de la Ley 3/2015 que regula el ejercicio del alto cargo. Esta buena práctica de rendir cuentas permitiría, además, un control de la fortuna del rey y de su familia.

No existe una razón divina, ni una atadura del anterior régimen franquista, ni un argumento de peso que justifique una oposición a este planteamiento. Ni siquiera la discutible inviolabilidad permanente del Jefe de Estado según una lectura feudal del artículo 56.3 de la Constitución de 1978.

Es más, los monárquicos debieran ser los primeros interesados en aportar mayor credibilidad y prestigio a la institución. De paso, ayudaría a olvidar episodios sobre presuntas comisiones atribuidos en la prensa al rey emérito y que fueron amplificados por la propia nota oficial de la Casa Real, emitida la noche del aquel domingo 15 de marzo cuando toda España aguardaba con angustia la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de coalición.

Aquella nota se emitió por sorpresa y tras la aparición de noticias en medios extranjeros. En ella, el actual rey, Felipe VI, da a entender posibles actuaciones irregulares de su padre a quien deja en evidencia, le retira la asignación, renuncia a una herencia dudosa y provoca preguntas que deberían tener respuesta transparente. Hoy, la reconstrucción de España también ha de servir para reforzar nuestra democracia.

 

Odón Elorza

Diputado y Secretario de Transparencia y Participación de la CEF del PSOE.
San Sebastián 2 de julio de 2020 / Publicado en InfoLibre.

Leer más..
  • Categoría: Blog

El Gobierno monta en bici.

Ojalá que los cambios de filosofía de vida que debiera provocar la COVID-19, se sumara a la urgencia en combatir el cambio climático para obligarnos a replantear la política de movilidad urbana y hacerla sostenible. Sin embargo, los plazos planteados para reducir emisiones, la vuelta al uso abusivo del coche y la crisis del sector del automóvil, que dispondrá de importantes ayudas, invitan al escepticismo.

Esta pandemia global afecta, especialmente, al sistema respiratorio y se aprovecha de los espacios urbanos con un aire más contaminado por culpa de los vehículos motorizados, hecho que corroboran diversos estudios científicos. Por tanto, hay que tomarse en serio la adopción de políticas que disuadan del uso innecesario del vehículo privado contaminante en las ciudades y hagan posible la descarbonización, un aire más limpio y mejores condiciones de vida para la ciudadanía.

Apostar por una movilidad segura y saludable es apostar por la bici como modo habitual de transporte en las ciudades. Y representa una pequeña revolución en España, tanto para la ciudadanía como para las autoridades. Si pensamos en dificultades, no olvidemos la potencialidad enorme que ofrecen aquellas bicis eléctricas que incorporan una batería de apoyo para subir cuestas.

Recogiendo una demanda de la Red de Ciudades por la Bicicleta y de colectivos como Conbici, la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió a los Ayuntamientos que aprobaran medidas concretas a la salida del confinamiento. Fue un requerimiento valiente y coherente de Ribera y su equipo.

Veamos: ampliar la red de carriles bici y establecer las “zonas 30 y 10” en calzadas, pensadas para reducir la velocidad e incrementar la seguridad así como para favorecer la convivencia entre bicicletas y vehículos a motor; la extensión de los servicios de la bicicleta pública; crear corredores ciclistas en zonas periurbanas que comuniquen polígonos, municipios vecinos o universidades con los barrios y el centro de las ciudades; facilitar la intermodalidad con los modos de transporte colectivo como Metro y Cercanías; y promover aparcamientos seguros para bicicletas en centros de trabajo, estaciones de bus y tren y puntos estratégicos.

España cuenta desde 2019 con un Plan Estratégico de la Bicicleta redactado por la DGT que contó con la participación de diferentes organizaciones sociales y empresas vinculadas a la bicicleta. Para desarrollar este ambicioso Plan se requiere crear un marco estable de diálogo y coordinación entre todas las partes implicadas. Hay que concretar en un horizonte temporal la ejecución de los programas de actuación, asignar recursos económicos, acordar sistemas de cooperación entre las tres administraciones, promover planes con empresas del sector ciclista, mecanismos de evaluación y revisión del Plan, etc.

El Plan Estratégico plantea la creación de una Oficina General de la Bicicleta, una red interadministrativa de responsables de asuntos relacionados con la bici, un Comité Director y un Comité Consultivo de carácter participativo. Por ello, el Ministro de Transportes y Agenda Urbana, Jose Luis Ábalos, se ha comprometido a liderar y coordinar la implantación de la Estrategia Estatal por la bicicleta. Señal de que el Gobierno apoya la bici.

Un sistema de gobernanza para la bici deberá ir dirigido a facilitar una acción institucional cohesionada, integral y efectiva por parte de todas las administraciones públicas con competencias. Un sistema abierto a la participación de las administraciones, colectivos ciudadanos y empresas privadas, con una estructura y un canal de relación e interacción, de modo que cada parte pueda hacer su mejor contribución y pueda defender legítimamente sus derechos e intereses.

Esta realidad me llevó, como diputado activista de la bici urbana, a elevar al Congreso una iniciativa en la que pido al Gobierno la creación y puesta en marcha de un órgano estatal o figura directiva comisionada para la bicicleta. Será quien actúe como una instancia de coordinación y gestión transversal interministerial e interinstitucional y se convierta en la referencia del mundo de la bici para seguir la aplicación del Plan Estrategico.

 

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

San Sebastián 27 de junio de 2020 / Publicado en Ciclosfera.com el 8 de julio. 

Leer más..

Informe sobre: “Herramientas y procesos de participación en la vida parlamentaria durante el periodo de la COVID-19”

INFORME: 


I. La crispación existente en la vida parlamentaria no ha impedido ni los numerosos acuerdos alcanzados por el gobierno en ejercicio del diálogo con otros partidos, durante estos duros meses de pandemia, ni los procesos participativos de deliberación y consulta que se vienen desarrollando y de los que quiero dejar constancia. Consciente de que se pueden y deben perfeccionar. 

En una sociedad compleja y en medio de una crisis también política, aumentar la confianza ciudadana en el Parlamento requiere no solo eficacia legislativa sino que esa productividad venga acompañada de prácticas parlamentarias e iniciativas innovadoras que mejoren y complementen la democracia representativa para avanzar hacia una democracia de participación.

Este objetivo conlleva volver a situar el Parlamento como un espacio abierto, incluyente y centro de referencia de la democracia en España. Un Parlamento que se vuelque en una estrategia acordada y pública que promueva avanzar en la información, control, deliberación y participación de la sociedad en la vida política. Significa una contribución al proyecto de regeneración democrática que propiciará el acercamiento de la ciudadanía a la institución y un mayor diálogo entre representantes y representados.

II. Con este objetivo, la reciente Comisión del Congreso para la Reconstrucción sanitaria, social y económica incorporó una fase de comparecencia de entidades y expertos ante los cuatro grupos de trabajo, con deliberaciones enriquecedoras y notables aportaciones sobre los retos de la recuperación del país. También abrió un buzón electrónico para recoger propuestas.

Esta dinámica es continuidad de la política de gobernanza compartida y multinivel expresada por el Gobierno de coalición, a lo largo del estado de alarma, en las múltiples Conferencias de Presidentes y en las conferencias sectoriales celebradas por los Ministerios, en especial el de Sanidad, con las Consejerías respectivas de las Comunidades Autónomas. Un modelo de gobernanza que se vincula a la cultura federal que inspira nuestro Estado Autonómico en una España plural. 

Se ha constatado que, cuando existe voluntad política, hay fórmulas para plasmar la participación y consulta ciudadana en la vida parlamentaria, como un derecho fundamental que contemplan los artículos 9.2, 23.1 y 105 de la Constitución.

III. Otros ejemplos recientes de avances hacia una democracia participativa los tenemos en los procesos de consulta pública que realiza el Gobierno. Es el caso de la consulta que ha abierto la Ministra Carmen Calvo para recoger, hasta el once de julio, aportaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática. También en la fase de información pública y en las reuniones deliberativas que mantuvo la Ministra Teresa Ribera antes de trasladar al Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley sobre Cambio Climatico y Transición Energética. O en el continuado diálogo social del Gobierno con empresarios y sindicatos para consensuar medidas por la reactivación económica.

Por otra parte, el Gobierno ha facilitado el papel imprescindible de control del Parlamento durante el estado de alarma provocado por la COVID-19. Me refiero a la celebración de las sesiones de control al Presidente y al Gobierno, en general, así como al Ministro Salvador Illa por la gestión de la crisis sanitaria. El Parlamento nunca se cerró y continuó ejerciendo su función de control y legislativa.

IV. La participación de la sociedad se extiende en el Congreso al ámbito de los procesos legislativos. Lo que obliga a acordar la comparecencia ante la Comisión competente o la Ponencia legislativa correspondiente -de acuerdo con el artículo 44.4 del Reglamento del Congreso- en un periodo acotado y antes de iniciarse el plazo de enmiendas, de aquellas entidades, corporaciones públicas y privadas, organizaciones y colectivos sociales que siendo representativas, seleccionadas con rigor y desde un criterio pluralista, estén interesadas por su naturaleza o por resultar afectadas por el contenido que trate una propuesta de ley.

Esta vía de participación se producirá durante la tramitación de las leyes antes citadas. Lo mismo que con otras nuevas como el proyecto de ley sobre la eutanasia o el relativo a la protección integral a la infancia. Las comparecencias permitirán a las entidades exponer argumentos orales y escritos, aportando criterios y reflexiones que serán enriquecedoras para que los Grupos Parlamentarios se formen un mejor criterio.

V. Además, el Congreso invierte una importante cantidad en perfeccionar sus recursos tecnológicos y, en concreto, su página web. Las TIC ofrecen la posibilidad de hacer más accesible la información sobre su actividad y la función legislativa a la sociedad, aumentar el nivel de transparencia y de control público así como despertar el interés y la implicación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, ofreciendo una vía de participación online.

Sin olvidar que ha quedado demostrado que, en situaciones de excepcionalidad con el estado de alerta y el confinamiento de la población por la COVID-19, el Parlamento puede y debe seguir funcionando, gracias a los sistemas tecnológicos, de modo telemático. Y así ha sucedido.

* NOTA: Este informe resume el teletrabajo que he realizado como diputado socialista durante el periodo del estado de alarma. En él he analizado cuestiones relacionadas con la transparencia, la participación, el papel de las TIC, la gobernanza multinivel, el funcionamiento en parte telemático del Congreso en situaciones de excepcionalidad, los debates electorales, el cambio del sistema de investidura, la reforma del voto rogado, el control sobre el gobierno o la rendición de cuentas en la vida parlamentaria. El trabajo me ha permitido presentar diferentes iniciativas ante el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso que se pueden comprobar en este blog odonelorza.com en el capítulo de Iniciativas Parlamentarias. Algunas de ellas han sido desestimadas y no quedarán registradas para su debate en el Congreso.

 

Odón Elorza / Diputado y Secretario de Participación y Transparencia en la CEF del PSOE.
San Sebastián 9 de junio de 2020.

Leer más..
  • Categoría: Blog

Parlamento y Gobierno como escuelas de democracia.

La crispación y la bronca de ultras y cayetanos en el Congreso no han impedido ni los numerosos acuerdos contra los efectos de la COVID-19 alcanzados por el gobierno en ejercicio del diálogo con otros partidos, durante estos duros meses de pandemia, ni los procesos participativos de deliberación y consulta que se vienen desarrollando en la vida política.

En una sociedad compleja y en medio de una crisis también política, aumentar la confianza ciudadana en el Parlamento requiere no solo eficacia legislativa sino que esa productividad venga acompañada de prácticas parlamentarias que mejoren y complementen la democracia representativa para avanzar hacia una democracia de participación.

Este objetivo conlleva volver a situar el Parlamento como espacio abierto, incluyente y centro de referencia de la democracia en España. Un Parlamento que se vuelca en una estrategia que promueve la información, control, deliberación y participación de la sociedad en la vida política. Un proyecto de regeneración que propiciará el acercamiento y un mayor diálogo entre representantes y representados.

Con esa idea, la Comisión para la Reconstrucción incorporó una fase de comparecencia de entidades y expertos ante los cuatro grupos de trabajo, con deliberaciones y notables aportaciones sobre los objetivos de la recuperación. También abrió un buzón electrónico para recoger propuestas. Esta dinámica es continuidad de la política de gobernanza compartida expresada por el Gobierno de coalición en las múltiples Conferencias de Presidentes y las conferencias sectoriales de los Ministerios, en especial el de Sanidad, con las Consejerías respectivas de las Comunidades Autónomas.

Se ha constatado que, con voluntad política, existen fórmulas para plasmar la participación como un derecho fundamental que contemplan los artículos 9.2, 23.1 y 105 de la Constitución. Otros ejemplos recientes los tenemos en el proceso de consulta pública que ha abierto la Ministra Carmen Calvo para recoger, hasta el once de julio, aportaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática; en la fase de información pública y en las reuniones que mantuvo la Ministra Teresa Ribera antes de trasladar al Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley sobre Cambio Climatico y Transición Energética; o en el diálogo social del Gobierno con empresarios y sindicatos para consensuar medidas por la reactivación económica.

Por otra parte, el Gobierno ha facilitado el papel imprescindible de control del Parlamento durante el estado de alarma provocado por la COVID-19. Me refiero a las sesiones de control al Presidente y al Gobierno, en general, así como al Ministro Salvador Illa por la gestión de la crisis sanitaria. El Parlamento nunca se cerró y continuó con su función legislativa y de control. 

La participación se extiende en el Congreso al ámbito de los procesos legislativos, acordando la comparecencia ante una Comisión o Ponencia, en un periodo acotado y antes de iniciarse el plazo de enmiendas, de aquellas entidades, corporaciones públicas y privadas, organizaciones y colectivos sociales que siendo representativas, seleccionadas con rigor y desde un criterio pluralista, estén interesadas por su naturaleza o por resultar afectadas por el contenido que trate una propuesta de ley.

Esto ha de producirse durante la tramitación de las leyes antes citadas. Lo mismo que con el proyecto de ley sobre la eutanasia o el relativo a la protección integral a la infancia. Las comparecencias permitirán a las entidades exponer argumentos orales y escritos, aportando criterios y reflexiones que serán enriquecedoras para que los Grupos Parlamentarios se formen un mejor criterio.

Además, el Congreso invierte en perfeccionar sus recursos tecnológicos y, en concreto, su página web. Las TIC ofrecen la posibilidad de hacer más accesible su actividad y la función legislativa a la sociedad, aumentar el nivel de transparencia y de control público así como despertar el interés y la implicación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, ofreciendo una vía de participación online.


Odón Elorza / Diputado y Secretario de Participación y Transparencia en la CEF del PSOE.
San Sebastián 6 de julio de 2020 / Publicado en La Hora Digital.

Leer más..
Suscribirse a este RSS
Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

Copyright © 2014 - 2018 - Odón Elorza. Todos los derechos reservados.