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Odón Elorza

Odón Elorza

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“El virus ultra y los efectos de la globalización amenazan la democracia”

La historia se repite. Vuelven con fuerza, en muchos países, los movimientos populistas y la extrema derecha, accediendo a gobernar a base de excitar las emociones entre el electorado frente a la razón política. Para ello, cultivan la indignación y apelan a la defensa de la identidad nacional frente a los extranjeros y a cualquier progresista que no comparta su idea excluyente de patria. 

Sus líderes parecen caudillos que alimentan la confrontación y agitan discursos de odio e intolerancia, atacando las bases del sistema, no precisamente para defender el valor de lo público, ni reclamar más democracia ni una mayor justicia social. Sus ideas representan una vía de involución que amenazan con derivar hacia regímenes autoritarios. Por eso constituyen el peor enemigo de una vieja democracia que necesita repensarse.

Conocemos sus nombres. Se llaman Putin, Trump, Salvini, Abascal, Bolsonaro, Le Pen y tantos otros en distintos continentes. Aunque en ocasiones, no somos capaces de identificarlos con claridad. Pero coinciden sus formas y su alineamiento ideológico. Sin embargo, todos ellos se aprovechan del sistema democrático, si bien, su teoría y práctica de la democracia no resisten un examen de calidad.

Este virus ultra se desarrolla en un mundo global con unos Estados que comparten y ceden soberanía, en unas sociedades interdependientes y líquidas en las que instituciones transnacionales toman decisiones que no siguen las reglas de la democracia que conocemos en los Estados modernos. Esta complejidad, junto al aumento de las desigualdades y la precarización en la era de la globalización, hace crecer la preocupación e incertidumbre hacia sus condiciones de vida entre los jóvenes, las clases medias y los sectores más humildes de la población.

La aparición de crisis económicas, los efectos de la desregulación de un mercado financiero especulativo, el poder de las grandes plataformas tecnológicas, la intoxicación de las redes sociales y la existencia de estructuras supra estatales con enorme capacidad de decisión, desbordan las competencias y el control de los Estados.

No es casual que un reciente estudio de la Universidad de Cambridge recoja que el 57% de los encuestados en 154 países se muestran insatisfechos con la democracia. Ante ello, los partidos de la izquierda deben dar respuestas desde los gobiernos a las demandas de la mayoría social. Respuestas a los nuevos fenómenos de la economía digital con especial referencia a la robótica y la inteligencia artificial, a la emergencia climática, a los entramados de corrupción y a los movimientos migratorios.

En España, la innovación y regeneración del sistema democrático son un compromiso del Gobierno que forman el PSOE y Unidas Podemos. Por eso ha de promover una gobernanza pública eficiente e incluyente, con un modelo avanzado de democracia participativa, transparente, con rendición de cuentas y medidas de integridad contra la corrupción en las diferentes instituciones. También ha de desarrollar procesos participativos en la tramitación legislativa parlamentaria.

Se trata de superar un enfoque reduccionista de la democracia representativa, escuchando a una sociedad crítica con la gestión de los políticos, que desconfía de partidos e instituciones y pide una mayor cercanía e interacción entre los representantes y la ciudadanía.    

Vivimos en un mundo en el que la democracia se ha vuelto frágil y en el que debemos afrontar el reto de la democratización de la globalización. Antes, el sistema democrático tenía al Estado-Nación como marco de referencia. Ahora, muchas decisiones se toman por instituciones supra estatales al margen de los Parlamentos nacionales y de la voluntad del electorado, disminuyendo así el control y participación ciudadana y acentuando el rechazo hacia estructuras de poder carentes de legitimidad democrática.

Odón Elorza, Diputado del PSOE por Gipuzkoa y secretario federal de Democracia Participativa.
San Sebastián, 23 de febrero de 2020.

Adaptación del artículo publicado en eldiario.es el día 21.  

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La cruzada de los Obispos, PP y VOX para frenar la eutanasia.

No quieren reconocer que planteamos la eutanasia como un derecho individual sometido a regulación y con todo tipo de garantías, como más abajo explicaré. Pero los mismos que rechazaron el divorcio, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etc, son ahora quienes retoman una campaña de intoxicación a la opinión pública sobre el significado real del derecho a la eutanasia

El PP ha acusado al PSOE, de modo miserable, de querer regular la eutanasia para ‘ahorrar’ en pensiones y en gastos sanitarios o de dependencia. ¡Sin comentarios!

VOX va más allá y dice que la eutanasia hace del Estado una máquina de matar y acusa al Gobierno de querer convertir el sistema "en totalitario" y de iniciar una "pendiente resbaladiza del suicidio asistido" como "respuesta al sistema de pensiones. Por su parte, los Obispos insisten en que “no existe una demanda social y que la eutanasia no se plantea como una cuestión médica, sino ideológica".

La verdad es que la eutanasia será un derecho regulado con rigor por la ley para casos muy concretos y sometido a garantías éticas, jurídicas y médicas que aseguren que la decisión de la persona que solicita la eutanasia sea autónoma, libre de presiones, informada, consciente y mantenida en el tiempo.

Seguirá un procedimiento detallado para la prestación de la ayuda para una muerte digna, bajo la supervisión de una Comisión de Control y Evaluación que se constituirá en cada Comunidad Autónoma. Será quien apruebe y evalúe todo el proceso, de forma previa y a posterior a la muerte.

En el PSOE consideramos que desde hace años se dan en España las condiciones (demanda de la sociedad con un apoyo de más del 70%, amplia mayoría política y respaldo constitucional y jurídico) para legislar sobre el derecho a la eutanasia. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista presentó la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que comienza su debate y tramitación en el Congreso tras su toma en consideración el pasado 11 de febrero por el Pleno.

Ahora, nos corresponde informar de su contenido, participar en el debate social escuchando a los sectores interesados e implicados y argumentando de modo pedagógico. Debemos diferenciar entre la eutanasia y los cuidados paliativos. Importantes ambos derechos para garantizar una muerte digna en supuestos diferentes.

De ahí que también volveremos a presentar otra Ley de Muerte Digna - ya lo hicimos en 2015 y 2017 cuando fueron rechazadas por el PP - que regula los derechos y garantías de todas las personas en situación de muerte inminente mediante una asistencia en el final de sus vidas, respetando su autonomía y voluntad para morir en condiciones dignas, con cuidados paliativos integrales, acompañamiento, intimidad, etc.

Estas dos leyes constituyen la materialización de un compromiso del PSOE en favor del avance social y de la ampliación de los derechos civiles. Y guardan coherencia con derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

En el caso de la Ley de la Eutanasia, se recoge el derecho individual de las personas que, sin estar en un proceso abocado a una muerte inminente, sufren una enfermedad grave, crónica e invalidante o grave e incurable. Situaciones que produzcan un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable.

En estos supuestos, deciden solicitar la prestación de ayuda de la sanidad pública para morir anticipadamente con dignidad. También da seguridad jurídica a los profesionales que participan y les reconoce la objeción de conciencia.

La regulación de la eutanasia debe hacerse a través de Ley Orgánica porque implica modificar el Código Penal para despenalizar la eutanasia. Supone incorporar un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía para las personas que residan en España, con mayoría de edad y capacidad de obrar, etc.

Esa decisión no podrá ser debida a circunstancias que tuvieran más que ver con una falta de condiciones dignas, médicas, sociales, o familiares para afrontar la situación. Voluntad que ha de ser fruto de un adecuado proceso de información y deliberación con su médico personal, con dos solicitudes firmadas en un plazo de tiempo y validado por otros profesionales.

Defendemos que la eutanasia es un derecho de la persona, no una obligación, para poner fin al sufrimiento insoportable con libertad y autonomía, preservar su integridad y su dignidad y no obligarle a vivir en condiciones insufribles por inhumanas. Defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando erosiona gravemente la integridad física o moral.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa y Portavoz en la Comisión Constitucional.

Palacio del Congreso. 15 de febrero de 2020. Publicado en La Hora Digital. 

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La eutanasia será un derecho individual con un sistema de garantías.

El Grupo Parlamentario Socialista presentó la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que ahora comienza su debate y tramitación en el Congreso tras su toma en consideración el día 11 por el Pleno.

Así mismo, estamos preparando otra Ley de Muerte Digna que regula los derechos y garantías de todas las personas en situación de muerte inminente mediante una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas, respetando su autonomía y su voluntad para morir en condiciones dignas, con cuidados paliativos integrales, intimidad, acompañamiento, etc.

Estas dos leyes constituyen la materialización de un compromiso del PSOE en favor del avance social y de la ampliación de los derechos civiles. Y guardan relación con derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

En el caso de la Ley de la Eutanasia, se recoge el derecho individual subjetivo de las personas que, sin estar en un proceso abocado a una muerte inminente, sufren una enfermedad grave, crónica o invalidante que produce un sufrimiento insoportable. Por esas razones y en supuestos definidos, deciden solicitar y recibir la ayuda de la sanidad pública para morir anticipadamente con dignidad. También da seguridad jurídica a los profesionales que participan y les reconoce la objeción de conciencia.

La regulación de la eutanasia, que debe hacerse a través de Ley Orgánica porque implica modificar el Código Penal, supone incorporar un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía para las personas que residan en España, con mayoría de edad y capacidad de obrar, etc.

Lo hacemos con una ley que contempla todas las garantías éticas, sanitarias y de seguridad jurídica para asegurar que la decisión de la persona que solicita la eutanasia, sea autónoma, libre de presiones, informada, consciente y mantenida en el tiempo.

Esa decisión no podrá ser debida a circunstancias que tuvieran más que ver con una falta de condiciones dignas, médicas, sociales o a intereses familiares para afrontar la situación. La voluntad de la persona que solicita el derecho a la eutanasia  que ha de ser fruto de un adecuado proceso de información y deliberación con su médico personal, y validado por otros profesionales.

Defendemos que es un derecho de las personas poner fin a un sufrimiento creciente e indefinido con libertad y autonomía, preservar su integridad y su dignidad y no obligarles a vivir en condiciones insoportables por inhumanas. Defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando erosiona la integridad física o moral, a juicio de la persona que sufre.

La Eutanasia será un derecho regulado y sometido a condiciones concretas que seguirá un procedimiento final riguroso de autorización y control por parte de una Comisión de Control y Evaluación que se constituirá en cada Comunidad Autónoma para seguir todo el proceso de forma previa y posterior a la muerte.

Desde el PSOE consideramos que desde hace tiempo se dan las condiciones (demanda de la sociedad española con un apoyo de más del 70%, mayoría política y respaldo constitucional y jurídico) para legislar en España sobre el derecho a la eutanasia.

A nivel político, sólo la derecha se opone a su regulación, como lo ha hecho siempre cada vez que hemos propuesto ampliar los derechos y libertades civiles. En este caso, el PP nos ha acusado de modo miserable de “querer regular la eutanasia para ‘ahorrar’ en pensiones y en gastos sanitarios o de dependencia”. ¡Sin comentarios!

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa y Portavoz en la Comisión Constitucional.
Palacio del Congreso. 12 de febrero de 2020.

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El Parlamento necesita un Código Ético.

Nuestro Parlamento reinicia su marcha y, pese a un tímido intento hace un año, aún carece de un Código Ético consensuado. Algo que ha sido reclamado por el Consejo de Europa para dar cumplimiento a las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la corrupción (Greco) realizó al legislativo español en 2013. 

Un buen Código debiera proponer un conjunto de principios políticos y reglas morales de conducta asumidas voluntariamente y con compromiso de cumplimiento por sus señorías para prevenir la corrupción, evitar conflictos de intereses, actuar con honestidad y respeto a la Ley, educar en los comportamientos democráticos y aportar mayor legitimidad a la institución. Su texto ha de incorporarse, como anexo, al viejo Reglamento del Congreso, necesitado de reformas.

El código de conducta ha de promover los comportamientos y buenas prácticas parlamentarias que deben realizarse en el desempeño del cargo. Entre esas prácticas de excelencia se incluye la obligación de hacer públicas, en el Portal de Transparencia de las Cámaras, las agendas diarias de trabajo institucional - incluida la celebración de encuentros con la ciudadanía y con todo tipo de organizaciones y empresas-, una conducta respetuosa hacia los demás parlamentarios, una actitud rigurosa en las reuniones e intervenciones en las Cámaras y una dedicación intensa y exclusiva a sus funciones.

En un escenario político con amenazas a la democracia, el Código debe favorecer una gobernanza que se apoye en una democracia participativa. Me refiero a posibilitar la participación de la sociedad en los trabajos e iniciativas de los parlamentarios de un modo inclusivo así como la accesibilidad física y tecnológica a los parlamentarios por parte del electorado. En este caso mediante una vía de interacción disponible en el blog del parlamentario.

El Código ha de motivar el desarrollo de procesos participativos incluyentes en cada tramitación legislativa, incorporando en el tratamiento de cada proyecto o proposición de ley una metodología de consulta y deliberación con organizaciones ciudadanas y entidades de la sociedad interesadas en la temática. De esa manera, se valorarán sus opiniones y propuestas de cambios antes de aprobar una ley.

La transparencia ha de presidir la Declaración de bienes de cara al control efectivo de posibles conflictos de intereses. El Código tiene que reforzar la obligación de los parlamentarios de detallar en su Declaración pública, a exponer en la web de cada Cámara, todos sus ingresos, bienes patrimoniales, préstamos concertados, trabajos desempeñados anteriormente, participación en sociedades y posesión concreta de acciones. Las Comisiones del Estatuto de Diputados y Senadores o bien una Oficina de Conflicto de Intereses serían competentes para la instrucción de procedimientos por infracción de la obligación de declarar con exactitud las actividades y todo tipo de rentas y elevarán sus propuestas de sanción a las Mesas de las Cámaras

Por otra parte, el Código Ético, en aplicación del principio de transparencia, entrará a regular los lobbys con la creación de un registro público en el que tendrían que inscribirse los grupos de intereses y presión o lobbys para hacer públicos todos sus movimientos y someterlos a control. No olvidemos que el Código tiene que ayudar a prevenir la corrupción y a defender la integridad institucional. 

Un Código se elabora mediante un proceso participativo de los parlamentarios para que sea el resultado de la autorregulación y del consenso, de modo que las partes que lo firman se comprometen a actuar con lealtad en su aplicación. Incluirá una vía institucional de formación y asesoramiento para los casos de duda, lo mismo que una vía para las denuncias ciudadanas. El contenido del Código será accesible al público y fijará la transparencia de las retribuciones individualizadas de los parlamentarios, las asignaciones a los Grupos y la información detallada de los gastos.

En definitiva, el Código formará parte de un nuevo modelo Parlamentario que refuerce el sistema democrático, con un comportamiento íntegro de los hombres y mujeres que trabajamos en instituciones que representan la soberanía popular. Quizás así podamos incrementar la satisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia y generar más confianza en las instituciones.

La aplicación del Código, con el apoyo de un sistema de supervisión, control y depuración interna de responsabilidades, ayudará a desarrollar en sus señorías la conciencia sobre un comportamiento de ética pública. De una cultura política donde la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión responsable al servicio del interés general sean valores extendidos en el trabajo parlamentario.

Es posible que algunas de las cuestiones aquí expuestas pudieran recogerse en el marco de la reforma del propio Reglamento del Congreso y Senado para darles fuerza normativa. Pero esa reforma ni se ha iniciado.

 

Odón Elorza / Diputado y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional.

San Sebastián 13 de febrero de 2020. Actualización del artículo publicado el día 10 en InfoLibre. 

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