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Odón Elorza

Odón Elorza

PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la puesta en marcha del procedimiento para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

                                            A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la puesta en marcha del procedimiento para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, para su debate en la Comisión Constitucional.

 

Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2022.

 

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ 

 

                                                          EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

El artículo 1.2 de la Constitución señala que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Previamente, el art. 1.1 de la CE afirma que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. El principio democrático de que todos los poderes deben tener su origen, directo o indirecto, en la voluntad del pueblo, auténtico titular de la soberanía, constituye uno de los fundamentos de nuestro sistema constitucional.

La necesaria legitimidad democrática de las instituciones explica que la propia Constitución otorgue a las Cortes Generales, que representan al pueblo español (art. 66 CE), la función de nombrar a los miembros juristas del Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE).

Por su parte, la Ley Orgánica del CGPJ de 2013 (art 567 y ss) atribuye al Parlamento la designación de los vocales togados. En tal sentido:

Artículo 567.

1. Los veinte Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica.

2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el Capítulo II del presente Título.

3. Podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos Jueces o Magistrados que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de quince años de experiencia profesional, teniendo en cuenta para ello tanto la antigüedad en la carrera judicial como los años de experiencia en otras profesiones jurídicas. Quien, deseando presentar su candidatura para ser designado Vocal, ocupare cargo incompatible con aquél según la legislación vigente, se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo si resultare elegido.

4. Las Cámaras designarán, asimismo, tres suplentes para cada uno de los turnos por los que se puede acceder a la designación como Vocal, fijándose el orden por el que deba procederse en caso de sustitución.

5. En ningún caso podrá recaer la designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial en Vocales del Consejo saliente.

Artículo 568.

1. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.

2. A tal efecto, y a fin de que las Cámaras puedan dar comienzo al proceso de renovación del Consejo, cuatro meses antes de la expiración del mencionado plazo, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dispondrá:

a) la remisión a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado de los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales obrantes en dicha fecha en el Consejo.

b) la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los Vocales correspondientes al turno judicial.

El Presidente del Tribunal Supremo dará cuenta al Pleno del Consejo General del Poder Judicial de los referidos actos en la primera sesión ordinaria que se celebre tras su realización “..

Además, para que dichos nombramientos de designación parlamentaria reflejen de manera más fiel la voluntad de la ciudadanía, tanto la Constitución como esta ley establecen la duración del mandato y las distintas mayorías reforzadas para proceder a designar a los miembros del CGPJ. El objetivo es que las personas candidatas nombradas lo sean de consenso, promoviendo así el necesario acuerdo plural entre partidos del gobierno y de la oposición.

Por tanto, una vez finalizado su mandato Las Cortes Generales tienen la obligación constitucional de proveer, mediante los procedimientos establecidos, la renovación de la composición del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, por una actitud persistente de bloqueo, se está impidiendo la renovación de un CGPJ que se encuentra en funciones desde hace más de tres años.

La fortaleza de una sociedad democrática requiere, como premisa, que la ciudadanía valore y confíe en sus instituciones. Pero es responsabilidad del Parlamento ganarse el respeto y la confianza de la sociedad. Difícilmente se podrá esperar de la ciudadanía este necesario respeto si las propias instituciones no se prestigian al incumplir las funciones que las normas disponen.

Lo que significa, entre otras cosas, cumplir los procedimientos y buenas prácticas de la democracia y afrontar sin más dilación la renovación de un órgano constitucional, como el CGPJ, en los plazos constitucional y legalmente establecidos. Y hacerlo con pleno respeto a los principios de separación de poderes, independencia e imparcialidad de los órganos judiciales, como elementos esenciales de un Estado de Derecho.

El Congreso y el Senado recibieron del presidente del CGPJ, hace más de tres años, la lista de 51 jueces y magistrados que habían obtenido el apoyo de sus asociaciones y colegas, como candidatos y candidatas, para someterse a una selección por el Parlamento de los doce vocales que corresponde al turno de jueces. Esta manera de configurar las candidaturas demuestra que el actual sistema de elección ya garantiza la participación en el proceso selectivo de quienes forman parte de la carrera judicial.

En cambio, para la elección de los ocho vocales del turno de juristas como miembros del CGPJ, el Parlamento debe seguir una metodología diferente que se inicia con la recepción, aún pendiente, de las candidaturas de juristas que han de presentar los grupos parlamentarios.  

Sin embargo, ni se ha activado la tramitación contemplada en el título XXII del Reglamento del Congreso sobre las propuestas de nombramientos ni se ha aplicado lo previsto en los artículos 567, 568 y 578 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estos artículos son, para las Mesas de Las Cortes, de referencia obligada para poner en marcha el procedimiento y adoptar las medidas necesarias para que la renovación del CGPJ se produzca en el plazo debido.

En todo caso, como requisito de partida, los 20 vocales del CGPJ a elegir deben reunir las condiciones referidas a sus méritos, capacidad e independencia y, por tanto, contar con garantías de imparcialidad en el ejercicio del cargo. De ahí que los procesos de selección exijan, por un lado, que la Mesa de cada Cámara efectúe la comprobación en la lista de aspirantes de que se dan los requisitos constitucionales para formar parte de los doce vocales del turno de jueces.

Por otra parte, corresponde a la Comisión Consultiva de Nombramientos efectuar los exámenes de idoneidad de los candidatos y candidatas que presentaran los grupos para el turno de los ocho vocales juristas, mediante entrevistas rigurosas de control. La Comisión Consultiva de Nombramientos es el órgano que ya intervino, recientemente, en el análisis de idoneidad de las personas candidatas al Tribunal Constitucional. Ese escenario debiera servir para deliberar y propiciar amplios consensos transversales que superen un mero reparto por cuotas partidistas.

Dichos acuerdos debieran ser promovidos por los buenos oficios de la Presidencia del Congreso y Senado, dirigidos a lograr el apoyo de una mayoría cualificada de 3/5 de las Cámaras, mayoría a respetar como expresión del pluralismo político.

Las Presidencias de ambas Cámaras, conforme al artículo 32,2 del Reglamento, tienen facultades para suplir las lagunas del Reglamento y dictar Resoluciones de Presidencia, como la aplicada en el año 2000 y aprobada por la Mesa del Congreso. Resoluciones que sirvan para aclarar y establecer los plazos de presentación de las candidaturas, ordenar las comparecencias en las reuniones de la Comisión Consultiva de Nombramientos que examina la idoneidad de las personas candidatas, favorecer mecanismos de deliberación y negociación y poner plazos para la proclamación de los diferentes vocales del CGPJ por parte del Pleno respectivo. Estas serían las claves para lograr hacer avanzar el proceso de elección. 

Esta es la metodología a seguir, sobre todo cuando se constata que la negociación externa al Parlamento no ha culminado con éxito después de una larga espera. No es admisible que se proponga inaplicar la ley sobre la elección del CGPJ que el propio Gobierno del PP aprobó con su mayoría absoluta mediante Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.

Sin embargo, el PP dice ahora querer cambiar el modelo de elección en favor de un sistema corporativista para que la elección de los doce vocales jueces y magistrados se realice por parte de los propios jueces, marginando al Parlamento e incumpliendo lo que establece la Ley Orgánica.

El bloqueo que ha sufrido la renovación de otros órganos constitucionales, hasta hace bien poco, ha producido un daño a la credibilidad del sistema democrático y a la legitimidad de las instituciones afectadas, así como un desgaste de la política ante la ciudadanía.

El Parlamento, en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho, no puede permitir por más tiempo la situación de bloqueo en la renovación del CGPJ. Por ello, la elección de los 20 nuevos vocales del poder judicial tiene que seguir, sin más dilación, el procedimiento contemplado en la Constitución, en el Reglamento del Congreso y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se trata de un órgano clave en la arquitectura de una democracia constitucional y cuya elección necesita de un amplio acuerdo transversal.  

En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,

 

                                                                PROPOSICIÓN NO DE LEY: 

 

“El Congreso acuerda solicitar la puesta en marcha del procedimiento recogido en el Título XXII del Reglamento del Congreso sobre nombramientos y en los artículos 567 y 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una ley que establece que el Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años y los Presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación de los 20 vocales de dicho Consejo se produzca en plazo.
Esta vía de deliberación y negociación parlamentaria deberá poner fin al largo bloqueo contrario a lo dispuesto por la Constitución y la Ley Orgánica. Para ello ha de iniciar un proceso riguroso de nombramientos protagonizado por el Parlamento, desde la máxima sensibilidad democrática, que vele por el cumplimiento entre las personas aspirantes de los requisitos de competencia, experiencia, integridad e independencia, de cara a garantizar la imparcialidad en el ejercicio del cargo por parte de quienes resulten elegidas para integrar el CGPJ”.

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Una renovación del CGPJ acordada en y por el Parlamento.

Para tratar de poner fin a la situación de bloqueo que ha provocado el PP durante más de tres años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se dispone de una vía de negociación centrada en el Parlamento. Es lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial pero que hasta ahora no se ha empleado para resolver esta burla a la democracia y a la Constitución.

Las Cortes tienen la obligación legal de proceder a tiempo para renovar el CGPJ. Los fundamentos y el procedimiento a seguir se recogen en el articulo 122 de la CE, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Título XXII del Reglamento del Congreso sobre nombramientos.

Así, el artículo 567 de la Ley Orgánica, aprobada en 2013 por una imposición del PP que sin embargo ahora quiere incumplir, dice que “cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial”. Por su parte, el 568 señala que “el CGPJ se renovará en su totalidad cada cinco años y los Presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”.

La habitual negociación entre el PSOE y el PP para lograr algo parecido a un reparto de cuotas en la elección de los 20 miembros del poder judicial ha fracasado. Hablamos de una solución poco transparente y visto por la sociedad con desconfianza, lo que aumenta la desafección ciudadana a los partidos.

Habrá que actuar con sensibilidad democrática y aportar plena legitimidad a las decisiones sobre una cuestión tan polémica como los nombramientos de los órganos constitucionales. En su elección se deben cumplir los requisitos de mérito, competencia y experiencia.

El Congreso y el Senado recibieron del presidente del CGPJ, en diciembre de 2018, la lista de 51 jueces y magistrados que habían obtenido el apoyo de sus asociaciones y colegas, como candidatos y candidatas, para someterse a una designación por el Parlamento de los doce vocales correspondientes al turno de jueces. Esto demuestra que el actual sistema de elección ya garantiza la participación de quienes forman parte de la carrera judicial.

El conflicto institucional debe acabar y el Parlamento ha de tomar la iniciativa. La nueva vía será compleja pero debe ensayarse una metodología basada en el diálogo y la búsqueda del consenso transversal. Una metodología a impulsar por las Presidencias y Mesas del Congreso y Senado, a la que habrá que sumar la participación e implicación de los Portavoces de todos los Grupos.

Las candidaturas a presentar en el Parlamento serían públicas y estarían valoradas por la prensa y la opinión pública. Pero se debería mejorar el trámite parlamentario que sirvió para la polémica elección de Enrique Arnaldo, entre otras personas, como miembro del Tribunal Constitucional. Se trata de perfeccionar los mecanismos de deliberación y negociación entre los Portavoces y que se cumpla la función de control y evaluación por la Comisión Consultiva de Nombramientos.

Si el PP no participase en la presentación de candidatos y en el proceso de negociación posterior, quedaría más en evidencia que no juega limpio. Lo mismo sucedería a quienes hicieran propuestas a favor de personas no independientes que no garantizasen la imparcialidad del organismo.

Ya sabemos que la interlocución y el consenso con el PP son muy difíciles. Pero la puesta en marcha de la vía de negociación parlamentaria no puede esperar cuando ya se ha constatado que la negociación ajena al Parlamento no culmina con éxito. Además, se podrá avanzar en la regeneración democrática y en la separación de poderes.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE por Gipuzkoa

San Sebastián, 29 de mayo de 2022 / Publicado en La Hora Digital

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PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la reforma del Reglamento del Congreso. Por un nuevo modelo parlamentario.

                                            A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la reforma del Reglamento del Congreso, para su debate en Pleno.

 

Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2022.

 

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

                                                         EXPOSICION DE MOTIVOS :

 

La reforma del Reglamento del Congreso sigue siendo una asignatura pendiente en el marco de una regeneración institucional que sirva para adecuar el funcionamiento de la Cámara a los requerimientos de un Parlamento Abierto y reforzado en su función deliberativa, legislativa y de control. Un Congreso de la representación ciudadana, innovador y conectado a un proceso continuado de transformación de sus técnicas de organización y funcionamiento. Un Congreso abierto en este siglo XXI a una democracia de participación que fortalezca su legitimidad, abierto a la plena incorporación de las TIC y a la transparencia.

La Constitución expresa en su preámbulo que la Nación española proclama su voluntad de “establecer una sociedad democrática avanzada”. El artículo 66 señala que las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

El artículo 23 reconoce que la ciudadanía tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, y el artículo 67.2 indica que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

Por su parte, el artículo 72 establece que las Cámaras del Congreso y Senado regulan su funcionamiento por medio de sus propios Reglamentos y su reforma requerirá la mayoría absoluta. El artículo 77 de la Constitución regula el derecho de petición ante las Cámaras Legislativas.

Pues bien, en el Congreso, institución central de nuestra democracia, se celebraron recientemente unas Jornadas Parlamentarias con ocasión del 40 aniversario de su Reglamento. Fueron organizadas por acreditadas entidades de estudios políticos y universidades y han contado con la participación de expertos de alto nivel. Entre las personas que analizaron la vigencia del Reglamento intervinieron las letradas y letrados de la Cámara.

La opinión generalizada fue favorable a proceder a una reforma en profundidad del Reglamento del Congreso. La reforma debería dar respuesta a las amenazas y desafíos que ha de afrontar una democracia representativa en la sociedad del siglo XXI para mejorar la relación entre representantes y representados y aprovechar las enormes potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías en tareas de información, participación en la deliberación y toma de decisiones así como en la transparencia.

En las intervenciones de las Jornadas se extendió la idea de que fortalecer el papel de un Parlamento Abierto es muy útil para la regeneración de la vida política y la calidad de la democracia, así como para reforzar las reglas de funcionamiento democrático de la Cámara, el principio de la separación de poderes y el respeto al pluralismo.  

El Congreso, al ser la institución más representativa de la democracia y el centro de la vida política española, es quien más puede hacer por transitar la vía hacia una democracia avanzada, como establece la Constitución. Por tanto, es obligación de quienes formamos parte del Congreso promover los trabajos parlamentarios que permitan alcanzar un amplio y necesario consenso en torno a las reformas que precisa su Reglamento y que las Jornadas fueron desgranando. Desde luego hay que intentarlo.

De esa manera, el Congreso daría respuesta a los retos de una democracia representativa que ya no se entiende como una mera delegación del voto de los electores durante cuatro años en los diputados y diputadas electas. La sociedad demanda más agilidad en las respuestas legislativas, más cauces de participación y garantías de integridad y transparencia. Con la reforma del Reglamento se ganará en prestigio y credibilidad, tanto el Congreso como los Diputados, ante la desafección ciudadana hacia los políticos y las instituciones.

El Reglamento del Congreso fue aprobado en 1982 y, desde entonces, solo se ha reformado para cuestiones puntuales y aprobado normas complementarias. La espera de una reforma se hace larga pero para abordar la tarea no se parte de cero. A lo largo de estos años han sido numerosas las organizaciones, entidades y expertos que han reflexionado sobre las carencias de nuestro sistema parlamentario, aportando estudios, publicaciones y propuestas concretas de gran interés para contribuir a sentar las bases de un nuevo modelo parlamentario en España.  

Una reforma a fondo del Reglamento podría conllevar la incorporación de nuevos capítulos y disposiciones sobre diferentes materias. Señalaremos en cinco bloques, a modo indicativo, algunas posibles temáticas a desarrollar:

A) Sobre el funcionamiento de la Cámara:

Condiciones para la constitución de los grupos parlamentarios; normas de funcionamiento del grupo mixto; regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones de excepcionalidad; regulación definitiva de las Comisiones de Investigación; reforzamiento del papel de la Comisión Consultiva de Nombramientos sobre miembros de órganos constitucionales; fijar las situaciones posibles de no presencialidad para la celebración de Plenos, Comisiones y comparecencias así como delimitar los casos para la emisión del voto por vía telemática con garantías de seguridad; ampliación de derechos y de autonomía para los diputados a título individual; creación en el Congreso de la Oficina -presencial y virtual- de participación y atención ciudadana; incorporación al Reglamento de cuestiones que hasta ahora vienen reguladas por otras vías -como acuerdos de la Mesa o resoluciones de la Presidencia - lo que redundará en un importante incremento de la seguridad jurídica; extensión al mes de julio el periodo hábil de sesiones; regular las Audiencias en Comisiones de representantes de organizaciones, expertos y agentes sociales, en especial para el caso de tramitación de leyes en las que tengan interés y afección directas; reformular el sentido y aplicaciones en desarrollo del Derecho de Petición del art. 77 de la Constitución para facilitar su ejercicio en una Comisión Permanente de Peticiones (escaño 351); etc.

B) Sobre la función legislativa:

Revisión de los procedimientos de tramitación legislativa en Pleno y Ponencia, en especial en los casos de procedimiento abreviado; límite a las ampliaciones sucesivas de plazos para la presentación de enmiendas a las iniciativas legislativas; garantizar la calidad técnica de las leyes; limitaciones al uso de los decretos leyes y su régimen de tramitación; procesos de audiencias y comparecencias de organizaciones de la sociedad civil y expertos de cara su participación en la tarea de producción legislativa; ofrecer la huella legislativa sobre la trazabilidad de las leyes así como el seguimiento y evaluación de su impacto y eficacia, en un plazo, para ver su adecuación al objeto perseguido; facilitar el uso y tramitación de las iniciativas legislativas populares; etc.

C) Sobre los mecanismos de control al gobierno:

Perfeccionar los mecanismos de control parlamentario sobre la acción del Gobierno, revisando, entre otras medidas, el actual sistema de las Preguntas Orales de control en el Pleno y permitiendo presentar Interpelaciones también al Presidente del Gobierno; seguimiento y evaluación anual del grado de cumplimiento de las PNL’s y Mociones aprobadas; concreción de las respuestas a las Preguntas escritas; formalizar la celebración anual de un debate sobre política general (El estado de la nación); regulación de los plazos de comparecencias de los integrantes del gobierno; fórmulas para la rendición de cuentas de los diversos organismos constitucionales, reguladores y supervisores vinculados al Congreso; etc.

D) Sobre las reglas éticas y de integridad parlamentaria:

Ampliar la concreción de los datos en la Declaración de ingresos, bienes y actividades de los parlamentarios para controlar posibles conflictos de intereses, seguida de una labor de comprobación por las instancias de la Cámara; añadir al Código Ético las buenas prácticas parlamentarias y un capítulo de sanciones para los incumplimientos y conductas indebidas; regulación de los lobbies o grupos de interés para que actúen con transparencia; revisar el régimen de dedicación y retributivo de los diputados, de las subvenciones a los Grupos y de los recursos de apoyo al trabajo de los Grupos y Diputados; obligación de una rendición anual de cuentas por parte de los diputados en la web del Congreso o en una web propia de cada diputado; etc.  

E) Sobre las herramientas y aplicaciones tecnológicas para la participación y transparencia:

Definir las funciones de la nueva página web del Congreso y del Canal Parlamento de televisión; utilización de las herramientas tecnológicas para favorecer la transparencia informativa mediante la publicidad activa y el derecho de acceso a la información; creía una nueva herramienta de participación on line en la web del Congreso, aplicable también al inicio de una tramitación legislativa para recoger las aportaciones de organizaciones y de la ciudadanía, valoradas en una memoria; aplicaciones en la web oficial para facilitar la interacción de los diputados con los electores como otro cauce para la participación; facilitar el acceso de la ciudadanía a la web del Congreso y la comprensión de la información legislativa, desde la presentación de una ley hasta el seguimiento de su tramitación y aprobación; creación de una oficina de participación y atención ciudadana en el Congreso; publicación de las agendas públicas completas de los diputados; acceso fácil a toda la documentación y vídeos dispuestos en la web que informan de los trabajos, debates y acuerdos de los Plenos, Mesa y Comisiones; etc.

En definitiva, a la vista del funcionamiento que ha de seguir un Parlamento Abierto ejemplar, de las lagunas detectadas y las carencias observadas con ocasión de la pandemia y en contraste con otros Parlamentos, la reforma del Reglamento es una urgente necesidad que contribuirá a incrementar la credibilidad del Parlamento y a la cohabitación entre democracia representativa y democracia participativa.

Esta tarea se verá impulsada por las aportaciones de los letrados de la Cámara en un documento de bases, abierto y riguroso, dirigido a la Presidencia del Congreso, a la Comisión de Reglamento y a la Ponencia que se constituya para deliberar y tratar de consensuar la dimensión y contenidos de la reforma del Reglamento. Este proceso de trabajo ha de contar también con la comparecencia en la Comisión de Reglamento de aquellas organizaciones y expertos que puedan enriquecer la deliberación.  

 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:    


                                                                   PROPOSICIÓN NO DE LEY

   

“El Congreso de los Diputados acuerda afrontar la reforma integral de su Reglamento para reforzar el papel del Parlamento en la vida política española y mejorar su funcionamiento; en especial en las tareas legislativas, de control al gobierno, integridad institucional, accesibilidad a la información mediante las TIC, participación ciudadana y relación con la sociedad.

Para ello, se contará con un documento de bases sobre la reforma elaborado por letrados y letradas de la Cámara de cara a la puesta en marcha de los trabajos de una Ponencia que haga posible una reforma consensuada del Reglamento para avanzar en la democracia parlamentaria.”      

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Un nuevo modelo parlamentario para reforzar la democracia.

La reforma del Reglamento del Congreso sigue siendo una asignatura pendiente entre las medidas de regeneración institucional que sirva para adaptar el funcionamiento de la Cámara a las exigencias de un Parlamento reforzado en su función deliberativa, legislativa y de control.

Necesitamos un Congreso de representación ciudadana que sea innovador y esté conectado a un proceso de transformación de sus sistemas de organización y funcionamiento. Un Congreso abierto a una democracia de participación que fortalezca su legitimidad, abierto a la plena incorporación de las TIC y a la transparencia.

La Constitución expresa en su preámbulo que la Nación española proclama su voluntad de “establecer una sociedad democrática avanzada”. El artículo 23 reconoce que la ciudadanía tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, y el artículo 67.2 indica que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

Por su parte, el artículo 72 establece que las Cámaras del Congreso y Senado regulan su funcionamiento por medio de sus propios Reglamentos y su reforma requerirá la mayoría absoluta. El artículo 77 de la Constitución regula el derecho de petición ante las Cámaras Legislativas.

En el Congreso, institución central de nuestra vida democrática, se han celebrado recientemente unas Jornadas Parlamentarias con ocasión del 40 aniversario de su Reglamento. La opinión generalizada de las personas expertas intervinientes fue favorable a proceder a una reforma en profundidad de las actuales regles de juego parlamentario. Porque la reforma debería dar respuesta a las amenazas y desafíos que ha de afrontar una democracia representativa en la sociedad del siglo XXI para mejorar la relación entre representantes y representados, recuperar prestigio y aprovechar las enormes potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

En las intervenciones de las Jornadas se extendió la idea de que fortalecer el papel de un Parlamento Abierto es muy útil para la regeneración de la vida política y la calidad de la democracia, así como para reforzar las reglas de funcionamiento democrático de la Cámara, el principio de la separación de poderes y el respeto al pluralismo.

El Congreso es quien más puede hacer por transitar la vía hacia una democracia avanzada, como señala en su preámbulo la Constitución. Por tanto, es obligación de quienes nos sentamos en sus escaños promover los trabajos parlamentarios que permitan alcanzar un amplio y necesario consenso en torno a las reformas que precisa el Reglamento y que las Jornadas fueron desgranando. Desde luego no hay excusas para no intentarlo.

El funcionamiento del Congreso tiene que dar respuesta a los retos de una democracia representativa que ya no se entiende como una mera delegación del voto de los electores durante cuatro años en los diputados y diputadas electas. La sociedad demanda más agilidad en las respuestas legislativas, más cauces de participación y garantías de integridad y transparencia. Con la reforma del Reglamento ganarán en credibilidad tanto el Congreso como los Diputados ante la desafección ciudadana hacia políticos e instituciones.

El Reglamento fue aprobado en 1982 y, desde entonces, solo se ha reformado para cuestiones puntuales. La espera de una reforma se hace larga pero para abordar la tarea no se parte de cero. A lo largo de estos años han sido numerosas las organizaciones, entidades y expertos que han reflexionado sobre las carencias de nuestro sistema parlamentario, aportando estudios, publicaciones y propuestas concretas de gran interés para contribuir a sentar las bases de un nuevo modelo parlamentario en España.    

Una reforma a fondo del Reglamento podría conllevar la incorporación de nuevos capítulos y disposiciones sobre diferentes materias que podemos resumir en cinco bloques:

 

A ) Sobre el funcionamiento de la Cámara: Fijar las condiciones para la constitución de los grupos parlamentarios; normas de funcionamiento del grupo mixto; regulación del funcionamiento del Congreso en situaciones de excepcionalidad; regulación definitiva de las Comisiones de Investigación; reforzamiento del papel de la Comisión Consultiva de Nombramientos sobre miembros de órganos constitucionales; fijar las situaciones posibles de no presencialidad para la celebración de Plenos, Comisiones y comparecencias, así como delimitar los casos para la emisión del voto por vía telemática con garantías de seguridad; ampliación de derechos y de autonomía para los diputados a título individual; creación en el Congreso de la Oficina -presencial y virtual- de participación y atención ciudadana; incorporación al Reglamento de cuestiones que hasta ahora vienen reguladas por otras vías -como acuerdos de la Mesa o resoluciones de la Presidencia- lo que redundará en un importante incremento de la seguridad jurídica; extensión al mes de julio el periodo hábil de sesiones; regular las Audiencias en Comisiones de representantes de organizaciones, expertos y agentes sociales, en especial para el caso de tramitación de leyes en las que tengan interés y afección directa; reformular el sentido y aplicaciones en desarrollo del Derecho de Petición del art. 77 de la Constitución para facilitar su ejercicio en una Comisión Permanente de Peticiones (escaño 351); etc.

B) Sobre la función legislativa: Revisar los procedimientos de tramitación legislativa en Pleno y Ponencia, en especial en los casos de procedimiento abreviado; limitar las ampliaciones sucesivas de plazos para la presentación de enmiendas a las iniciativas legislativas; garantizar la calidad técnica de las leyes; limitaciones al uso de los decretos leyes y su régimen de tramitación; procesos de audiencias y comparecencias de organizaciones de la sociedad civil y expertos de cara su participación en la tarea de producción legislativa; ofrecer la huella legislativa sobre la trazabilidad de las leyes así como el seguimiento y evaluación de su impacto y eficacia, en un plazo, para ver su adecuación al objeto perseguido; facilitar el uso y tramitación de las iniciativas legislativas populares; etc.

C ) Sobre los mecanismos de control al gobierno: Perfeccionar los mecanismos de control parlamentario sobre la acción del Gobierno, revisando, entre otras medidas, el actual sistema de las Preguntas Orales de control en el Pleno y permitiendo presentar Interpelaciones también al Presidente del Gobierno; seguimiento y evaluación anual del grado de cumplimiento de las PNL’s y Mociones aprobadas; concreción de las respuestas a las Preguntas escritas; formalizar la celebración anual de un debate sobre política general (El estado de la nación); regulación de los plazos de comparecencias de los integrantes del gobierno; fórmulas para la rendición de cuentas de los diversos organismos constitucionales, reguladores y supervisores vinculados al Congreso; etc.  

D ) Sobre las reglas éticas y de integridad parlamentaria: Ampliar la concreción de los datos en la Declaración de ingresos, bienes y actividades de los parlamentarios para controlar posibles conflictos de intereses, seguida de una labor de comprobación por las instancias de la Cámara; añadir al Código Ético las buenas prácticas parlamentarias y un capítulo de sanciones para los incumplimientos y conductas indebidas; regulación de los lobbies o grupos de interés para que actúen con transparencia; revisar el régimen de dedicación y retributivo de los diputados, de las subvenciones a los Grupos y de los recursos de apoyo al trabajo de los Grupos y Diputados; obligación de una rendición anual de cuentas por parte de los diputados en la web del Congreso o en una web propia de cada diputado; etc.  

E ) Sobre las herramientas y aplicaciones tecnológicas para la participación y transparencia: Definir las funciones de la nueva página web del Congreso y del Canal Parlamento de televisión; utilización de las herramientas tecnológicas para favorecer la transparencia informativa mediante la publicidad activa y el derecho de acceso a la información; creía una nueva herramienta de participación on line en la web del Congreso, aplicable también al inicio de una tramitación legislativa para recoger las aportaciones de organizaciones y de la ciudadanía, valoradas en una memoria; aplicaciones en la web oficial para facilitar la interacción de los diputados con los electores como otro cauce para la participación; facilitar el acceso de la ciudadanía a la web del Congreso y la comprensión de la información legislativa, desde la presentación de una ley hasta el seguimiento de su tramitación y aprobación; creación de una oficina de participación y atención ciudadana en el Congreso; publicación de las agendas públicas completas de los diputados; acceso fácil a toda la documentación y vídeos dispuestos en la web que informan de los trabajos, debates y acuerdos de los Plenos, Mesa y Comisiones; etc.

En definitiva, conscientes del funcionamiento que ha de seguir un Parlamento Abierto, a la vista de las lagunas detectadas y las carencias observadas con ocasión de la pandemia y en contraste con los cambios en otros Parlamentos, la reforma del Reglamento es una urgente necesidad que contribuirá a perfeccionar la función parlamentaria y a la cohabitación entre democracia representativa y democracia participativa.

Esta tarea se verá impulsada por las aportaciones de los letrados y letradas de la Cámara en un documento de bases, abierto y riguroso, dirigido a la Presidencia del Congreso, a la Comisión de Reglamento y a la Ponencia que se constituya para deliberar y tratar de consensuar la dimensión y contenidos de la reforma del Reglamento. Este proceso de trabajo ha de contar también con la comparecencia en la Comisión de Reglamento de aquellas organizaciones y expertos que puedan enriquecer la deliberación para avanzar en la democracia parlamentaria.  

 

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

San Sebastián, 22 de mayo de 2022 / Publicado por ethic.es  

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