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Proposición para retomar el proceso de renovación del CGPJ, en cumplimiento de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

                                           A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

Odón Elorza Gónzalez, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY en favor de la puesta en marcha por el Parlamento, en cumplimiento de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del proceso para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, para su debate en el Pleno o en Comisión Constitucional. 


Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2022.

 

EL DIPUTADO

ODÓN ELORZA GONZÁLEZ

 

                                                         EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

Esta Proposición pretende dar una salida al bloqueo al que se ve sometida durante cuatro años la renovación del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional que permanece en funciones desde diciembre de 2018. Para ello, el Parlamento ha de ejercer el protagonismo que le corresponde en aplicación de lo recogido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial y utilizando el procedimiento y los mecanismos previstos tanto en la Ley y como en el Reglamento del Congreso.

El artículo 1.1 de la Constitución establece que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Mientras que el artículo 1.2 de la CE señala que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Se afirma, por tanto, el principio democrático de que todos los poderes deben tener su origen, directo o indirecto, en la voluntad del pueblo, auténtico titular de la soberanía, lo que constituye uno de los fundamentos de nuestro sistema constitucional.

La legitimidad democrática de las instituciones explica que la propia Constitución otorgue a las Cortes Generales, que representan al pueblo español (art. 66 CE), la función de nombrar a los ocho miembros juristas del Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE).

Por su parte, la Ley Orgánica del CGPJ, tras la reforma impuesta por la mayoría absoluta del PP en 2013 y en la que se cambió el sistema de renovación, atribuye al Parlamento la designación de los doce vocales togados. Veamos :

“Artículo 566.

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales, de los cuales doce serán Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia.

Artículo 567.

1. Los veinte Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica.

2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el Capítulo II del presente Título.

3. Podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos Jueces o Magistrados que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de quince años de experiencia profesional, teniendo en cuenta para ello tanto la antigüedad en la carrera judicial como los años de experiencia en otras profesiones jurídicas. Quien, deseando presentar su candidatura para ser designado Vocal, ocupare cargo incompatible con aquél según la legislación vigente, se comprometerá a formalizar su renuncia al mencionado cargo si resultare elegido.

4. Las Cámaras designarán, asimismo, tres suplentes para cada uno de los turnos por los que se puede acceder a la designación como Vocal, fijándose el orden por el que deba procederse en caso de sustitución.

5. En ningún caso podrá recaer la designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial en Vocales del Consejo saliente.

Artículo 568.

1. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.

2. A tal efecto, y a fin de que las Cámaras puedan dar comienzo al proceso de renovación del Consejo, cuatro meses antes de la expiración del mencionado plazo, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dispondrá:

a) la remisión a los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado de los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales obrantes en dicha fecha en el Consejo.

b) la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los Vocales correspondientes al turno judicial.

El Presidente del Tribunal Supremo dará cuenta al Pleno del Consejo General del Poder Judicial de los referidos actos en la primera sesión ordinaria que se celebre tras su realización”.

 

Para que dichos nombramientos de designación parlamentaria reflejen de manera más fiel la voluntad de la ciudadanía, tanto la Constitución como esta ley establecen la duración del mandato y las distintas mayorías reforzadas para proceder a designar a los miembros del CGPJ. El objetivo es que las personas candidatas nombradas lo sean de consenso, promoviendo así el necesario acuerdo plural entre partidos del gobierno y de la oposición.

Por tanto, una vez finalizado el mandato del CGPJ, Las Cortes Generales tienen la obligación constitucional de proceder, mediante el proceso legal establecido, a la renovación de la composición del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, por una actitud persistente de bloqueo del PP, se está impidiendo la renovación de un Consejo que se encuentra en funciones desde hace cuatro años y provoca un grave deterioro a la credibilidad y al funcionamiento institucional.

La fortaleza de una sociedad democrática requiere, como premisa, que la ciudadanía valore y confíe en sus instituciones. Pero es responsabilidad del Parlamento ganarse el respeto y la confianza de la ciudadanía lo que resultará difícil si las propias instituciones no se prestigian al incumplir las funciones que las normas disponen.

Por ello, el Parlamento debe actuar según las buenas prácticas de una democracia avanzada y afrontar, sin más dilación, la renovación, en el plazo establecido, de un órgano constitucional como el CGPJ. Y debe hacerlo con pleno respeto a los principios de separación de poderes e independencia de los órganos judiciales como elementos esenciales de un Estado de Derecho.

Dentro del procedimiento de renovación, durante el mes de octubre de 2018 se publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las candidaturas definitivamente admitidas para la designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial del turno judicial. El Congreso y el Senado recibieron del presidente del CGPJ, hace cuatro años, la lista de 51 jueces y magistrados que habían obtenido el apoyo de las asociaciones judiciales o mediante la presentación de avales de los distintos jueces y magistrados, con el fin de someterse a una selección por el Parlamento de los doce vocales que corresponden al turno de jueces. Esta manera de configurar las candidaturas demuestra que el actual sistema de elección ya garantiza plenamente la participación en el proceso selectivo de quienes forman parte de la carrera judicial.

Mientras que, para la designación de los ocho vocales del turno de juristas como miembros del CGPJ, se acordó la apertura del plazo de presentación de candidaturas de juristas que deben efectuar los grupos parlamentarios, si bien la recepción aún está pendiente.

Sin embargo, en estos cuatro años ni se ha activado la tramitación contemplada en el título XXII del Reglamento del Congreso sobre las propuestas de nombramientos ni se ha aplicado lo previsto en los artículos 566, 567, 568 y 578 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estos artículos son, para las Mesas de Las Cortes, de referencia obligada para poner en marcha el procedimiento y adoptar las medidas necesarias para que la renovación del CGPJ.

En todo caso, como requisito imprescindible de partida, los 20 vocales del CGPJ a elegir deben reunir las condiciones referidas a sus méritos, capacidad e independencia y, por tanto, ofrecer garantías de imparcialidad en el ejercicio del cargo. De ahí que los procesos de selección exijan, por un lado, que la Mesa de cada Cámara efectúe la comprobación en la lista de aspirantes de que se dan los requisitos constitucionales para formar parte de los doce vocales del turno de jueces.

Por otra parte, corresponde a la Comisión Consultiva de Nombramientos de Autoridades del Estado, contemplada en el Reglamento del Congreso, efectuar los exámenes de idoneidad de los candidatos y candidatas que presentaran los grupos parlamentarios para el turno de los ocho vocales juristas, mediante entrevistas rigurosas.

La Comisión Consultiva de Nombramientos es el órgano que ya intervino, recientemente, en el análisis de idoneidad de las personas candidatas al Tribunal Constitucional. Ese escenario debiera servir para examinar, a fondo, la idoneidad de las personas aspirantes, deliberar y propiciar amplios consensos transversales que superen un mero reparto de los puestos por cuotas partidistas.

Dichos acuerdos debieran ser promovidos por los buenos oficios de las Presidencias respectivas del Congreso y Senado, dirigidos a lograr el apoyo de una mayoría cualificada de 3/5 de las Cámaras, mayoría a respetar como expresión del pluralismo político.

Las Presidencias de ambas Cámaras, conforme al artículo 32.2 del Reglamento, tienen facultades para suplir las lagunas del Reglamento y dictar Resoluciones de Presidencia, como la aplicada en el año 2000 y aprobada por la Mesa del Congreso. Resoluciones que sirvan para aclarar y establecer los plazos de presentación de las candidaturas, ordenar las comparecencias en las reuniones de la Comisión Consultiva de Nombramientos que examina la idoneidad de las personas candidatas, favorecer mecanismos de deliberación y negociación y poner plazos para la proclamación de los diferentes vocales del CGPJ por parte del Pleno de cada Cámara.

Esta es la metodología democrática a seguir, sobre todo cuando se constata que la negociación externa al Parlamento, entre el Gobierno y el PP, no ha culminado con éxito después de una larga espera y de intentos fracasados.

No es democrático que Feijóo pretenda inaplicar la ley sobre la elección del CGPJ que el propio Gobierno de Mariano Rajoy aprobó, con la mayoría absoluta del PP en el Congreso, mediante la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modificaba el texto anterior de 1985.

Sin embargo, el PP trata de justificar su bloqueo con la excusa de querer cambiar el modelo de elección en favor de un sistema corporativista -conocedor de la amplia mayoría conservadora del mundo judicial- para que la elección de los doce vocales jueces y magistrados se realice directamente por parte de los propios jueces, marginando al Parlamento.

El Parlamento, en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho, no puede permitir por más tiempo esta situación. Por ello, la elección de los 20 nuevos vocales del poder judicial tiene que seguir las previsiones contempladas en la Constitución, en el Reglamento del Congreso y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El CGPJ es un órgano clave en la arquitectura de una democracia constitucional y su elección necesita de un amplio acuerdo transversal. Veremos si el PP es capaz de bloquear los mecanismos parlamentarios de una elección democrática, con transparencia y respeto al pluralismo del Parlamento.

En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,

 

                                                            PROPOSICIÓN NO DE LEY

 

El Congreso acuerda, para hacer efectiva la renovación democrática del Consejo General del Poder Judicial, reanudar el proceso recogido en los artículos 566, 567 y 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reformada en 2013, en base al procedimiento de elección previsto en el Título XXII del Reglamento del Congreso sobre nombramiento de autoridades.

El Parlamento ha de cumplir lo establecido en la Constitución (art. 122) y la Ley Orgánica para la renovación del CGPJ en su totalidad y cada cinco años (este plazo venció hace cuatro años). Por su parte, las Presidencias del Congreso y del Senado deberán, con inmediatez y sensibilidad democrática, utilizar los mecanismos de diálogo, deliberación y negociación existentes y adoptar las medidas necesarias para garantizar la renovación de los 20 vocales de dicho Consejo”.

 

NOTA : Esta iniciativa parlamentaria sigue pendiente de su aprobación por la dirección del Grupo para poder ser registrada en el Congreso e iniciar su tramitación de cara al posterior debate.

Odón Elorza

Espacio de diálogo e interacción con el diputado socialista por Gipuzkoa.

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