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Odón Elorza

Odón Elorza

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Proteger a los denunciantes de casos de corrupción.

Esta es una asignatura legal pendiente en un tiempo de descrédito de la vida política en el que la lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad para reforzar el estado democrático. Además, el avance de fenómenos políticos vinculados a la extrema derecha y a movimientos nacional-populistas, exigen reforzar el sistema democrático para recuperar la confianza ciudadana en sus instituciones.

De ahí la necesidad de dar un paso más. Se trata de favorecer las denuncias, sin perjuicio de su rigor y veracidad. Para ello se requiere abrir canales internos y externos para formularla, registros y procedimientos efectivos así como un sistema de protección eficaz, confidencial y seguro para garantizar al denunciante que no estará expuesto a represalias. Deberá crearse una autoridad competente e independiente que, en colaboración con otras instancias, actúe como receptora, acuerde medidas de protección, realice el seguimiento, la investigación y conducción o resolución de las denuncias.

El Parlamento Europeo, en octubre de 2019, aprobó la Directiva sobre la protección de las personas que informen de infracciones al Derecho de la Unión Europea. En ella, se expresa que la protección normativa de los denunciantes en la Unión se encuentra fragmentada en los diferentes Estados miembros y es desigual en los distintos ámbitos.

Las consecuencias de las infracciones con dimensión transfronteriza, de las que informan los denunciantes, muestran, dice la Directiva, “cómo una protección insuficiente en un Estado miembro no solo incide de forma negativa en el funcionamiento de las políticas de la Unión en ese Estado, sino que puede extenderse también a otros Estados y perjudicar a la Unión en su conjunto”.

La defensa del interés público y el bienestar de la sociedad guarda relación directa con la prevención y lucha contra la corrupción y cualquier otra actividad ilegal. Esto ha llevado a la UE a acordar una Directiva ambiciosa que establece las normas mínimas, a partir de las cuales es posible para los Estados miembros introducir o mantener disposiciones que sean más favorables para la persona que denuncia.

En su Artículo 26, la Directiva fija el plazo para la trasposición: “Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 17 de diciembre de 2021”. La trasposición no debe, en ninguna circunstancia, proporcionar una justificación para la disminución del nivel de protección de que ya gozaran los denunciantes en virtud del Derecho nacional en sus ámbitos de aplicación.

Al Gobierno de España le corresponde promover un texto normativo que permita la trasposición de la Directiva, lo que además es coherente con el Programa de regeneración democrática del Gobierno de coalición entre el PSOE y UNIDAS PODEMOS. En él se recoge que “aprobaremos una Ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un Estatuto del denunciante”.

En España, distintas asociaciones, organizaciones que trabajan contra la corrupción y en favor de la transparencia, expertos juristas y fuerzas políticas, han ido presentando diferentes propuestas de ley integral. Son iniciativas complejas relacionadas con la prevención y lucha contra la corrupción que incluyen, de modo destacado, la protección de los denunciantes y alertadores. Con estas aportaciones, el Congreso tiene material para afrontar la tarea legislativa de trasponer dicha Directiva europea mediante un proceso abierto a la participación y deliberación con las entidades que han realizado aportaciones.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

San Sebastián 22 de mayo de 2020 / Publicado en público.es 


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Yo me acuso.

Me acuso, en la parte que me toca, al considerar que en general los políticos no salimos bien parados tras el confinamiento. La actitud ejemplar y el buen trabajo de muchos profesionales  -desde enfermeras y médicos hasta el personal de supermercados y farmacias-, y el comportamiento disciplinado y solidario de la inmensa mayoría de la ciudadanía, me lleva a reflexionar sobre la actuación de políticos y partidos en esta crisis provocada por la COVID-19.

Afrontar una situación que deja miles de víctimas, muchas de ellas fallecidas en soledad, y a millones de familias sufriendo de ansiedad ante la incertidumbre de su futuro laboral y sus planes de vida, requiere de quienes nos dedicamos a la política un trabajo ejemplar y eficaz así como empatía social en las decisiones.

Las formas cuidadas de hacer política, la transparencia de cada uno de nuestros pasos, las tomas de posición pensando en el interés general, la rendición de cuentas y un diálogo para el entendimiento configuran un modelo de democracia parlamentaria exigible para superar una crisis múltiple, consecuencia de esta pandemia global. ¿Practicamos ese modelo?

Como político me pregunto si el liderazgo consiste en acertar a la hora de excitar la fibra emocional de “los nuestros” y si el ejercicio de la representación política se centra en manipular las cosas y lanzar discursos solo para desacreditar al adversario. Pensaba que, por el contrario, la política debía responder con ética desde la verdad que conocemos y llevar la calma y la confianza a propios y extraños.

También debo preguntarme si en todos nosotros prevalece la defensa del bien común frente al interés partidista, la responsabilidad política en la toma de decisiones por encima del cálculo electoral y la pura estrategia de poder, la negociación con rigor en lugar del cambalache como resultado de chantajear con el voto a la salud pública, la búsqueda de la unidad en vez del cultivo de la confrontación y el odio.

Las circunstancias nos obligan a trascender por un tiempo los papeles de gobierno y oposición ante la envergadura de los problemas surgidos, conscientes de que todos los gobiernos, no importa su color, tienen responsabilidades en la gestión del coronavirus.

No somos útiles si la gente está hoy más enfrentada y desconfía más de los partidos que antes del confinamiento. Porque sería una catástrofe para el sistema democrático si tras esta dramática experiencia no cambiáramos de actitud y no ofreciésemos credibilidad suficiente para sacar juntos a España del agujero. Por eso debemos dar continuidad a los acuerdos del Gobierno sobre las medidas sociales para las personas más vulnerables y las ayudas para la recuperación de los sectores económicos afectados.

Hay que reconstruir la política. En aplicación de las fases de la desescalada, quiero pensar que los políticos no seguiremos autoconfinados ni aumentará la distancia entre los partidos ni con los anhelos de la ciudadanía. En la comisión parlamentaria para la reconstrucción del país tenemos la última oportunidad.

 

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

San Sebastián, 28 de mayo de 2020 / Publicado en eldiario.es

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PNL sobre la trasposición de la Directiva Europea relativa a la protección de los denunciantes de casos de corrupción.

                              A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre “la transposición de la Directiva Europea relativa a la protección efectiva de los denunciantes de casos de corrupción”, para su debate en la Comisión Constitucional.

Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2020.

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 35-bgf

 

                                           EXPOSICION DE MOTIVOS :

La lucha contra la corrupción y los efectos que provoca en la credibilidad de la democracia, ha de constituir una prioridad para cualquier estado democrático. En un periodo de convulsión como el actual, ante el avance de determinados fenómenos políticos vinculados a la extrema derecha y a movimientos nacional-populistas, es preciso reforzar el sistema democrático para recuperar la plena confianza ciudadana en sus instituciones. De ahí la necesidad de dar un paso decisivo en la lucha integral contra la corrupción y proteger al denunciante o alertador de casos y situaciones de corrupción y fraude para proteger el interés general.

El pasado día 26 de noviembre de 2019, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Directiva (UE) 2019/1937, aprobada por el Parlamento Europeo el 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

La Directiva Europea expresa que “la protección de los denunciantes en la Unión se encuentra fragmentada en los diferentes Estados miembros y es desigual en los distintos ámbitos. Las consecuencias de las infracciones del Derecho de la Unión con dimensión transfronteriza de las que informan los denunciantes, muestran cómo una protección insuficiente en un Estado miembro no solo incide de forma negativa en el funcionamiento de las políticas de la Unión en ese Estado miembro, sino que puede extenderse también a otros Estados y a la Unión en su conjunto”.

De este modo, la existencia de una Directiva Europea garantiza unas normas mínimas comunes de aplicación que permitan una protección efectiva de los denunciantes en lo que respecta a aquellos actos y ámbitos en los que sea necesario reforzar la aplicación del Derecho, para evitar que la escasez de denuncias procedentes de denunciantes se convierta en un factor clave que impida esa aplicación, y las infracciones del Derecho de la Unión puedan provocar graves perjuicios al interés público.

La protección de los intereses públicos en los diferentes ámbitos de la Unión Europea guarda relación directa con la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, y ha llevado a la UE a acordar una Directiva. En ella, establece las normas mínimas, a partir de las cuales es posible para los Estados miembros introducir o mantener disposiciones que sean más favorables para el denunciante. La trasposición de la Directiva no debe, en ninguna circunstancia, proporcionar una justificación para la disminución del nivel de protección de que ya gozaran los denunciantes en virtud del Derecho nacional en sus ámbitos de aplicación.

Lo cierto es que el objetivo no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros actuando en solitario o de forma no coordinada, sino que, puede lograrse mejor a escala de la Unión estableciendo normas mínimas comunes para la protección de los denunciantes. Solo la acción de la UE puede aportar coherencia y armonizar las normas vigentes en los Estados sobre protección de los denunciantes, de acuerdo con el principio de subsidiaridad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

En su Artículo 26, la Directiva fija el plazo para que los Estados de la Unión aprueben la Transposición de la Directiva: “Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 17 de diciembre de 2021”.

La trasposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europea. Por tanto, mediante la promulgación de una Ley, en el plazo establecido para ello, España habrá incorporado a su ordenamiento interno y dado pleno cumplimiento a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

En España, distintas asociaciones, organizaciones que trabajan contra la corrupción y en favor de la transparencia, juristas expertos y fuerzas políticas, han presentado, en los últimos meses, diferentes propuestas de ley en materia de prevención y lucha contra la corrupción que incluyen de modo destacado la defensa de los denunciantes. Es importante que el Parlamento afronte la tarea legislativa de trasponer dicha directiva de protección al denunciante y alertadores y que impida todo tipo de represalias.

Por todo ello, el Gobierno de España ha de promover un texto normativo que cumpla con la trasposición de la Directiva de protección al denunciante aprobada en octubre del pasado año por la Unión Europea, lo que además es coherente con el Programa de regeneración democrática del Gobierno de coalición progresista, entre el PSOE y UNIDAS PODEMOS, el cual ya indica que “aprobaremos una Ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un Estatuto del denunciante”.

En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,

 

                                              PROPOSICIÓN NO DE LEY: 

 

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda, con celeridad, a iniciar la tramitación de una Ley que transponga la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, aprobada por el Parlamento Europeo el 23 de octubre de 2019, relativa al establecimiento de un sistema de protección a denunciantes y alertadores sobre casos de corrupción y fraude, mediante un proceso de participación y deliberación”. 


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Chantajes a la salud pública.

Algunos partidos han mostrado estas semanas su juego inmoral al exigir, para apoyar en el Congreso la prórroga del estado de alarma, unas demandas extrañas a la emergencia sanitaria en una actitud irresponsable a la hora de garantizar la vida de las personas en lucha colectiva contra la pandemia global. Otros partidos, lo que es aún peor, han exhibido un rechazo a colaborar con el Gobierno en una situación dramática.

El diputado Rufián, en nombre de ERC, señaló, entre otras, la condición de que el Gobierno pusiera fecha a una nueva reunión de la mesa de diálogo político sobre el conflicto en Cataluña. En el marco de una evidente disputa electoral entre independentistas, Junts per Catalunya exigía, por su parte, el reconocimiento (?) del Presidente de la Generalitat, Quim Torra. Bildu, en cambio, puso precio a su abstención al demandar del Gobierno un compromiso inmediato sobre la derogación integral de la reforma laboral.

El PNV también jugó hace quince días sus bazas partidistas, poniendo como una de sus condiciones la de poder convocar elecciones autonómicas en julio, por encima de las limitaciones que contemplara la vigencia del estado de alarma. Y hasta Baldoví, el respetado diputado de Compromís, expresó su "decepción" con el Gobierno durante el debate en el Congreso sobre la quinta prórroga del estado de alarma, por no querer concretar Pedro Sánchez la financiación que correspondería a la Comunidad Valenciana. 

Son reclamaciones y debates todas ellos inoportunos que nada tienen que ver con aspectos relacionados con la gestión y contenidos de las fases de la desescalada del confinamiento. Han querido aprovechar la necesidad de apoyos del Gobierno para tratar de sacar ventaja política en una demostración de irresponsabilidad en vez de priorizar la salud pública de la población.

Mientras, el PP optó directamente por votar en contra, con argumentos jurídicos insostenibles, contrarios a cualquier lógica democrática y al informe de la Abogacía del Estado. Casado, en su empeño por tapar los errores de Ayuso, se limitó a responder con una posición política destructiva, de la mano de la extrema derecha, VOX, para juntos acosar al Presidente Pedro Sánchez y bloquear decisiones políticas en medio de una grave crisis que afecta a todo el Estado. Una estrategia partidista que se traduce en fomentar el desorden y la confrontación.

Vivimos un tiempo en el que las fuerzas del populismo españolista apuestan por trasladar la tensión a la calle, con caceroladas y desfiles de banderas - presididas por un autobús a modo de gran fiesta futbolística- para tratar de tumbar al Gobierno de izquierdas. Por eso conviene recordar que el Parlamento es siempre el espacio más eficaz y democrático de la política para reforzar la legitimidad del Gobierno en la lucha contra el COVID-19 y para llamar a la ciudadanía a una gran tarea colectiva para salvar la vida y la economía del país. 

También en el Congreso debemos dar respuesta a quienes gritan que este Gobierno es ilegítimo, criminal y que ha implantado una dictadura constitucional, mientras exigen libertad y a la vez se manifiestan a sus anchas y con odio. Ahora, lo importante es trasladar a la calle un proyecto de colaboración en favor del interés general y de convivencia ciudadana.

A los chantajistas la historia les juzgará con severidad y les quitará toda credibilidad, porque no supieron estar a la altura de la responsabilidad exigible a sus partido en un momento histórico para España.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa.

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