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Proposición sobre la Conferencia de Presidentes, los Órganos de Cooperación y la Gobernanza en el Estado Autonómico

                              A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición No de Ley sobre los Órganos de Cooperación y la Gobernanza en el Estado Autonómico, para su debate en Pleno.

 

Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2021.

 

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

                                              EXPOSICION DE MOTIVOS :

 

La Constitución Española no contempla en su Título VIII preceptos que recojan explícitamente el sentido de los principios de colaboración o coordinación ni los organismos de cooperación intergubernamental aplicables, en ambos casos, a la relación entre las diferentes administraciones del Estado Autonómico. Tampoco hay una definición de la lealtad institucional. Y, sin embargo, son instrumentos imprescindibles que hay que conjugar para el buen funcionamiento de un Estado descentralizado con una organización territorial articulada en Comunidades Autónomas.

Sí recoge, en cambio, el principio de solidaridad en los artículos 2, 138 y 156 de la CE, aunque en opinión del Consejo de Estado las referencias que a él se hacen en la Constitución están lejos de determinar su ámbito y contenido, y requieren precisar las obligaciones que se desprenden de ese principio básico.

La toma de decisiones en una democracia plena requiere procesos de deliberación entre las diferentes administraciones y abrir cauces de participación con la sociedad. Y la pandemia de 2020 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con mecanismos y procedimientos para hacer efectivos el diálogo, la cooperación y la coordinación entre los Gobiernos de España y de las Autonomías para afrontar conjuntamente medidas urgentes dirigidas a dar respuesta a las consecuencias del coronavirus en los ámbitos sanitarios, sociales, políticos y económicos.

España es un Estado plural y descentralizado, con una distribución del poder que descansa en una estructura autonómica y con una sociedad que demanda más participación en las decisiones públicas. En este escenario y con ocasión de la pandemia ha habido que promover un nuevo modelo de relación entre los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas para una toma de decisiones compartidas de acuerdo con la evolución del virus y las distintas fases del estado de alarma.

El modelo ha consistido en un sistema de Gobernanza compartida o cogobernanza, utilizando los Órganos de Cooperación multilateral previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Estos órganos, constituidos por diferentes instituciones del Estado, han actuado buscando la colaboración, coordinación y eficacia entre las administraciones.

Resulta obligado sacar conclusiones sobre el modelo de gestión desarrollado durante los meses de vigencia del estado de alarma, un modelo centrado en la lucha conjunta del Gobierno Central y los Gobiernos Autonómicos contra los efectos de la COVID-19. Los acontecimientos y la respuesta política de las administraciones durante la crisis, con sus tensiones y diferencias partidistas, han puesto en evidencia la importancia de buscar elementos de mejora de la organización territorial contemplada en la Constitución de 1978.

En este sentido, la consolidación de la Gobernanza, como sistema operativo de una democracia de participación y transparencia, exige promover un funcionamiento continuado y planificado de la Conferencia de Presidentes y las Conferencias Sectoriales, al constatar que son órganos válidos de cooperación multilateral entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autonómicos que permiten incrementar la confianza y perfeccionar unas relaciones que deben estar presididas por la lealtad y la colaboración entre ellas. De ahí la conveniencia de avanzar en una mayor concreción de las reglas democráticas de funcionamiento de este modelo de Gobernanza.

Uno de los aciertos del Gobierno del Presidente Pedro Sánchez, en estos meses, ha sido la convocatoria frecuente de la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales y otras Comisiones, en especial el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se trata de Órganos de Cooperación, muy presentes en los Estados Federales, que habían permanecido casi inactivos durante años.

La Conferencia de Presidentes es un órgano creado por el Presidente Rodriguez Zapatero en 2004, contemplada en el articulo 146 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Sus funciones se concretan en un Reglamento interno cuya última versión data de 2017. La Conferencia de Presidentes tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas, En los países europeos de estructura federal, estas diferentes conferencias funcionan con regularidad.

La citada Conferencia es la instancia idónea para el encuentro, la consulta y el debate entre todos los Presidentes. Ese órgano permite alcanzar acuerdos y recomendaciones sobre los grandes problemas que, por afectar a las Comunidades y al Estado, requieren una respuesta conjunta y coordinada, así como sobre la participación autonómica en los asuntos europeos y las reformas que el Estado Autonómico necesita. Sin exclusión de las reuniones bilaterales, es un foro idóneo que debe permitir abordar situaciones de desencuentro que surgen en las relaciones entre el Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos. Su convocatoria no debería depender de circunstancias coyunturales ni de la voluntad de los responsables políticos en cada momento.

La relevancia política que ha adquirido la Conferencia y los valores de solidaridad, coordinación y cooperación que representa, aconsejan dotarla de un mayor grado de institucionalización e incluirla en el texto constitucional -cuando se aborde la necesaria reforma de la Constitución- por su contribución clave al mejor funcionamiento de un Estado plural y descentralizado que tenga como eje la lealtad institucional.

La nueva normalidad política, sanitaria, económica y social que va a surgir tras la pandemia no puede afrontarse desde actitudes ancladas en la vieja normalidad política. A la insuficiente experiencia práctica sobre los procedimientos a seguir a la hora de tomar decisiones compartidas, mediante un sistema de Gobernanza, se le añade un problema que arrastramos de falta de cultura de cooperación entre las partes.

De cara a transitar con garantías de éxito por una nueva normalidad se deben aprovechar los mecanismos que disponemos en España, aunque estaban dormidos, para articular el diálogo, la cooperación y la participación de las Comunidades Autónomas en los procesos de formación de la voluntad del Estado. De ahí la acertada creación de una Conferencia Sectorial con las CCAA para el tratamiento y la gestión de los Fondos Europeos destinados a la recuperación social y económica de España, decisión adoptada por el Presidente Pedro Sánchez el pasado septiembre.

Es tiempo de desarrollar y poner en valor dichos Órganos de Cooperación multilateral y bilateral, con seguimiento de sus acuerdos, de modo que sirvan para fortalecer el principio de cooperación, paliar las carencias del Título VIII de la Constitución, ayudar a reducir la excesiva conflictividad, eliminar disfunciones en el sistema autonómico y lograr una mayor cohesión territorial.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,  

                                                   PROPOSICIÓN NO DE LEY.

 

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover el fortalecimiento de la Conferencia de Presidentes de los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, así como de los demás Órganos de Cooperación entre las administraciones públicas, mediante la creación de un Secretariado Permanente de la primera y defendiendo un funcionamiento que busque acuerdos de consenso y que esté regido por los principios de colaboración, cooperación, solidaridad y coordinación, lo que contribuiría a la consolidación del principio de lealtad institucional.

2. Avanzar en la consolidación del modelo institucional de Gobernanza democrática para la toma de decisiones compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, promoviendo un funcionamiento planificado y continuado de los órganos de cooperación multilateral, con el objetivo de lograr una mayor integración y cohesión del Estado autonómico y prestar un mejor servicio público a la ciudadanía, además de extender la Gobernanza mediante procesos deliberativos de participación democrática a la sociedad, sus organizaciones cívicas y agentes sociales”.

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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