Odón Elorza

Odón Elorza

PROPOSICIÓN NO DE LEY en relación con el conflicto del SAHARA OCCIDENTAL.

                                          A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY en relación con el conflicto del SAHARA OCCIDENTAL para su debate en Pleno.

 

Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2022.

 

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

                                                      EXPOSICION DE MOTIVOS :

 

Desde hace 47 años, ante la inexistencia de avances en la solución política del conflicto que atraviesa el Sáhara Occidental, y considerando la urgencia de una solución humanitaria en lo que se refiere a la situación de penuria en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, la contribución más efectiva y realista que puede realizar el Gobierno Español es su compromiso y su total disposición a colaborar con la ONU para impulsar que las partes reanuden las negociaciones con miras a lograr una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas, en el marco de un proceso de contactos y diálogo constructivo. Un diálogo que ha de versar sobre iniciativas serias y creíbles para tratar de resolver dicho conflicto.

En este sentido, la resolución más reciente de la ONU sobre la cuestión es la número 2602 de 29 de octubre de 2021. En ella, y entre otras consideraciones y manifestaciones, se dice lo siguiente:

“... Reafirmando su compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas, basada en la avenencia, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y haciendo notar la función y las responsabilidades de las partes a este respecto.

Reiterando su exhortación a Marruecos, al Frente POLISARIO, Argelia y Mauritania para que cooperen más plenamente entre sí, incluso mediante el fomento de una mayor confianza, y con las Naciones Unidas, así como para que intensifiquen su implicación en el proceso político y avancen hacia una solución política.

Reconociendo que el logro de una solución política a esta prolongada controversia y la mejora de la cooperación entre los estados miembros de la Unión del Magreb Árabe contribuirían a la estabilidad y la seguridad, lo que a su vez generaría puestos de trabajo, crecimiento y oportunidades para todos los pueblos de la región del Sahel.

Tomando nota de la propuesta marroquí presentada al Secretario General el 11 de abril de 2007 y acogiendo con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución, y tomando nota también de la propuesta presentada al Secretario General por el Frente POLISARIO el 10 de abril de 2007.

Alentando a las partes, en ese contexto, a que sigan demostrando la voluntad política de alcanzar una solución, incluso ahondando en sus deliberaciones sobre las respectivas propuestas y volviendo a comprometerse con las gestiones de las Naciones Unidas con realismo y espíritu de avenencia, y alentando además a los países vecinos a que contribuyan al proceso político.

Recordando sus resoluciones 1325 (2000) y 2250 (2015) y las resoluciones conexas, destacando la importancia de que las partes se comprometan a continuar el proceso de negociación mediante las conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas, y alentando la participación plena, efectiva y significativa de las mujeres y la participación activa y significativa de la juventud en esas conversaciones.

Reconociendo que el statu quo no es aceptable, y observando además que los progresos de las negociaciones son esenciales para mejorar la calidad de vida del pueblo del Sáhara Occidental en todos sus aspectos ...”

Dicha resolución de la ONU pone de manifiesto la necesidad de alcanzar una solución política a la cuestión del Sáhara Occidental que sea realista, viable, duradera y aceptable para todas las partes y esté basada en la avenencia.

Señala la profunda preocupación por la ruptura del alto el fuego entre las partes. Además de insistir en las penurias que siguen padeciendo los refugiados saharauis y su dependencia de la asistencia humanitaria externa, que sumados a los efectos de la pandemia de la COVID-19, ha dado lugar a una insuficiencia de los fondos destinados a quienes viven en estos campamentos.

También destaca la importancia de adaptar el enfoque estratégico de las fuerzas de la MINURSO y orientar los recursos de la Misión para garantizar el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en la zona.

A la vista de lo anteriormente expresado, el Grupo Parlamentario Socialista eleva al Pleno del Congreso la siguiente,  

 

                                                             PROPOSICIÓN NO DE LEY:

 

“El Congreso insta al Gobierno a:

 

1. Impulsar las conversaciones entre las partes, facilitando las negociaciones bajo sus auspicios, con el fin de alcanzar tras 47 años de conflicto, una solución política que sea justa, realista, viable, duradera, aceptable y mutuamente acordada, al conflicto del Sáhara Occidental.

2. En su caso, la propuesta de un estatus de autonomía para el territorio del Sáhara Occidental remitida por Marruecos a la ONU, como cualquier otra opción que se pudiera plantear para debatirse y acordarse por las partes, ha de permitir alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

3. De entrada, para crear el clima adecuado, deberá garantizarse el respeto al ejercicio de las libertades democráticas y la salvaguarda de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en Tinduf. Es de gran interés que España aporte un contingente propio a la MINURSO.

4. Para que este proceso negociador avance y sea creíble, ha de hacerse en el marco de las resoluciones de la ONU quien ha de promoverlo bajo la tutela del Sr. Staffan de Mistura, enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, mediante el desarrollo de las funciones encomendadas a la MINURSO y el respaldo del Consejo de Seguridad.

5. España se compromete a incrementar su contribución voluntaria para financiar los programas de alimentos y atenciones sanitarias con miras a garantizar que se atiendan de manera adecuada las necesidades humanitarias básicas de los refugiados saharauis.

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El tirano Putin nos devuelve la pesadilla de una guerra nuclear.

De repente, estamos en guerra con Rusia; lo peor que nos podía suceder tras una pandemia global. España, sin mediar declaración expresa, participa en una guerra política contra el tirano Putin junto a aquellos países que defienden el derecho internacional, la soberanía de Ucrania, la democracia y los derechos humanos.

Vivimos bajo los efectos de una compleja guerra económica que nos genera contradicciones con los suministros energéticos rusos y pone en riesgo la unidad de acción de la UE; y sufrimos de cerca, en Europa, una guerra militar despiadada y criminal, alineados con la OTAN y EEUU.

Por si fuera poco, el pasado 27 de febrero, el Presidente ruso, Vladimir Putin, rodeado de Generales de Defensa, ordenó poner las fuerzas de disuasión del país, que incluyen las armas nucleares estratégicas, en régimen de alerta máxima. De esa forma, a la maldita guerra provocada por Rusia con su invasión de Ucrania -una decisión totalitaria, injustificable y de efectos terroríficos- se sumaba la amenaza de Putin de utilizar los dispositivos nucleares contra Ucrania u otros Estados de Europa por vez primera desde el final de la II guerra mundial en 1945.

A la muerte de miles de personas, a los imperdonables crímenes de guerra, a los millones de huidos y refugiados, a los bombardeos indiscriminados sobre población civil, a la destrucción de infraestructuras y al sufrimiento, Putin añadía la posibilidad de desencadenar una escalada en el terror de la guerra que podría desembocar en una guerra nuclear. Por ello, se impone la condena de una amenaza provocadora e irresponsable.

El Presidente de Rusia echaba así por tierra los trabajosos avances logrados en materia de reducción de riesgos nucleares y limitación de la proliferación de armas bajo control internacional, alejando el sueño de un desarme nuclear. Porque la actitud de Rusia podría conllevar un parón, durante muchos años, de las iniciativas dirigidas a frenar y desescalar la carrera de los arsenales nucleares.

El derecho a la vida sigue siendo, obviamente, el principal de los derechos humanos. Se contempla en diferentes Tratados internacionales, comenzando por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que, en su Artículo 3, proclama que “todo individuo tiene derecho a la vida”. Nuestra Constitución recoge este elemental derecho en su artículo 15. Esta Carta Universal fue elaborada pocos años después de que una nueva amenaza, inédita hasta entonces, se cerniera sobre el conjunto de la humanidad. Se trataba de la aparición de las armas nucleares, capaces de desatar un holocausto nuclear y acabar con la vida de todas las personas que habitan el planeta.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, el pasado 6 de agosto de 2021, en un mensaje dirigido al Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón, con ocasión del aniversario del bombardeo atómico de aquella ciudad, pedía a los gobiernos redoblar sus esfuerzos para avanzar en el desarme nuclear. “La única garantía contra el uso de las armas nucleares es su total eliminación”.

La bomba atómica lanzada sobre Hiroshima por parte de los Estados Unidos, el 6 de agosto de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, provocó un sufrimiento inimaginable a los habitantes de esta ciudad, matando a miles de personas con el bombardeo y a otras muchas en los años siguientes. En total, los bombardeos atómicos produjeron 166.000 víctimas en Hiroshima y 88.000 en Nagasaki.

oDesde el inicio de la era nuclear, en 1945, los arsenales atómicos se han convertido en uno de los grandes riesgos de la seguridad internacional. Durante la Guerra Fría, la humanidad fue muy consciente de esta Apocalipsis que estuvo cerca de materializarse en la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962. La concienciación contra la existencia de armamento nuclear dio paso, con la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque soviético en los años noventa, a otra época en la que ese peligro latente se empezó a percibir con menos intensidad.

Es cierto que, a lo largo de los años, se han producido avances en forma de Tratados. Entre ellos, el más importante es el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares de 1968, que otorga a la Organización Internacional de la Energía Atómica la responsabilidad de verificar su cumplimiento. Este Tratado ha sido ratificado por 191 Estados. Pero, reconociendo su importancia, afecta principalmente al esfuerzo por impedir que nuevos países adquieran armas nucleares, sin comprometer a los que ya la poseen. Cada Estado se compromete a no desarrollar, ensayar, fabricar, adquirir, almacenar, estacionar, usar o amenazar con armas nucleares.

Por su parte, el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares es de 1996 y ha cumplido 25 años. Pese a contar 185 firmas, el Tratado aún no ha entrado en vigor ya que todavía requiere la ratificación de ocho países: Estados Unidos, China, Irán, Israel, Egipto, India, Pakistán y Corea del Norte. La ONU sostiene que no se puede aspirar a un mundo libre de armas nucleares sin una prohibición de estos ensayos.

El 22 de enero de 2021 entró en vigor el Tratado Internacional para la Prohibición de las Armas Nucleares, que es el primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial que prohíbe íntegramente las armas nucleares. Con su ratificación cada Estado se compromete a eliminar sus programas nucleares, a desactivar sus armas nucleares y a destruirlas de manera irreversible. También contiene disposiciones para abordar las consecuencias humanitarias relacionadas con el ensayo y el empleo de armas nucleares, obligando a los Estados a proporcionar asistencia tanto a víctimas como a los Estados firmantes del tratado que se vieran afectados por su uso y a la restauración del medio ambiente.

Este Tratado fue aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas por 122 votos a favor y firmado por 84 países, aunque solo 59 de 197 Estados lo han ratificado. Los Estados que disponen de armas atómicas como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China o Rusia (que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y con derecho de veto), India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, así como los países de la OTAN, incluida España, no asistieron a la votación de esta Asamblea, no han firmado el Tratado y se oponen al mismo.

Los países que lo han ratificado se comprometen a eliminar sus programas nucleares, a desactivar sus armas y a destruirlas de manera irreversible. (Gracias a la torpeza de Trump, Irán se halla ahora más cerca de obtener el material nuclear necesario para contar con la bomba atómica).

También se han hecho esfuerzos en la reducción del número de ojivas nucleares. Son destacables los Tratados Salt y Start, firmados entre EEUU y Rusia. El último de los cuales fue el día 4 de febrero de 2021 y alcanzaron un acuerdo sobre la prórroga del Tratado START III para reducir el número de misiles nucleares de ambas superpotencias. Pese a que en los últimos años se han seguido desmantelando ojivas o cabezas nucleares, a inicios de 2021 nueve países todavía poseían aproximadamente 13.080 armas nucleares, de las cuales 3.825 estaban desplegadas con fuerzas operativas.

Por eso hay que seguir trabajando activamente en apoyo a la Agenda de la ONU para el Desarme Nuclear, que persigue la reducción efectiva de arsenales y la no proliferación de armas nucleares. Igualmente, hay que lograr, por parte de los países que aún no lo han hecho, la ratificación del Tratado Internacional para la Prohibición -global y jurídicamente vinculante- de las armas nucleares, antes de que estas hagan desaparecer al genero humano y a otros miles de millones de seres vivos.

El mundo solo será seguro cuando todos los países hayan renunciado a esas armas. Pero estamos lejos de conseguir ese objetivo; más bien parece lo contrario. Se detecta, en los últimos años, una carrera entre diversos países por intentar conseguir este tipo de armamento nuclear, cada vez más sofisticado, y un desinterés manifiesto de los que ya lo tienen de renunciar a él.

Lo cierto es que no se controlan debidamente las ojivas nucleares existentes. Incluso se sigue investigando para crear nuevo armamento nuclear, más sofisticado y mortal. Llevamos una década estancados en el necesario camino hacia la desaparición de este peligro que hace de nuestro planeta un lugar absolutamente inseguro; lo hace también menos comprometido con los derechos humanos y aleja el objetivo de la paz . Es cierto que el camino hacia su eliminación presenta muchos desafíos de todo tipo: políticos, jurídicos, pero también desafíos técnicos. Además de reforzar el papel de la ONU.

La invasión rusa de Ucrania y la amenaza nuclear lanzada por Putin nos ha devuelto la pesadilla de una guerra nuclear. Volvemos a recordar que mientras exista armamento nuclear, el derecho humano más preciado, el derecho a la vida de todos y todas queda en manos de la voluntad arbitraria de un tirano o de un autócrata. Para nada se descarta la posibilidad de que, en un acto de fanatismo o de error de cálculo, puedan utilizar estas armas desatando una guerra de consecuencias devastadoras para la supervivencia de nuestro Planeta, ya sometido a los graves riesgos del cambio climático.

Somos conscientes de que la humanidad se enfrenta a graves problemas, pero solo dos tienen potencial para acabar con nuestra especie, dependiendo de nuestra propia voluntad de atajarlos: la aceleración de la emergencia climática y la guerra nuclear. Sobre este segundo desafío es preciso reclamar a los Estados que poseen armas nucleares que favorezcan los avances de las conversaciones y la negociación de los Tratados sobre su no uso, la reducción de arsenales y la desaparición de cualquier amenaza nuclear.

Frente a este estado de cosas, los Parlamentos democráticos deben proclamar que la defensa de los derechos humanos y la supervivencia del planeta son objetivos prioritarios para el conjunto de la Comunidad Internacional. Y que la guerra declarada por Rusia a Ucrania, el pasado 24 de febrero, supone una violacion flagrante del derecho internacional.

En este contexto, es obligado reafirmar el pleno compromiso parlamentario con los valores del sistema democrático en el marco de la Unión Europea. Debemos hacerlo frente a las amenazas contra la convivencia democrática y la paz por parte de los regímenes totalitarios y los autócratas que alientan guerras, siembran el odio y practican o justifican el terror.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 7 de abril de 2022 / Publicado en ethic.es

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Sáhara : una diminuta pieza en el tablero de la geopolítica.

Se ha producido una inesperada declaración del Presidente de Gobierno, Pedro Sanchez, que significa un giro de su posición y la del PSOE sobre el largo conflicto del Sáhara Occidental.

Esta decisión se ha conocido después de que el Palacio Real de Marruecos haya difundido, en parte, la carta en la que Pedro Sánchez afirmaba que el proyecto de autonomía ofrecida por Marruecos como solución para el Sáhara Occidental es “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso”.

Seguramente, ante un cambio de tanta envergadura, era imprescindible cuidar las formas del anuncio y partir de un diálogo con todas las partes del conflicto y con los principales partidos en España para evitar que el Presidente se quedara sin apoyos. Más aún estando el rey marroquí de por medio, quien no tuvo a bien votar la resolución de la ONU que condenaba la invasión de Ucrania por Rusia.

El Sáhara Occidental estuvo sometido a una administración colonial por parte de España - hasta 1975 - y después por Marruecos tras la ofensiva de una “Marcha Verde” de ocupación ilegal del territorio. Por ello, la ONU le viene reconociendo al Pueblo Saharaui su derecho a un referéndum de autodeterminación. Algo que, desde el principio, Marruecos no aceptó y que luego se dedicó a impedir proponiendo para una consulta un censo de población fabricado a su entera conveniencia.

Se aducen razones de Estado y el contexto de la guerra en Ucrania para explicar este giro. Razones de seguridad para proteger las fronteras españolas, de un control real de la migración por parte de Marruecos hacia España/Europa, de mejorar las inestables relaciones entre España y Marruecos, y de cuidar las actividades económicas y comerciales entre ambos países. Aunque no se conoce, todavía, si tendrá repercusiones negativas en la relación con Argelia.

Trump fue primero, Biden lo hizo después. Luego Francia y Alemania apoyaron el plan marroquí consistente en conceder una autonomía que, además de difusa, no garantiza nada a poco que se conozca el desapego del rey marroquí por la democracia y los derechos humanos. Pero eso no importa.

Es un cambio de actitud de España, por boca de su Presidente, de gran calado político. Porque han sido años de progresivo alejamiento de una posición de cierta complicidad inicial con el Pueblo Saharaui, posición ratificada en todos los programas electorales y congresos del PSOE.

Es sabido que la razón de Estado no repara en sentimientos, emociones o lealtades. Es triste pero cierto. Se trata -dicen- en un contexto de guerra en Europa dominado por la inseguridad y las incertidumbres, de apostar por el pragmatismo la prevalencia de la geoestrategia.

Siempre pensé que los Socialistas podíamos abrazar causas justas como la del Pueblo Saharaui, una pieza diminuta en el tablero mundial. Por eso a algunos Socialistas nos costará cambiar el paso y aceptar de modo sumiso esta cesión a las pretensiones de Marruecos tras su conocida presión y su juego sucio durante años.

El PSOE no es un ejercito de silencios ni una confesión religiosa movida por la fe. Es una organización plural de izquierdas en la que siempre se ha considerado como una necesidad el debate de las discrepancias y de los cambios relevantes, sin zaherir a nadie ni contravenir resoluciones de sus congresos.

Sé que a los estadistas les parecerá ridículo, en un planeta acelerado y sometido a crisis sucesivas en el que no hay espacio para los sentimentalismos, ponerse a defender una causa solo porque sea justa. ¿Qué valor alcanzan en el mercado político los principios o los ideales a la hora de defender a un Pueblo que solo puede disponer de arena al no poder acceder a la pesca o a otras riquezas existentes en su territorio ocupado?

En mi opinión, es más importante mantener la coherencia personal en la vida política que plegarse a cambios de posición, sin ningún debate, que tratan de justificar en base a las conveniencias de supuestas razones de Estado.  

A cada generación le dejan huella, en su proceso de formación política, experiencias personales. En mi caso la de practicar la solidaridad y la complicidad con la causa de un Sahara Libre. Por eso, al pasar los años te resistes a cambiar el paso a toque de silbato y aguantas desprecios por actuar como defensor de causas imposibles -para ellos- frente al pragmatismo imperante y la primacía de la geoestrategia.

Me duele el abandono de una justa causa, como la del Sáhara. Y no renuncio a ella porque los estadistas ilustrados la consideren inútil al verla como una causa perdida o irresoluble. No se puede desconocer que la militancia en un partido de izquierdas, sobre todo cuando se piensa en voz alta y se razona en escritos públicos, exige un ejercicio de permanente reflexión, espíritu crítico y coherencia. Aunque, en ocasiones, exija hacer equilibrios para continuar.


Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

Publicado en infolibre.es / 21-3-22

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La batalla cultural de la izquierda, ante la ofensiva neoliberal y ultra, es defender las ideas y valores de una democracia justa.

La izquierda con sus políticas de progreso se la juega en un tiempo de retroceso de la democracia en el planeta y de avance de postulados y gobiernos neoliberales y autócratas. Estos persiguen acabar con el Estado Social de Derecho e imponer modelos viciados de “democracia autoritaria”.

En el contexto de las diferentes crisis, una pandemia que casi paralizó el planeta y, ahora, una guerra en Ucrania cuyos efectos son una inflación alarmante, la subida de precio de los combustibles y de la cesta de la compra, entre otras consecuencias, favorecen en la ciudadana la sensación de inseguridad y el desánimo.

Asistimos a una mezcla de fatiga y desconcierto entre una población, irritada por las malas noticias y la crispación política. También se constata una mayor desconfianza de la sociedad hacia los poderes, políticos y económicos, ante la complejidad de retos como la emergencia climática, la transición energética, la transformación digital y las incertidumbres que pueden condicionar los proyectos de vida y felicidad de las personas. Con este panorama se impone que la izquierda reflexione sobre qué hacer para recuperar la confianza de la mayoría social.

En el escenario español se sitúan, además, las consecuencias del disparatado proceso independentista en Cataluña que provocó, en el conjunto de España, la explosión del nacionalismo español de VOX y arrastró al PP. Sufrimos la manipulación constante que hace una derecha desleal de la indudable derrota del terrorismo de ETA en 2011 y sin que lograra ninguna ventaja política. Aún arrastramos una pandemia que, en defensa de la salud, conllevó restricciones lógicas a la libre movilidad y provocó una increíble sentencia del Tribunal Constitucional.

Por si fuera poco, debemos hacer frente a las consecuencias de una guerra provocada por Putin en Ucrania que, además del sufrimiento humano -que nos es muy próximo-, ha vuelto a poner en crisis la economía mundial.

Se dan otras circunstancias como la distorsión informativa de los medios que practican el acoso al Gobierno, la confrontación y el desprecio a los intereses generales que practican las derechas y que se proyectan en un Congreso que se queda sin espacio para alcanzar consensos, las movilizaciones sectoriales contra el Gobierno y, de nuevo, más casos de corrupción del PP cuya investigación siempre avanza con lentitud.

En este endiablado escenario, el Presidente Pedro Sánchez ha tenido que buscar el apoyo de grupos como ERC y Bildu para sacar adelante presupuestos, leyes sociales y medidas progresistas. Esto ha servido para que PP y VOX acusen a Sánchez de falta de legitimidad de su gobierno y para que, incluso, algunos votantes socialistas vean con recelo esos apoyos. Pero no había otra opción y el Gobierno de izquierdas ha actuado correctamente.

Asistimos a una tormenta perfecta que es alimentada por las propuestas económicas neoliberales y trumpistas, la actitud populista irresponsable del PP ante la UE poniendo en riesgo la obtención de los Fondos Europeos para la recuperación y los discursos de odio enmarcados en la posverdad de VOX.

Las propuestas de Feijóo tienen como bandera central la exigencia de bajar los impuestos y debilitar el Estado protector. Toda una estrategia que se apoya en la manipulación de los datos económicos y de empleo para desestabilizar el Estado de Derecho y hacer caer al Gobierno. Mientras, el PP - ayer fue Casado y hoy Feijóo - practica un blanqueo descarado de la ultraderecha. Lo confirma la entrada de VOX en el Gobierno de Castilla y León.

Estos acontecimientos marcan un periodo político en el que el Gobierno de izquierdas ve dificultada la capacidad de comunicación sobre su gestión. Así no resulta fácil poner en valor los esfuerzos continuados del Gobierno para destinar más recursos a crear una red de cobertura social para los sectores más desprotegidos frente a los efectos de la pandemia y la guerra. Tampoco es fácil un conocimiento amplio de las numerosas leyes progresistas acordadas en el Congreso. Y cuesta fijar un relato con el que mantener el liderazgo democrático de la regeneración institucional, basado (me atrevo a resumirlo) en la defensa de una democracia justa.

En este planeta convulso en el que se da la paradoja de que los enemigos de la democracia esgrimen la bandera de la libertad (será para tomar cañas), la izquierda ha de reforzar la batalla cultural que es la batalla de los principios y las ideas. Hablo de educar y hacer pedagogía sobre los valores democráticos.

Valores como la solidaridad, la igualdad y la cooperación que solo se pueden traducir en medidas sociales concretas mediante políticas fiscales claramente progresivas. Se trata de lograr una redistribución de esfuerzos y beneficios en favor de la mayoría social y para reducir las desigualdades y la precariedad. Los impuestos, digámoslo sin complejos,  son la garantía de la oferta de buenos servicios públicos en educación, sanidad, pensiones públicas y vivienda.

Seamos conscientes de que en un mundo interdependiente solo la gobernanza democrática hará posible regular los mercados de una globalización descontrolada mediante organismos supraestatales representativos. Y frente al autoritarismo y los tiranos es imprescindible fortalecer el papel de los Parlamentos nacionales con un modelo de funcionamiento abierto, eficaz, participativo y transparente.

Los partidos de ultraderecha, con la complicidad del PP, son ya una amenaza real de involución y de retroceso constitucional.

El neofascismo del siglo XXI, escondido bajo un discurso ultra nacionalista español, populista y anti europeo, disfrazado en ocasiones de antisistema, está hoy más normalizado que nunca. En especial en el Congreso cuando rechazan lo público y leyes de derechos básicos, ignoran la violencia machista, sostienen una lectura inaceptable la dictadura franquista, desprecian la memoria democrática y practican discursos de odio contra determinados colectivos y contra la izquierda.

Hoy, la penetración de las ideas neoconservadoras han llegado a trabajadores no cualificados y a los jóvenes. Esto ya pasó en Francia, Italia o Alemania, infectando cada vez a más capas de una sociedad de gran complejidad con intereses nada coincidentes con la extrema derecha y que no se posicionan en el tradicional esquema izquierda-derecha. En el debate de los valores y las ideas no se puede permitir que se imponga el discurso de la derecha más reaccionaria.

De ahí la prioridad de que la sociedad civil progresista, sus intelectuales y organizaciones, promuevan una movilización cultural en todos los ámbitos que frene los discursos involucionistas, marque la agenda temática y ponga en valor los ideales de la democracia. Al PSOE y UP les toca eliminar sus desavenencias públicas que distorsionan la gestión de gobierno y tomar decisiones con celeridad para cumplir su programa.

Los partidos de ultraderecha son ya una amenaza real de involución y de retroceso constitucional, tanto para la democracia formal como para el bienestar de la gran mayoría social que aspira a una democracia más avanzada. ¡De eso habla la Constitución!

La izquierda con vocación de gobierno, lejos de la autocomplacencia porque la rebeldía alimenta sus convicciones, sabe que la respuesta no está en campañas de propaganda ni en el marketing de laboratorio. La respuesta consiste en cumplir el programa comprometido, aplicar las ayudas de los Fondos Europeos para la recuperación económica y social, combatir prácticas políticas contrarias a la ética y reforzar la comunicación mediática y el activismo en las redes en favor de un modelo de país basado en la aspiración de una democracia justa.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 19 de abril de 2022 / Publicado en infolibre.es

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