PREGUNTA al Gobierno sobre “la opacidad del contrato de compra realizado por la Comisión Europea a la farmacéutica Pfizer de un total de 1800 millones de dosis de vacunas anti COVID-19, en mayo de 2021
- Escrito por Odón Elorza
- Publicado en Iniciativas parlamentarias
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
D. ODÓN ELORZA GONZÁLEZ, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente PREGUNTA al Gobierno sobre “la opacidad del contrato de compra realizado por la Comisión Europea a la farmacéutica Pfizer de un total de 1800 millones de dosis de vacunas anti COVID-19, en mayo de 2021”, para que le sea contestada por escrito.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El día 24 de abril de 2021 se conoció, por informaciones de la prensa, que la Comisión Europea estaba negociando un nuevo contrato de compra de 1.800 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, con el grupo farmacéutico Pfizer/BioNTech.
Poco después, el 20 de mayo de 2021, los medios se hacían eco de una escueta nota oficial de la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, según la cual “el acuerdo de adquisición anticipada” se concretaba en “un contrato que contempla 900 millones de dosis garantizadas de la vacuna de Pfizer, así como otros 900 millones ‘opcionales’ para su distribución entre 2021 y 2023. Seguirán otros contratos y otras tecnologías de vacunas", añadía la nota sin más precisiones.
Aquella noticia representó, sin duda, un alivio para la ciudadanía europea de cara a combatir el avance de la pandemia. Pero, a la vez, puso sobre la mesa un buen número de preguntas ante la total opacidad de aquel contrato: su proceso negociador y los contenidos de un contrato de enorme envergadura calculado en un importe de hasta 35.000 millones de euros.
Se iniciaba así la controversia en torno al tercer contrato de la Comisión para la vacuna de ARNm de Pfizer/BioNTech. Los dos anteriores habían asegurado el suministro de un total de 600 millones de dosis.
El nuevo contrato era muy significativo, tanto en términos de volumen, 1.800 millones de dosis para una población en la UE inferior a 450 millones de personas, como por el elevado precio. Porque atendiendo a los datos filtrados, cada dosis de la vacuna costó, al principio, 15,50 euros y luego el precio subió un 25% hasta los 19,50 euros, según el Financial Times. Esto significa que el nuevo contrato podría suponer un gasto estimado de alrededor de 35.000 millones de euros si se cumpliera en su totalidad.
Por situar el contexto, el acuerdo se produjo en un momento álgido de la pandemia, poco después de que los problemas de producción y distribución del fabricante de vacunas AstraZeneca dejaran a la UE por detrás de EE. UU. y el Reino Unido en la carrera por adquirir vacunas.
Fue en medio de esta crisis cuando la presidenta, Úrsula von der Leyen, intervino. El New York Times, en abril de 2021, ya había informado que la líder de la UE había intercambiado mensajes de texto con Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, en el período previo al acuerdo.
Por su parte, a principios de septiembre de 2022, un informe de la Corte de Auditores (Tribunal de Cuentas Europeo) sobre la estrategia de adquisición de vacunas de la UE, planteó dudas sobre el alcance de los compromisos en las conversaciones mantenidas entre la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla.
El Tribunal de Cuentas ha censurado a la Comisión Europea por negarse a entregar y publicar detalles sobre cómo se negoció el mayor contrato de vacunas con la poderosa farmacéutica estadounidense Pfizer. Se habla de posibles desviaciones producidas durante unas negociaciones que no siguieron el procedimiento fijado en el reglamento comunitario.
En aplicación del principio democrático de Transparencia debiera conocerse el desarrollo de todo el proceso negociador, el importe de esa compra preventiva así como otras cuestiones relacionadas con las entregas y las características de unas vacunas que contemplasen su adecuación a las variantes surgidas de la COVID-19 y que se han producido a lo largo de los veinte meses transcurridos.
Es importante conocer si este contrato recoge, además, cláusulas de condiciones a la farmacéutica Pfizer para lograr un aumento de la producción deslocalizada de vacunas en países del sur.
Para ello, interesa saber si se incluyeron en el contrato Cláusulas que obligasen a Pfizer/BioNTech a nuevas concesiones de licencias voluntarias no exclusivas a terceras empresas de países del sur que conlleven una transferencia de conocimientos y tecnologías, permiso de exportación a otros Estados y un precio justo. Todo ello para facilitar la producción masiva de vacunas, pensando en los países más pobres, ahora y de cara a futuras pandemias que llegarán.
El pasado 10 de octubre de 2022 la farmacéutica Pfizer debía comparecer en la audiencia de la Comisión Especial COVID-19 del Parlamento Europeo para aclarar el contenido y supuestas irregularidades del contrato de compra de las vacunas para combatir el coronavirus. Sin embargo, la ausencia del director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, provocó grandes críticas, al igual que las respuestas evasivas e imprecisas de la representante de la farmacéutica, Jannine Small.
Con tal motivo, el Grupo Socialista del Parlamento Europeo (S&D) señaló que estaba sorprendido por la decisión de Albert Bourla de cancelar su asistencia a la reunión de la Comisión Especial del EuroParlamento sobre la evolución de la Covid-19. En su opinión, “la transparencia es fundamental cuando se trata de la utilización de dinero público”.
El contrato de vacuna ARNm de Pfizer/BioNTech es un ejemplo de incumplimiento de la obligación de actuar con Transparencia. Aún comprendiendo las dificultades de una operación acelerada por la existencia de una pandemia, ello no puede justificar la opacidad del contrato ni desoír las preguntas del Parlamento Europeo y de la opinión pública.
Por otra parte, el 15 de octubre de 2022 se ha conocido que la Fiscalía de la UE (la EPPO es un organismo independiente) ha abierto una investigación sobre las compras de vacunas por parte de la Comisión Europea.
En el tiempo transcurrido, las conversaciones preliminares, las negociaciones celebradas, el importe y los contenidos del megacontrato entre la Comisión Europea y Pfizer no han sido desveladas. Así lo han afirmado el Tribunal de Cuentas Europeo, la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, la Fiscalía, diferentes grupos del EuroParlamento en la Comisión Especial, expertos en la materia y medios de comunicación que han investigado sobre la opacidad del contrato.
La petición de conocer cuánto ha costado la campaña de vacunación europea contra la COVID-19, no puede ser rechazada como si se tratara de una información confidencial, como alegan las partes. Tampoco pueden serlo los plazos de entrega, la gestión de excedentes, la flexibilidad existente o no -en caso de no necesitar todas las vacunas acordadas- del aludido contrato con Pfizer. Hablamos de una elevada cantidad de dinero público, de miles de millones. También tiene la ciudadanía derecho a saber si el proceso de contratación se hizo conforme al procedimiento establecido en el reglamento.
El gasto público ha sido de tal magnitud que la Comisión Europea debe rendir cuentas y someterse a una evaluación parlamentaria sobre la eficacia y la eficiencia de su gestión ante la pandemia. En un sistema democrático, la garantía de Transparencia debe estar siempre presente en la acción de la Comisión Europea porque fortalece la democracia y aporta credibilidad a las instituciones europeas ante la ciudadanía.
Sin embargo, no resulta admisible que se repita la opacidad de los contratos. Una situación que ya se produjo en la primera operación de compra de vacunas a diferentes empresas farmacéuticas por parte de la Comisión Europea tras estallar la pandemia en 2020.
La ciudadanía española, representada por este Congreso y como parte de la ciudadanía europea, tiene derecho a saber, con total Transparencia, el contenido y el importe total del contrato así como la cantidad que corresponde abonar a España. Por tanto, los Gobiernos de los Estados de la Unión Europea han de actuar conforme a los principios de la democracia y procurar dar respuesta a las interrogantes que se plantea la opinión pública y el propio Parlamento Europeo.
En base a las anteriores consideraciones, se formula al Gobierno las siguientes PREGUNTAS:
¿Qué explicación da la Comisión Europea a su comportamiento de opacidad en estos contratos, incumpliendo el principio de la Transparencia?
¿A cuánto asciende el coste del contrato de compra -hasta hoy opaco- para el suministro total de 1.800 millones de dosis de vacunas anti COVID-19 (900 opcionales), suscrito por la Comisión Europea con el grupo farmacéutico Pfizer/BioNTech en mayo de 2021?
¿Cuál es el importe que corresponde abonar a España del total del contrato, en qué condiciones y por qué conceptos?
¿Cuál es el precio por dosis a coste de producción y el precio de venta que se paga a Pfizer?
¿Se mantiene, en la actualidad, lo que hizo público sobre el contrato la nota oficial de la Comisión Europea de 20 de mayo de 2021, que hablaba del suministro de 1.800 millones de vacunas en dos partes, para su distribución entre 2021 y 2023 o, en el tiempo transcurrido, se han replanteado la cantidad de las dosis, las condiciones del suministro y el precio?
¿Existen en el contrato garantías de que la cuarta dosis de la vacuna y las sucesivas que entregue Pfizer deben estar adaptadas -para ofrecer una protección más amplia y efectiva- a la variante ómicron y a otras variantes del virus que pudieran surgir?
¿Se incluyeron en el contrato cláusulas que obliguen a Pfizer/BioNTech a la deslocalización de la producción mediante nuevas concesiones de licencias voluntarias no exclusivas a terceras empresas de países del sur que conlleven una transferencia de conocimientos y tecnologías así como permiso de exportación a otros Estados; y todo ello a un precio justo para garantizar, sin más demora, el acceso al medicamento a toda la población del planeta?
En caso negativo; ¿se intentó negociar esta cláusula que supondría la renuncia de Pfizer a los derechos de propiedad intelectual, como acordó el Parlamento, a la vista del inmenso beneficio económico obtenido por Pfizer con los sucesivos contratos?
¿Ha dirigido el Gobierno de España a la Comisión Europea peticiones formales para que dé información completa del contenido del último contrato con Pfizer?
En el Congreso de los Diputados, a 29 de noviembre de 2022
EL DIPUTADO
ODÓN ELORZA GONZÁLEZ
CONTRATO PFIZER 1800 M–BGF-623-XIV-2022