Proposición presentada a la dirección del PSOE para revisar y rectificar el artículo 135 de la Constitución

El Congreso aprobó hace tres años, en septiembre de 2011, la reforma del artículo 135 de la Constitución en la etapa final del Gobierno de Rodriguez Zapatero. Con ella se concedió rango constitucional a la prioridad absoluta para el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra necesidad de gasto. Su objetivo era garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas europeas de disciplina fiscal, austeridad económica y estabilidad presupuestaria por parte de las Administraciones.

La reforma, que asumió más costes políticos que los necesarios, se produjo por una vía rápida, en medio de un acelerado debate parlamentario y al margen de una consulta ciudadana. Entonces, la economía española vivía una situación de extrema gravedad sometida al juego de intereses de los mercados financieros especulativos, del FMI, de Merkel y la Comisión Europea. De ahí que el Gobierno del Partido Socialista decidiera pactar con el PP un nuevo texto para el artículo 135, pensando que era la solución a las amenazas de la crisis, que serviría al objetivo de la estabilidad presupuestaria y contribuiría a mejorar la confianza de los mercados internacionales en la capacidad de la economía española para hacer frente a sus obligaciones de pago de la deuda pública y del control del déficit. Y todo ello se pretendía hacer sin atacar las bases del Estado del Bienestar.

El 26 de agosto de 2011 los portavoces del Partido Popular, Saenz de Santamaría y Montoro, anunciaron que "la reforma constitucional del 135 pone a salvo el Estado del Bienestar y las políticas sociales". Pero lo cierto es que la incorporación de aquellos compromisos al texto constitucional ha servido para justificar una política de extrema austeridad, recortes de derechos e involución social. Además, la decisión provocó, y aún arrastra, fuertes críticas de la sociedad española que cuestiona la credibilidad de cualquier compromiso en favor de un reparto justo de las consecuencias de la crisis si no va acompañado de una corrección del nuevo texto.

El cambio del 135 fue la respuesta a una de las mayores tormentas conocidas contra la deuda pública española -con la prima de riesgo superando los 300 puntos- que dificultaba la financiación de las operaciones corrientes y obligaba a reducir el gasto público. No se puede olvidar que el Banco Central Europeo daba la espalda a las dificultades que atravesaban los Estados del sur de la zona euro y no tenía disposición a utilizar mecanismos para la adquisición de bonos en los países más endeudados, con una alta tasa de paro y con graves crisis de gobernabilidad.

Tras la polémica reforma constitucional se aprobaron varias normas complementarias. Así, en marzo de 2012, el Tratado de Estabilidad Fiscal, Coordinación y Gobernanza entre todos los países de la Unión Europea, salvo el Reino Unido y la República Checa, que incluyó como cuestiones esenciales : a) la regla del equilibrio presupuestario para garantizar que el déficit público para cada Estado no exceda del 3% de su PIB y la deuda no sea superior al 60% de su PIB; b) un mecanismo de supervisión económica y presupuestaria; c) una atribución de competencias y sanciones a los órganos de la Unión Europea para reforzar sus poderes ejecutivos sobre los Estados, mediante la aprobación de un “programa de colaboración presupuestaria y económica en el que incluya una descripción pormenorizada de las reformas estructurales que se deberán adoptar y aplicar a fin de garantizar una corrección efectiva y duradera de su déficit excesivo”. Dicho de otro modo, la monitorización de la economía del Estado que incumpla.

Por su parte, en desarrollo del artículo 135 de la CE, el Congreso aprobó en abril de 2012 la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que contó con el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista, entre otros, al considerar Alfredo Pérez Rubalcaba que "nos llevaría a más recesión" y por las razones expuestas por el portavoz socialista Pedro Saura en el debate plenario del 12 de abril, entre ellas la de que "el PP ha roto el reciente pacto constitucional en materia de estabilidad presupuestaria" . La Ley del Gobierno Rajoy desarrolló los principios y concretó los mecanismos citados en el artículo 135 a su manera y, como era previsible, aprovechó aquel paraguas para justificar la oleada de recortes sociales, sacrificios y privatizaciones.

Con la llegada de Rajoy al Gobierno y con la excusa de cumplir las directrices y requerimientos de política económica y de estabilidad de Merkel y de la UE, se aplicó un programa de austeridad extrema y de recortes sociales en educación, sanidad, ayudas a la dependencia, etc, cuyos resultados son dramáticos. Así mismo, el PIB español en 2013 era 23.330 millones de euros más bajo que el de 2011 cuando el Presidente Rajoy empezó a gobernar. En el cuarto trimestre de 2013 había en España 1.022.300 personas ocupadas menos que en el cuarto trimestre de 2011. En el cuarto trimestre de 2013 había 355.900 mujeres ocupadas menos, 210.800 jóvenes de entre 16 y 24 años ocupados menos y 622.700 personas paradas más que en el cuarto trimestre de 2011. En diciembre de 2013 había 880.800 personas que llevaban más de dos años buscando trabajo, cifra que se sumaba a la existente en 2011. En el cuarto trimestre de 2013 el 14,25% de los hogares tenían a todos sus activos en paro, mientras que al finalizar 2011 ese porcentaje era del 12,11%. El éxodo de miles de jóvenes de la generación mejor preparada a países europeos y latinoamericanos, en busca de trabajo, ha provocado al país un daño irreparable. Además, el 20,4 % de la población española, uno de cada cinco habitantes, vive en o por debajo del umbral de la pobreza. Se ha subido la fiscalidad indirecta en perjuicio de las clases medias y humildes y continúa el crecimiento de la deuda pública que se incrementará en 370.000 millones de euros más que al comienzo de la legislatura.

Datos que evidencian que el Gobierno no ha querido hacer compatible, en su política económica y fiscal, una razonable austeridad con la preservación del gasto social y la recuperación del crecimiento económico para combatir el paro. La crudeza de la crisis, la recesión y las consecuencias de las medidas de austeridad acordadas por la política neoliberal del Presidente Mariano Rajoy están siendo soportadas por las clases medias y los sectores más humildes. Mientras, entre las élites, se multiplican los casos de fraude fiscal amparados por un Gobierno que aprobó una amnistia fiscal y que se niega a publicar la lista de los grandes defraudadores tras haberlo prometido.

Lo cierto es que la reforma constitucional de poco ha servido ya que un año más tarde, en 2012, la prima de riesgo alcanzó un nivel récord con 694 puntos básicos, lo que provocó un rescate -al que Rajoy llamó préstamo- por parte de la Troika para sanear el sistema financiero español y con consecuencias graves sobre el cómputo de la deuda pública. Sin embargo, aquellas inyecciones de dinero a costa de la ciudadanía no han logrado aún que fluya el crédito a familias y empresas y tampoco está nada clara la recuperación de los 53.500 millones aportados a las entidades financieras rescatadas.

Han transcurrido tres años, tiempo suficiente para sacar conclusiones de los efectos reales de unas medidas que han contribuido a aumentar las desigualdades, que no han sido útiles para el crecimiento económico y la generación de empleo, ni tampoco para reducir el volumen de la deuda o cumplir las previsiones anuales sobre el déficit. Hay datos sobrados para la reflexión que nos llevan, en un ejercicio de responsabilidad social con la ciudadanía, a proponer la revisión de las reglas nacionales y europeas sobre la estabilidad presupuestaria. La defensa del Estado social y democrático de Derecho, recogido en el artículo 1.1 de la Constitución, exige la presentación de iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía haciendo todo lo necesario para recuperar y garantizar en la propia Constitución sus derechos y prestaciones sociales.

La actual redacción del artículo 135 debiera ser modificada en el marco de un proceso constituyente que resulta urgente acometer, de forma consensuada y en conjunción con la búsqueda de nuevas soluciones desde la Unión Europea para impulsar un crecimiento sostenible. No obstante y para evitar cualquier dilación se precisa una modificación del citado artículo 135 -por tanto, una reforma puntual de la Constitución- para avanzar en el compromiso de reconstruir el Estado del Bienestar.

Por otra parte, el Gobierno de España, de la mano de otros gobiernos de la UE, debe negociar ante Bruselas la reforma de la norma contable europea y del Tratado sobre la Estabilidad Presupuestaria, algo que excede el campo de competencias del Parlamento de España. Hay que cambiar las reglas de consolidación fiscal a la hora de contabilizar el déficit público, excluyendo el % de gasto en educación, sanidad, dependencia e investigación, que son elementos centrales del Estado del Bienestar y de una economía sostenible.

Por eso tendrá que alinearse con el Primer Ministro de Italia, Matteo Renzi, que ocupa la Presidencia semestral de turno de la Unión Europea y promueve un cambio de orientación de la política económica europea en favor de una flexibilización de las rígidas reglas fiscales para acercar las soluciones a las necesidades de la ciudadanía. Tomándolas con gran cautela, incluso el presidente de la Comisión Europea, el conservador Jean-Claude Juncker, anunció antes de su nombramiento que "estaría dispuesto a explorar los márgenes que ofrece el Pacto de Estabilidad para relajar la disciplina presupuestaria."

Sin embargo, el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria depende no sólo de la contención equilibrada del gasto sino también de la adopción de medidas para el aumento de los ingresos mediante el combate al fraude fiscal, la evasión y elusión, algo contrario a la política del Gobierno del Presidente Rajoy. España tiene un problema de recaudación en comparación con la media europea según los últimos datos disponibles de Eurostat (32,4% frente a 40,1%), con una estimación de 70.000 millones anuales de fraude fiscal. Esto es consecuencia de una falta de cultura, disciplina y transparencia fiscal y está posibilitado por la falta de recursos de la administración tributaria, lo que favorece la evasión y la defraudación fiscal. La situación provoca un reparto injusto de la carga tributaria ya que recae esencialmente sobre las rentas del trabajo y no sobre las de capital.

En definitiva y para favorecer las medidas que permitan el crecimiento económico, combatir la creciente desigualdad, la creación de empleo y las prestaciones sociales básicas, el Grupo Parlamentario Socialista propone al Pleno para su aprobación la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1- Presentar al Congreso en el plazo de tres meses, tras un proceso de debate en la Comisión Constitucional para alcanzar el mayor grado de consenso posible, una propuesta de revisión del actual texto del artículo 135 de la Constitución que elimine la referencia a la prioridad absoluta del pago de los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones e introduzca una garantía de gasto en favor de derechos y prestaciones básicas de la ciudadanía en materia de sanidad, educación y dependencia, así como en investigación científica.

2- Proponer las reformas que resulten necesarias en el Reglamento de Estabilidad del Gobierno (2014-2017) y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para: Eliminar el déficit cero y fijar un déficit estructural a partir del 2020 del 0,5 % del PIB nominal; Flexibilizar los objetivos en la senda de transición y eliminar la prioridad absoluta del pago de la deuda; Garantizar un gasto social suficiente que cubra las necesidades básicas de la ciudadanía.

3- Impulsar junto a otros Gobiernos europeos y ante las autoridades comunitarias la revisión de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para: Hacer más flexibles las reglas de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal hasta 2020 en lo que se refiere a la deuda pública y a la reducción del dėficit estructural, ligándolas a la evolución del crecimiento y el empleo; Incorporar en las reglas de estabilidad elementos que ayuden a una adecuada estabilización del ciclo económico. Permitir, con estos cambios, la recuperación de la inversión pública como un factor necesario para un crecimiento económico sostenible y la creación de empleo, y cuya contención se está demostrando que retroalimenta el ciclo de la depresión económica.

4- Promover ante las instancias de la UE, en el marco de la evaluación de las experiencias prevista en el artículo 16 del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG), un procedimiento de revisión del Pacto Fiscal para: Incorporar una cláusula que tenga en cuenta a la hora de contabilizar el déficit público en el proceso de consolidación fiscal marcado por la UE un porcentaje mínimo de gasto público destinado a inversión en educación, sanidad, dependencia e I+d+i para garantizar la inversión en estas áreas claves para un crecimiento sostenible; Revisar y flexibilizar los plazos de cumplimiento de los valores de déficit estructural y deuda pública para no limitar en gran medida la capacidad de actuación de un Estado para dinamizar la economía y combatir la recesión a través de una política de estímulo fiscal y de inversiones públicas.

5- Defender ante las autoridades comunitarias competentes la reforma del Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, con la finalidad de que se excluyan del cómputo del déficit público excesivo en el proceso de consolidación fiscal, a los efectos del cumplimiento de los requisitos del artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 2013, el porcentaje de gasto público destinado a sanidad, educación, dependencia e I+D+i para se mantenga en todos los países de la Unión Europea al menos por encima de la media ponderada en los Estados de la UE.

6- Efectuar una evaluación de las plantillas de la Agencia Tributaria y aprobar las medidas y cuantificación de objetivos para su equiparación con la media de recursos de actuación que disponen los países de la zona euro, con el fin de atajar el alto nivel de fraude y evasión fiscal a la Hacienda pública y hacer posible una fiscalidad más justa y una política de redistribución de rentas. En este sentido, el Ministerio de Hacienda hará público, en el plazo de tres meses, un informe comparativo sobre la recaudación fiscal en los países de la eurozona y sobre las respectivas plantillas de la administración tributaria.

Odón Elorza Diputado Socialista por Gipuzkoa

27 de agosto de 2014