Slider

PROPUESTA DE PNL PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE RIESGOS A COOPERANTES DE ONG’s, VÍCTIMAS EN CONFLICTOS BÉLICOS.

La cooperante española María Hernandez, madrileña de 35 años, miembro de la ONGD Medicos Sin Fronteras, estaba trabajando en la región de Tigray (Etiopía) cuando fue asesinada el pasado 25 de junio junto a dos colaboradores locales, Yohannes y Tedros.

María Hernández era una de las coordinadoras de emergencia de Médicos Sin Fronteras en zona de guerra en Tigray (Etiopía), Yohannes Halefom Reda era asistente de coordinación y Tedros Gebremariam Gebremichael trabajaba como conductor. La ONGD perdió contacto con ellos y el coche en el que viajaban la víspera por la tarde y en la mañana del día 25 de junio el vehículo ha sido hallado vacío y, a unos metros de distancia, sus cuerpos sin vida.

El caso de María Hernandez está siendo investigado por la Audiencia Nacional para conocer los hechos y establecer quiénes fueron los autores de su asesinato. Sin embargo, pudiera darse la situación paradójica e injusta de que su familia no tenga derecho a recibir una indemnización del Estado por tratarse de una víctima en un conflicto bélico y no como consecuencia de la acción de un grupo terrorista.

Hoy por hoy, lo cierto es que en la amplia normativa española que puede servir de referencia para las situaciones de riesgo que sufren las personas cooperantes en el desarrollo de su labor humanitaria, como la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, o el Real Decreto 519/2006 por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes, no contemplan la situación en la que ha perdido la vida la cooperante María Hernandez en Tigray.

En efecto, aquellas que mueran o sufran heridas de cualquier tipo en el marco de una guerra no dispondrán del derecho a recibir ayudas, prestaciones e indemnizaciones del Estado.

Concretamente, y pese a que el ya mencionado Real Decreto Ley 8/2004 establece un sistema de indemnizaciones cuando se produzca la muerte o daños físicos o psíquicos de la ciudadanía española con motivo de su participación en una operación de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria, él mismo únicamente refiere su aplicación a las y los militares españoles, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y al personal al servicio de las Administraciones públicas, no reconociendo el derecho de las y los cooperantes de nacionalidad española que contribuyen con su esfuerzo al efectivo cumplimiento de los derechos humanos en terceros países.

De ahí la necesidad urgente de prever situaciones que se dan en el trabajo generoso y arriesgado de las mujeres y hombres cooperantes, resolviendo una laguna existente en la legislación española mediante la ampliación, tanto de la aplicación del Real Decreto como en la reforma de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del concepto “deber de cuidado” por parte del Estado, traducido en un derecho de protección reconocido para los casos de riesgo hacia las personas cooperantes que resultaran víctimas en una guerra o conflicto armado.

Precisamente, el 29 de diciembre de 2020 el Pleno del Congreso acordó crear, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una Subcomisión para estudiar las bases de un nuevo marco normativo que contribuya a actualizar la Ley de Cooperación mediante la aprobación de un informe, lo que aconteció el pasado 29 de junio.

Siguiendo el espíritu ratificado en el mismo, urge proceder a la modificación correspondiente de la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo para que, con efecto retroactivo limitado a 10 años, la situación en la que se encuentran las y los cooperantes que desarrollen su actividad en el extranjero en zonas de conflictos bélicos, se asimile a la de los soldados a los efectos de posibles ayudas e indemnizaciones y deber de cuidado por parte de la Administración del Estado.

En base a las anteriores consideraciones, el Congreso acuerda la siguiente

           
                                                   Proposición No de Ley:

 

1. Condenar el ataque que ha costado la vida a María Hernandez, cooperante española de la ONG Medicos Sin Fronteras en Tigray (Etiopía) el pasado 25 de junio de 2021, y a sus dos compañeros Yohannes y Tedros, así como transmitir su pesar profundo, la solidaridad y condolencias a sus familias y seres queridos.

2. Instar al Gobierno a que, en tanto no se contemple de forma expresa en la Ley de Cooperación, y dando así cumplimiento al deber de cuidado, las personas cooperantes de nacionalidad española inscritos en el correspondiente Consulado y que sean víctimas en el desarrollo de su actividad como consecuencia de conflictos bélicos, serán asimilados a las condiciones contempladas para los militares, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal al Servicio de las Administraciones públicas fallecidos en dichas circunstancias, a los efectos de posibles ayudas e indemnizaciones.

3. Instar al Gobierno a que, en el anteproyecto de la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible, se incluya el deber de cuidado para con las personas cooperantes de nacionalidad española inscritas como tal en los Consulados, cuyo desarrollo normativo se incorporará en el futuro Estatuto del y de la Cooperante.

 

Odón Elorza / Diputado del PSOE

San Sebastián 6 de julio de 2021 - ( Borrador de PNL trabajado con Belén Fernández y Magdi Martinez de AECID. Registrada con algún cambio en octubre 2021 )

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

Copyright © 2014 - 2018 - Odón Elorza. Todos los derechos reservados.