Invitación a participar con tus aportaciones en una Proposición al Parlamento sobre Inmigración.

Borrador de Proposición al Pleno del Congreso sobre políticas dirigidas a la población inmigrante basadas en la inclusión social y el enfoque intercultural de la diversidad, en complemento al Pacto de Estado antiyihadista.

Esta es una experiencia de participación ciudadana desde las redes en la elaboración de una Proposición al Congreso de los Diputados. Si estás interesado entra en mi web www.odonelorza.com /Oficina del diputado en el Menú/ Participación,Contacto / Rellenar formulario de contacto. O bien enviar un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando tu aportación, corrección, comentario o crítica. Responderé a tu correo y te daré cuenta del texto final.

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Corren malos vientos en Europa que dificultan aplicar, con tenacidad, políticas de inclusión, cohesión social e interculturalidad dirigidas a toda la ciudadanía, de modo especial a las personas de origen inmigrante. El objetivo es lograr avances en la igualdad, conseguir una convivencia pacífica y la prevención tanto de fracturas entre comunidades como de conflictos violentos.

Los recientes atentados de islamistas extremistas en París, los sufridos en ciudades como Londres o Madrid -en este caso con 192 asesinados y 1858 heridos en aquel 11-M trágico de 2004- lo mismo que en otros continentes, han obligado a los Estados a redefinir con nuevas medidas legislativas las garantías de la seguridad nacional desde el recuerdo solidario a las víctimas y sus familias.

Esta realidad no debería hacernos olvidar que hay que combatir, además, los discursos xenófobos e islamófobos que azuzan el miedo a la inmigración y buscan relacionar la presencia de inmigrantes con la amenaza terrorista. Así, recordamos el atentado en Utoya-Noruega con más de 100 víctimas en 2011, que fue obra de la extrema derecha.

El Parlamento de España ha aprobado una ley orgánica, en desarrollo de un Pacto de Estado, que introduce modificaciones en el Código Penal para mejorar la prevención, aumentar la eficacia policial y la de los servicios de inteligencia en respuesta a la amenaza del terror, en especial de la Yihad islámica, y sancionar adecuadamente a los terroristas. El objetivo es garantizar la seguridad de la ciudadanía sin dañar los márgenes de libertad que protege un Estado de Derecho.

En todo caso, este nuevo Pacto de Estado tenía su precedente en un plan antiyihadista que elaboró el Gobierno del anterior Presidente, Rodriguez Zapatero, aprobado en junio de 2010. Con él se quería reconocer a la comunidad musulmana y apoyar planes locales contra la exclusión, combatir la captación de terroristas, neutralizar técnicamente las páginas web yihadistas, actuar contra redes de apoyo y financiación, reforzar la seguridad en espacios públicos de gran afluencia y mejorar el control de fronteras.

Lo cierto es que no cabe la ingenuidad ante la complejidad del fenómeno yihadista. Por eso la gran mayoría de los españoles, según las encuestas, comparten la necesidad de adoptar nuevas medidas policiales y reformas penales -en el marco de una unidad de acción internacional- que resulten eficaces para detectar y prevenir acciones terroristas que atacan nuestras libertades.

Sin embargo, las ciudades deben seguir siendo laboratorios de innovación política, socialización cultural y democratización de sus instituciones, por lo que pueden realizar una contribución decisiva a la cohesión social, la lucha contra la exclusión y a la promoción de valores culturales democráticos compartidos en torno a una idea de ciudadanía común.

Todo ello ha de llevar a las instituciones y a este Parlamento a contemplar otras estrategias que complementen las de tipo policial y represivo, las de la alta diplomacia internacional y la necesaria cooperación migratoria con los países de origen. Porque los efectos de la crisis económica sobre el empleo y en la reducción de recursos educativos y asistenciales en las administraciones, vienen bien a los discursos nacionalistas populistas y xenófobos que alientan la desconfianza y rechazo hacia el mundo musulmán, sin distinciones. Y en ello juega un papel determinante la propia amenaza de la Yihad islámica hacia las sociedades occidentales.

Es preciso tener en cuenta la existencia de una realidad europea en la que abundan la discriminación y las actitudes de exclusión. Porque ayudan a crear un "caldo de cultivo" que puede arrastrar a jóvenes islamistas con raíz migrante de segunda y tercera generación -habitantes de ghettos de exclusión social y alentados por los conflictos internacionales- a enrolarse vía internet en las filas de Al Qaeda y el Estado Islámico.Contra esa realidad hay que actuar.

Las ciudades europeas, en particular las de la Unión Europea, han de desarrollar una estrategia común en materia de migración que permita extender la condición de ciudadanía a esos millones de personas mediante su acceso real a la educación, los servicios públicos, el mercado laboral y la vida cultural. Las claves de esta estrategia se encuentran recogidas en las recomendaciones del Consejo de Europa y en los principios de la Red "Intercultural Cities" nacida en 2008.

La Red parte de la tesis de que es necesario afrontar las situaciones que influyen en casos de radicalización, como es la marginación social, cultural y económica de buena parte de los jóvenes musulmanes que viven en nuestras ciudades. De ahí la urgencia de adoptar medidas de integración y mejora de sus condiciones de vida, así como un esfuerzo de los recursos educativos para contrarrestar la propaganda radical. Así mismo, la Red entiende que las políticas interculturales constituyen una tercera vía entre la asimilación y el multiculturalismo.

Con esta filosofía, desde enero de 2011, opera en España una pequeña Red de Ciudades Interculturales (RECI) de la mano del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Y desde "La ciudad intercultural paso a paso" (guía práctica del Consejo de Europa) se persiguen las siguientes finalidades:

- sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de la diversidad haciendo realidad el diálogo en un modelo de ciudad inclusivo e intercultural para evitar divisiones étnicas, religiosas, lingüísticas y culturales, exclusiones y conflictos;

- la interacción entre los migrantes, instituciones locales y los diferentes agentes de las sociedades receptoras para fomentar valores compartidos y un sentido de identidad y pertenencia común a la ciudad donde se resida;

- la lucha contra el racismo y la xenofobia así como la prevención de la incitación al odio;

- defender ciudades inclusivas que fomenten la cohesión social y la eliminación de territorios de exclusión;

- salvaguardar los derechos humanos y los principios democráticos, entre ellos el de la participación ciudadana;

- garantizar el acceso general a los servicios educativos y sociales de modo que se posibilite la inclusión de las personas inmigrantes en las sociedades locales.

Por último, habría que recuperar el Plan Estratégico "Ciudadanía e Integración 2011-2014", aprobado por el Gobierno Zapatero en septiembre de 2011, que recogía políticas de integración para la población inmigrante en un marco de convivencia intercultural, así como actuaciones sobre los servicios públicos y de participación para hacerlos accesibles a los inmigrantes en condiciones de igualdad y sin merma en la calidad.

Aquel Plan Estratégico, en un momento de regresión de las políticas migratorias aplicadas en los años de crecimiento económico, decía que resultaba necesario por cuanto que era un elemento fundamental de la gobernanza del proceso de adaptación mutua de las personas inmigrantes y autóctonas, porque trata de contribuir al proceso bidireccional fomentando un desarrollo económico, social, cultural e institucional avanzado, plural y duradero para el conjunto de residentes en España, a través de intervenciones equilibradas de los poderes públicos y la sociedad civil.

El Parlamento, la ciudadanía y el conjunto de la sociedad española han de ser conscientes de la dificultad de la tarea, reconociendo que sin una fuerte apuesta de las instituciones todo se quedará en pura retórica y alimentará a los extremistas. Las "otras medidas" por la inclusión, aquí recordadas, no serán un agua milagrosa pero pueden contribuir a rebajar la intensidad del incendio provocado por la exclusión y el fanatismo religioso.

En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista propone al Pleno del Congreso la siguiente PROPOSICIÓN NO de LEY :

                                       "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1- Complementar las medidas del Estado de Derecho en favor de la seguridad nacional desde el respeto a los principios de la democracia y los derechos humanos, medidas recogidas en el Pacto de Estado para la prevención y lucha contra la amenaza yihadista, con una estrategia sostenible en los planos cultural, educativo y social. Esta implica, también, una respuesta a los discursos xenófobos e islamófobos que azuzan el miedo hacia la inmigración y buscan relacionar la presencia de inmigrantes con la amenaza terrorista.

2- Asumir y aplicar la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, aprobada el 21 de enero de 2015, que propone una acción común en materia de migración y fomentar desde el nivel local un tratamiento intercultural de la diversidad junto a un modelo urbano eficaz de inclusión y cohesión social que elimine las deficiencias hacia las personas inmigrantes.

3- Apoyar a la Red de Ciudades Interculturales en España y extender entre los Ayuntamientos el uso de la Guía práctica del Consejo de Europa, con acciones dirigidas a reforzar los valores democráticos compartidos y los sentimientos de pertenencia que acerquen a todos a una misma condición de ciudadanía para favorecer la inclusión de las personas inmigrantes, con especial referencia a la población de origen musulmán.

4- Establecer un compromiso en favor de constituir una plataforma de concertación y cooperación entre el Estado, las administraciones autonómicas y los poderes locales para avanzar en la construcción de la convivencia democrática desde la igualdad de trato y no discriminación por origen racial o étnico, la interacción y diálogo intercultural entre autóctonos, inmigrantes nacionalizados de diferentes generaciones y extranjeros".

Odón Elorza

Diputado Socialista por Gipuzkoa

Congreso de los Diputados a 20 de marzo de 2015