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PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre el desarrollo del artículo 1 de la Constitución en materia de vivienda.

                                          A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre el desarrollo del Estado social de Derecho del artículo 1 de la Constitución en materia de vivienda, para su debate en la Comisión Constitucional.

 

Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.

 

EL DIPUTADO
ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

                                                         EXPOSICION DE MOTIVOS :

 

El Estado social de Derecho es un concepto que nace a principios del siglo XX como alternativa a la dicotomía entre el Estado liberal burgués y el Estado socialista de naturaleza soviética. Su principal teórico fue el constitucionalista alemán Herman Heller. El Estado social de Derecho es un Estado de Derecho, esto es, un Estado que garantiza las libertades del ciudadano y el imperio de la ley. Pero también es un Estado social, es decir, un Estado que se compromete con el bienestar económico y social de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables, lo que le conduce a intervenir en la vida económica y social.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el concepto fue adoptado por la Ley Fundamental del Bonn, entre otras Constituciones. Nuestra Constitución de 1978 lo recoge en su artículo 1, donde señala que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”.

Por tanto, nuestra Constitución mandata a los poderes públicos a intervenir en la economía en aras de conseguir el bienestar económico y social de la ciudadanía. Ningún artículo constitucional desarrolla el concepto de Estado social de Derecho de forma más clara que el art. 9.2 CE: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Al Estado social de Derecho se le denomina frecuentemente en España como Estado del Bienestar, lo que es una traducción del término inglés Welfare State, que se acuñó en Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial para describir básicamente lo que es el Estado social de Derecho. Digamos que son dos términos, uno más jurídico -Estado social de Derecho-, otro más politológico -Estado del Bienestar-, para definir el mismo concepto.

La construcción del Estado social de Derecho que proclama el artículo 1 de la Constitución ha sido una tarea permanente y en constante desarrollo de los poderes públicos en España desde 1978. Se puede decir, en este sentido, que son cuatro los pilares básicos sobre los que se ha desarrollado el Estado del Bienestar en España, siempre bajo mandato de gobiernos socialistas: la educación pública y gratuita; la sanidad universal; el sistema público de pensiones; y el sistema de servicios sociales, con especial mención a la atención a la dependencia, en parte pendiente.

En la construcción de estos cuatro pilares han participado el Estado, las CCAA y los entes locales. Ha sido y sigue siendo un esfuerzo en el que han participado todos los poderes públicos, porque así se desprende del reparto competencial que establece nuestra Constitución.

Con independencia de que se debe seguir profundizando en estos cuatro pilares, el mandato constitucional a los poderes públicos que supone el Estado social de Derecho está interpelando de forma especialmente intensa en los últimos años en un nuevo campo, el del acceso a una vivienda digna y adecuada.

El artículo 47 de la Constitución, pese a que en su literalidad es uno de los principios rectores de la política social y económica de redacción más directa, es, por todo tipo de factores, de los derechos sociales menos desarrollados en nuestro país y que afecta con especial gravedad a la juventud. Sin embargo, esto está cambiando en los últimos años, coincidiendo con la movilización social en favor de este derecho y con la labor política emprendida por el Gobierno progresista de coalición.

En este sentido, se están impulsando desde el Estado y desde muchas CCAA una batería de medidas tendentes a aumentar el parque público de viviendas en alquiler social, que en la actualidad es muy insuficiente en comparación con otros países europeos.

Concretamente, el Gobierno ha emprendido actuaciones para la construcción de más de 100.000 viviendas públicas en alquiler social. También se ha legislado para proteger el derecho a la vivienda de los más vulnerables en el contexto de los efectos provocados por la pandemia. Se ha impulsado un bono de alquiler para mejorar el acceso de los jóvenes a una vivienda, y, en consecuencia, a su emancipación. Y, además, se está promoviendo, con numerosos estímulos y ayudas, la rehabilitación de viviendas y la aplicación del criterio de eficiencia energética.

Así mismo, se ha presentado un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda en el Congreso de los Diputados. Se trata de la primera ley estatal sobre la materia que tiene como objetivo principal asegurar que todo el conjunto de la ciudadanía va a poder acceder a una vivienda digna a un precio razonable, a través de medidas de estímulo de la oferta de vivienda en alquiler, por un lado, y en las zonas especialmente tensionadas donde el mercado distorsiona de forma desproporcionada los precios, por otro. Para tal fin, la ley habilita a las CCAA y a los Ayuntamientos a regular, desde lo público, las subidas abusivas, combatiendo así la especulación en el mercado inmobiliario.

Todo ello se ha acompañado de la mayor inversión presupuestaria del Estado en vivienda de toda la democracia, aumentando la partida en un 592% sobre lo recogido por los últimos presupuestos del Gobierno anterior.

Lo que está ocurriendo, desde el punto de vista constitucional, es que los poderes públicos, liderados por un Gobierno progresista y una sociedad que empuja en esta dirección, están avanzando en la construcción de un quinto pilar del Estado social de Derecho, el del acceso a la vivienda.

Por fin se ha tomado conciencia (seguramente la pandemia ha contribuido a ello) de que no se puede emprender o mantener una vida digna sin tener asegurado un techo en el que desarrollar un proyecto vital. Y lo cierto es que el mercado, por sí solo, no es capaz de asegurar a toda la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y a los sectores más vulnerable, este bien tan preciado de la vivienda por lo que es necesaria una intervención más intensa del Estado. 

Lógicamente, esta intervención estatal debe respetar otros principios constitucionales, como el reparto competencial establecido en la Constitución, que otorga a las CCAA la competencia principal en materia de vivienda, así como el respeto a la propiedad privada. Pero no en los términos absolutos y excluyentes que a veces erróneamente se señalan como propios de la misma, sino en los términos establecidos en el artículo 33 de la Constitución, que reconoce como parte de su contenido esencial, según jurisprudencia asentada del Tribunal Constitucional, su función social.

Teniendo claros estos límites, y desde una necesaria gobernanza con las CCAA y los Ayuntamientos, le corresponde al Gobierno y a las Cortes Generales, como poderes del Estado, liderar este nuevo desarrollo del Estado social de Derecho, pues hacerlo no es más que avanzar por la senda de construcción del Estado del Bienestar que marcó la propia Constitución.

No hacer nada, dejar este derecho constitucional en manos de lo que determine la oferta y la demanda, no sería dar efectivo cumplimiento al espíritu constitucional, que sitúa el Estado social de Derecho en el primero, y seguramente principal, de sus artículos.

En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,

                                                           PROPOSICIÓN NO DE LEY:

 

“El Congreso insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias para ampliar el Parque de vivienda pública y garantizar, en cumplimiento del art 47 de la CE, el derecho constitucional efectivo de la ciudadanía a acceder a una vivienda digna en el marco de una gobernanza compartida y colaborativa con los demás poderes públicos; esto es, con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. De manera que en torno a este derecho constitucional se conforme el quinto pilar del Estado social de Derecho que proclama nuestra Constitución en su artículo 1.1, situándolo a la altura del desarrollo constitucional que ya se ha acometido, en los últimos 40 años, para otros pilares del Estado del Bienestar, como la Sanidad, la Educación, las Pensiones y los Servicios Sociales.”

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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