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Odón Elorza

Odón Elorza

  • Categoría: Blog

Publicidad y transparencia de las contrataciones de emergencia por COVID-19.

Los contratos de emergencia realizados por las administraciones públicas en un estado de alarma para combatir la pandemia del coronavirus y atender las necesidades de la población, tienen como objetivo suministrar equipos sanitarios para la proteccion personal. 

Hablamos de millones de mascarillas, PCRs, respiradores, kits para hacer los test, batas quirúrgicas, guantes, geles, material clínico, ... Todos esos contratos, incluida la contratación de aviones de carga para el transporte, se van publicando desde el día 21 de abril en la web del Portal de Transparencia del Gobierno.

Es preciso dejar claro que el procedimiento de las compras mediante la celebración de contratos por el trámite de emergencia, en un mercado internacional muy presionado y especulativo, viene establecido en el Real Decreto Ley 463/2020, de 14 de marzo que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID- 19.

En concreto, el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) excluye, para los casos de contratos de emergencia, la obligación de tramitar el expediente habitual de contratación y la necesidad de publicar el anuncio previo de licitación y otros trámites de dicho expediente.

Sin embargo, dicha LCSP no excepciona a las contrataciones de emergencia del requisito de la publicidad de los actos de adjudicación y formalización de dichos contratos. Se deben publicar en el perfil de contratante del órgano de contratación, de acuerdo con el régimen de publicidad previsto con carácter general por los artículos 151.1 y 154.1 de esa Ley de Contratos del Sector Público.

Por razones elementales de transparencia y de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, “de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, el Gobierno es el primer interesado en respetar el acceso de la ciudadanía a la información pública. En tal sentido, ya viene trasladando al conjunto de la sociedad los datos y evolución del contagio del coronavirus en España. Aunque es cierto que, en este caso, la publicidad sobre contrataciones de emergencia pudiera limitarse a lo esencial teniendo en cuenta que no se han seguido los trámites habituales en la contratación.

En este sentido y según la consideración de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, cobran importancia en su publicación posterior en la Plataforma de Contratación aspectos como la justificación del procedimiento de urgencia utilizado para la adjudicación, la mención del objeto y condiciones del contrato, el importe de la operación de compra y la identidad del contratista.

Como se puede ahora comprobar, frente a las acusaciones de opacidad de grupos de la oposición contra el Ministro de Sanidad, el Gobierno de coalición cumple la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (arts. 151 y 154) y el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Estos contratos publicados ya pueden ser conocidos por la ciudadanía y sometidos al control parlamentario. Son accesibles entrando en la web del Portal de Transparencia, siguiendo el enlace a Contratos de Urgencia/Emergencia y de ahí a contratación del sector público por parte del Instituto Nacional Ingesa.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 25 de abril de 2020.

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Pregunta al Gobierno sobre la publicidad de los contratos de emergencia relacionados con el COVID-19 ya formalizados.

                             A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente PREGUNTA para que le sea contestada por escrito.

                                              EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La inmediatez en las actuaciones que ampara la celebración de contratos mediante la tramitación de emergencia, en base a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19 en relación con las licitaciones de los contratos públicos, no puede exigir la publicación previa del anuncio de la licitación del contrato.

Así, el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, LCSP, excluye la obligación de tramitar el expediente de contratación, y por tanto la necesidad de publicar el anuncio previo y los trámites de dicho expediente.

Sin embargo, la LCSP no recoge, en cambio, especialidades para estos contratos de emergencia en relación al requisito de la publicidad de los actos de adjudicación y formalización de los contratos en el perfil de contratante del órgano de contratación, respecto al régimen de publicidad, previsto con carácter general por los artículos 151.1 y 154.1 de dicha ley.

Por elementales razones de transparencia y de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Gobierno es el primer interesado en respetar el acceso ciudadano a a la información pública, como ya viene trasladando al conjunto de la sociedad española sobre la evolución del contagio del coronavirus. Aunque es cierto que, en este caso, la publicidad pudiera limitarse a lo esencial teniendo en cuenta que no existe un procedimiento previo con los trámites habituales en la contratación.

En este sentido y según la consideración de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, cobran importancia en la publicación posterior en la Plataforma de Contratación, aspectos como la justificación del procedimiento de urgencia utilizado para la adjudicación, la mención del objeto del contrato, el importe de la adjudicación y la identidad del contratista.

En base a las anteriores consideraciones se formula la siguiente Pregunta al Gobierno:

¿Por qué vías, en qué instancias y con qué contenido se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 151.1 y 154.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en relación a la publicidad de los actos de adjudicación y formalización de los contratos públicos que se vienen aprobando conforme a la tramitación de emergencia establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19?

En el Congreso de los Diputados, a 20 de abril de 2020

EL DIPUTADO , ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

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Un Parlamento con máscaras y mascarillas.

La crisis desatada por el coronavirus dejará en España y medio mundo un panorama plagado de incertidumbre con miles de personas fallecidas, muchas preguntas sobre la capacidad de resistencia de los sistemas sanitarios, efectos sociales que incrementarán la desigualdad y el desempleo y pérdidas económicas cuantiosas con cierre de miles de empresas. Aún no ha acabado la pandemia global y no sabemos qué sucederá en Africa y si podría afectar como un rebrote a España.

Mientras, el tono y el fondo de las intervenciones de VOX y PP que escuchamos en los debates de los Plenos con el Presidente Pedro Sánchez y el conjunto del Gobierno, no presagian nada bueno. Porque afrontar los efectos del COVID-19 exigen, como única respuesta politica, una nueva dinámica parlamentaria basada en la búsqueda de consensos lograr grandes pactos, en especial sobre un presupuestario plurianual que haga posible la recuperación de España.

Pero ello resulta una quimera si continúan prevaleciendo las actitudes partidistas y la intoxicación de la vida pública. Son tiempos muy duros para la inmensa mayoría de la población que exige de los políticos unidad, lealtad, renuncias de las partes con generosidad y altura de miras.

Las máscaras y las mascarillas deben desaparecer lo antes posible del escenario parlamentario. Las primeras ocultan sectarismo, crispación y odio unido a tentaciones neogolpistas; todo lo contrario al interés general. Las mascarillas se retirarán algún día gracias al esfuerzo colectivo y al éxito de las medidas acordadas para vencer al virus con el sacrificio y gran trabajo de los profesionales de la Sanidad y Seguridad públicas.

Harán falta grandes acuerdos entre los grupos políticos para fortalecer los pilares del Estado de Bienestar porque la salida de esta crisis no puede repetir lo ocurrido en la crisis económico-financiera de 2008 que se saldó con recortes sociales, paro y precariedad y un mayor enriquecimiento de las élites.

Ahora no se puede repetir semejante error. Lo que obliga a pactar, en medio de una crisis politica desconocida por la presencia tóxica de la extrema derecha, una transición justa hacia la reconstrucción económica y social en el marco de la transición energética, sin olvidar que tenemos que reducir la brecha digital y ganar la difícil batalla de la cooperación solidaria de la Unión Europea. 

Además, en un Estado compuesto es necesario que los acuerdos se trasladen, también, al ámbito de los Ayuntamientos y las CCAA para sumar esfuerzos económicos y avanzar todas las instituciones en la misma dirección. Todo ello debiera hacerse poniendo en valor la importancia de lo público y manteniendo la defensa del interés común.


Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa.

San Sebastián, 10 de abril de 2020 / Versión actualizada de la publicada en InfoLibre.

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El papel del Portal de Transparencia en el escenario del coronavirus.

                                     A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente PREGUNTA para que le sea contestada por escrito.

         
                                                       EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara en España el estado de alarma para la gestión de la situación de la grave crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en el apartado cuarto de la disposición adicional tercera, relativa a la “suspensión de plazos administrativos”, que las entidades de la administración no están obligadas a continuar con la tramitación de procedimientos administrativos.


Por ello, formulo al Gobierno la siguiente PREGUNTA:

 

¿Cómo afecta lo señalado en la Disposición Adicional Tercera, apartado cuarto, al procedimiento para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho de acceso a la información pública en el Portal de la Transparencia?

¿Cómo se va a garantizar, durante el periodo del estado de alarma, el derecho ciudadano a la transparencia para poder formular en el Portal de la Transparencia consultas sobre datos o una petición de información pública sobre medidas o contratos relacionados con el COVID-19?


En el Congreso de los Diputados, a 20 de abril de 2020

EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ. 

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