Preguntas al Gobierno sobre sus incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica tras las 42 Recomendaciones críticas de la ONU. Con anexo de respuestas.

PREGUNTAS REALIZADAS A RAJOY, TRAS LAS 42 RECOMENDACIONES CRÍTICAS DE LA ONU, PARA QUE EL PP APLIQUE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

                                                    A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. Odón Elorza González, Diputado por Gipuzkoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el Art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes PREGUNTAS sobre "los incumplimientos del Gobierno sobre la ley de Memoria Histórica", para que le sean contestadas por escrito.

                                                                         MOTIVACIÓN :

La ONU, tras la reciente visita a España del relator especial, Pablo de Greiff, sobre desapariciones forzadas, ha presentado un informe que plantea una larga lista de 42 recomendaciones dirigidas al Gobierno del Presidente Rajoy y la petición de que en un plazo de 90 días "presente un cronograma en el que el Gobierno indique las medidas que se llevarán a cabo para implementar sus peticiones y asistir a las víctimas del franquismo."

El citado informe no debiera pasar inadvertido para el Presidente Rajoy y su Gobierno y recuerda que España está "obligada" por el derecho internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada en 2010, a "asumir su responsabilidad" y elaborar "una política de Estado comprensiva, coherente y permanente que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura saber qué pasó con sus seres queridos y recuperar sus restos."

Todo ello viene a abundar en las reiteradas denuncias formuladas por las asociaciones de víctimas del franquismo, de la Memoria Histórica y por el Grupo Parlamentario Socialista, entre otros, sobre los incumplimientos reiterados de la Ley de Memoria Histórica por parte del PP.

                                                Por todo ello, formulo las siguientes PREGUNTAS:

1-¿Qué valoración hace el Gobierno de las 42 recomendaciones que ha hecho públicas la ONU en relación con la no aplicación de la Ley de Memoria Histórica?

2-¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para cumplir con las peticiones de la ONU de cara a presentar en octubre un informe oficial con un cronograma para implementar las acciones a desarrollar y asistir a las víctimas del franquismo de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica?

3-¿Está dispuesto el Gobierno del Sr. Rajoy a colaborar con recursos en las tareas de búsqueda y exhumación de los desaparecidos forzados y asesinados durante la guerra civil y la dictadura mediante un Plan Nacional de búsqueda y de ayudas en los diferentes campos para la ejecución e investigación de las exhumaciones?

4-¿Es partidario el Gobierno del Presidente Rajoy de favorecer las investigaciones judiciales sobre las personas desaparecidas en la guerra civil y a posterior durante la dictadura?

5-¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la creación de una Comisión de la Verdad, también solicitada por la ONU, además de por asociaciones, familias de víctimas y partidos de la oposición, que aborde la cuestión de las violaciones de los derechos humanos acaecidas durante la dictadura?

6-¿Piensa el Gobierno atender las recomendaciones de la ONU, coincidentes con las de la Comisión de Expertos, sobre la necesidad de resignificar y reformar los contenidos del mausoleo de El Valle de los Caídos que representa un ataque a la memoria democrática, a la cultura de la convivencia y a la reconciliación?

7-¿Es partidario el Gobierno, a la vista de las recomendaciones de la ONU, de recuperar y reabrir la Oficina de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista?

8-¿Qué piensa hacer el Gobierno ante la petición de Naciones Unidas de colaborar con Argentina, en defensa del principio de Justicia Universal, para que se facilite la investigación de casos de desaparición forzada en España y, además se colabore con los Estados que abran investigaciones sobre este tipo de delitos?

Congreso de los Diputados, a 30 de septiembre de 2014

                             RESPUESTAS DEL GOBIERNO A LAS PREGUNTAS DEL DIPUTADO ODÓN ELORZA.

1-En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que el relator especial de Naciones Unidas ha conocido de primera mano las labores del Gobierno en materia de Memoria Histórica, y se le ha aportado cuantos datos e información ha requerido, una labor en la que no sólo el Gobierno de la Nación ha estado involucrado, sino también diferentes Comunidades Autónomas.

Las observaciones realizadas hasta ahora por el Relator persiguen fundamentalmente dos líneas de actuación: una, la necesidad de que existan líneas de financiación para labores de exhumación; y dos, el ejercicio de funciones en materia de Memoria Histórica por parte de todas las Administraciones e Instituciones públicas.

Respecto del primer punto, se indica que ya en el año 2006, el Gobierno abrió unas líneas de financiación en favor de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, con el fin de llevar a cabo las tareas de recuperación de la Memoria Histórica y de investigación, indagación y localización de fosas de la Guerra Civil. Desde la apertura de estas líneas de financiación, se han destinado más de 25 millones de euros, lo que ha permitido la subvención de importantes actividades, de las que 8,2 millones de euros, el 39,65 %, se han destinado a la localización de fosas.

En el marco de la actual situación de crisis económica, en el año 2012 se aplicaron por parte del Gobierno medidas para la contención del gasto público, lo que hizo que se declarara la no disponibilidad de créditos que amparen convocatorias de subvenciones pendientes de convocar o resolver, por lo que este criterio se aplicó a las subvenciones en esta materia.

Como ya se ha expuesto, actividades de localización y exhumación de gran importancia pudieron llevarse a cabo gracias a las cantidades destinadas para ello desde 2006 a 2011. Prueba de ello es que en el Mapa de Fosas de la Guerra Civil, que gestiona el Ministerio de Justicia, se incluyeron durante 2009, su primer año de funcionamiento, las localizaciones de 1.465 fosas. Posteriormente, y aun habiendo subvenciones sobre tales actividades, la incorporación de fosas ha sido paulatinamente inferior. Actualmente se recogen en el Mapa un total de 2.382 fosas, con la localización e identificación de 45.134 víctimas.

En relación con el segundo punto, se señala que el Gobierno de la Nación explicó al Relator las actuaciones en su ámbito, en que aplica con normalidad la legalidad vigente en materia de Memoria Histórica. De manera muy resumida esta actividad se refiere a: atención personalizada sobre cualquier cuestión sobre la materia a ciudadanos y asociaciones; expedición de Declaraciones de Reparación y Reconocimiento Personal, como vehículo de reparación moral a las víctimas y familiares de la Guerra Civil y la Dictadura; mantenimiento del mencionado Mapa de Fosas; lanzamiento y mantenimiento del Mapa de españoles fallecidos en campos nazis de concentración; otorgamiento de ayudas y subvenciones a víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, de acuerdo con lo regulado en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura; y, por último, se continúa con la normal tramitación de las peticiones de adquisición de la nacionalidad española en el marco de las previsiones de la Ley 52/2007.

Con todas estas actividades, el Gobierno muestra su apoyo a todos cuantos han padecido las consecuencias de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a sus familiares. Un apoyo que es económico y moral, en línea con las previsiones legales de la Ley 52/2007, y de los principios generales sobre derechos humanos y sobre recuperación de la memoria histórica y democrática que asientan diversas declaraciones de organismos europeos e internacionales de los que España forma parte.

2- En relación con la información solicitada, se indica que España tiene un poder judicial independiente del poder ejecutivo, como corresponde a un Estado democrático constitucional con separación de poderes.

3- En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que, en noviembre de 2011, la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos emitió un informe, a petición del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, en el que realizaba una serie de consideraciones en torno al futuro del Valle de los Caídos.

Es de destacar en primer lugar que dicha Comisión se nombró sin contar con el principal partido de la oposición.

Surgen dos cuestiones fundamentales en relación con este asunto: por un lado, la protección histórica, arquitectónica, artística y natural del Valle y su conjunto, y por otro lado, el contenido simbólico del Valle.

En lo referente a la primera cuestión, el Gobierno trabaja para evitar el deterioro del conjunto artístico y natural: así lo expuso la Comisión de Expertos en su recomendación número 22, y así lo constata la realidad. Aunque también debe reseñarse que la misma Comisión reconoció que las posibles actuaciones sobre el Valle de los Caídos requieren un desembolso económico, el cual no es aconsejable realizar en momentos de restricciones presupuestarias. La principal dificultad deviene de las canalizaciones de agua, y el problema que ello ocasiona tanto en el conjunto arquitectónico como en los osarios, haciendo muy compleja la identificación de las víctimas aún no reconocidas.

El Gobierno ha realizado numerosas intervenciones de reparación en este sentido para la protección del conjunto, como reparaciones en cubiertas, paramentos y canales de agua; además, se ha reforzado la protección de la escultura de La Piedad, se ha reparado la tapia perimetral de la finca y se ha trabajado igualmente para preservar el ecosistema de este Espacio Natural.

En lo referente al valor simbólico del Valle, se está ante una cuestión que debe tomarse con cautela y con respeto. En este sentido, el citado Informe de la Comisión de Expertos hace un especial hincapié en el amplio consenso que debe existir para actuar sobre el Valle de los Caídos. Ese consenso deberá buscarse cuando los demás elementos sean propicios para llevar a cabo las actuaciones pertinentes. La iniciativa es de carácter político, de carácter político general, y no una actuación del Gobierno.

Todos los sectores políticos y sociales debemos estar resueltos en tratar de buscar un amplio consenso. No se trata de destruir, sino de explicar. Así lo expuso la Comisión de Expertos que, de hecho, abogó por mantener el nombre de «Valle de los Caídos».

El Gobierno tiene la firme convicción de que las víctimas que se encuentran inhumadas en el Valle de los Caídos merecen el recuerdo y el respeto de todo. Por ello, como se ha dicho, debemos ser todos los sectores políticos y sociales, los que avancemos de manera serena para ir hallando posibles soluciones, con el norte puesto en el absoluto respeto al conjunto de las víctimas y su recuerdo.

4- En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que no se aprecia la necesidad de reabrir la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, en tanto en cuanto las funciones que ésta tenía asignada pasaron a integrarse en la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, también del Ministerio de Justicia.

Así, el Ministerio de Justicia continúa con la normal aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, con numerosas actuaciones:

En primer lugar, se mantiene, gestiona y actualiza el Mapa integrado de Fosas de la Guerra Civil. Actualmente, 2.382 fosas aparecen localizadas en este Mapa.

En segundo lugar, se atienden las consultas por parte de asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica y por parte de ciudadanos en general en materias relacionadas con la Ley 52/2007. En 2013 se atendieron 1.316 llamadas. En 2012, se atendieron 4.295. Es importante señalar que en años anteriores, las consultas de este tipo rondaban las 10.000 anuales, por lo que se muestra de nuevo que no hay una menor actividad de la Administración en la materia, sino que desde el año 2011 se viene produciendo una menor demanda ciudadana en este sentido.

En tercer lugar, el Ministerio de Justicia sigue participando en la Comisión para el reconocimiento de ayudas a «Ex Presos Sociales», residenciada en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Hasta la fecha, ya se han reconocido más de 100 pensiones de este tipo, destinadas a aquellas personas que por su condición de homosexuales sufrieron prisión en aplicación de las Leyes de Vagos y Maleantes o de Peligrosidad Social.

En cuarto lugar, el Ministerio de Justicia participa igualmente en la Comisión para la aplicación del artículo 10 de la Ley de Memoria Histórica, que tiene por objeto el reconocimiento de indemnizaciones a personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977. La citada Comisión, al igual que la anterior de Ex Presos Sociales, se residencia en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En quinto lugar, se continúa con la expedición de Declaraciones de Reparación y Reconocimiento Personal que recoge el artículo 4 de la Ley 52/2007. Este es un instrumento capital en el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como de sus familiares. Se siguen cursando, estudiando y expidiendo con total normalidad. Hasta la fecha se han emitido 1.628 Declaraciones de Reparación y, en concreto, 274 durante la presente Legislatura. La expedición de estas Declaraciones, de alto valor moral, reparador y sentimental, no hace sino mostrar de nuevo el compromiso del Gobierno y del Ministerio de Justicia con el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, y con el derecho a recordar que asentó Naciones Unidas.

Estas Declaraciones de Reparación se relacionan con los principios de reconocimiento general a las víctimas, que recoge el artículo 2 de la Ley 52/2007, que realiza una proclamación general del carácter radicalmente injusto de todas las condenas y sanciones producidas, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil y la Dictadura, proclamación que se complementa con la declaración, en el artículo 3, de la ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la guerra civil y, en todo caso, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo.

En sexto lugar, se continúa con la normal tramitación de las peticiones de adquisición de la nacionalidad española en el marco de las previsiones de la Ley de Memoria Histórica. Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a lo largo de los tres años del plazo abierto para ello, y que concluyó en diciembre de 2011, se presentaron medio millón de solicitudes de opción a la nacionalidad española de origen al amparo de la Ley 52/2007, habiéndose aprobado más del 90 % de las solicitudes que cumplían con los requisitos legalmente establecidos. Por otra parte, en el Ministerio de Justicia, la División de Derechos de Gracia y otros Derechos (competente en Memoria Histórica) y la Dirección General de los Registros y del Notariado (competente en nacionalidad) están colaborando para dar curso acelerado de los recursos por peticiones de nacionalidad que se reciben por razón de alguno de los supuestos contenidos en la Ley 52/2007.

Y en séptimo lugar, se ha procedido al lanzamiento de la Base de Datos de los españoles fallecidos en los campos de concentración nazis. Se trata de una aplicación accesible desde la página web del Ministerio de Justicia, que recoge la información sobre los 4.400 españoles fallecidos en los campos de concentración nazis de Austria y Alemania, una herramienta de alto interés tanto para investigadores como para ciudadanos.

Con todas estas actividades, el Gobierno muestra su apoyo a todos cuantos han padecido las consecuencias de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a sus familiares. Un apoyo que es económico y moral, en línea con las previsiones legales de la Ley 52/2007, y de los principios generales sobre derechos humanos y sobre recuperación de la memoria histórica y democrática que asientan diversas declaraciones de organismos europeos e internacionales de los que España forma parte.

5- En relación con la información solicitada, se indica que los instrumentos de cooperación judicial entre España y el conjunto de países que constituyen la comunidad internacional se encuentran perfectamente regulados en nuestro país, tanto en las leyes internas como en los tratados y convenios bilaterales y multilaterales. El uso de los citados instrumentos, en todo caso, lo determina el poder judicial, con la colaboración, al tratarse de asuntos transfronterizos que afectan a las relaciones entre los Estados, del poder ejecutivo. Este último utiliza siempre, en esa colaboración activa con la acción de la justicia, criterios de defensa del interés general y de la legalidad.

Madrid, 4 de noviembre de 2014.

- El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.