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Intervención en la Comisión Constitucional en defensa de una Ley para la Protección de denunciantes y alertadores de casos de corrupción.

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

COMISIÓN CONSTITUCIONAL. - Núm. 183 20 de octubre de 2020. Pág. 25

SOBRE «LA TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA RELATIVA A LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DENUNCIANTES DE CASOS DE CORRUPCIÓN». PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000927). 

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.o del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la trasposición de la Directiva europea relativa a la protección efectiva de los denunciantes de casos de corrupción. Para su defensa, tiene la palabra el señor Elorza Gonzalez, Portavoz Socialista en la Comisión Constitucional.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señorías, dice el poeta Blas de Otero —bilbaíno, por cierto, señor presidente—, en unos versos muy conocidos, aquello de: España, camisa limpia de mi esperanza y de mi palabra viva. Luego se hizo una canción por parte de Víctor Manuel.

Esta es una PNL que presentamos ya en mayo y que no tiene ningún ánimo de confrontación con ninguna fuerza política, sino que lo que pretende básicamente es conseguir generar ya una voluntad política de consenso, de concordia, para que cuando el Gobierno —que está en ello, como explicaré— presente su proyecto de ley, podamos saldar una deuda que tiene el Parlamento con aquellas personas denunciantes, alertadores, que están sirviendo con su testimonio a la causa de la lucha contra la corrupción, a la causa del combate y de la prevención contra la corrupción en España.

Se lo debemos, son personas que lo están pasando muy mal, conocemos casos por sus testimonios y, por tanto, tenemos que saldar esa deuda. Ha habido algunas iniciativas, es verdad, pero entendemos que no se ajustaban realmente a las normas establecidas, normas mínimas, de esa directiva europea del año pasado.

El Gobierno tiene un año, ciertamente un poco más, para hacer realidad esa trasposición de la directiva y convertirla en proyecto de ley. Se está iniciando ya ese trabajo, aparte de por el Gobierno, por el Ministerio de Justicia, con la puesta en marcha de un grupo de trabajo oficial, que es la Comisión de Trabajo de Codificación, que presentará un documento al ministerio.

Ese trabajo ya iniciado se está realizando además en contacto en reuniones que serán inmediatas con colectivos, con asociaciones conocidas como Transparencia Internacional, Corruptil, etcétera, que permita presentar un documento, habiendo escuchado en el trámite de consulta al Gobierno la opinión de las partes.

¿Qué pretendemos con esta iniciativa, con esa proposición, como digo, de concordia?

En primer lugar, reiterar el compromiso del Gobierno y de los grupos que le apoyan en el sentido de instar a la presentación de una ley tan necesaria que proteja a denunciantes, alertadores de casos de corrupción, de casos que atentan o atacan normas internas en España.

En segundo lugar, pretendemos el reconocimiento a las personas, como he citado, que están jugando y deben jugar un papel todavía más importante en la denuncia de estos casos y que sufren acosos, amenazas o represalias de todo tipo. Hay que aportarles garantías.

En tercer lugar, como decía, esta llamada al consenso, a la voluntad de los grupos políticos sobre el texto, que estoy convencido de que se presentará con buen talante y que será una ley más o menos amplia e integral que vaya más o menos avanzada respecto de las normas básicas que establece la directiva europea.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez, evidentemente, como he dicho antes, trabaja ya sobre esta materia porque la lucha contra la corrupción, con esta ley en concreto, persigue atacar los efectos que provocan en la credibilidad de la democracia los casos de corrupción y, por tanto, reconocemos que su necesidad es perentoria e inmediata.

La directiva europea establece unas normas básicas, mínimas, que luego pueden ser desarrolladas y ampliadas, en cada caso, por los Estados nacionales de la Unión Europea, y para eso tenemos como fecha límite de aprobación de esa trasposición y de esa nueva ley, como saben ustedes, diciembre del año 2021. Confiemos, por tanto, en que ese texto sea un texto completo y sea un texto que cumpla satisfactoriamente con la realidad de la situación.

Como se dice también en la propuesta de votación, queremos que ese proyecto de ley venga ya al Parlamento trabajado en un proceso —dice la PNL del Grupo Socialista— de participación y deliberación. Corresponde, como es normal en la elaboración de cualquier ley, que haya procesos de consulta pública en su tramitación para que no solamente los grupos parlamentarios, sino también la sociedad española, sus entidades más representativas y más concernidas en este caso en la materia de la lucha contra la corrupción, se sientan, de alguna manera, implicadas y se sientan partícipes de ese texto que aquí se va a presentar.

Repito que no queremos sino generar ya conciencia a favor de la ley y recordar que no se ha olvidado el Gobierno, que es uno de los compromisos que tiene en su programa de gobierno, que este año 2020 no está en su plan de actuaciones legislativas, pero que lo estará para el año 2021, como he dicho, porque la Comisión General de Codificación ya está trabajando. Gracias, presidente. Muy amable.

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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