Odón Elorza

Odón Elorza

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El contrato de vacunas con Pfizer por 35.000 millones y sin transparencia.

Denuncio un expediente escandaloso cuya responsabilidad es de la Comisión Europea. Se trata de un contrato que no solo mantiene una falta de transparencia sino que, además, su opacidad provoca sospechas sobre posibles irregularidades en su tramitación. Veamos los hechos.

El contrato directo con Pfizer fue muy relevante, tanto en términos de volumen, 1.800 millones de dosis de vacunas para una población en la UE inferior a 450 millones de personas, como por el precio estimado a pagar. Por los datos filtrados, cada dosis se pago, al principio, a 15,50 euros y luego el precio subió un 25% hasta los 19,50 euros, según el Financial Times. Otra cosa sería el coste real de producción. Aplicado al nuevo contrato de suministro de 1.800 millones de dosis supondría un pago estimado a la farmacéutica Pfizer de 35.000 millones de euros.

El día 24 de abril de 2021 se conoció, por informaciones de la prensa, que la Comisión Europea estaba negociando otro contrato con el grupo farmacéutico Pfizer/BioNTech. Poco después, el 20 de mayo, los medios se hacían eco de una escueta nota oficial de la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, según la cual “el acuerdo de adquisición anticipada” se concretaba en “un contrato que contempla 900 millones de dosis garantizadas de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer, así como otros 900 millones "opcionales" para su distribución entre 2021 y 2023. Seguirán otros contratos y otras tecnologías de vacunas", añadía la nota sin más precisiones.

Aquella noticia representó, sin duda, un alivio para la ciudadanía de la UE temerosa de la amenaza de la pandemia. Pero, a la vez, puso sobre la mesa un buen número de preguntas: sobre el proceso negociador del contrato, sus contenidos y sobre la falta de transparencia. Se iniciaba así la controversia en torno al tercer contrato de la Comisión para la vacuna de ARNm de Pfizer/BioNTech. Los dos anteriores habían asegurado el suministro de un total de 600 millones de dosis.

El acuerdo se produjo en un momento álgido de la pandemia, poco después de que los problemas de producción y distribución del competidor AstraZeneca dejaran a la UE por detrás de EE. UU. y el Reino Unido en la carrera por adquirir vacunas. Fue en medio de esta crisis cuando la presidenta, Úrsula von der Leyen, intervino. El New York Times, en abril de 2021, ya había informado que la líder de la UE había intercambiado mensajes de texto con Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, en el período previo al acuerdo.

El Tribunal Europeo de Cuentas ha censurado a la Comisión Europea por negarse a entregar y publicar detalles sobre cómo se negoció el mayor contrato de vacunas con la poderosa farmacéutica estadounidense Pfizer. Se habla de posibles desviaciones producidas durante unas negociaciones que no siguieron el procedimiento fijado en el reglamento comunitario.

En aplicación del principio democrático de Transparencia debe conocerse el procedimiento negociador, el importe de esa compra preventiva así como otras cuestiones relacionadas con las entregas y las características de unas vacunas que contemplasen su adaptación a las variantes del virus surgidas de la COVID-19 a lo largo de los veinte meses transcurridos.

También interesa conocer si el contrato recoge cláusulas de condiciones a Pfizer para lograr un aumento de la producción deslocalizada de vacunas en países del sur. Cláusulas que obligasen a Pfizer a concesiones de licencias voluntarias no exclusivas a terceras empresas de países del sur que conlleven una transferencia de conocimientos y tecnologías, permiso de exportación a otros Estados y un precio justo. Todo ello para facilitar la producción masiva de vacunas, pensando en los países más pobres, ahora y de cara a futuras pandemias que llegarán.

El pasado 10 de octubre de 2022 la farmacéutica Pfizer tenía que comparecer en la audiencia de la Comisión Especial COVID-19 del Parlamento Europeo para responder a las preguntas de sus miembros. Sin embargo, la ausencia del director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, causó sorpresa y levantó críticas. En su lugar, la representante de la farmacéutica, Jannine Small, solo aportó comentarios evasivos e imprecisos.

Con tal motivo, el Grupo Socialista del Parlamento Europeo (S&D) señaló su sorpresa por la decisión de Albert Bourla de cancelar su asistencia a la reunión de la Comisión Especial del EuroParlamento sobre la evolución de la Covid-19. Para este grupo, “la transparencia es fundamental cuando se trata de la utilización de dinero público”.

El contrato de vacuna ARNm de Pfizer/BioNTech es un ejemplo de incumplimiento de la obligación de transparencia. Aún comprendiendo las dificultades de una operación acelerada por la existencia de una pandemia, no se puede justificar, de nuevo, la opacidad de los contratos con farmacéuticas, desoyendo las preguntas del Parlamento Europeo y de la opinión pública.

Por último, el 15 de octubre de 2022 se ha conocido que la Fiscalía de la UE (la EPPO es un organismo independiente) ha abierto una investigación sobre las compras de vacunas por parte de la Comisión Europea. Un anuncio que volverá a centrar la atención en el papel jugado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En el tiempo transcurrido, las claves del megacontrato entre la Comisión Europea y Pfizer no han sido desveladas. Así lo han afirmado el Tribunal de Cuentas Europeo, la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, la Fiscalía, diferentes grupos del EuroParlamento en la Comisión Especial, expertos en la materia y medios de comunicación que han investigado sobre la opacidad del contrato.

La Comisión Europea debe rendir cuentas y someterse a una evaluación parlamentaria sobre la eficacia y la eficiencia de su gestión ante la pandemia. La transparencia ha de guiar la acción de la Comisión porque es una obligación democrática y aportaría credibilidad a las instituciones europeas ante la ciudadanía.

La petición de conocer el elevado coste de la campaña de vacunación contra la COVID-19, no puede ser rechazada como si se tratara de una información confidencial, como alegan las partes. La farmacéutica Pfizer sigue obteniendo un inmenso beneficio económico gracias a la pandemia. Inmoral.

 

Odón Elorza / Diputado por Gipuzkoa del PSE-PSOE

Publicado en InfoLibre / 26 de noviembre de 2022

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El Parlamento y la ley de la selva.

¿Qué diferencia un debate parlamentario de una tertulia gritona y manipuladora en algunos medios de comunicación? ¡Nada!

Es terrible pero las injurias, insultos, descalificaciones personales y la pura consigna sectaria están más presentes en el Congreso que en esos programas que buscan dar “espectáculo político”.

Lo más grave es que nos hemos acostumbrado y ya no nos llama la atención. Cuesta admitirlo pero los debates en el Congreso hace tiempo que desterraron los valores del diálogo y el intercambio de ideas. ¡Qué ingenuidad! Hoy se desprecia la cortesía parlamentaria, el respeto al adversario, el mínimo cuidado en las formas y el ejercicio de la tolerancia.

Parece que no nos damos cuenta de la gravedad de la situación a la que hemos llegado y que afecta a las bases de una democracia. Desde la más alta institución política del sistema democrático se promueven, hacia la calle, la polarización y la confrontación sin ningún recato y se alimenta el odio contra quien piensa diferente.

Sí, estamos proyectando odio en una sociedad que vive al límite. Porque la ciudadanía sufre de ansiedad ante la grave crisis económica, crisis de convivencia e incertidumbres que ahogan el planeta como consecuencia de la pandemia, la guerra, la emergencia climática y la supeditación de la política a los intereses de los grandes poderes económicos. No debería extrañarnos tanta desafección.

Las situaciones degradantes para la democracia y la política que vivimos en los Plenos del Congreso exigen que la Presidenta de la Cámara y los grupos activen la reforma de su Reglamento paralizada hace 18 meses. Ello permitirá aprobar un capítulo de sanciones, hoy inexistente, y el desarrollo y reforzamiento del actual código ético. 

Efectivamente, desde octubre de 2020 y después de que las instancias europeas nos lo reclamaran con insistencia, el Parlamento dispone de un código ético que enumera seis principios pero que no dice nada en lo que se refiere al señalamiento de actitudes y comportamiento de sus señorías en Plenos y Comisiones.

Por otra parte, en mayo de 2021 el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de una Proposición de Ley, presentada por el Grupo Socialista, en la que se planteaba la regulación con detalle de la actividad en el Congreso de los grupos de interés o lobbies. Pero además, aprovechamos la oportunidad para incorporar un apartado que habla de las reglas de los debates y del trabajo parlamentario, así como un procedimiento sancionador y una propuesta de sanciones a aplicar a quienes incumplan dichas reglas.

Sin duda, la autorregulación de las normas de disciplina debe contar con el consenso de una amplia mayoría de la Camara para la supervivencia de lo aprobado por largo tiempo. Sin embargo, después de año y medio, la Proposición permanece dormida y aún no ha podido tramitarse para recibir las enmiendas de los Grupos. Falla de nuevo una labor mediadora para el encuentro de posiciones entre el PP y el PSOE.

Sin los instrumentos precisos, la Mesa del Congreso seguirá imposibilitada para actuar con medidas públicas sancionadoras pues no se contemplan en el viejo Reglamento. Son necesarias normas que impidan los excesos verbales de los oradores, los discursos de odio, las expresiones de violencia política y, también, los insultos a gritos hacia el interviniente.

Estamos de acuerdo en que la libertad de expresión ha de ser amplia. Pero, dicho sin complejos, ha de tener algún límite ante el papel y los condicionantes propios de un Parlamento que no pude funcionar ni con las leyes de la selva ni con criterios comerciales propios de la captación de espectadores ávidos de bronca.

Como diputado testigo diario del ejercicio de la antipolítica y como conocedor de las importantes limitaciones que presenta el Reglamento de la Cámara, por haber trabajado durante años y sin éxito en los cambios que habría que introducir, interpelo a los demócratas de todo color para que hagamos algo. Porque empieza a ser demasiado tarde. 

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián 26 de noviembre de 2022 / Publicado en El Diario Vasco 

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Mi intervención de hoy en el Congreso durante el debate presupuestario.

Sra Presidenta:

Dos precisiones de entrada.

Las palabras de la portavoz del PP me han parecido miserables y manipuladoras.

Y tras lo escuchado ayer y hoy aquí, y como amigo personal que fui, quiero afirmar que Ernest Lluch apoyaría a este Gobierno de coalición, estaría de su lado.

Pero volvamos al tema del Presupuesto. Para ello citaré unas palabras de Pepe Mujica.

“Pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo, fui aplastado, fui derrotado y pulverizado, pero sigo soñando que vale la pena luchar en política para que la gente sencilla pueda vivir un poco mejor y con un mayor sentido de la igualdad y la dignidad".

Son palabras de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay.

Su sabia reflexión nos ayuda a entender el sentido de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 con un Planeta al borde del abismo.

De eso van los Presupuestos. No serán unas Cuentas perfectas y tendrán sus flancos débiles.

Pero globalmente considerados, en un escenario macroeconómico volátil, arrastrando una pandemia terrible, en medio de una guerra en Europa con incidencia directa en la inflación, sufriendo las convulsiones de una emergencia climática y una gravísima crisis energética -en este escenario- estos son unos Presupuestos útiles, justos y ambiciosos para la ciudadanía y el futuro y la modernización de España.

Los PGE dan respuesta a una enorme incertidumbre vital que provoca ansiedad y miedo en la gente, necesitada de estabilidad y de confianza en la politica. Es obligado partir de la realidad y huir del ruido que provocan los enemigos de la política y de la democracia; los mismos que alimentan movimientos reaccionarios y autoritarios.

Desde una filosofía de progreso, ¿qué se les debe pedir a las Cuentas Públicas? Esa es la cuestión.

Pues bien, frente a la inflación, los riesgos de recesión, los problemas en el suministro de materias primas y el encarecimiento de las energías, estas cuentas buscan acercar la política a la ciudadanía. Acercar soluciones a los problemas de su vida cotidiana.

El Gobierno lo hace desde una mayor justicia fiscal, gravando a la banca y a las empresas energéticas, y con políticas más redistributivas de la riqueza.

Estos Presupuestos dan apoyo al objetivo de asegurar la dignidad de las personas, la dignidad de sus condiciones de vida y la cohesión social. Porque los PGE dan cobertura a los servicios públicos con políticas públicas que hacen más fuerte al Estado Social de Derecho.

El Gobierno de Coalición pone en estas Cuentas compromisos concretos para defender y proteger la sanidad pública, la calidad del empleo y de las prestaciones, la educación pública, la subida de las pensiones y del SMI, el ingreso mínimo vital, financia mejor la dependencia, actúa en favor de la inclusión de la diversidad, favorece el transporte público, amplia el escudo social con más ayudas a familias y empresas ante los precios de las energías, se afronta el reto demográfico, hay una mayor financiación para los territorios, se crean ayudas en vivienda, etc

Pero además, estos Presupuestos financian con Fondos Europeos los RETOS DE LA RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN que necesita España. Y lo hace en clave de SOSTENIBILIDAD, TRANSICION ECOLÓGICA Y DIGITAL.

Estamos asistiendo estos días, en el Congreso, a un debate en el que la oposición de derechas repite sus descalificaciones gruesas y practica el sectarismo por pura ambición de poder.

La respuesta de los progresistas y la izquierda ha de ser la de ejecutar la herramienta de los Presupuestos para proteger a la gente y acerarle la esperanza.

 

Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2023

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Mi intervención de hoy en el Congreso durante el debate presupuestario.

Sra Presidenta:

Dos precisiones de entrada.

Las palabras de la portavoz del PP me han parecido miserables y manipuladoras.

Y tras lo escuchado ayer y hoy aquí, y como amigo personal que fui, quiero afirmar que Ernest Lluch apoyaría a este Gobierno de coalición, estaría de su lado.

Pero volvamos al tema del Presupuesto. Para ello citaré unas palabras de Pepe Mujica.

“Pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo, fui aplastado, fui derrotado y pulverizado, pero sigo soñando que vale la pena luchar en política para que la gente sencilla pueda vivir un poco mejor y con un mayor sentido de la igualdad y la dignidad".

Son palabras de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay.

Su sabia reflexión nos ayuda a entender el sentido de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 con un Planeta al borde del abismo.

De eso van los Presupuestos. No serán unas Cuentas perfectas y tendrán sus flancos débiles.

Pero globalmente considerados, en un escenario macroeconómico volátil, arrastrando una pandemia terrible, en medio de una guerra en Europa con incidencia directa en la inflación, sufriendo las convulsiones de una emergencia climática y una gravísima crisis energética -en este escenario- estos son unos Presupuestos útiles, justos y ambiciosos para la ciudadanía, el futuro y la modernización de España.

Los PGE dan respuesta a una enorme incertidumbre vital que provoca ansiedad y miedo en la gente, necesitada de estabilidad y de confianza en la politica. Es obligado partir de la realidad y huir del ruido que provocan los enemigos de la política y de la democracia; los mismos que alimentan movimientos reaccionarios y autoritarios.

Desde una filosofía de progreso, ¿qué se les debe pedir a las Cuentas Públicas? Esa es la cuestión.

Pues bien, frente a la inflación, los riesgos de recesión, los problemas en el suministro de materias primas y el encarecimiento de las energías, estas cuentas buscan acercar la política a la ciudadanía. Acercar soluciones a los problemas de su vida cotidiana.

El Gobierno lo hace desde una mayor justicia fiscal, gravando a la banca y a las empresas energéticas, y con políticas más redistributivas de la riqueza.

Estos Presupuestos dan apoyo al objetivo de asegurar la dignidad de las personas, la dignidad de sus condiciones de vida y la cohesión social. Porque los PGE dan cobertura a los servicios públicos con políticas públicas que hacen más fuerte al Estado Social de Derecho.

El Gobierno de Coalición pone en estas Cuentas compromisos concretos para defender y proteger la sanidad pública, la calidad del empleo y de las prestaciones, la educación pública, la subida de las pensiones y del SMI, el ingreso mínimo vital, financia mejor la dependencia, actúa en favor de la inclusión de la diversidad, favorece el transporte público, amplia el escudo social con más ayudas a familias y empresas ante los precios de las energías, se afronta el reto demográfico, hay una mayor financiación para los territorios, se crean ayudas en vivienda, etc

Pero además, estos Presupuestos financian con Fondos Europeos los RETOS DE LA RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN que necesita España. Y lo hace en clave de SOSTENIBILIDAD, TRANSICION ECOLÓGICA Y DIGITAL.

Estamos asistiendo estos días, en el Congreso, a un debate en el que la oposición de derechas repite sus descalificaciones gruesas y practica el sectarismo por pura ambición de poder.

La respuesta de los progresistas y la izquierda ha de ser la de ejecutar la herramienta de los Presupuestos para proteger a la gente y acerarle la esperanza.

 

Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2023

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