"Es preciso instar al Gobierno a que asuma sus responsabilidades y resuelva con celeridad el desbloqueo de la situación, arbitrando una solución que ponga fin a la crisis sobre la entidad regulatoria de la competición de las Carreras de Caballos, lo que ha conllevado la paralización desde diciembre de actividades en el Hipódromo de La Zarzuela en Madrid. Una situación que afecta gravemente a la celebración de carreras en las demás instalaciones del país, entre ellas las que corresponden -en la temporada de verano- al Hipódromo Municipal de San Sebastián."

El Grupo Parlamentario Socialista se ha interesado ante el Gobierno, en concreto formulando preguntas en el Congreso al Ministerio de Hacienda, para pedir su intervención en el conflicto entre entidades reguladoras de la actividad de las carreras de caballos.

Sin embargo, el Gobierno ha estado ausente a la hora de encontrar una solución a la suspensión de las mismas en España, tras la paralización en diciembre de 2014 de la temporada en el Hipódromo de La Zarzuela. En la sesión de control al Gobierno del pasado 17 de junio de 2015, el Grupo Socialista formuló una pregunta al Ministro de Hacienda sobre las consecuencias que para la industria del caballo está provocando la ausencia de carreras de caballos en el Hipódromo de la Zarzuela, propiedad de la entidad pública SEPI y responsable de las decisiones que han adoptado los gestores de la instalación hípica.

En su respuesta, el Sr. Montoro ofreció la posibilidad de llegar a un acuerdo en el marco de la Comisión y con comparecencia de los responsables de la actual situación. La paralización de las carreras hípicas en España afectan a un sector que da trabajo a más de 3.000 familias y estaría motivada por la no existencia en la actualidad de un ente regulador reconocido por todas las partes implicadas.

En concreto, la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE), que desde 1841 venia regulando la competición, es cuestionada por la Asociación de Hipódromos y se encuentra en un proceso de liquidación con concurso de acreedores por deudas de cerca de 2'5 millones de euros con la Seguridad Social y Hacienda, aunque mantiene reconocimiento internacional.

La clave del conflicto estriba en que la empresa que gestiona el Hipódromo de La Zarzuela pone en cuestión la legitimidad de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España para seguir regulando esta práctica deportiva. Por su parte, la Real Federación  Hípica decidió no renovarle -el pasado 2 de diciembre- el convenio por el que le cedía las competencias regulatoria de las carreras.

Por distintos motivos e intereses, el enfrentamiento entre "Hipódromo de La Zarzuela" y la SFCCE se ha judicializado por esta última, estando en cuestión quien ostenta la capacidad regulatoria sobre las carreras de caballos con potestades disciplinarias y sancionadoras. Parece que la Real Federación de Hípica no se atreve a ejercer la función como entidad reguladora.

El Gobierno es, en todo caso, el responsable del bloqueo al que se ha llegado y debe asumir la necesidad de impulsar el sector industrial de las carreras de caballos. Sin más demora, el Gobierno tiene que garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo hoy en peligro y atender a la afición a esta modalidad deportiva.

Para ello ha de tomar las decisiones de autoridad precisas para la determinación del organismo regulador y para consolidar la aportación de los 5,5 millones de euros que Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) destina a financiar esta competición mediante la explotación de la apuesta hípica externa nacional.

Lo cierto es que su falta de decisión y el cierre de La Zarzuela han traído, entre otras consecuencias, el retraso en el inicio de la Temporada en el Hipódromo de San Sebastián, entre otros, sin poder garantizar que las carreras se puedan llegar a celebrar. Conviene no olvidar la tradición que tiene el turf en Gipuzkoa en vísperas de cumplirse el centenario del Hipódromo donostiarra en 2016.

En base a las anteriores consideraciones, he formulado al Gobierno, en particular al Ministro Sr. Montoro, las siguientes PREGUNTAS:

1-¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno ha permitido que se llegara a esta situación de bloqueo en un conflicto que pone en grave riesgo de desaparición al sector económico del caballo y que ha provocado la suspensión de las carreras de caballos?

2-¿Cómo piensa el Gobierno gestionar con inmediatez el desbloqueo de la situación y arbitrar desde su competencia y responsabilidad una solución que ponga fin a la crisis abierta sobre la instancia que deberá regular la competición hípica?

3-¿Es consciente de que la paralización de la actividad de carreras de caballos en el Hipódromo La Zarzuela en Madrid, está afectando gravemente a la celebración de carreras en el Hipódromo Municipal de San Sebastián?

4-¿Cómo piensa compensar al Hipódromo de San Sebastián los perjuicios causados por su negligencia?

                                                   A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. Odón Elorza González Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes PREGUNTAS en relación con "la paralización de las Carreras de Caballos en todo el país por incapacidad del Gobierno", para que le sean contestadas por escrito.

                                                                       MOTIVACIÓN: 

El Grupo Parlamentario Socialista se ha interesado ante el Gobierno, en concreto formulando preguntas en el Congreso al Ministerio de Hacienda, para pedir su intervención en el conflicto entre entidades reguladoras de la actividad de las carreras de caballos. El Gobierno ha estado ausente a la hora de encontrar una solución a la suspensión de las mismas en España, tras la paralización en diciembre de 2014 de la temporada en el Hipódromo de La Zarzuela.

En la sesión de control al Gobierno del pasado 17 de junio de 2015, el Grupo Socialista formuló una pregunta al Ministro de Hacienda sobre las consecuencias que para la industria del caballo está provocando la ausencia de carreras de caballos en el Hipódromo de la Zarzuela, propiedad de la entidad pública SEPI y responsable de las decisiones que han adoptado los gestores de la instalación hípica.

En su respuesta, el Sr. Montoro ofreció la posibilidad de llegar a un acuerdo en el marco de la Comisión y con comparecencia de los responsables de la actual situación.

La paralización de las carreras hípicas en España afectan a un sector que da trabajo a más de 3.000 familias y estaría motivada por la no existencia en la actualidad de un ente regulador reconocido por todas las partes implicadas. En concreto, la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE), que desde 1841 venia regulando la competición, es cuestionada por la Asociación de Hipódromos y se encuentra en un proceso de liquidación con concurso de acreedores por deudas de cerca de 2'5 millones de euros con la Seguridad Social y Hacienda, aunque mantiene reconocimiento internacional.

La clave del conflicto estriba en que la empresa que gestiona el Hipódromo de La Zarzuela pone en cuestión la legitimidad de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España para seguir regulando esta práctica deportiva. Por su parte, la Real Federación  Hípica decidió no renovarle -el pasado 2 de diciembre- el convenio por el que le cedía las competencias regulatoria de las carreras.

Por distintos motivos e intereses, el enfrentamiento entre "Hipódromo de La Zarzuela" y la SFCCE se ha judicializado por esta última, estando en cuestión quien ostenta la capacidad regulatoria sobre las carreras de caballos con potestades disciplinarias y sancionadoras. Parece que la Real Federación de Hípica no se atreve a ejercer la función como entidad reguladora.

El Gobierno es, en todo caso, el responsable del bloqueo al que se ha llegado y debe asumir la necesidad de impulsar el sector industrial de las carreras de caballos. Sin más demora, el Gobierno tiene que garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo hoy en peligro y atender a la afición a esta modalidad deportiva.

Para ello ha de tomar las decisiones de autoridad precisas para la determinación del organismo regulador y para consolidar la aportación de los 5,5 millones de euros que Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) destina a financiar esta competición mediante la explotación de la apuesta hípica externa nacional.

Lo cierto es que su falta de decisión y el cierre de La Zarzuela han traído, entre otras consecuencias, el retraso en el inicio de la Temporada en el Hipódromo de San Sebastián, entre otros, sin poder garantizar que las carreras se puedan llegar a celebrar. Conviene no olvidar la tradición que tiene el turf en Gipuzkoa en vísperas de cumplirse el centenario del Hipódromo donostiarra en 2016.

En base a las anteriores consideraciones, formulo al Gobierno las siguientes PREGUNTAS:

1-¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno ha permitido que se llegara a esta situación de bloqueo en un conflicto que pone en grave riesgo de desaparición al sector económico del caballo y que ha provocado la suspensión de las carreras de caballos?

2-¿Cómo piensa el Gobierno gestionar con inmediatez el desbloqueo de la situación y arbitrar desde su competencia y responsabilidad una solución que ponga fin a la crisis abierta sobre la instancia que deberá regular la competición hípica?

3-¿Es consciente de que la paralización de la actividad de carreras de caballos en el Hipódromo La Zarzuela en Madrid, está afectando gravemente a la celebración de carreras en el Hipódromo Municipal de San Sebastián?

4-¿Cómo piensa compensar al Hipódromo de San Sebastián los perjuicios causados por su negligencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2014

El DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

Por sorpresa: Rajoy adelantará las elecciones al 27-S Los datos están sobre la mesa para quien quiera analizarlos con la lógica y los intereses del personaje que okupa La Moncloa y con el sobreentendido de que Rajoy seguirá como candidato. Mientras, lanza maniobras de distracción sobre mini-cambios en el PP y en su desanimado equipo ministerial o sobre el calendario legislativo para acabar una tarea cuyos resultados no son representativos del sentimiento de la calle y que no le darían más votos. ¿Por qué no disolver?

A la hora de desgranar las razones de una decisión por sorpresa debemos empezar por las consecuencias, negativas y positivas, que han supuesto para el PP los resultados del 24-M y los pactos en términos de reparto del poder en Alcaldías y Gobiernos de Comunidades. El PP sabe ya algo decisivo sobre lo que dudaba : la "gran coalición" la podrán hacer con Ciudadanos.

El partido de Rivera ha cumplido el guión a la perfección apuntalando el poder del PP allí donde los votos de C's eran decisivos y le ha añadido el maquillaje del apoyo a Susana Díaz para intentar compensar. Ni una sola Alcaldia ni Gobierno han perdido los de Rajoy por su culpa. Pero no es bueno dejar pasar mucho tiempo, mejor hacer las generales en septiembre para dificultar la constatación de incumplimientos de los acuerdos de regeneración firmados por los gobernantes del PP o reducir riesgos de nuevos imputados que obligaría a C's a cuestionar esa estrategia de alianzas con la vieja derecha, con quien pelea los votos.

Si uno de los ejes de campaña de Rajoy es acusar al PSOE de una deriva radical al dar poder a "extremistas", no les conviene que el paso de los meses desmientan que no es tan fiero el león como lo pintan. Por contra, estoy convencido de que el PP teme los efectos de las medidas sociales alternativas que los gobiernos locales y autonómicos del PSOE van a poner en práctica, necesariamente, de aquí a diciembre.

El segundo elemento de la campaña de Rajoy es vender recuperación en base a datos macroeconómicos como el crecimiento del PIB. Y, sin duda, nada como aprovechar la creación de nuevos empleos -aunque precarios y de salario basura- que se produzcan durante el verano y se conocerán en septiembre. Esto lo vinculará al recuerdo permanente de la herencia de Zapatero y a la dificultad que podría tener Pedro Sánchez para socializar con credibilidad - ese proceso requiere tiempo - una alternativa de propuestas para el crecimiento, la reforma fiscal, las pensiones y las medidas para devolver derechos básicos a la ciudadanía.

El tercer eje vital de la derecha imperial es la unidad de España. Por lo que tiene sentido que esa bandera la despliegue ahora, a toque de corneta, tapando el plebiscito soberanista del 27 de septiembre y sacando pecho para difuminar en Cataluña y en el resto de España a Albert Rivera. Sabemos bien el voto que ello puede movilizar, en favor de un PP salvador de las esencias patrias, si hace coincidir ambas elecciones, mientras que al PSOE le costará más hacer pedagogía para explicar y atraer con su modelo federal y los contenidos de la reforma constitucional, artículo 135 incluido.

La situación del ejército de "desheredados" y cabreados que arrastra el PP tras las elecciones del 24-M puede provocar movimientos y desapegos que conviene controlar. Ya se vio con la salida de Esperanza pidiendo Congresos acelerados. La única manera de mantener prietas las filas y ocupados a tantos jefes locales en "el juego de las sillas", es iniciar de inmediato los preparativos de la gran batalla para conservar La Moncloa y sacar rentabilidad a la cruzada en tierras catalanas.

No es casual que los únicos cambios que ha introducido en la dirección del partido -como siempre "a dedo"- hayan sido de carácter electoral para reforzar su control de los preparativos de la campaña y la configuración de las listas. Nombrar a su jefe de gabinete, Moraga el de la cartera, como jefe de campaña y a Pablo Casado - quien hoy aseguraba que el PP ha cumplido ya el 93% de su programa- para comunicación, no admiten otra lectura que la del adelanto. Por lo mismo que no puede tocar a Cospedal y su maquinaria para sólo dos meses.

Desde el punto de vista psicológico es cierto que buena parte de la ciudadanía suele volver de vacaciones con la cabeza más relajada y menos tensiones. Septiembre, como mes de arranque, no es conflictivo en temas laborales y se trata de quitar proyección a la campaña de Más y sus aliados, a la vez que evitar el negro nubarrón de una victoria independentista que dejaría un clima muy enrarecido de gestionar hasta la celebración de una generales en diciembre.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

Para publicoscopia.com / 20 de junio de 2015.

Euskadi, la pequeña "Dinamarca del Sur", es una de las comunidades más envejecida de Europa, con una mayor esperanza de vida y una baja tasa de natalidad. Se invierte la pirámide de población y en 2020 podemos tener cerca de un 25% de personas mayores de 65 años cuando la media europea rondará el 19,5%. Se calcula que las mujeres llegarán a vivir 87 años y los hombres 81,2. El desempleo, la precariedad y las incertidumbres económicas no impulsarán la natalidad.

El Parlamento ha de ser consciente de que el envejecimiento es el mayor desafío global en salud del siglo XXI que viene acompañado de enfermedades crónicas, degenerativas, fragilidad, alteraciones de ánimo y estados de dependencia. Esto generará desequilibrios importantes en la atención de la salud y podría llegar a amenazar la propia sostenibilidad del sistema universal de cobertura sanitaria y servicios sociales, sin olvidar la carga difícil de sobrellevar por muchas familias. Porque cada vez un mayor número de personas van a requerir costosos tratamientos y cuidados de larga duración.

Ante ese panorama, la respuesta de las instituciones ha de hacer posible un envejecimiento saludable, todo un reto científico y socioeconómico. Con ese objetivo, a impulsos de la Ex-Ministra Cristina Garmendia y del Ex-Lehendakari Patxi López, se firmaron convenios entre las administraciones y ,finalmente en septiembre de 2012, se creó la Fundación del Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento (CNIE) de acuerdo con el Instituto Carlos III del Ministerio de Economía y Competitividad, con un programa de investigación básica.

Esta inversión en I+D+i perseguía la búsqueda de tratamientos y medidas preventivas en salud, cambio de hábitos a tiempo de cara al envejecimiento para mejorar la calidad de vida de los mayores, retrasar la aparición de enfermedades crónicas, así como optimizar los servicios sociosanitarios que precisan las personas mayores para aportarles bienestar y mantener la autonomía en su entorno próximo.

El CNIE significaba un proyecto de ciencia e innovación tecnológica con el objetivo de generar conocimiento científico a compartir con otros centros de excelencia. Nacía para avanzar en la mitigación de las causas de envejecimiento y alargar la juventud celular y funcional como respuesta a las demandas de una sociedad vasca y española envejecidas. El CNIE actuaría tanto desde la investigación básica-traslacional, epidemiológica y clínica para prevenir y paliar las enfermedades y la fragilidad de las personas mayores, como desde la investigación en programas innovadores, instalaciones y dispositivos tecnológicos para mejorar la estancia en el domicilio y la asistencia en los servicios sociosanitarios.

Gipuzkoa ya tenía un importante camino recorrido por la existencia de centros de investigación asociados y de la Fundación Matía con la investigación psicosocial y sus servicios gerontológicos. A este núcleo de actividad en el sector del envejecimiento se habían ido incorporando otros: el Instituto de Investigación Sanitaria BioDonostia de la mano de Osakidetza, Inbiomed, Tecnalia-Fatronic, CITA-Alzhéimer, UPV, BioGune, BiomaGune, Vicomtech-IK4, IK4-CIDETEC, etc.

La ejecución de aquel ambicioso proyecto se frenó por la crisis económica-financiera, las restricciones presupuestarias aplicadas por el Gobierno Central -de las que no se ha librado el capítulo de inversiones en investigación- y el desapego de instituciones vascas como el Gobierno de Urkullu y la Diputación Foral en la etapa de Bildu.

Pasa el tiempo y creo que no podemos dejar morir un proyecto de investigación, no de hormigón, que accedería a fondos de la UE recién aprobados. De ahí que, como Diputado guipuzcoano, haya presentado una Proposición en el Congreso que defiende retomar con inmediatez la negociación entre instituciones para evitar la disolución del Patronato del CNIE y acometer, mediante un plan estratégico, el desarrollo de la memoria del proyecto desde un enfoque multidisciplinar en favor de un envejecimiento saludable y potenciación de la autonomía personal, actualizando sus funciones así como redimensionando sus costes iniciales.

El CNIE tendría como eje de impulso de un trabajo en red al Instituto de Investigación BioDonostia situado en el complejo hospitalario público de Gipuzkoa en el ámbito del Parque Tecnológico de Miramón. Pero es imprescindible formar un lobby en favor del CNIE de cara a lograr el apoyo decisivo de los Gobierno de España, Euskadi y Diputación, así como abordar un Cluster que permita formalizar una alianza estratégica competitiva de todos los sectores implicados en Euskadi en envejecimiento saludable.

Consecuencia del CNIE serán, además de obtener y aprovechar mejor la generación de conocimiento y atraer investigadores acreditados, una oferta de becas y puestos de trabajo que permitan incorporar a científicos universitarios, la creación de nuevos yacimientos de empleo y operaciones de negocio para las empresas tecnológicas en un sector de actividad económica con futuro.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

19 de junio de 2015 / Publicado en El Diario Vasco.