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Odón Elorza

Odón Elorza

PREGUNTA AL GOBIERNO, en relación con “el coste global de la inversión del Estado en el sistema ferroviario de la Y vasca para trenes AVE.

                            A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente PREGUNTA AL GOBIERNO, en relación con “el coste global estimado de la inversión del Estado en el sistema ferroviario de la Y vasca para trenes de alta velocidad”, para que le sea contestada por escrito.

 

                                                 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :

Han pasado muchos años desde que se inició, por el Gobierno de España, el proceso administrativo de actuaciones en todo tipo de tareas para hacer posible la puesta en servicio de un nuevo sistema ferroviario en Euskadi, conocido como la Y vasca para los Trenes de Alta Velocidad.

De hecho, el tiempo transcurrido ha contribuido a crear una lógica confusión en la ciudadanía vasca sobre el papel que corresponde al Estado y la cuantía total estimada de las inversiones que realiza. Inversiones que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado.

Conviene recordar aquellos acontecimientos y problemas que han provocado el desconocimiento y la confusión antes señaladas. Así, por ejemplo: los problemas de seguridad y los retrasos surgidos en el inicio de actuaciones por culpa de las amenazas y atentados de ETA, la compleja realización de estudios previos diversos, la rescisión de contratos a empresas por bajas temerarias u otras razones, la crisis de 2008 que provocó las paralizaciones o los sucesivos acuerdos de Encomienda de gestión por parte del Ministerio de Transportes (antes Fomento) al Gobierno Vasco - Euskal Trenbide Sarea - para la licitación de obras en determinados tramos y para otras actuaciones que forman parte del sistema de la Y vasca.

Por ello, es de gran interés conocer, con total transparencia, el esfuerzo inversor del Estado en este proyecto concreto en Euskadi. Esto es, la cuantía prevista en inversiones en favor de un proyecto estratégico que unirá Madrid y Barcelona con los territorios del País Vasco y que se prolongará hasta París.

Un gasto total que incluye múltiples apartados. A señalar entre ellos: estudios diversos, expropiaciones de terrenos, gastos en seguridad, redacción de proyectos, inversiones en obras de infraestructuras y de superestructuras en los tramos de los tres Territorios, accesos y penetración subterránea a Bilbao y Vitoria, estaciones en San Sebastián (remodelación), Vitoria, Bilbao, Irún y Ezkio, la variante ferroviaria entre Astigarraga y Lezo destinada al tráfico de mercancías y de aquellos posibles trenes AVE de larga distancia hacia Francia que no pasen por San Sebastián, obras de mejora e incorporación del tercer hilo o raíl en el actual trazado convencional entre Astigarraga, San Sebastián e Irún, etc.

Conocer el volumen de la inversión, aunque sea una estimación, es de gran importancia para que la ciudadanía vasca pueda evaluar el esfuerzo que está desarrollando el Estado en el País Vasco con el objetivo de modernizar la infraestructura de servicios ferroviarios.

Por todo ello, formulo la siguiente PREGUNTA:

1. Cuál es la estimación de gasto total prevista por el Gobierno para el conjunto de actuaciones señaladas que supone la ejecución del Sistema Ferroviario conocido como la Y vasca para la puesta en servicio de Trenes de Alta Velocidad en Euskadi.

2. Cuál sería el desglose en diferentes capítulos, para una mejor comprensión ciudadana, del esfuerzo inversor que se viene aplicando, en relación con el importe global estimado, contemplado y a contemplar en los ejercicios correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado.

En el Congreso de los Diputados, a 6 de abril de 2020.

 

EL DIPUTADO ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 35/TMAG/2/bgf

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  • Categoría: Blog

Por qué renuncio a una “dieta” del Congreso.

Quiero explicar, con transparencia, por qué he renunciado a la “indemnización de 1.900 € al mes destinada a gastos para el cumplimiento de la función” como diputado. Aunque es conocida como una dieta para gastos de estancia con ocasión de los desplazamientos al Congreso.

Recuerdo que los diputados tenemos que realizar pagos por estancia en hoteles o pisos alquilados en Madrid, gastos en comidas y otros por razón de representación, por viajes en tu territorio o gastos por asistir a actos, conferencias o jornadas en otras ciudades.

En mi caso, vivo 12 días de media al mes en Madrid. Esta renuncia la hago en la circunstancia de estado de alerta en toda España por culpa del maldito coronavirus, viviendo y trabajando confinado en casa (San Sebastián). Por cierto, rendiré cuentas públicamente de mi actividad parlamentaria en este mes excepcional el día 14 de abril.

Soy político y consciente de la difícil situación laboral que soportan gran parte de mis propios vecinos, con los que comparto noches solidarias de balcón a las 20h y a los que quiero seguir mirando sin mala conciencia. Consciente también de la enorme incertidumbre económica que crea estados de angustia y cabreo en muchas personas.

En definitiva, lo hago por razones éticas llevado de mis convicciones.

Pero no ha sido una decisión improvisada o repentina. El día 14 de marzo, al conocer que entrábamos en estado de alerta para 15 días, lo solicité formalmente a quienes debía hacerlo para que gestionaran la decisión de no cobrar esa “dieta”. Lo volví a reiterar en varios correos el día 21.

Transcurridos 19 días de espera, y tras observar que en la nómina de marzo se me ingresó la citada indemnización, tomo la decisión de renunciar personalmente ante la Presidenta y la Secretaría General del Congreso, dando instrucción para que no me ingresen esa cantidad en la nómina de abril. Algo que ni involucra ni afecta a nadie más, porque es cierto que cada diputad@ es un caso diferente. Sé bien de lo que hablo.

Pero en los veinte años al frente de la Alcaldía en San Sebastián, aprendí que en la vida política hay decisiones que tienes que tomar sin dilación, porque puede que pierdan su valor si se toman tarde y además parezcan forzadas.

Duelen las críticas que me llegan por tomar la decisión de la renuncia, sobre todo si son cercanas. En la renuncia ni hay individualismo ni hay afán de protagonismo. Es coherencia con las ideas socialistas. 

Era un gesto obligado porque en la situación que vivimos hay muchas personas que miran lo que hacemos los políticos. Y no me refiero a quienes juegan a desprestigiar a los políticos por sistema, que son muchos -lo padezco en mis carnes cada día en las redes- y esconden su identidad y las siglas para las que intoxican. Me refiero a personas bien intencionadas que nos observan, en momentos de dolor familiar o de incertidumbre, porque lo están pasando muy mal y nos piden EMPATIA SOCIAL a diputados y diputadas, con un mínimo esfuerzo de solidaridad.

También hay quienes ha centrado su crítica en el hecho de haberla publicitado en un tuit que he incorporado en la imagen de arriba. ¡Vale!. En mi opinión, las decisiones de un responsable político, estos gestos que buscan moralizar los comportamientos públicos, han de ser siempre públicas. De lo contrario, muchos pensarían que seguimos cobrando esa cantidad los que estamos confinados.

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Proposición No de Ley sobre la reforma del Reglamento del Congreso, para su debate en Pleno.

                              A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la reforma del Reglamento del Congreso, para su debate en PLENO.

Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2020.

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 35-bgf

 

                                              EXPOSICION DE MOTIVOS:

 

La respuesta al déficit de representación que arrastra el sistema democrático en medio de la desconfianza de la ciudadanía o a las amenazas que representan los populismos y los nostálgicos de modelos de sociedad autoritarios no puede ser otra que llenar de más democracia la vida parlamentaria.

Pero, además, las consecuencias que deja en España la dramática crisis del coronavirus, en su dimensión sanitaria, social y económica, va a exigir la puesta en marcha de una dinámica parlamentaria nueva en la que prime la búsqueda de grandes acuerdos entre los Grupos que hagan posible el fortalecimiento de los pilares del Estado de Bienestar, la reconstrucción de nuestra economía y la defensa de lo público.

Todo ello requiere dotarse de un Reglamento del Congreso que perfeccione los mecanismos de la democracia representativa, innove los procedimientos de deliberación y elaboración legislativa, dé respuestas eficientes a los complejos problemas de la globalización y haga posible una mayor relación entre los representantes políticos y los electores, la sociedad civil y sus organizaciones en los procesos de toma de decisiones.

Desde hace años, pero de modo más patente tras la explosión de la crisis económico-financiera y con la avalancha de casos de corrupción, indicadores como el barómetro del CIS y estudios de entidades y organizaciones independientes que trabajan en favor de la regeneración de la vida pública, coinciden en destacar la desafección y pérdida de confianza ciudadana en los políticos, los partidos y las instituciones. En la actualidad, la democracia representativa ya no se entiende como una simple delegación de voto de los electores en los representantes elegidos cada cuatro años.

En este escenario, el actual Reglamento del Congreso se ha quedado obsoleto y no es el instrumento adecuado para hacer frente a los nuevos desafíos del parlamentarismo ni recoge las potencialidades de las tecnologías de la comunicación ni responde a las demandas de una democracia de más calidad en el siglo XXI. Tampoco ayuda a la recuperación del prestigio perdido las situaciones de parálisis y de confrontación política habituales en el Congreso.

La reforma del Reglamento significa cambiar el funcionamiento del Congreso y forma parte del objetivo de avanzar en la regeneración democrática del sistema institucional en España.

El nuevo Reglamento tiene que servir para contar con un Congreso menos rígido, dotado de mayor agilidad en los debates y dinamismo en el tratamiento de la actualidad, que garantice la calidad y el rigor de la producción legislativa, útil para el ejercicio de rendición de cuentas del Gobierno y de otros organismos del Estado. Un Congreso abierto a la participación, deliberación e interacción con la ciudadanía y los agentes sociales, transparente en sus actuaciones y usuario de buenas prácticas. En definitiva, un Congreso comprometido con un modelo de Parlamento Abierto.

El Reglamento del Congreso fue aprobado en 1982, y desde entonces solo se ha reformado para aspectos muy puntuales. La espera de una reforma integral se hace larga pero para abordar esta actuación no se parte de cero. A lo largo de los últimos años han sido numerosas las organizaciones, entidades y expertos que han reflexionado sobre las carencias de nuestro sistema parlamentario, analizando de modo contrastado el funcionamiento y el papel del Congreso y del Senado, y presentado alternativas y documentos de gran altura para contribuir a sentar las bases de un nuevo modelo parlamentario.

Basándose en estos trabajos, en parte realizados, en un plazo breve los letrados de la Cámara podrían aportar a la Comisión de Reglamento y a la Ponencia que se constituya, un Documento como punto de partida que recoja las bases con las que consensuar la reforma del Reglamento del Congreso. Pero desde un primer momento, debiera iniciarse a su vez un proceso de comparecencias en la Comisión de Reglamento de aquellas organizaciones y expertos que puedan enriquecer el debate previo aportando sus criterios.

A modo de ejemplo, la reforma puede plantear la incorporación de nuevas disposiciones sobre las siguientes materias: la ampliación del calendario de sesiones; la regulación de reuniones y debates telemáticos; ampliar la declaración de bienes y actividades de los parlamentarios para controlar posibles conflictos de intereses; un Código Ético sobre conductas y buenas prácticas parlamentarios así como la regulación de los lobbies; régimen retributivo, recursos de apoyo al trabajo de la Cámara y de los Diputados así como la redefinición de la autonomía y funciones de cada diputado; el perfeccionamiento de los actuales mecanismos para la rendición de cuentas y el control parlamentario sobre la gestión del Gobierno y de diversos organismos reguladores vinculados al Congreso; utilización de las tics (en especial la nueva página web del Congreso) y de otras metodologías como herramientas para favorecer la participación; la huella legislativa sobre la trazabilidad de las leyes, la evaluación e impacto regulatorio de las leyes; la creación de una oficina de participación y atención ciudadana; las audiencias y comparecencias de organizaciones de la sociedad civil y expertos para que participen en la producción legislativa; la transparencia informativa, las agendas públicas y la accesibilidad a toda la información sobre los trabajos, debates y acuerdos del Congreso; las oficinas parlamentarias de proximidad; la incorporación al Reglamento de cuestiones que hasta ahora vienen regulados por otras fuentes - como acuerdos de la Mesa o resoluciones de la Presidencia -, lo que redundará en un importante incremento de la seguridad jurídica, etc.

En conclusión, el reto consiste en innovar las reglas para adecuarlas a la realidad social del siglo XXI reformando un Parlamento que profundice y perfeccione la democracia representativa, y reconstruya un espacio democrático para la participación mediante la escucha, la deliberación, el consenso y la integración de las demandas ciudadanas. En una sociedad frágil y llena de incertidumbres ante las crisis que nos amenazan y los problemas de la globalización a los que Las Cortes Generales deben dar respuesta.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

 

                                                 PROPOSICIÓN NO DE LEY: 

“El Congreso de los Diputados acuerda:

1. Manifestar que para avanzar en la regeneración democrática es necesario proceder, con celeridad y desde el consenso, a una reforma del Reglamento del Congreso que ayude a mejorar su funcionamiento, hacer más eficiente su tarea legislativa, atender las demandas de la sociedad sobre el cumplimiento de los principios de transparencia, deliberación, participación, control del gobierno y rendición de cuentas, y aprovechar las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías al Congreso.

2. Trabajar en favor de un modelo de Parlamento Abierto que promueva un Congreso conectado con las preocupaciones de la calle, abierto a la relación con la ciudadanía y la sociedad civil organizada para hacerse merecedor de su respeto y confianza, y que responda a los problemas del país y a los desafíos globales que tiene España como parte de la humanidad”.

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PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre “la renovación de los órganos constitucionales y organismos institucionales”,

                             A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: 

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre “la renovación de los órganos constitucionales y organismos institucionales”, para su debate en la Comisión Constitucional. 

Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2020.

 

EL DIPUTADO ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 35-bgf

 

                                              EXPOSICION DE MOTIVOS:

 

El artículo 1.2 de la Constitución señala que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Previamente, el art. 1.1 CE afirma que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. El principio democrático, esto es, la premisa de que todos los poderes deben tener su origen, directo o indirecto, en la voluntad del pueblo, auténtico titular de la soberanía, constituye, por tanto, uno de los fundamentos de nuestro sistema constitucional.

La necesaria legitimidad democrática de las instituciones explica que la propia Constitución otorgue a las Cortes Generales, que representan al pueblo español (art. 66 CE), la función de nombrar los miembros de diversos órganos constitucionales, como es el caso del Defensor del Pueblo (art. 54 CE), los miembros juristas del Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE) u ocho de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (art. 159 CE). Además, está en el origen de que las leyes que regulan la creación de organismos institucionales, especialmente importantes para el funcionamiento de nuestro sistema democrático, también hayan optado por un sistema de designación parlamentaria.

Es el caso, por ejemplo, del Consejo de Administración de RTVE (art. 11 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal), de parte de los miembros de la Junta Electoral Central (art. 9 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general), de los consejeros del Tribunal de Cuentas (art. 30 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas), de los vocales togados del CGPJ (art. 567 y ss de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) o del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 36 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), entre otros.

Además, para que dichos nombramientos reflejen de manera más fiel la voluntad de la ciudadanía, tanto la Constitución como estas leyes establecen distintas mayorías reforzadas para proceder a los mismos.Desde la mayoría de dos tercios requerida para el nombramiento de los vocales del Consejo de Administración de RTVE, hasta la mayoría absoluta necesaria para ratificar al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pasando por la mayoría de tres quintos con la que se debe contar para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del CGPJ y del Tribunal de Cuentas, así como del Defensor del Pueblo. El objetivo es que los candidatos nombrados lo sean de consenso, posibilitando por tanto a la minoría parlamentaria la participación en los consensos.

Por tanto, una vez producida una vacante en cualquiera de estos organismos, Las Cortes Generales y, especialmente el Congreso de los Diputados, tienen la obligación constitucional de proveer, mediante el procedimiento descrito, la renovación de la composición de los mismos. Solo así, procediendo en tiempo y forma a dicha renovación, se respeta la letra de la Constitución que establece unos mandatos temporales de los miembros de los órganos constitucionales. Como ocurre con el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial (cinco años en ambos casos) o el Tribunal Constitucional (nueve años). A su vez se acata lo señalado por las leyes que regulan la creación de otros organismos institucionales, que también establecen plazos tasados para los mandatos de sus miembros.

Para que una sociedad democrática funcione correctamente es fundamental conseguir que la ciudadanía respete y valore sus instituciones. Se trata de un intangible sin el cual la calidad de una democracia se resiente profundamente. Pero es responsabilidad del Parlamento ganarse el respeto y la confianza de la sociedad. Difícilmente se podrá esperar de la ciudadanía este necesario respeto si las propias instituciones no se prestigian al incumplir con las normas que las regulan. Lo que significa, entre otras cosas, cumplir los procedimientos y buenas prácticas de la democracia y acordar las renovaciones en los plazos constitucional y legalmente establecidos.

En numerosas ocasiones en el pasado, el Congreso de los Diputados no ha acertado en el cumplimiento de sus funciones, lo que ha llevado a situaciones de bloqueo para algunos de estos nombramientos. Sin embargo, la reanudación de la actividad parlamentaria tras su práctica paralización como consecuencia del coronavirus, tendría que llevar a impulsar una toma de decisiones presidida por la búsqueda de acuerdos.

En este momento, casi todas las instituciones que necesitan la designación parlamentaria están pendientes, en distintos grados, de renovación desde hace más de un año: El CGPJ desde noviembre de 2018, el Defensor del Pueblo desde junio de 2017, desde enero de 2018 un puesto de vocal del Tribunal de Cuentas, que debe ser designado por el Senado y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desde noviembre de 2017. También están pendientes de renovación, desde noviembre de 2019, los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por el Congreso de los Diputados. El Consejo de Administración de RTVE lleva a su vez desde julio de 2018 pendiente del nombramiento de sus miembros.

La ciudadanía no acepta estrategias políticas basadas en el mero interés partidista y la confrontación permanente cuando hay tanto en juego. Reclama, de nuevo, el esfuerzo de todos los partidos en la consecución de un amplio consenso a la hora de elegir a los hombres y mujeres que formen parte de las instituciones señaladas, vitales para el buen funcionamiento del Estado de Derecho.

Por ello, ningún grupo político debiera contribuir al bloqueo de la renovación de estos órganos y organismos que por su carácter y funciones hacen posible desde la separación de poderes, el respeto al principio de legalidad y la neutralidad de las administraciones, hasta el cumplimiento de principios de una democracia avanzada como son la transparencia, el pluralismo, la participación y la rendición de cuentas.

La sociedad española nos exige, también, que las mayorías reforzadas necesarias para estos nombramientos permitan garantizar que los candidatos y candidatas designadas serán excelentes profesionales y garanticen la neutralidad e independencia de los órganos constitucionales e instituciones controladores y reguladoras. La exigencia de mayorías reforzadas no pueden convertirse en un instrumento para bloquear la gobernanza democrática ni en una pieza más de una agenda partidista.

En base a las siguientes consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,

                                              PROPOSICIÓN NO DE LEY:

 

"El Congreso manifiesta la urgente necesidad de que se proceda al nombramiento de los puestos vacantes o pendientes de renovación en los órganos constitucionales y organismos institucionales, proceso en el que tienen una participación decisiva Las Cortes Generales, siguiendo los cauces constitucionales y legales establecidos y haciendo el máximo esfuerzo para lograr un amplio consenso de mayorías reforzadas entre los Grupos Parlamentarios, en torno a personas de mérito, objetivamente muy capacitadas, con trayectoria de prestigio y garantía de independencia en el desarrollo de su tarea.” 


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