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Proposición sobre una Ley Orgánica que regule la inviolabilidad del Rey y el funcionamiento democrático de La Corona.

                             A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

El Diputado Odón Elorza González, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre “la inviolabilidad del Rey y la modernización de la institución de La Corona” para su debate en la Comisión Constitucional.


Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2021.

 

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

PNLC - CONSTITUCIONAL - 35 – 29 – ELORZA – INVIOLABILIDAD REY– BGF-1246

 

                                             EXPOSICION DE MOTIVOS :

 

Diferentes informaciones periodísticas y actuaciones judiciales en curso, aquí y en Suiza, que se vienen conociendo sobre comportamientos y supuestos actos privados del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, han producido notable alarma social y un debate político y doctrinal sobre el significado real de la inviolabilidad contemplada en el artículo 56.3 de la Constitución. Las respuestas que espera la ciudadanía española a esta situación de crisis de la institución monárquica y de distorsión del sistema democrático no se pueden satisfacer con ninguna explicación que pudiera dar el rey emérito a estas alturas, sino de una iniciativa política del gobierno.

El articulo 56.3 de la CE señala que: “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados (por el gobierno) en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo”. ¿Pero nos preguntamos qué sucede con los actos del rey que no fueran refrendados y que perteneciendo al ámbito privado pudieran ser constitutivos de delito durante su mandato?

Ante la confusión interpretativa del artículo 56.3 y la laguna legal existente según la opinión de algunos expertos, es muy razonable abrir en la Comisión Constitucional un debate sosegado que pudiera servir para orientar al gobierno a la hora de adoptar iniciativas que precisen el significado y los límites en democracia de la prerrogativa de la inviolabilidad e irresponsabilidad que se concede al rey durante su mandato. Se trata de establecer una interpretación que guarde coherencia con los criterios de funcionamiento propios de una monarquia parlamentaria en un Estado de Derecho.

Nuestro Estado de Derecho se apoya, entre otros, en los principios de legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad y prohibición de arbitrariedad (artículo 9.3 CE). Así mismo, es fundamental el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la CE al señalar que “los españoles somos iguales ante la ley”.

Si aceptamos sin discusión que, a la vista de la Constitución, un rey no tiene que responder de por vida ante un juez por actos privados realizados durante su Jefatura de Estado que pudieran ser ilícitos ni rendir cuentas en ningún caso ante el Parlamento, podemos llegar a pensar que hubo una falta de previsión en la Constitución de 1978 o que, con el paso del tiempo, algunos errores hacen daño a la democracia en España.

La transición en 1978 de una dictadura franquista a la democracia fue un proceso tan laborioso y positivo como condicionado por aquel contexto. En ese escenario, se consensuó nuestra Constitución con un texto que, como en el caso del artículo 56.3, muestra lagunas y un contenido que la ciudadanía no se explica en 2021.

En opinión de los letrados del Congreso, el rey emérito, Juán Carlos I, no ha de responder sobre nada de su pasado por gozar de una inviolabilidad absoluta, lo que llevaría implícita la inmunidad permanente. Los letrados sostienen que la inviolabilidad que otorga la Constitución, en su artículo 56.3 al anterior Jefe del Estado, tiene efectos jurídicos permanentes. En un reciente dictamen consultivo, los letrados consideraban que se ha pretendido investigar "cuestiones (comportamientos y decisiones) que afectan al ex Jefe del Estado y que, aun pudiendo tener proyección en una etapa posterior, se corresponderían, sin solución de continuidad, con el periodo de tiempo en el que el rey Don Juan Carlos I era Jefe del Estado y traen causa del mismo hecho de la ocupación de dicha Jefatura por aquel".

Por tanto, mantienen, lo mismo que un sector de la doctrina, que todo lo que hiciera Juan Carlos I de Borbón en relación con actuaciones privadas sobre negocios y comportamientos fiscales dudosos, inaceptables desde el punto de vista ético, son también objeto de la inviolabilidad constitucional y no tiene que responder por ellos.

Así lo defienden también al asegurar que "pretender una investigación parlamentaria de los asuntos del rey emérito vendría a vaciar de contenido las prerrogativas constitucionales del Jefe del Estado que despliegan sus efectos de forma permanente".

En esta misma línea de interpretación incide la Ley Orgánica 4/2014, presentada y aprobada justo después de la abdicación de Juan Carlos I. Fue promovida por el entonces Presidente Mariano Rajoy y contó con la abstención del PSOE en el Congreso. La Ley, relacionada con la racionalización del sector público (?), introdujo apresuradamente y sin consenso el aforamiento ante el Supremo para el nuevo rey emérito y otros familiares. Pero, además, incorporó una afirmación en la parte expositiva que, de modo incongruente, dice que “todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la Jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad”. Una interpretación que por exceder lo dispuesto en la Constitución habría que invalidar por Las Cortes.

¿Se equivocan los letrados del Congreso, órganos como el Tribunal Constitucional y sectores cualificados de la doctrina en su interpretación del significado del polémico artículo 56.3 de la CE sobre la inviolabilidad del rey, al defender una inviolabilidad absoluta que se traduce en la exención total de responsabilidad penal para la persona del rey, el actual y el anterior, también para los actos que lleve a cabo a título particular o como miembro de la Familia Real?  

Lo cierto es que existe otra posición de diferentes juristas, también de prestigio, según la cual esta inviolabilidad del rey, como Jefe del Estado, ni es ni puede ser absoluta. Consideran que la interpretación más acorde con un Estado Democrático de Derecho es la no concesión al rey de una total inmunidad.

Argumentan que mediante el refrendo se desplaza la responsabilidad por los actos del rey, dictados en su función de Jefe del Estado, a quienes los refrendan. De manera que no es difícil concluir que la inviolabilidad y la irresponsabilidad del rey solo se refiere a los actos refrendados y no a actos de otra naturaleza. Porque sus actos privados no son refrendados.

Por tanto, su responsabilidad no puede atribuirse a otros, aunque nada dice nuestra Constitución sobre la existencia de actos privados exentos de responsabilidad. Quienes se alinean en esta posición no ven necesario que el texto constitucional se pronuncie expresamente en este sentido, pues les resulta inconcebible que bajo el principio de justicia que preside nuestra Constitución fuera posible que el rey estuviera por encima de la propia Constitución y de las leyes.

Según esta tesis de la otra parte de la doctrina, formulada desde una interpretación restrictiva de la inviolabilidad constitucional, esta quedaría limitada a los actos del rey que son objeto de refrendo por el gobierno. El rey en nuestra Carta Magna forma parte de una Monarquía Parlamentaria. De manera que, cuando pierde su condición de Jefe del Estado, se le pueden exigir responsabilidades por los posibles actos delictivos no prescritos que no estuvieran amparados por la inviolabilidad al ser ajenos al ámbito del refrendo. Y durante el mandato operaría, en esos casos, su inhabilitación por parte de Las Cortes.

Al hilo de estas consideraciones convendría también reconsiderar lo dispuesto en el artículo 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que mantiene una antigualla, como es la idea de una monarquia feudal al referirse a “la sagrada persona del rey”.

Por otra parte, señalan que una inviolabilidad limitada es la única interpretación posible desde que España ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que prevé la responsabilidad penal de los Jefes de Estado y de Gobierno y otras altas autoridades por, entre otros, los crímenes de genocidio y de lesa humanidad.

Si la inviolabilidad regia que se establece en la Constitución fuera absoluta y referida también a actos personalísimos y privados del rey, carentes de refrendo –como algunos sostienen-, para la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998 habría que haber modificado la Constitución con el fin de limitar expresamente la inviolabilidad a los actos refrendados y excluirla de actos delictivos. O bien, habría que haber rechazado la ratificación del Estatuto por contradecir la Constitución según la interpretación de una inviolabilidad absoluta.

En definitiva, en un Estado de Derecho no cabe aplicar la inviolabilidad real a supuestos de atropello, violación, robo, estafa, delito fiscal, etc. Estos supuestos no están previstos en la Constitución y sobre ellos no cabe refrendo alguno. Por tanto, de esas actuaciones debiera responder el rey o, en su día, la reina, en vía penal o civil, ante un Tribunal en régimen de aforado y, en su caso, ante el Parlamento en la situación de un proceso de inhabilitación por indignidad o de renuncia voluntaria.

No es fácil dar una respuesta a la confusión y al conflicto de interpretación que suscita el artículo 56.3 de la CE. La solución, según algunos juristas y políticos, pasan por afrontar la reforma agravada contemplada en el artículo 168 de la Constitución que afecta a los cambios que se quisieran introducir en el Título II de La Corona. Cabe recordar que ese Título II contempla lo relativo a esa institución en términos muy parcos, a la vez que muestra lagunas que han de ser cubiertas sin más dilación. Junto a ello, dicho Título incorpora algunas previsiones cuyo contenido debería reformularse para adaptarse, en unos términos más acordes, al actual Estado de Derecho.

La reforma por la vía del artículo 168 requiere una aprobación por mayoría de 2/3 en Congreso y Senado, con disolución inmediata de las cámaras, nuevas elecciones para que ambas cámaras se ratifiquen por 2/3 en cada una y, asimismo, celebración de un referéndum nacional obligatorio y vinculante. Esta vía se antoja casi imposible pues conlleva un proceso de reforma Constitucional muy largo que requiere, en todo caso, un amplísimo consenso transversal y que se prevé plagado de complicaciones políticas.

Sin embargo, también hay juristas y políticos que entienden que es posible resolver el problema utilizando la vía de una nueva Ley Orgánica que trate de la modernización de La Corona y permita refundir en la ley diversos asuntos de trascendencia que están pendientes de regulación. Esta ley serviría para aclarar el alcance y significado de la inviolabilidad del rey, así como para regular otras cuestiones pendientes relacionadas con la abdicación del rey o la reina, el aforamiento tras perder la condición de rey, su inhabilitación por las Cortes Generales, las posibles renuncias y sustituciones del rey, las funciones de la princesa y del rey emérito, régimen de incompatibilidades para el desarrollo de actividades económicas, dotación económica para la Casa y la Familia Real y la aplicación de las reglas de la Ley de Transparencia a los bienes y patrimonio de los miembros de la Familia Real, como sucede ya con los altos cargos.

En apoyo a esta vía legal debemos señalar el artículo 57.5 ubicado en el Título II de La Corona en la CE, ya utilizado en la abdicación de Don Juán Carlos I, que indica: “Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”.

Por tanto, la fórmula de una ley orgánica resolvería dudas y lagunas, ayudaría a reforzar la calidad y credibilidad de nuestra democracia, y posibilitaría el control del Parlamento sobre la ejemplaridad, ética y dignidad de los comportamientos privados del rey y su familia, con el objetivo de velar por el prestigio de la monarquía parlamentaria.

En conclusión y en base a las anteriores consideraciones, es de elevado interés para la democracia en España que el gobierno, en el ejercicio de una Política de Estado, actúe y proceda a adecuar a los principios de la democracia los límites de la inviolabilidad e irresponsabilidad del rey contempladas en el artículo 56.3 de la CE. En un Estado de Derecho no resulta admisible aceptar para el rey una inviolabilidad absoluta que vaya más allá de los actos que realice en el ejercicio de sus funciones como Jefe del Estado y refrendadas como actos debidos; esto es, que la inviolabilidad no pueda amparar también conductas y actos personales y patrimoniales.

Por todo ello, y teniendo en cuenta lo ya expresado, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,

                                                  PROPOSICIÓN NO DE LEY.


El Congreso insta al Gobierno a aclarar los límites de la inviolabilidad del Rey así como a regular otras cuestiones pendientes de desarrollo en el Título II de la Constitución sobre la institución de La Corona, mediante la presentación al Congreso de un Proyecto de Ley Orgánica que garantice dichas reformas con seguridad jurídica y que permita la inmediatez de tan necesaria actuación.

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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