Se cumplen 25 años de la Proposición de Ley que presentó el Diputado Alfonso Perales, en nombre del PSOE, defendiendo la elección directa del Alcalde por parte de la ciudadanía. El debate no culminó y aunque ha sido una cuestión recurrente, con propuestas sin elaborar, ventajistas e interesadas del PP, acudiremos a las elecciones municipales del 28 de mayo con el viejo sistema.

Sin embargo, es una oportunidad para recuperar la idea desde una perspectiva federal, aportando razones de más democracia en favor de una reforma básica y negociada de la LOREG. Considero que habría que dejar a las Comunidades Autónomas que pudieran optar por legislar sobre esta fórmula y los diferentes modelos en función del volumen de población de sus municipios. La reforma es necesaria en el marco de un proceso inacabado de innovación y refuerzo de nuestra democracia.

La iniciativa socialista quería modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) con una fórmula que permitiese una mayor participación de la ciudadanía en la elección de la persona que ocupara la Alcaldía. Una posibilidad contemplada en el artículo 140 de la Constitución que señala: «... los Alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos ...». Este precepto nos recuerda el artículo 9 de la Constitución de 1931 que constituye la primera referencia en nuestro derecho a la elección directa del Alcalde. 

Vivimos en España un tiempo difícil para la democracia en un escenario de crispación que favorece el inmovilismo en la legislación electoral, por no hablar de la intocable Constitución. Aparecieron nuevos partidos y movimientos que no han sustituido a los que estaban, sino que se suman a ellos, multiplicando las fuerzas políticas en liza y aumentando la fragmentación de los resultados electorales. De ahí la necesidad de pactos para garantizar la gobernabilidad de las instituciones.

Me parece obligado preguntarse qué cabe hacer para dar un mayor protagonismo democrático a la ciudadanía por encima del cálculo electoral de los partidos ante una deseable reforma. Lo cierto es que existe una crisis de representatividad de los políticos. A su vez, la sociedad reclama una mayor participación en las decisiones de la vida pública, siendo el Ayuntamientos la institución más cercana y sensible, en donde se avanza hacia un modelo de democracia innovadora.

En ese escenario local, se vota a la persona más que a unas siglas. De ahí la conveniencia de deliberar en diferentes foros sobre propuestas de cambio en los procesos electorales. Existen buenas razones para abordar una reforma electoral que permita la elección directa del Alcalde por el electorado:

- profundizar la democracia local y actuar de modo coherente con el principio de proximidad entre la institución municipal y la ciudadanía, reforzando la participación democrática de los vecinos en la elección directa de su Alcalde, como sucede en muchos países de Europa.

- garantizar la estabilidad y gobernabilidad de las ciudades ante las dificultades derivadas de la gran fragmentación electoral. Pero sin depreciar los acuerdos entre partidos que refuercen al Alcalde y un Gobierno de mayoría.

- dar mayor protagonismo y capacidad de decisión a la ciudadanía en la vida municipal. Esto nos llevaría, además, a otros cambios innovadores como las consultas ciudadanas, la gobernanza con procesos de decisión de calidad e interactivos, el papel de las nuevas tecnologías en el acceso a una información transparente y a la participación o la rendición de cuentas sobre los presupuestos y el Plan de Actuación Municipal para todo el mandato.

La propuesta, en esencia, supondría una elección municipal en dos urnas y a doble vuelta. Una urna para votar a la persona que ocupe la Alcaldía y la otra para votar a las diferentes listas de concejales.

En la primera vuelta, si alguno de los candidatos obtiene el 45% de votos y saca 10 puntos de diferencia al siguiente, por ejemplo, sería proclamado Alcalde. La urna de votación de las listas servirá para fijar el reparto, en principio proporcional, de las concejalías.

La segunda vuelta está pensada para el caso de que ningún candidato obtenga el poyo suficiente. Su objeto es reagrupar los votos que procuren un mayor apoyo electoral al Alcalde y refuercen su legitimidad popular. Y sólo accederían los dos o tres candidatos con más apoyo y si superan un porcentaje de votos en la primera vuelta.

Este procedimiento, que no elimina la utilidad de pactos, implicaría tener una Alcaldía y un Gobierno local reforzado, así como un Pleno o Parlamento Local que reproduciría el pluralismo político surgido de la votación de las listas en la primera vuelta. Ojalá en la próxima legislatura se aborde, en otro clima político, una reforma que debería contar con la negociación y el consenso entre las fuerzas políticas. Pero no puedo ocultar algunas dudas y controversias, más aún a la vista del dictamen del Consejo de Estado de 2009, que merecerán un análisis riguroso.

De entrada, cabe la discutible opción de adjudicar la mayoría absoluta de concejales a la lista del Alcalde elegido por los vecinos para garantizarle la gobernabilidad (con un bonus) o bien respetar la estricta proporcionalidad y por tanto la distribución de concejalías obtenida en la primera vuelta. Se debe también valorar la vía de poder presentar una Moción de Censura por parte de una mayoría cualificada de concejales o una consulta sobre la revocación del Alcalde a petición de un mínimo del 30% de vecinos. Otra duda se refiere a si habría que tocar, mínimamente, el actual reparto de competencias para reforzar las atribuciones de Alcaldía sin caer en el presidencialismo y sobre el refuerzo del papel de control e impulso político para el Pleno del Ayuntamiento.

Odón Elorza / Ex alcalde de San Sebastián (1991-2011)

17 de abril de 2023 / Publicado en público.es

Nos acercamos a unas reñidas elecciones municipales y por transparencia democrática cada candidatura a las alcaldías deberá enseñar sus cartas a la ciudadanía. Entre los compromisos necesarios se encuentran los referidos a la defensa del patrimonio local, la calidad del paisaje urbano, el apoyo al pequeño comercio tradicional y la sensibilidad hacia el tratamiento y buen uso de los espacios públicos.

En resumen, se deben ofrecer compromisos claros sobre estrategias en defensa de los valores y las señas de identidad local para frenar el avance de las “ciudades franquicia” y la despoblación de los cascos históricos convertidos en parques temáticos para el turismo.

De vuelta a casa, tras dimitir en enero como diputado del PSOE por Gipuzkoa después de once años de vivir a caballo entre San Sebastián y Madrid, me tropiezo aquí con esa epidemia, mezcla de vulgaridad y especulación urbanística, muy presente en nuestras ciudades. Esta reflexión es consecuencia de una decisión insostenible que ha tomado el Ayuntamiento donostiarra.

Van a levantar, vaciando una ladera, un artefacto comercial de nueve plantas y 23.000 m2 para abrir otro gran supermercado -aunque ya existen dos al lado-, un restaurante, locales para franquicias y cuatro plantas de parking. Tendrán que excavar 46 metros en roca para una obra de tres años y fuertes afecciones a las casas y calles del entorno. Por otra parte, el nuevo aparcamiento de rotación, en contra de la filosofía medioambiental de crear un área central de bajas emisiones, provocará una mayor atracción y circulación de vehículos. 

Lo más grave es que este centro comercial lo harán en un espacio tan simbólico como la actual ladera verde de la colina de San Bartolomé. Un sitio significado en la memoria de la historia de San Sebastián y que representa un paisaje urbano singular. Se trata de un “conjunto protegido” por el Plan General de Urbanismo, aunque el Ayuntamiento se salte sus propias normas, formado por el convento, iglesia, muro y ladera del cerro de San Bartolomé. Se encuentra en pleno centro de la ciudad y a tres manzanas de la playa.

Sufrimos la despersonalización de las ciudades con pérdida de elementos de su memoria e identidad, los procesos de expulsión de vecinos del casco con la gentrificación y una oferta comercial homogénea y colonizadora. Fenómenos que han producido las “ciudades franquicia”.

Ciudades clonadas, con pérdida de valores cívicos e indefensas ante la compra de edificios enteros por millonarios rusos o árabes, multinacionales, fondos de inversión y especuladores. Lo extraño es que se habla poco de los efectos de esta contaminación que viene de la mano de la globalización y se acompaña de la proliferación de enormes bazares chinos low cost; otro fenómeno a analizar.

No puedo contener mi rabia al comprobar que el Ayuntamiento se presta a ello solo para obtener más plusvalías. Recalco que buscan más aprovechamientos urbanísticos en el área de San Bartolomé, una zona que se encuentra al límite de su densidad y exprimidas sus plusvalías.

Esta actuación la pusimos en marcha en 2009 y ha permitido 160 realojos de vecinos, el traslado de las instalaciones de la Policía Nacional, reubicar un colegio privado, mejoras varias y 534 nuevas viviendas de precio libre. El beneficio económico obtenido por la sociedad mixta, en la que participa el Ayuntamiento con un 37%, es óptimo. No se justifica incrementar el volumen construido ni culminar la rehabilitación urbanística y social del barrio con este esperpento, ejemplo de avaricia y nula creatividad.

Sin embargo, el Centro Comercial lo propuso y tramitó en 2013 el entonces alcalde de Bildu. El PNV continuó en 2015 las modificaciones de normas de planeamiento y quiere desarrollarlo a toda costa, sin debate público ni una consulta ciudadana. Demuestra así que sin una idea clara sobre el modelo de ciudad se deja llevar por las tendencias colonizadoras y las conveniencias de los poderes económicos locales. El interés general y la transparencia no cuentan.

Frente a la intervención que se pretende y denuncio, la alternativa lógica consiste en rediseñar la ladera como un jardín inclinado y florido para realzar con un mar florido esa parcela en el Ensanche Romántico de San Sebastián. Un jardín inclinado no rompería la visión integral del conjunto de elementos protegidos y sería una actuación ejemplar en favor de la calidad del paisaje urbano.

Es cierto que la ciudadanía está sometida a un clima político de crispación, a muchas incertidumbres que nos quitan el sueño y a graves problemas que afectan a la vida cotidiana. Esa realidad hace que mucha gente se distancie de la política. Por eso, debemos aprovechar este periodo preelectoral para interesar a la ciudadanía y abrir el debate sobre el modelo de ciudad que queremos. Un debate que va mucho más allá de las luces de navidad.

Odón Elorza / Ex diputado del PSOE y licenciado en Derecho.
San Sebastián 5 de abril de 2023 / Publicado hoy en InfoLibre.es

El Ayuntamiento donostiarra ha aprobado, en contra del interés general, la construcción de un Centro Comercial en la ladera verde de la colina de San Bartolomé. Como remate de la operación urbanística en ese ámbito, pretende vaciar la ladera y meter debajo un edificio de 11 plantas, destinando 8.040 M2 a un gran hipermercado, restaurante y tiendas de franquicias. También dispondrá de un aparcamiento subterráneo de rotación de 14.000 M2.

Más allá de las plusvalías que aporte como única justificación, esta operación ni es innovadora ni sostenible ni ofrece ningún interés para el centro de la ciudad. Solo servirá para densificar aún más la edificación en la zona. La actuación exige una excavación de 46 metros en roca, una obra compleja que durará tres años, con afecciones importantes a la movilidad al cortar las calles Easo, Aldapeta y San Bartolomé, además de las molestias al vecindario. 

Por otra parte, abrir un nuevo aparcamiento de rotación en pleno centro va contra la filosofía medioambiental de la obligada creación de un Área de bajas emisiones, porque provocará una mayor afluencia y circulación de vehículos. Todo ello resulta contradictorio con esa política errática de movilidad y circulación que aplica el alcalde Goia.

En mi opinión, la intervención es injustificada porque NO se necesita un hipermercado al estar la ciudad bien atendida por muchos supermercados, los dos mercados del centro y muchas tiendas tradicionales de alimentación. Nos enfrentamos a un modelo de ciudad franquicia que busca como sea obtener más plusvalías y a una demostración de falta de criterio político a la hora de tratar un espacio público simbólico que está protegido por las normas municipales. La ladera norte de San Bartolomé merece ser conservada porque forma parte de un paisaje urbano singular y de la memoria de un hito en la ciudad. Es exigible sensibilidad hacia un lugar donde se situó en el siglo X el primer Monasterio-Convento, fuera de las murallas de la ciudad.

El anteproyecto de edificación y urbanización figura en un Plan Espacial recién aprobado por el Ayuntamiento. El documento ofrece un impactante fotomontaje que muestra la distorsión y devaluación que sufrirá el conjunto de elementos que gozan de protección en el Plan General de Urbanismo. Me refiero a la iglesia, el convento y el muro con el entorno de la ladera. El resultado debiera merecer una reflexión cívica.

Esta potente intervención comercial no se aceptó en mi etapa de alcalde por el equipo político y técnico que trabajamos en la operación de regeneración social y urbana del área de San Bartolomé y Amara Viejo. Nuestra propuesta de intervención se plasmó en las reformas del Plan General de 2010. Después, el Centro Comercial fue promovido y aprobado en 2015 tras las reformas sucesivas de los planes urbanísticos por parte de las Alcaldías de Bildu y PNV. Concretamente, Izagirre, alcalde de Bildu, propuso esta actuación -junto a otras modificaciones para San Bartolomé- en diciembre de 2013 y el proceso de tramitación de las reformas para dar forma a este esperpento ha continuado hasta la aprobación final del Plan Especial el 26 de enero de 2023.

El área de San Bartolomé ya ha sido suficientemente exprimido como operación urbanística y económica. En defensa del interés general, he propuesto a la Corporación una alternativa razonable para que se respete esa ladera que siempre fue un espacio libre y verde y que se mantuvo así cuando se levantó la última Iglesia y Convento en 1876. La alternativa pasa por encargar un proyecto de jardinería y paisajismo que recupere todo el espacio de la ladera -abandonado en estos 12 años-, permita la integración visual de todo el conjunto protegido en el Ensanche y convierta la ladera en un jardín espectacular en plano inclinado. Lo que resulta una burla y de imposible ejecución es crear un “parque” sobre las cubiertas del edificio y en paredes verticales, como dice el Plan Especial aprobado. Lo que podría resultar es un cromo con espacios verdes a base de colocar tepes de césped. 

Se trata de integrar en el paisaje urbano el convento, la iglesia, el muro y la ladera, ofreciendo una visión global no distorsionada y consolidando la ladera con un espectacular mar de flores que mantenga ese terreno con plantas y árboles bien estudiados. En contra de las Sentencias recaídas sobre la protección del conjunto de elementos de San Bartolomé e incluso (?) de lo que contemplan los propios Planes reformados, el artefacto comercial elimina un tramo del muro protegido y crea nuevas aperturas, a la vez que solo permite una caricatura de jardín e impide esa pretendida visión del conjunto. Además de respetar íntegramente esa ladera, se debe ampliar la acera de ese tramo de la cuesta de Aldapeta, con retranqueo y rebaje de altura del actual murete al final de la ladera.

La apuesta por la innovación en Donostia no debiera consistir, sólo, en promover y atraer nuevas empresas centradas en la investigación, la ciencia, las nuevas tecnologías y la captación externa de talento. Ser una ciudad innovadora significa, también, gestionar con sensibilidad y en defensa del interés general el paisaje urbano, el suelo, el patrimonio local protegido y la identidad del municipio. Hablo de una estrategia propia para afrontar los retos del modelo de ciudad sostenible y no especulativa que desea la ciudadanía para San Sebastián.

Estamos a las puertas de las elecciones municipales y necesitamos un debate clarificador y transparente en favor de intervenciones sostenibles y de calidad. Este Centro Comercial no lo es. Por todo ello, ruego al Pleno del Ayuntamiento que reconsidere su decisión con urgencia.

Odón Elorza / Ex alcalde de Donostia - San Sebastián (1991-2011)

28 de marzo de 2023 / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Publicado en eldiario.es Euskadi

Los cambios en el escenario global, agudizados por la guerra en Ucrania y los intereses de la geopolítica de USA y la UE, han llevado a Pedro Sanchez y al ministro Alvares a posicionarse en favor de una propuesta de Marruecos para el Sáhara Occidental que ni es creíble ni respeta la legalidad internacional.

Este giro, que afecta a la relación con Argelia, se ha consumado sin debate previo ni la transparencia debida y en contra de la posición adoptada por el PSOE en su programa electoral y en las Resoluciones de su 40 Congreso. Así lo expresé en 2022 ante el Grupo Socialista del Congreso y en varios artículos. También el colectivo “Socialistas por el Sáhara” ha publicado un acertado manifiesto.

Los pronunciamientos de Trump (diciembre de 2020) y luego Biden en favor de la tesis marroquí, el apoyo de las monarquías del Golfo, las maniobras y chantajes del rey marroquí -con su lobby español-, la presión hacia Europa de las mafias con el tráfico de emigración irregular, la influencia de China y Rusia en Africa y el avance del terrorismo yihadista en la región del Sahel han forzado y estrechado, aún más, el discurso y el giro de España. Se sacrifican así las resoluciones de la ONU sobre la descolonización y el derecho a la libre determinación del Pueblo Saharaui que llevan años convertidas en papel mojado.

Este cambio definitivo de España, tras años de tibieza, se ha evidenciado en la última cumbre hispano-marroquí de Rabat que ha recogido en una declaración conjunta, llena de retórica, la debilidad de la posición española y las concesiones de apoyo político y económico al régimen marroquí. Una cumbre, acompañada de otro desprecio de Mohamed VI a España, que no ha servido para garantizar la seguridad e integridad territorial de Ceuta y Melilla ni el respeto a la plataforma continental de las Islas Canarias.

Ni siquiera se ha concretado la oferta no creíble de Marruecos en favor de un estatus de autonomía real y libertad para los territorios ocupados en la antigua colonia-provincia española del Sáhara, presentada en la ONU en 2007. El Polisario presentó también su plan en abril de 2007.

Pero volvamos al conflicto del Sáhara. Han transcurrido 48 años desde la invasión ilegal del territorio del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y la huida del ejército de Franco y Juan Carlos I. En ese tiempo, no se han producido avances en una solución política. Al contrario, todo han sido retrocesos.

Se agravó la situación humanitaria de penuria en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf y la represión marroquí en el antiguo Sáhara, disminuyó el apoyo político y la solidaridad internacional a la causa y diferentes acontecimientos han reforzado la función estratégica de Marruecos y su papel de gendarme de la puerta a Europa. La UE paga la factura a Marruecos y España inclina la cabeza.

En todo caso, se debe respetar la resolución más reciente de la ONU sobre el problema, la número 2602 de 29 de octubre de 2021, que fija las líneas de actuación. La ONU “se compromete a ayudar a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para ambas partes, basada en la avenencia, y que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”. La ONU destaca la importancia de que las partes se comprometan a abrir un proceso de diálogo sobre las respectivas propuestas mediante el inicio de conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas.

España no puede dejar de defender los intereses del Pueblo Saharaui. Tiene esa obligación jurídica y moral. Y ha de facilitar la reanudación de un proceso político de contactos entre Marruecos y el Polisario, como preparación de la fase de negociaciones. El objetivo es alcanzar una paz aceptada por las dos partes sobre la base de una propuesta bien definida y con garantías reales de cumplimiento. Pero en un planeta de graves crisis e incertidumbres la causa saharaui es muy pequeña y para muchos una quimera.

La propuesta de un estatus de autonomía para el territorio del Sáhara, como la opción de la independencia, deben debatirse y acordarse entre las partes para, al final, proceder a un referéndum democrático. Como inicio del diálogo ha de garantizarse el respeto a las libertades democráticas y la salvaguarda de los derechos humanos en el Sáhara. 

Por todo ello, es de vital importancia que España ejerza su responsabilidad diplomática como antigua administradora del territorio, conceda la nacionalidad española a los saharauis, aumente la ayuda humanitaria a los campamentos y garantice la permanencia de un contingente de la MINURSO.

Odón Elorza / Ex diputado del PSOE por Gipuzkoa y licenciado en derecho.
San Sebastián 11 de marzo de 2023 / Publicado en El Independiente.