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PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la puesta en marcha del procedimiento para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

                                            A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la puesta en marcha del procedimiento para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, para su debate en la Comisión Constitucional.

 

Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2022.

 

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ 

 

                                                          EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

El artículo 1.2 de la Constitución señala que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Previamente, el art. 1.1 de la CE afirma que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. El principio democrático de que todos los poderes deben tener su origen, directo o indirecto, en la voluntad del pueblo, auténtico titular de la soberanía, constituye uno de los fundamentos de nuestro sistema constitucional.

La necesaria legitimidad democrática de las instituciones explica que la propia Constitución otorgue a las Cortes Generales, que representan al pueblo español (art. 66 CE), la función de nombrar a los miembros juristas del Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE).

Por su parte, la Ley Orgánica del CGPJ de 2013 (art 567 y ss) atribuye al Parlamento la designación de los vocales togados. En tal sentido:

Artículo 567.

1. Los veinte Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica.

2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el Capítulo II del presente Título.

3. Podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos Jueces o Magistrados que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de quince años de experiencia profesional, teniendo en cuenta para ello tanto la antigüedad en la carrera judicial como los años de experiencia en otras profesiones jurídicas. Quien, deseando presentar su candidatura para ser designado Vocal, ocupare cargo incompatible con aquél según la legislación vigente, se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo si resultare elegido.

4. Las Cámaras designarán, asimismo, tres suplentes para cada uno de los turnos por los que se puede acceder a la designación como Vocal, fijándose el orden por el que deba procederse en caso de sustitución.

5. En ningún caso podrá recaer la designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial en Vocales del Consejo saliente.

Artículo 568.

1. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.

2. A tal efecto, y a fin de que las Cámaras puedan dar comienzo al proceso de renovación del Consejo, cuatro meses antes de la expiración del mencionado plazo, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dispondrá:

a) la remisión a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado de los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales obrantes en dicha fecha en el Consejo.

b) la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los Vocales correspondientes al turno judicial.

El Presidente del Tribunal Supremo dará cuenta al Pleno del Consejo General del Poder Judicial de los referidos actos en la primera sesión ordinaria que se celebre tras su realización “..

Además, para que dichos nombramientos de designación parlamentaria reflejen de manera más fiel la voluntad de la ciudadanía, tanto la Constitución como esta ley establecen la duración del mandato y las distintas mayorías reforzadas para proceder a designar a los miembros del CGPJ. El objetivo es que las personas candidatas nombradas lo sean de consenso, promoviendo así el necesario acuerdo plural entre partidos del gobierno y de la oposición.

Por tanto, una vez finalizado su mandato Las Cortes Generales tienen la obligación constitucional de proveer, mediante los procedimientos establecidos, la renovación de la composición del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, por una actitud persistente de bloqueo, se está impidiendo la renovación de un CGPJ que se encuentra en funciones desde hace más de tres años.

La fortaleza de una sociedad democrática requiere, como premisa, que la ciudadanía valore y confíe en sus instituciones. Pero es responsabilidad del Parlamento ganarse el respeto y la confianza de la sociedad. Difícilmente se podrá esperar de la ciudadanía este necesario respeto si las propias instituciones no se prestigian al incumplir las funciones que las normas disponen.

Lo que significa, entre otras cosas, cumplir los procedimientos y buenas prácticas de la democracia y afrontar sin más dilación la renovación de un órgano constitucional, como el CGPJ, en los plazos constitucional y legalmente establecidos. Y hacerlo con pleno respeto a los principios de separación de poderes, independencia e imparcialidad de los órganos judiciales, como elementos esenciales de un Estado de Derecho.

El Congreso y el Senado recibieron del presidente del CGPJ, hace más de tres años, la lista de 51 jueces y magistrados que habían obtenido el apoyo de sus asociaciones y colegas, como candidatos y candidatas, para someterse a una selección por el Parlamento de los doce vocales que corresponde al turno de jueces. Esta manera de configurar las candidaturas demuestra que el actual sistema de elección ya garantiza la participación en el proceso selectivo de quienes forman parte de la carrera judicial.

En cambio, para la elección de los ocho vocales del turno de juristas como miembros del CGPJ, el Parlamento debe seguir una metodología diferente que se inicia con la recepción, aún pendiente, de las candidaturas de juristas que han de presentar los grupos parlamentarios.  

Sin embargo, ni se ha activado la tramitación contemplada en el título XXII del Reglamento del Congreso sobre las propuestas de nombramientos ni se ha aplicado lo previsto en los artículos 567, 568 y 578 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estos artículos son, para las Mesas de Las Cortes, de referencia obligada para poner en marcha el procedimiento y adoptar las medidas necesarias para que la renovación del CGPJ se produzca en el plazo debido.

En todo caso, como requisito de partida, los 20 vocales del CGPJ a elegir deben reunir las condiciones referidas a sus méritos, capacidad e independencia y, por tanto, contar con garantías de imparcialidad en el ejercicio del cargo. De ahí que los procesos de selección exijan, por un lado, que la Mesa de cada Cámara efectúe la comprobación en la lista de aspirantes de que se dan los requisitos constitucionales para formar parte de los doce vocales del turno de jueces.

Por otra parte, corresponde a la Comisión Consultiva de Nombramientos efectuar los exámenes de idoneidad de los candidatos y candidatas que presentaran los grupos para el turno de los ocho vocales juristas, mediante entrevistas rigurosas de control. La Comisión Consultiva de Nombramientos es el órgano que ya intervino, recientemente, en el análisis de idoneidad de las personas candidatas al Tribunal Constitucional. Ese escenario debiera servir para deliberar y propiciar amplios consensos transversales que superen un mero reparto por cuotas partidistas.

Dichos acuerdos debieran ser promovidos por los buenos oficios de la Presidencia del Congreso y Senado, dirigidos a lograr el apoyo de una mayoría cualificada de 3/5 de las Cámaras, mayoría a respetar como expresión del pluralismo político.

Las Presidencias de ambas Cámaras, conforme al artículo 32,2 del Reglamento, tienen facultades para suplir las lagunas del Reglamento y dictar Resoluciones de Presidencia, como la aplicada en el año 2000 y aprobada por la Mesa del Congreso. Resoluciones que sirvan para aclarar y establecer los plazos de presentación de las candidaturas, ordenar las comparecencias en las reuniones de la Comisión Consultiva de Nombramientos que examina la idoneidad de las personas candidatas, favorecer mecanismos de deliberación y negociación y poner plazos para la proclamación de los diferentes vocales del CGPJ por parte del Pleno respectivo. Estas serían las claves para lograr hacer avanzar el proceso de elección. 

Esta es la metodología a seguir, sobre todo cuando se constata que la negociación externa al Parlamento no ha culminado con éxito después de una larga espera. No es admisible que se proponga inaplicar la ley sobre la elección del CGPJ que el propio Gobierno del PP aprobó con su mayoría absoluta mediante Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.

Sin embargo, el PP dice ahora querer cambiar el modelo de elección en favor de un sistema corporativista para que la elección de los doce vocales jueces y magistrados se realice por parte de los propios jueces, marginando al Parlamento e incumpliendo lo que establece la Ley Orgánica.

El bloqueo que ha sufrido la renovación de otros órganos constitucionales, hasta hace bien poco, ha producido un daño a la credibilidad del sistema democrático y a la legitimidad de las instituciones afectadas, así como un desgaste de la política ante la ciudadanía.

El Parlamento, en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho, no puede permitir por más tiempo la situación de bloqueo en la renovación del CGPJ. Por ello, la elección de los 20 nuevos vocales del poder judicial tiene que seguir, sin más dilación, el procedimiento contemplado en la Constitución, en el Reglamento del Congreso y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se trata de un órgano clave en la arquitectura de una democracia constitucional y cuya elección necesita de un amplio acuerdo transversal.  

En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,

 

                                                                PROPOSICIÓN NO DE LEY: 

 

“El Congreso acuerda solicitar la puesta en marcha del procedimiento recogido en el Título XXII del Reglamento del Congreso sobre nombramientos y en los artículos 567 y 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una ley que establece que el Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años y los Presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación de los 20 vocales de dicho Consejo se produzca en plazo.
Esta vía de deliberación y negociación parlamentaria deberá poner fin al largo bloqueo contrario a lo dispuesto por la Constitución y la Ley Orgánica. Para ello ha de iniciar un proceso riguroso de nombramientos protagonizado por el Parlamento, desde la máxima sensibilidad democrática, que vele por el cumplimiento entre las personas aspirantes de los requisitos de competencia, experiencia, integridad e independencia, de cara a garantizar la imparcialidad en el ejercicio del cargo por parte de quienes resulten elegidas para integrar el CGPJ”.

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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