Odón Elorza

Odón Elorza

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Todas las medidas aprobadas por el Gobierno ante la subida de precios.

El Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania mediante la reducción del precio de la energía y las ayudas a diferentes sectores afectados. El Presidente, Pedro Sánchez, comparece ante el Congreso para dar cuenta de las medidas.

El Gobierno ha explicado los ocho objetivos que persiguen las medidas: Bajar el precio del gas, electricidad y carburantes, apoyar a los sectores más afectados (en especial a pymes y autónomos), estabilizar los precios, garantizar los suministros, proteger la estabilidad financiera, agilizar el despliegue del plan de recuperación, impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.

El paquete de medidas durará, de entrada, hasta el 30 de junio. Este plan de choque destinará un total de 6.000 millones a ayudas directas y rebajas de impuestos y otros 10.000 millones a créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis.

El plan esta basado en cinco ejes principales: Ayudas a familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía. Se prohíben los despidos relacionados con la crisis energética.

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Sahara: ¿es realista y creíble la vía autonómica que propone Marruecos en el marco de la Resolución de la ONU?

La pregunta es pertinente. La polémica desatada sobre la carta del Presidente Pedro Sanchez al rey marroquí no clarifica el estado real de la cuestión. Pero para evitar confusiones sobre las propuestas y aclarar el proceso político a seguir con el fin de resolver el conflicto enquistado del Sáhara Occidental, es necesario cumplir la totalidad de la reciente resolución de la ONU sobre el problema.

Me refiero a la número 2602, de 29 de octubre de 2021, que fija las líneas de actuación. En ella, la ONU “se compromete a ayudar a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para ambas partes, basada en la avenencia, y que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”.

Esta resolución tomó nota de la discutida propuesta autonómica marroquí, presentada a la ONU en 2007, y acoge “con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución”. También toma nota de la propuesta presentada al Secretario General de Naciones Unidas por el Frente POLISARIO el 10 de abril de 2007.

A partir de ahí, se anima a las partes a que “sigan demostrando la voluntad política de alcanzar una solución, incluso ahondando en sus deliberaciones sobre las respectivas propuestas y volviendo a comprometerse con las gestiones de las Naciones Unidas con realismo y espíritu de avenencia, alentando además a los países vecinos a que contribuyan al proceso”.

La ONU destaca la importancia de que las partes continúen el proceso de negociación mediante las conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas. Se reconoce que “el status quo no es aceptable”, y se destaca que “los progresos de las negociaciones son esenciales para mejorar la calidad de vida del Pueblo del Sáhara Occidental en todos sus aspectos”.

Lo cierto es que desde la ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental por Marruecos con aquella Marcha Verde - luego utilizada a otra escala en los episodios de Ceuta y Melilla - han transcurrido 47 largos años sin avances en la solución política del conflicto. Además, es urgente una respuesta humanitaria ante la situación de penuria en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.

El diálogo es urgente y ha de versar sobre propuestas creíbles que busquen la resolución del conflicto. El Presidente Sánchez ha tomado partido por una solución autonómica. Pero es difícil creer en la iniciativa de una autonomía para el Sáhara Occidental y en una amnistía general, cuando Marruecos no ha ofrecido garantías políticas de cumplimiento. Me explicaré: la inacción autonomista de Marruecos en 15 años demuestra que el papel lo aguanta todo. Tampoco se han producido avances en el supuesto deseo de regionalización ni en la democratización del reino alauí ni en el respeto a los derechos humanos en el territorio ocupado del Sáhara Occidental.

En todo caso, la propuesta marroquí de un estatus de autonomía para el territorio del Sáhara, como cualquier otra opción que se pudiera plantear, debe debatirse y acordarse entre las partes, contar con garantías reales de cumplimiento y someterse, al final del proceso, a una consulta democrática por ambos Pueblos.

En consecuencia, España, como país comprometido con los intereses del Pueblo Saharaui, tiene que colaborar activamente con la ONU para crear las condiciones políticas que faciliten la reanudación de los contactos entre Marruecos y el Polisario. Algo que resultará muy difícil pero que sería un paso previo que preparase un proceso de negociaciones con fin de alcanzar una solución justa y SIEMPRE aceptada por las dos partes para que se traduzca en una paz duradera.

Este proceso negociador ha de hacerse en el marco de las resoluciones -bien leídas- de la ONU en 2021, quien ha de garantizar esta vía bajo el impulso y la tutela del Sr. Staffan de Mistura -enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental-, el “apoyo” que le presten USA, Francia, Alemania y España, el desarrollo de las funciones encomendadas al contingente de la MINURSO (que deberá prorrogarse su presencia) y el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por último, para blindar el inicio del diálogo es imprescindible conseguir la garantía del respeto a las libertades democráticas y la salvaguarda de los derechos humanos en los territorios afectados. Es la baza que debería jugar el rey de Marruecos si quiere que su propuesta sea creíble y prospere. Por ello, es de gran interés que España aporte un contingente propio a la MINURSO, para el cumplimiento las resoluciones de la ONU y velar por la paz.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2022 / Publicado en eldiario.es el 1 de abril de 2022. 

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Sahara : por una solución acordada en el marco de las Resoluciones de la ONU.

Desde la ocupación ilegal del territorio de Sáhara Occidental por Marruecos han transcurrido 47 años sin avances en la solución política del conflicto. Además, es urgente una respuesta humanitaria ante la situación de penuria en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf.

De ahí que la contribución más efectiva y realista de España sería su compromiso y su total disposición a colaborar con la ONU para crear las condiciones que hagan posible la reanudación inmediata de un proceso de contactos y de diálogo constructivo entre Marruecos y el Pueblo Saharaui para pactar una solución.

El diálogo ha de versar sobre propuestas creíbles que traten de resolver el conflicto. Se trata de demostrar que la iniciativa de una autonomía para el Sáhara Occidental, presentada por Marruecos a la ONU en 2007, es posible y creíble.

El documento de Marruecos reconocía un gobierno y parlamento saharaui, y señalaba competencias en administración local, policía y jurisdicción regional; en la esfera económica sobre el desarrollo y planificación regional así como en presupuestos y fiscalidad; también en infraestructuras, salud, medio ambiente, educación, cultura y promoción del patrimonio saharaui. Se aseguraba la disposición de recursos financieros derivados de los impuestos acordados por los órganos regionales, la explotación de los recursos naturales del territorio y otras rentas atribuidas por el Estado marroquí. Este se atribuía la competencia en relaciones exteriores y en los atributos de soberanía (bandera, himno nacional y moneda), la seguridad nacional, la defensa exterior, las relaciones internacionales y el orden jurisdiccional del reino.

En todo caso, hay que seguir la resolución más reciente de la ONU sobre el problema, la número 2602 de 29 de octubre de 2021, que fija las líneas de actuación. La ONU “se compromete a ayudar a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para ambas partes, basada en la avenencia, y que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”.

Esta resolución de 2021 toma nota de la propuesta autonómica marroquí y acoge “con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución”. También toma nota de la propuesta presentada al Secretario General por el Frente POLISARIO el 10 de abril de 2007.

Se anima a las partes a que “sigan demostrando la voluntad política de alcanzar una solución, incluso ahondando en sus deliberaciones sobre las respectivas propuestas y volviendo a comprometerse con las gestiones de las Naciones Unidas con realismo y espíritu de avenencia, alentando además a los países vecinos a que contribuyan al proceso”.

La ONU destaca la importancia de que las partes se comprometan a continuar el proceso de negociación mediante las conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas. Se reconoce que “el status quo no es aceptable”, y se destaca que los progresos de las negociaciones son esenciales para mejorar la calidad de vida del pueblo del Sáhara Occidental en todos sus aspectos.

Pues bien, España, como país administrador de los intereses del Pueblo Saharaui, tiene la obligación de facilitar la reanudación inmediata de un proceso político de contactos entre las partes, como preparación de la fase de negociaciones y con fin de alcanzar una solución justa y aceptada por las dos partes. El objetivo es alcanzar una paz duradera sobre la base de una propuesta bien definida y con garantías reales de cumplimiento.

En su caso, la propuesta de un estatus de autonomía para el territorio del Sáhara, como cualquier otra opción que se pudiera plantear para debatirse y acordarse entre las partes, será sometida al final a una consulta democrática. Como inicio del diálogo debiera garantizarse el respeto a las libertades democráticas y la salvaguarda de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en Tinduf. Por ello, es de gran interés que España aporte un contingente propio a la MINURSO.

Para que este proceso negociador avance y sea creíble, ha de hacerse en el marco de las resoluciones de la ONU quien ha de garantizarlo bajo el impulso y la tutela del Sr. Staffan de Mistura -enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental-, el desarrollo de las funciones encomendadas al contingente de la MINURSO y el respaldo del Consejo de Seguridad.

Mientras, España haría bien en incrementar su contribución para financiar los programas de alimentos y atenciones sanitarias, con miras a garantizar que se atiendan de manera adecuada las necesidades humanitarias básicas de los refugiados saharauis.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián 27 de marzo de 2022 / Publicado en diariovasco.com 

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Mi voto en el caso Arnaldo y el expediente disciplinario.

Expongo más abajo, en mi blog, el escrito de respuesta/alegaciones que trasladé a la dirección del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso al informarme de la apertura de un expediente disciplinario por el sentido de mi voto en el caso Arnaldo, el pasado 11 de noviembre de 2021. Dicho expediente ya ha concluido, con la reciente comunicación de haberme impuesto la sanción máxima de 600 €, sanción que no voy a recurrir y que asumo.

 

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A la dirección del GPS,  

Estimadas compañeras y compañeros :

 

En respuesta a la pregunta que hoy me formuláis sobre el sentido de mi voto el día 11 de noviembre de 2021, con ocasión de la votación telemática y no secreta para renovar el Tribunal Constitucional, considero oportuno adjuntar el correo que, antes de la votación, remití sobre el candidato del PP, Sr. Arnaldo, a Hector Gómez, Rafaela Crespín y Felipe Sicilia, como miembros de la dirección del GPS o de la CEF del PSOE.  

De aquel correo no obtuve respuesta. En esa carta, insistía formalmente en la consideración objetiva de que el Sr. Arnaldo no reunía las condiciones de idoneidad para ser magistrado del TC ni, por tanto, ofrecía garantías de ejercer el cargo con imparcialidad.

Lo decía una vez que pude investigar y comprobar lo siguiente:  

1. El Sr. Arnaldo NO me respondió a las preguntas que preparé a conciencia y le formulé en la Comisión de Nombramientos. Por cierto, ¿para qué sirve ese trámite de control si dispones solo de 5 minutos para exponer preguntas y luego no puedes repreguntar sobre las respuestas de la persona candidata?

2. Habían aparecido en medios en los días siguientes numerosas informaciones contrastadas sobre sus contrataciones extrañas y vinculadas a administraciones del PP.

3. Pude analizar algunos de los 311 artículos suyos y luego se conocieron por la prensa aquellos artículos que resultaban absolutamente sectarios en temas de gran relevancia, algunos pendientes de resolución por el TC.

4. Se hizo público su extenso vínculo, con detalle, de colaboraciones permanentes con la Fundación FAES.

5. Se consideraban muy previsibles los incumplimientos a la autorización de compatibilidad otorgada (se supone) por alguna Mesa del Congreso para realizar trabajos privados a la vez que desempeñaba su función como Letrado del Congreso.

Por otra parte, explico también en la citada carta que fui obligado por la dirección del GPS a retirar de los Registros del Congreso -a las pocas horas- las dos solicitudes que había presentado, en mi condición de diputado examinador, para conocer qué tipo de resoluciones de la Mesa del Congreso, sobre compatibilidad de actividades, autorizaciones de segunda actividad y excedencias, disponía el Sr. Arnaldo. Con ello quería poder demostrar su falta de integridad como alto funcionario y sus irregularidades laborales supuestamente cometidas durante años. En definitiva, su falta de idoneidad para ocupar un cargo en el TC.

Sin embargo, no fue atendido el RUEGO que os expresé para que vosotros, como dirección, tratarais de conseguir la renuncia de Arnaldo, haciendo para ello las averiguaciones oportunas ante la Presidencia del Congreso sobre las autorizaciones que disponía el candidato Arnaldo.

Llegados a este punto, y con el conocimiento profundo que tenía del caso, por razones de conciencia y en cumplimiento de lo que considero las obligaciones de un diputado que cree en su función, opté por NO ESCRIBIR el nombre del Sr. Arnaldo en la papeleta de la votación telemática.  

Aceptaré con toda naturalidad la sanción que me impongáis y pido disculpas a la dirección del Grupo Socialista y a mis compañeras y compañeros diputados del PSOE por el perjuicio que mi sentido de voto les pudiera haber causado.  

Me hubiera gustado tener la oportunidad, antes de la votación, de haberles podido explicar mi opinión y de deliberar sobre el caso. Pero no fue posible.  

 

Un abrazo.


Odón Elorza 

San Sebastián 22 de diciembre de 2021 

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