PROPOSICIÓN EN DEFENSA DE UN PARLAMENTO ABIERTO A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

De este modo, a la crisis económico-financiera que sufre el país de manera dramática se suma el desprestigio de un modelo institucional que ha convivido con la corrupción y que no sabido renovarse, cuestiones a las que todavía no hemos dado respuesta. Hay que reconocer que nuestro actual sistema democrático no es un modelo acabado sino que debemos redefinir sus objetivos y funcionamiento, así como reforzar sus componentes ėticos, de control, transparencia y participación social. Es preciso promover una nueva cultura democrática para dar respuestas a sus insuficiencias y vicios acumulados, escapar de la tutela de instituciones supranacionales no democráticas y de poderes especulativos que atacan el interés general y la soberanía popular.

En este problemático escenario, nos encontramos con una acumulación de malas prácticas en el Congreso que provocan rechazo social. Por ejemplo, cuando se impide la creación de Comisiones de Investigación sobre casos de corrupción; cuando se rechaza la celebración de Plenos y Comisiones en los "meses vacacionales" de enero y julio con el objetivo de dar salida a tantas iniciativas parlamentarias, preguntas a Ministr@s y solicitudes de comparecencias atascadas y no atendidas; también porque no se abre el Parlamento a nuevos cauces de participación en el desarrollo de las tareas legislativas.

Además, la actual mayoría parlamentaria hace mal uso de su representación, maltratando en su tramitación la Iniciativa Legislativa Popular presentada contra los desahucios y en favor de la dación en pago, incumpliendo el Reglamento para poder tramitar con urgencia inusitada proyectos o decretos-ley e impidiendo sesiones de control sobre el Gobierno y su Presidente. Todo contribuye a un mayor desprestigio del Congreso y de los políticos, trasladándose el eje de la acción política a la calle, con la protesta ciudadana, y a los tribunales por la presentación de infinidad de denuncias y recursos. Se anula así el papel decisivo del Parlamento y las funciones de una política parlamentaria que debiera orientarse hacia el diálogo y la busqueda de acuerdos con la oposición, algo que habría que recuperar.

La respuesta ha de consistir en revisar y regenerar nuestro sistema democrático, lo que se debe traducir en la adaptación del modelo institucional a una nueva cultura política que desarrolle el artículo 23 de la Constitución y basada en la ética, la transparencia, la democracia participativa y la adecuación del funcionamiento de los partidos a las demandas de la sociedad.

Uno de los pasos a dar nos lleva a la modificación del Reglamento del Congreso para garantizar un funcionamiento transparente que permita el control efectivo sobre el Gobierno de turno, que obligue a una rendición de cuentas sistemática del ejecutivo y de otras instituciones ante la Cámara, así como de los propios parlamentarios ante los electores y a un tratamiento ágil de las iniciativas parlamentarias que, en muchos casos, han de esperar más de un año hasta ser debatidas. Pero vamos con mucho retraso. Es tiempo de dar respuestas concretas a la desconfianza ciudadana por los errores que hemos cometido. Porque no saldremos de esta aguda crisis política sin más y mejor democracia.

Para ello, los Grupos Parlamentarios han de buscar amplios acuerdos de modo que la reforma del Reglamento sirva para establecer unas reglas de juego más democráticas en la Cámara, en sus órganos y en sus procedimientos para permitir resolver sus carencias. Un funcionamiento que dé más autonomía a los diputados y permita un Congreso más eficiente, transparente, participativo,ágil, intenso y tecnológico. Está en juego dignificar la democracia representativa.

Con ocasión del "Debate sobre el Estado de la Nación" en 2014, la Cámara aprobó una resolución relativa a la reforma del Reglamento, que señala: "El Congreso considera necesario impulsar, en el marco de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, una mayor inmediatez, proximidad y efectividad del control parlamentario y contemplar la regulación de los denominados lobbies. Esta regulación debe dirigirse a canalizar el ejercicio de todas aquellas actividades que tienen como objeto influir en la formulación de políticas y en los procesos de toma de decisiones, garantizando la transparencia en el ejercicio del derecho que los representantes de la sociedad civil y las empresas tienen de acceder a las instituciones, así como la observancia del código de conducta que en su momento se apruebe".

Sin embargo, la resolución anterior se queda corta y no plantea una segunda asignatura transversal pendiente para lograr un modelo parlamentario abierto, como es la de crear nuevos mecanismos formales para desarrollar una democracia participativa de la sociedad en la política, algo que en la actualidad resulta muy escaso y con un diseño deficiente. Porque se ha acabado la consideración de la democracia como una simple delegación de voto para cuatro años en los representantes. Y se impone una relación que debe sustentarse en el compromiso contenido en un nuevo contrato ciudadano que exija al parlamentario rendir cuentas periódicamente a los electores y abrir espacios a la participación ciudadana. Lamentablemente, el Congreso de los Diputados ha iniciado, con años de retraso, las reuniones de la Ponencia encargada de la reforma de su Reglamento y avanza con lentitud.

Sigue pendiente la reclamación constante de la sociedad española vinculada a la actual crisis política que constituye un segundo bloque de reformas pendientes en el Reglamento y que es el objeto de esta PNL. Se trata de resolver las insuficiencias que presenta la democracia representativa y las limitaciones del Parlamento para ofrecer instrumentos efectivos de seguimiento, control y participación a ciudadanos y colectivos. La demanda consiste en más información y mejor tratada, más transparencia y cauces para empoderar a la ciudadanía haciéndola intervenir en las decisiones. En resumen, una democracia con mayor participación ciudadana en los asuntos públicos en desarrollo del art. 23.1 de la Constitución y en las decisiones de las instituciones a distintos niveles de la administración.

Por tanto, el Congreso ha de asumir el compromiso de acercarse y abrirse a la ciudadanía. Es imprescindible la creación de nuevas herramientas, plataformas tecnológicas y cauces para el diálogo y la participación ciudadana, tanto en los procesos deliberativos como en los legislativos.

El reto es conseguir un auténtico Parlamento Abierto a la democracia participativa y para lograrlo se cuenta con experiencias y prácticas tanto internacionales como en Parlamentos Autonómicos, así como con las aportaciones de numerosos estudios y documentos de expertos y grupos presentes en las redes sociales como Fundación Civio, Parlamento Abierto, Nova Gob, Parlamento 2.0, La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), Proyecto Avizor, Qué Hacen Los Diputados, CEPCO, Foro Ético, + Democracia, etc.. El reto es un Parlamento Abierto que comunique desde la transparencia y de manera objetiva y veraz a la ciudadanía la actividad de la institución y la de los parlamentarios, así como documentación, informes y acuerdos en formatos abiertos, tratados de manera que resulten comprensibles. Un Parlamento Abierto que abra espacios de colaboración para integrar inquietudes de la sociedad, con cauces horizontales y verticales de participación social que incluyan a las redes sociales -con todas sus potencialidades- para escuchar e implicar a la ciudadanía en los procesos legislativos del Congreso.

Por último, no se puede olvidar que un pacto entre los Grupos sobre la reforma reglamentaria ha de formar parte de un acuerdo sobre el proyecto global para la regeneración democrática que ha de perseguir la revitalización de la democracia en su doble vertiente representativa y participativa, para afianzarla como una democracia incluyente. Esta Proposición plantea al Gobierno las bases mínimas para que se apruebe una regulación ambiciosa que haga posible la participación social en el procedimiento de información, reflexión, debate y elaboración legislativa como una vía para recuperar y fortalecer la legitimidad del Parlamento.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta al Pleno para su aprobación la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1- Promover cuantas medidas y propuestas sean necesarias para dar respuesta a los déficits que presenta en España la democracia representativa y para recuperar la plena legitimidad del Parlamento, configurando para ello un "Parlamento Abierto" a la información transparente, a la colaboración ciudadana, al diálogo interactivo y a la participación de entidades, organizaciones sociales y ciudadanía en las tareas de control, consulta, deliberación y desarrollo legislativo.

2- Presentar en el Congreso para su debate, en el plazo de tres meses, un Plan Estratégico de acciones que se identifique como un proyecto innovador, planificador y dirigido a las instituciones, sistema educativo, medios de comunicación, redes sociales, partidos políticos, agentes y organizaciones sociales para fortalecer la calidad de la democracia, empoderar a la sociedad civil y formar a la ciudadanía, funcionarios, empresarios y políticos en "la cultura de la transparencia, la participación y la corresponsabilidad política". El objetivo central del Plan ha de ser que la ciudadanía tome conciencia de sus derechos y deberes, y que los funcionarios y políticos asuman sus compromisos ėticos y de servicio en favor del interés general en una sociedad que demanda una democracia de más calidad en el marco de un proceso integral de regeneración del sistema político en España.

3- Proponer la reforma de la Ley Orgánica sobre la Iniciativa Legislativa Popular, un instrumento de participación directa en la elaboración de leyes, para facilitar su ejercicio periódico por la ciudadanía, mejorando el procedimiento de manera que incluya la reducción del número de firmas exigibles y su recogida por vía telemática, la opción de la retirada de la ILP por los promotores, su defensa por los representantes durante toda su tramitación en el Congreso así como el replanteamiento de las materias excluídas de la ILP.

4- Promover e impulsar ante la Mesa del Congreso, los Portavoces de los Grupos y la Ponencia que aborda el estudio de la reforma del Reglamento, el perfeccionamiento de nuestro modelo parlamentario, para empoderar a la ciudadanía y favorecer la participación social mediante propuestas operativas que supongan incorporar al Reglamento nuevas ideas y principios, mecanismos, instrumentos, cauces, programas y plataformas tecnológicas que permitan lo siguiente :

4-1. Reorientar y promocionar la función de las Comparecencias públicas en Comisiones y Ponencias de agentes sociales, expertos y organizaciones interesadas o afectadas por el contenido de una iniciativa legislativa. Las Comparecencias habrán de celebrarse como un proceso previo a la tramitación de las proposiciones y proyectos de ley con el objetivo de escucharles y de poder dar mayor peso a sus opiniones en la posterior toma de decisiones por el Parlamento y los parlamentarios. Se deberá incluir la opción de que los colectivos también puedan solicitar comparecer así como regular en el Reglamento, por razones de transparencia, que sus aportaciones sean públicas y accesibles en la red.

4-2. Reformular el Derecho de Petición del artículo 77 de la Constitución, convirtiendo la actual Comisión de Peticiones en una Comisión Permanente de Peticiones y Participación Ciudadana que tenga la facultad de convocar en "audiencia especial" a los autores de peticiones y preguntas de interés -si algún Grupo la apoya- o de iniciativas colectivas -apoyadas por un número de firmas- (sería la figura simbólica del diputado 351) para que defiendan en el Congreso su contenido. La Comisión de Peticiones, en su caso, dará posterior traslado de las mismas a las otras Comisiones de la Cámara, pudiendo ser asumidas por los diputados para su tramitación como demandas de origen ciudadano. Las peticiones y preguntas se podrán formular también por vía telemática, estableciendo la obligación de que se respondan en un plazo concreto, con la ayuda de una sencilla plataforma tecnológica, y que se hagan públicas con su contenido y tratamiento.

4-3. Crear Foros Deliberativos en el Parlamento con presencia de ciudadanos, entidades y parlamentarios con el objetivo de promover la deliberación, la consulta y el debate social sobre una materia o demanda concreta para superar las actuales insuficiencias del sistema representativo y hacer posible un mayor control político y una rendición periódica de cuentas de los representantes. Requiere la puesta en marcha de una plataforma informática dentro del portal del Parlamento.

4-4. Promover e incentivar iniciativas parlamentarias incluyentes y participadas. Como ejercicio contemplado en un código de buenas prácticas parlamentarias, se deberá impulsar en la fase de preparación de las iniciativas parlamentarias un proceso de consulta y contraste a entidades y organizaciones interesadas o implicadas en la cuestión, ofreciéndoles partícipar en la redacción del contenido de las mismas y manteniéndoles informadas de su tramitación y resultado.

4-5. Potenciar el papel de las nuevas tecnologías y de la web del Parlamento para que faciliten el acceso a la información, actúen como espacio virtual de diálogo, canal de colaboración interna entre instituciones y con la sociedad, y sirvan de cauce a la participación ciudadana para que sea parte activa en la toma de decisiones. Para ello se deberá fomentar la presencia en internet y en las redes sociales de la institución y de los parlamentarios para poder interactuar con la ciudadanía. Un Parlamento abierto exige un compromiso de escucha y respuesta a las personas y una comunicación bidireccional, desarrollar las políticas de información transparentes y favorecer la deliberación y el debate; todo ello mediante el apoyo de guías de buenas prácticas de uso, cursos formativos a parlamentarios y funcionarios, así como nuevas herramientas digitales.

4-6. Garantizar la transparencia en la Información de la página web del Parlamento, proporcionando a la sociedad toda la información sobre las actividades, votaciones en Pleno y Comisiones, iniciativas de Grupos políticos y parlamentarios, sesiones de control al Gobierno, actas, presupuesto, documentos, informes y tramitaciones que generan tanto el Parlamento como los Grupos Parlamentarios.

Hay que posibilitar la reutilización de la información y facilitar su busqueda a través de formatos abiertos, accesibles y en tiempo real para que la ciudadanía y las organizaciones puedan seguir y controlar la huella legislativa, aportándoles así capacidad de participación y colaboración. Pero la web del Parlamento no puede estar dirigida a "ciudadanos expertos". Por ello, junto a la labor de acumular y ordenar con una visión integral la información en la web, acompañada de vídeos, audios, infografías..., también se ha ofrecer un canal de selección de la información para que sea comprensible por el gran público, situándola en su contexto, editando resúmenes y utilizando un vocabulario cercano.

Todo ello exige la adhesión formal a la llamada "Declaración internacional sobre la Transparencia Parlamentaria" de Roma 2012.

4-7. Colaborar con las organizaciones independientes de monitorización parlamentaria mediante acuerdos entre el Gobierno, Las Cortes y las OMP. Su finalidad, como actores puente e interlocutores de la sociedad civil, es la acercar la actividad del Parlamento a las redes, promover el debate sobre las políticas públicas, explorar caminos de colaboración entre la ciudadanía y la institución, vigilar las prácticas de gobierno y parlamentarias, adaptar los mensajes de la web oficial con lenguaje menos técnico, así como hacer más transparente y más accesible la información del Parlamento.

4-8. Apoyar la creación y el trabajo de los intergrupos parlamentarios sobre objetivos o temas concretos a los que se quiera dar visibilidad política mediante la producción de propuestas o iniciativas parlamentarias de base plural, con apertura a la presencia de representantes de entidades y organizaciones sociales, en base a una regulación básica y flexible de su funcionamiento, de modo que cualquier persona interesada pueda realizar aportaciones a los trabajos en curso.

4-9. Promover la celebración de Audiencias parlamentarias a modo de reuniones en Comisiones y Ponencias del Congreso, convocando a organismos y entidades para atender sus preocupaciones y demandas de manera que puedan ser tenidas en cuenta por los representantes parlamentarios en su agenda parlamentaria. Se tendrá que realizar un informe final con un resumen de las aportaciones efectuadas en cada Audiencia para favorecer que pudieran llegar a convertirse en iniciativas parlamentarias a tramitar por algún Grupo de la Cámara.

4-10. La celebración anual, institucionalizada y pública en el propio salón del Pleno de un "Debate Social sobre el estado de la nación", con intervenciónes de una pluralidad de entidades y organizaciones sociales para que puedan exponer su visión de la realidad y sus peticiones al Congreso con anterioridad al Debate anual de politica general entre el Gobierno y los Grupos Parlamentarios.

4-11. Impulsar las Oficinas Parlamentarias de proximidad, tanto en el territorio de su circunscripción como virtuales en las redes para atender y dialogar con la ciudadanía y rendir cuentas a los electores. Por la vía de las NTICs se podrá proponer y hacer preguntas, estando obligados los parlamentarios a responder en un plazo para hacer efectivo el principio de participación activa.

4-12. Ofrecer un plan de comunicación, de carácter divulgativo y pedagógico, para que puedan ser conocidos por el conjunto de la sociedad los canales de información, los cauces presenciales y las plataformas digitales que en materia de participación ofrece un Parlamento abierto. Porque la participación no se improvisa y porque existe el peligro de una cierta monopolización de los procesos, resulta obligado activar y extender la cultura de la participación sobre bases reales y comprometidas.

4-13. Encargar la realización de un Informe-Memoria anual a un organismo independiente no gubernamental que haga el seguimiento y vigile el correcto cumplimiento de un nuevo Reglamento del Congreso en favor de un Parlamento Abierto a una democracia participativa y transparente. El informe deberá contemplar una valoración de su nivel de ejecución, problemas detectados y un capítulo de recomendaciones; todo ello deberá ser debatido en el Congreso y Senado.

5- Comprometerse a promover la participación de la sociedad civil y del Parlamento en la identificación de Buenas Prácticas de política democrática, eficaces y eficientes, así como enfoques transparentes e innovadores en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

6- Establecer planes y programas que cuenten con apoyo presupuestario para lograr un buen aprovechamiento de las NTICs por parte de la institución parlamentaria y los parlamentarios en el desempeño de sus cometidos, así como por otras administraciones, en especial la Local. Todo ello deberá traducirse en una información transparente y accesible para la ciudadanía, ofrecida desde el Parlamento y desde todos los niveles de la administración pública, condición imprescindible para activar la democracia participativa presencial y digital y avanzar en el empoderamiento de los electores.

En Madrid, Congreso de los Diputados, a 1 de septiembre de 2014.

Odón Elorza / Diputado Socialista por Gipuzkoa

NOTA: Esta Proposición, "en defensa de un modelo de Parlamento Abierto a la Democracia Participativa",la presenté a la dirección del Grupo Parlamentario Socialista el 15 de marzo de 2014 como una aportación para expresar la posición del PSOE ante la ciudadanía y de cara al proceso de negociación sobre la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Y, de nuevo, con alguna corrección la he vuelto a plantear a la nueva dirección del GPS el pasado día 1 de septiembre.