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Nuestro Parlamento necesita un Código Ético. (Mi Ponencia en el Congreso Internacional de Transparencia)

1. Para dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de transparencia que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo del Consejo de Europa, realizó al legislativo español hace más de cinco años, el Parlamento debe contar con un Código Ético. Este ha de establecer la obligación de detallar las Declaraciones de bienes y actividades de los parlamentarios, regular los procedimientos internos de control para evitar conductas deshonestas o conflictos de intereses y señalar las buenas prácticas a seguir en el ejercicio del cargo público. Un Código Ético significa un conjunto de principios, valores y reglas de comportamiento a cumplir por los parlamentarios que ha de incorporarse, como anexo, al Reglamento del Congreso.

Con diferentes iniciativas, como Diputado, he venido planteando, en años anteriores, la necesidad de aprobar un Código Ético para el Parlamento así como la reforma del Reglamento del Congreso. En este caso para lograr un Congreso abierto, más eficaz en sus funciones de producción legislativa y control al gobierno de turno, más participativo, transparente, accesible a la información sobre actividades y acuerdos y conectado para interactuar también desde las TIC.

2. Desde julio, el Congreso y el Senado trabajan en un "código de conducta" que sea común para los parlamentarios. Los secretarios generales de ambas Cámaras refundirán el documento del Congreso en vigor y un borrador que se elaboró la pasada legislatura en el Senado. A finales de septiembre sería remitido al estudio de los Grupos para su evaluación, debate y posterior aprobación por consenso.

El texto aprobado, a última hora, en la anterior legislatura por quien fuera Presidenta del Congreso, Ana Pastor, no cumplía ni con un procedimiento correcto de elaboración y aprobación ni era idóneo por sus carencias.

3. El Código tiene que reforzar la obligación de los parlamentarios de detallar en su Declaración pública, en la web de la Cámara, sus ingresos, bienes patrimoniales, préstamos, trabajos desempeñados anteriormente, otras actividades desempeñadas en la actualidad, participación en sociedades o posesión concreta de acciones. El objetivo es evitar posibles conflictos de intereses. Exige la máxima transparencia y por tanto concreción en la Declaración que será luego objeto de revisión y control.

Ha de presentarse al comienzo y final de un mandato y con una certificación de Hacienda sobre la situación patrimonial de cada parlamentario y si está al día en sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. Así mismo, en diciembre de cada año han de proceder a actualizar dicha Declaración, además de añadir la correspondiente al IRPF.

4. El Código ha de proponer la creación de la Oficina de Conflicto de Intereses que tendrá funciones de comprobación de la veracidad, seguimiento y control efectivo de las declaraciones recogidas en el Registro de Intereses. Todo ello con la ayuda de los servicios jurídicos de la Cámara. Esa comprobación se efectuará sobre la dedicación exclusiva al Parlamento y las actividades desempeñadas que cuenten con una excepción de compatibilidad así como sobre los bienes e intereses de todo tipo que hayan sido declarados.

Las Comisiones del Estatuto de Diputados y Senadores serán competentes para la instrucción de procedimientos por infracción de la obligación de declarar con exactitud las actividades, los bienes patrimoniales y las rentas y elevarán sus propuestas de sanción a las Mesas de las Cámaras que decidirán.

5. Entre las buenas prácticas parlamentarias que debiera recoger el Código destaco la obligación de hacer publicas en el Portal de Transparencia de las Cámaras las Agendas diarias de trabajo institucional, la celebración de encuentros con la ciudadanía y colectivos por parte de los parlamentarios, conducta a seguir en los trabajos e intervenciones en las Cámaras, dedicación intensa a sus funciones, abrir a la participación ciudadana sus trabajos e iniciativas de modo inclusivo, accesibilidad física y tecnológica (en este caso mediante un blog) a los parlamentario por parte de los electores y una rendición periódica de cuentas a nivel general y en su circunscripción.

6. El Código, en defensa del principio de transparencia, ha de entrar a regular los lobbys con la creación de un registro público en el que deberán inscribirse los grupos de interés/presión o lobbys para hacer públicas todas sus actividades y someterse a regulación y control, así como su conducta en las relaciones con los grupos y miembros del Congreso y Senado. Se creará una instancia de supervisión del registro y de señalamiento de sanciones ante posibles incumplimientos de las reglas de conducta establecidas.  

7. El contenido del Código de conducta será accesible al público y establecerá la transparencia de las retribuciones individualizadas de los parlamentarios, las asignaciones a los Grupos así como las reprobaciones y medidas de recomendación dirigidas a quienes lo incumplan.

Se elaborará mediante un proceso de autorregulación y participación de los parlamentarios en su redacción para lograr un consenso y creará una vía institucional de asesoramiento para los casos de duda; lo mismo que una vía de denuncias ciudadanas.

8. El objetivo final del Código es prevenir la corrupción y ayudar a garantizar la integridad institucional. Se trata de conseguir un funcionamiento ético del Parlamento y un comportamiento íntegro y transparente de diputados y senadores para recuperar la confianza ciudadana y el prestigio de una institución que representa a la soberanía popular.

Ayudará a mejorar los procesos de rendición de cuentas y a actuar con honestidad y respeto a la ley, desarrollando en los políticos la conciencia de una ética pública y de una cultura de gestión responsable al servicio del interés general.

 

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

San Sebastián, 30 de septiembre de 2019 / Comunicación que presento al Congreso Internacional de Transparencia en Málaga.

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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