Proposición tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el Convenio de Pesca con Marruecos y el conflicto del Sáhara.
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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY en relación con “la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos y la resolución del conflicto del Sáhara Occidental” para su debate en el PLENO o en COMISIÓN.
En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 27 de febrero de 2018.
EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Acuerdo de Pesca firmado en 2013 entre la Unión Europea y Marruecos, que afecta a aguas jurisdiccionales del Sahara Occidental, lleva años sometido a controversias si tenemos en cuenta los informes jurídicos de diferentes estamentos de la UE que lo cuestionan o rechazan. Es el caso de instancias jurídicas de la UE, la propia Eurocámara, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Sentencia de la Corte de Justicia de Luxemburgo.
La justicia europea, por medio del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, establece hoy en su Sentencia que un Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos no puede aplicarse al ámbito de las aguas pertenecientes al Sahara Occidental. O lo que es lo mismo, que Marruecos, con la complicidad de la UE y en especial España -que hacen la vista gorda- no puede explotar los recursos naturales que solo pertenecen al Pueblo Saharaui.
Esta condición restrictiva es coherente con los Tratados de la UE que se apoyan en el Derecho Internacional y en las Resoluciones de la ONU sobre el derecho a la libre autodeterminación del Pueblo Saharaui. La decisión supone una victoria moral y política para el Frente Polisario y las organizaciones solidarias que defienden la causa del Pueblo Saharaui que vive en el Sáhara Occidental, territorio de la antigua colonia española hasta la invasión por Marruecos con “la marcha verde” en 1975.
Lo cierto es que Marruecos lleva años explotando el banco de pesca sahariano como precisaba el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE que señalaba en su dictamen que “en la actualidad, un 91% de las capturas de pesca europeas se producen en esa extensa zona”. En este sentido, el Acuerdo citado ya recogía en su protocolo las coordenadas pertenecientes a las aguas saharauis.
La Sentencia del TJUE no se atreve a denunciar esos abusos y en consecuencia a llegar hasta el final, como proponía hace dos meses en su dictamen el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Melchior Wathelet, solicitando la anulación del Acuerdo. Es de suponer que las maniobras de la diplomacia europea y los intereses del Consejo Europeo han surtido finalmente efecto. La importancia geoestratégica que ha adquirido Marruecos como herramienta de freno de la UE ante el fenómeno de la emigración subsahariana y el avance en Africa del terrorismo yihadista estarían detrás de la preocupación de diferentes Estados europeos.
La Sentencia sí deja claro que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y a la vez asegura la validez del Acuerdo de Pesca por el que los barcos europeos pueden faenar en aguas marroquíes. Aunque obliga a garantizar que esas actividades no se produzcan en las aguas adyacentes al Sahara, cuya titularidad reclama el Frente Polisario y que la ONU le reconoce como derecho.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY.
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1- Adoptar las medidas precisas de carácter político, diplomático y económico para la mejor defensa de los intereses económicos de España en el sector de la pesca, velando por la estricta aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y aportando a la población saharaui y a las empresas españolas que operan en el Sáhara Occidental las garantías del cumplimiento del Derecho Internacional; todo ello en favor de la seguridad jurídica, el desarrollo económico de la zona y la estabilidad política.
2- Desarrollar ante la ONU y la UE las iniciativas necesarias para asistir a las partes en conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, en la búsqueda de una solución definitiva que prevea el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, a la vista de la Sentencia de la Corte de Luxemburgo y de conformidad con los principios y resoluciones de la Carta de Naciones Unidas sobre el Sáhara”.