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PROPOSICIÓN NO DE LEY instando al Gobierno del Estado a que impugne la resolución de Diaz Ayuso de conceder becas a familias de rentas altas.

                                       A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

 

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY en relación con la resolución del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid de elevar la cuantía de las rentas de las familias -a más de 100.000 €/año- para que puedan obtener la ayuda de becas públicas para estudios, para su debate en la Comisión Constitucional.

 

Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2022.

 

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

                                                         EXPOSICION DE MOTIVOS:

 

La decisión política de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, de elevar la cuantía de las rentas de las familias - a más de 100.000 € - para que puedan obtener ayudas de becas públicas para estudiar en la etapa Infantil, FP o el Bachillerato en centros privados, representa un ataque a los valores constitucionales.

En un Estado Social y Democrático, las becas y ayudas públicas al estudio cumplen la finalidad de impedir que aquellas personas que no tengan recursos económicos suficientes para cursar los estudios se vean obligadas a renunciar a ellos. Y no resulta una medida admisible, por injusta, que el reparto de las ayudas públicas vaya en perjuicio de las familias con menos recursos y por tanto con mayor necesidad de acceder a las becas para que sus hijos e hijas puedan estudiar.

La resolución de la Comunidad de Madrid supone retorcer y violentar el propio significado de la política pública de redistribución de la renta y de impulso a las políticas de igualdad en generaciones que no tienen niveles de renta para estudiar lo que ellos consideren y expandir todas sus potencialidades.

Las becas han de ser una más de las medidas redistributiva de la riqueza en desarrollo del artículo 9.2 de la Constitución, que dispone que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

En definitiva, este principio de acción en favor de la igualdad está conectado con la concepción de España como un Estado Social recogido en el artículo 1.1 de nuestra Constitución. Sin embargo, la resolución del Gobierno de la Comunidad de Madrid contraria a los principios señalados en el artículo 9.2 de la CE. Y la discrecionalidad con la que pueden llegar a actuar los poderes públicos, a la hora de articular su sistema de becas y ayudas a la educación para familias de rentas altas, tiene un límite que es el de la arbitrariedad.

Así mismo, la medida defendida por la Sra. Díaz Ayuso es contraria al principio elemental en una sociedad democrática de la equidad, establecida en el artículo 31.2 de la Constitución. En él se expresa que “el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos ...”.

Por estas razones, se hace necesario que el Gobierno del Estado tome la iniciativa, frente a la resolución anticonstitucional de la Presidenta Diaz Ayuso, de presentar una IMPUGNACIÓN ante el Tribunal Constitucional. Todo ello de acuerdo con los artículos 153 y 161.2 de la CE y 76 y 77 de la LOTC.

En base a estas consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:    

 

                                                                 PROPOSICIÓN NO DE LEY.

 

“El Congreso insta al Gobierno a presentar ante el Tribunal Constitucional, con urgencia, una IMPUGNACIÓN contra la resolución del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid de elevar la cuantía de las rentas de las familias - a más de 100.000 €/año- para que puedan obtener la ayuda de becas públicas para la educación en la etapa Infantil, Formación Profesional o el Bachillerato en centros privados, por ser dicha resolución contraria a los principios constitucionales señalados en los artículos 1.1, 9.2 y 31.2 de la CE”.    

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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