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PNL sobre la trasposición de la Directiva Europea relativa a la protección de los denunciantes y alertadores de casos de corrupción.

                              A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre “la transposición de la Directiva Europea relativa a la protección efectiva de los denunciantes de casos de corrupción”, para su debate en la Comisión Constitucional.

Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2020.

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 35-bgf

 

                                           EXPOSICION DE MOTIVOS :

La lucha contra la corrupción y los efectos que provoca en la credibilidad de la democracia, ha de constituir una prioridad para cualquier estado democrático. En un periodo de convulsión como el actual, ante el avance de determinados fenómenos políticos vinculados a la extrema derecha y a movimientos nacional-populistas, es preciso reforzar el sistema democrático para recuperar la plena confianza ciudadana en sus instituciones. De ahí la necesidad de dar un paso decisivo en la lucha integral contra la corrupción y proteger al denunciante o alertador de casos y situaciones de corrupción y fraude para proteger el interés general.

El pasado día 26 de noviembre de 2019, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Directiva (UE) 2019/1937, aprobada por el Parlamento Europeo el 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

La Directiva Europea expresa que “la protección de los denunciantes en la Unión se encuentra fragmentada en los diferentes Estados miembros y es desigual en los distintos ámbitos. Las consecuencias de las infracciones del Derecho de la Unión con dimensión transfronteriza de las que informan los denunciantes, muestran cómo una protección insuficiente en un Estado miembro no solo incide de forma negativa en el funcionamiento de las políticas de la Unión en ese Estado miembro, sino que puede extenderse también a otros Estados y a la Unión en su conjunto”.

De este modo, la existencia de una Directiva Europea garantiza unas normas mínimas comunes de aplicación que permitan una protección efectiva de los denunciantes en lo que respecta a aquellos actos y ámbitos en los que sea necesario reforzar la aplicación del Derecho, para evitar que la escasez de denuncias procedentes de denunciantes se convierta en un factor clave que impida esa aplicación, y las infracciones del Derecho de la Unión puedan provocar graves perjuicios al interés público.

La protección de los intereses públicos en los diferentes ámbitos de la Unión Europea guarda relación directa con la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, y ha llevado a la UE a acordar una Directiva. En ella, establece las normas mínimas, a partir de las cuales es posible para los Estados miembros introducir o mantener disposiciones que sean más favorables para el denunciante. La trasposición de la Directiva no debe, en ninguna circunstancia, proporcionar una justificación para la disminución del nivel de protección de que ya gozaran los denunciantes en virtud del Derecho nacional en sus ámbitos de aplicación.

Lo cierto es que el objetivo no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros actuando en solitario o de forma no coordinada, sino que, puede lograrse mejor a escala de la Unión estableciendo normas mínimas comunes para la protección de los denunciantes. Solo la acción de la UE puede aportar coherencia y armonizar las normas vigentes en los Estados sobre protección de los denunciantes, de acuerdo con el principio de subsidiaridad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

En su Artículo 26, la Directiva fija el plazo para que los Estados de la Unión aprueben la Transposición de la Directiva: “Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 17 de diciembre de 2021”.

La trasposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europea. Por tanto, mediante la promulgación de una Ley, en el plazo establecido para ello, España habrá incorporado a su ordenamiento interno y dado pleno cumplimiento a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

En España, distintas asociaciones, organizaciones que trabajan contra la corrupción y en favor de la transparencia, juristas expertos y fuerzas políticas, han presentado, en los últimos meses, diferentes propuestas de ley en materia de prevención y lucha contra la corrupción que incluyen de modo destacado la defensa de los denunciantes. Es importante que el Parlamento afronte la tarea legislativa de trasponer dicha directiva de protección al denunciante y alertadores y que impida todo tipo de represalias.

Por todo ello, el Gobierno de España ha de promover un texto normativo que cumpla con la trasposición de la Directiva de protección al denunciante aprobada en octubre del pasado año por la Unión Europea, lo que además es coherente con el Programa de regeneración democrática del Gobierno de coalición progresista, entre el PSOE y UNIDAS PODEMOS, el cual ya indica que “aprobaremos una Ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un Estatuto del denunciante”.

En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,

 

                                              PROPOSICIÓN NO DE LEY: 

 

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar la tramitación de una Ley que transponga la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, aprobada por el Parlamento Europeo el 23 de octubre de 2019, relativa al establecimiento de un sistema de protección a denunciantes y alertadores sobre casos de corrupción y fraude, mediante un proceso de participación y deliberación”. 


Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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