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Odón Elorza

Odón Elorza

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Nuestro Parlamento necesita un Código Ético.

1. Para dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de transparencia que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo del Consejo de Europa, realizó al legislativo español hace más de cinco años, el Parlamento debe contar con un Código Ético. Este ha de establecer la obligación de detallar las Declaraciones de bienes y actividades de los parlamentarios, regular los procedimientos internos de control para evitar conductas deshonestas o conflictos de intereses y señalar las buenas prácticas a seguir en el ejercicio del cargo público. Un Código Ético significa un conjunto de principios, valores y reglas de comportamiento a cumplir por los parlamentarios que ha de incorporarse, como anexo, al Reglamento del Congreso.

Con diferentes iniciativas he venido planteando, en años anteriores, la necesidad de aprobar un Código Ético para el Parlamento así como la reforma del Reglamento del Congreso. En este caso para lograr un Congreso abierto, más eficaz en sus funciones, participativo, transparente, accesible y conectado para interactuar también desde las TIC.

2. Desde julio, el Congreso y el Senado trabajan en un "código de conducta" que sea común para los parlamentarios. Los secretarios generales de ambas Cámaras refundirán el documento del Congreso en vigor y un borrador que se elaboró la pasada legislatura en el Senado. A finales de septiembre será remitido al estudio de los Grupos para su evaluación, debate y posterior aprobación por consenso.

El texto aprobado, a última hora, en la anterior legislatura por la anterior Presidenta del Congreso, Ana Pastor, no cumplía ni con un procedimiento correcto de elaboración y aprobación ni era idóneo por sus carencias.

3. El Código tiene que reforzar la obligación de los parlamentarios de detallar en su Declaración pública, en la web de la Cámara, sus ingresos, bienes patrimoniales, préstamos, trabajos desempeñados anteriormente, participación en sociedades o posesión concreta de acciones. El objetivo es evitar posibles conflictos de intereses. Exige la máxima transparencia y por tanto concreción en la Declaración que será luego objeto de revisión y control.

Ha de presentarse al comienzo y final de un mandato y con una certificación de Hacienda sobre la situación patrimonial de cada parlamentario y si está al día en sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. Así mismo, en diciembre de cada año han de proceder a actualizar dicha Declaración, además de añadir la correspondiente al IRPF.

4. El Código propondrá la creación de la Oficina de Conflicto de Intereses que tendrá funciones de comprobación de la veracidad, seguimiento y control efectivo de las declaraciones recogidas en el Registro de Intereses. Todo ello con la ayuda de los servicios jurídicos de la Cámara. Esa comprobación se efectuará sobre la dedicación exclusiva al Parlamento y las actividades desempeñadas que cuenten con una excepción de compatibilidad así como sobre los bienes e intereses de todo tipo que hayan sido declarados.

Las Comisiones del Estatuto de Diputados y Senadores serán competentes para la instrucción de procedimientos por infracción de la obligación de declarar con exactitud las actividades, los bienes patrimoniales y las rentas y elevarán sus propuestas de sanción a las Mesas de las Cámaras.

5. Entre las buenas prácticas parlamentarias que debiera recoger el Código destaco la obligación de hacer publicas en el Portal de Transparencia de las Cámaras las Agendas diarias de trabajo institucional, la celebración de encuentros con la ciudadanía y colectivos por parte de los parlamentarios, conducta a seguir en los trabajos e intervenciones en las Cámaras, dedicación intensa a sus funciones, abrir a la participación ciudadana sus trabajos e iniciativas de modo inclusivo, accesibilidad física y tecnológica (en este caso mediante un blog) a los parlamentario por parte de los electores y una rendición periódica de cuentas a nivel general y en su circunscripción.

6. El Código, en defensa del principio de transparencia, ha de entrar a regular los lobbys con la creación de un registro público en el que deberán inscribirse los grupos de interés/presión o lobbys para hacer públicas todas sus actividades y someterse a regulación y control, así como su conducta en las relaciones con los grupos y miembros del Congreso y Senado. Se creará una instancia de supervisión del registro y de señalamiento de sanciones ante posibles incumplimientos de las reglas de conducta establecidas.  

7. El contenido del Código de conducta será accesible al público y establecerá la transparencia de las retribuciones individualizadas de los parlamentarios, las asignaciones a los Grupos así como las reprobaciones y medidas de recomendación dirigidas a quienes lo incumplan.

Se elaborará mediante un proceso de autorregulación y participación de los parlamentarios en su redacción para lograr un consenso y creará una vía institucional de asesoramiento para los casos de duda; lo mismo que una vía de denuncias ciudadanas.

8. El objetivo final del Código es prevenir la corrupción y ayudar a garantizar la integridad institucional. Se trata de conseguir un funcionamiento ético del Parlamento y un comportamiento íntegro y transparente de diputados y senadores para recuperar la confianza ciudadana y el prestigio de una institución que representa a la soberanía popular.

Ayudará a mejorar los procesos de rendición de cuentas y a actuar con honestidad y respeto a la ley, desarrollando en los políticos la conciencia de una ética pública y de una cultura de gestión responsable al servicio del interés general.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa / Publicado en El Diario Vasco el 23-8-2019.

San Sebastián, 29 de agosto de 2019 / Comunicación al Congreso Internacional sobre Transparencia en Málaga.

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Reflexión de fin de semana : ¿En qué estado puede encontrarse la política el 10N?

Llevamos meses desayunándonos con noticias inquietantes sobre la gobernabilidad y el bloqueo para formar gobierno, tanto desde las derechas como por las negociaciones que no avanzan entre las izquierdas.

Mientras, los problemas de la gente y de los territorios siguen, no contamos con un presupuesto social, las transiciones pendientes y los desafíos globales de España esperan respuestas que no llegan y las incertidumbres económicas se acrecientan. Ante ello, prolongar un gobierno en funciones durante diez meses, como consecuencia de la repetición de elecciones, sería un escenario indeseable y una responsabilidad compartida entre muchas fuerzas. 

Atención porque ese goteo continuo de desencuentros y esta paralización de las negociaciones provocan hartazgo, desesperanza y desconexión en una parte sensible de la ciudadanía. La política se desacredita porque ha de ser útil al país y a la democracia. De lo contrario se perjudican las tres.

Es elemental que las descalificaciones debían haber cesado el 26 de julio para propiciar un clima de diálogo y entendimiento. Sin embargo, calentar las redes sociales y crispar la vida política, cada día, es tanto como boicotear el diálogo. No podemos actuar como lo hacen las derechas.

Pero ... ¿no nos damos cuenta? ¿En qué estado de credibilidad puede encontrarse la política y los políticos el 10N?

 

Odón Elorza / San Sebastián 7 de septiembre de 2019. 

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Garantías de control para Pablo Iglesias ante la propuesta de un programa común de progreso.

Parece que el gran problema de la desconfianza mutua entre el PSOE y UP, que viene provocando el desencuentro entre las dos fuerzas de la izquierda además de la desilusión y el enfado de buena parte de los progresistas españoles, podría tener una solución. El objetivo es desbloquear un acuerdo político de investidura que permita contar con un gobierno de progreso fuerte y estable. Y para lograrlo hay que dar garantías plenas a Pablo Iglesias.

La fórmula de un sistema de triple garantía que ayer ofreció Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, para el control y seguimiento de la aplicación de un acuerdo en torno a un Programa Común de Progreso, no es nada despreciable. Puede ser una vía innovadora que permita el entendimiento en favor de los intereses generales de España y de la mayoría social.

Repite Podemos que no se fía de que Pedro Sanchez cumpla algunos compromisos de la agenda social, económica o fiscal. Iglesias denuncia que sin ellos como garantes dentro del gobierno, a modo de agentes de tutela y control, se produciría una supuesta desviación del gobierno a posiciones de la derecha.

Por su parte, los socialistas no vemos que ahora ofrezca viabilidad un gobierno de coalición. Porque nacería muy débil y con falta de cohesión. Es cierto el riesgo real de acabar la experiencia de coalición en una cercana crisis de gobierno por culpa de la explosión de alguna de las discrepancias ya apuntadas, lo que resultaría mortal para la credibilidad de las izquierdas. Sería como servir en bandeja la siguiente victoria al Frente Nacional de las tres derechas.

De ahí que considere un gesto responsable por parte de Sánchez la oferta de un riguroso sistema de triple control para el cumplimiento de un acuerdo de gobierno. En concreto: propone crear una Oficina que velaría por el cumplimiento presupuestario y vinculada al Ministerio de Hacienda, dos Comisiones de seguimiento e impulso en Congreso y Senado y un mecanismo de garantía social con participación de organizaciones representativas de la sociedad civil.

El presidente en funciones, en la búsqueda de un acuerdo que respete el orgullo de las bases de Unidas Podemos, les propone acordar los criterios democráticos de cara a la designación de "responsabilidades capitales" en órganos e instituciones del Estado que no estén supeditadas al Consejo de Ministros.

Entiendo que sin dar total satisfacción a Iglesias, enrocado en la posición de participar en una coalición de riesgos, los mecanismos señalados son una respuesta a la legítima aspiración de UP de controlar al gobierno en el cumplimiento de los compromisos que pudieran acordarse. Y hacerlo con más libertad de acción y con capacidad real de influencia.

El PSOE no está pidiendo a nadie un cheque en blanco para que le dejen gobernar; de ahí que la propuesta de programa esté abierta a cambios. La regeneración del sistema democrático exige transparencia, mecanismos efectivos de control al gobierno en la aplicación del programa que se acuerde a disposición del aliado en la gobernanza del país y rendición de cuentas en el Parlamento a la ciudadanía.

Frente a este escenario, una indeseable repetición de elecciones en un tiempo plagado de incertidumbres y desafíos globales, viendo como pasan los meses con un gobierno paralizado, no resulta lo más coherente con la defensa de los valores que representa la democracia.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE y Secretario de Transparencia y Democracia Participativa.

Publicado en La Hora Digital / 4 de septiembre de 2019.

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Diez meses con un gobierno en funciones.

El escenario, si se produce, es una temeridad. España no habría podido afrontar, como mínimo durante diez meses - sí contamos de abril a enero - los problemas acumulados y que son propios de la gestión de un gobierno con todas sus atribuciones.

Esto sucedería en el caso de tener que acudir a unas elecciones anticipadas el 10 de noviembre. Pero ya hemos perdido demasiado tiempo, de manera que todos los partidos tenemos la responsabilidad de evitar que continúe el bloqueo en la formación de un gobierno de progreso según la voluntad reiterada en las urnas.

A los problemas internos pendientes de las pensiones, la necesidad de unos presupuestos sociales, la reforma laboral, la situación imprevisible que provocaría la sentencia sobre el procés, las nuevas políticas fiscales y la financiación de las autonomías, se añaden la incertidumbre económica que provoca la amenaza de la recesión - en parte, por las guerras comerciales -, un Brexit duro y nuestro papel en la UE, las respuestas urgentes a los desafíos globales de la crisis climática y la transición energética, así como la otra crisis que sufre EUROPA por su falta de cohesión ante el fenómeno de las migraciones o ante el crecimiento del populismo antieuropeo.

Este panorama exige de inmediato un gobierno de progreso con Pedro Sánchez a la cabeza. La simple posibilidad de que unas nuevas elecciones no resolvieran las dificultades de la aritmética parlamentaria surgida de las elecciones del 28A, que viene afectando a la obtención de alianzas y acuerdos de investidura, me resulta trágica para los intereses del país y de la ciudadania. Además, provocaría más desafección política de la sociedad, descrédito de políticos y partidos, junto al debilitamiento de la democracia y una mayor desconfianza hacia sus principales instituciones.

El plazo final de la investidura se acorta y la sensación de vértigo y desánimo se acrecienta en la calle. Especialmente entre los sectores que esperaban, con ilusión, un entendimiento entre el PSOE y UP, con una u otra fórmula, para sacar el país adelante y frenar el asalto a La Moncloa del Frente Nacional.

Conociendo la probada irresponsabilidad de las tres derechas y su programa de involución, corresponde a los partidos de izquierda junto a otras fuerzas de progreso afrontar, con generosidad y realismo, el diálogo y la negociación para superar un bloqueo parlamentario que si continúa nos llevaría a una crisis política de consecuencias incalculables.

Nunca fue tan necesario practicar a fondo la cultura de pacto. Sobre todo frente a las incertidumbres que plantean unas elecciones anticipadas al 10N a la hora de hacer posible un Gobierno de progreso, fuerte y estable. Nadie sabe realmente, ni siquiera las encuestas, el panorama político que nos podemos encontrar en enero de cara a una investidura. 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 31 de agosto de 2019.

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