Iniciativa parlamentaria: PNL en favor de un Parlamento abierto y participativo.

                                                     A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presento la siguiente Proposición no de Ley en relación con la consecución de un Parlamento Abierto y el impulso a la democracia participativa, para su debate en Pleno.

En el Congreso de los Diputados a 19 de enero de 2016.

                                                              EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :

Iniciamos una nueva legislatura en el marco de un nuevo ciclo político en España debiendo afrontar y dar respuesta a carencias y desfases detectados en nuestro sistema institucional, empezando por la reforma del Reglamento del Congreso; esto es,reformar sus reglas de funcionamiento para reforzar el papel central que corresponde jugar a una Cámara que representa la soberanía popular.

Desde hace años, pero de modo más patente con ocasión de la crisis económico-financiera, indicadores como el barómetro del CIS y estudios de entidades y organizaciones independientes que trabajan en favor de la regeneración de la vida política coinciden en destacar la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones y en el sistema democrático. Por ello, el Gobierno y todos los Grupos Parlamentarios tienen que trabajar para poner fin a la desafección política de la ciudadanía vigorizando la democracia, acercando el Parlamento a la calle y favoreciendo la relación e interacción entre los representantes y los representados, entre la sociedad civil y los partidos.

Se trata de recuperar el prestigio de las instituciones y el ejercicio real de sus funciones, perfeccionando un sistema democrático en el que se han producido retrocesos importantes en los derechos sociales y laborales, casos graves de corrupción, un ataque la separación de poderes, así como abusos inadmisibles y descontrolados de poder. En el caso del Parlamento, su regeneración implica el compromiso con la defensa del interés público y una genuina representación del pueblo, para que ni la calle ni las redes puedan sustituir la función del Congreso.

Nuestro sistema político, nacido con la Constitución de 1978, no es un modelo cerrado sino que debemos abordar nuevos retos y redefinir su funcionamiento para reforzar sus bases éticas, su capacidad de control a los gobernantes, la transparencia y las vías de participación social. Es preciso profundizar en los principios de la cultura democrática para dar respuesta a la desconfianza ciudadana provocada por las insuficiencias del sistema y los vicios de la práctica política acumulados durante años.

En un escenario de regeneración es exigible fomentar las buenas prácticas parlamentarias para que el Congreso ejerza su papel de control al gobierno y de garante de la rendición de cuentas, desarrolle de modo transparente su actividad para que resulte accesible toda la información pública, consiga un funcionamiento eficaz e intensivo de la Cámara e incorpore cauces de consulta y participación para las organizaciones, agentes sociales y ciudadanía en las actividades del Congreso, incluidos los procesos legislativos; en definitiva, se trata de lograr la apertura del Congreso a la sociedad.

Las propuestas sobre la reforma del Reglamento surgirán del trabajo de la Ponencia a constituir por la Mesa del Congreso, petición ya solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. En ese marco, los Grupos Parlamentarios deberán buscar amplios acuerdos de modo que un nuevo Reglamento sirva para establecer unas reglas de juego consensuadas, más democráticas y funcionales para los órganos del Congreso en sus procedimientos. Un funcionamiento que otorgue, además, más autonomía a los diputados y permita un Congreso más eficiente, transparente, participativo, ágil y tecnológico.

No se puede entender la democracia como una simple delegación de voto en los representantes elegidos para cuatro años. La relación del Parlamento con los electores debe sustentarse en el compromiso contenido en un nuevo contrato ciudadano por el que los parlamentarios rindan cuentas periódicamente y se abran nuevos cauces y mecanismos de seguimiento, interacción y participación ciudadana. Lamentablemente, el Congreso de los Diputados ha ido retrasando, sin justificación, los trabajos de la Ponencia encargada de la reforma del Reglamento.

El objetivo a lograr es un modelo de Parlamento Abierto que informe, desde la transparencia y de manera objetiva y veraz, a la ciudadanía de la actividad de la institución y la de los parlamentarios. Un Parlamento que haga accesibles las iniciativas, huellas legislativas, documentación, informes, votaciones, actas y acuerdos en formatos abiertos, tratados de manera que resulten comprensibles. Un Gobierno y un Parlamento Abiertos que, en desarrollo del art. 23.1 de la Constitución, creen espacios de participación para integrar inquietudes y propuestas de la sociedad, con cauces horizontales y verticales de participación -que incluyan a las redes sociales con todas sus potencialidades- para escuchar e implicar a la ciudadanía en los asuntos públicos y, entre ellos, en los debates de reflexión y procesos legislativos del Congreso.

Por último, no se puede olvidar que la consecución de un acuerdo entre los Grupos sobre la reforma reglamentaria ha de formar parte de un compromiso más global en torno a un proyecto integral para la regeneración democrática que suponga la revisión y puesta al día de diferentes leyes. Y ha de perseguir la revitalización de la democracia en su dimensión representativa y con la extensión de cauces para la participación, con el objetivo de afianzarla como una democracia participativa incluyente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta al Pleno del Congreso para su aprobación la siguiente:

                                                                  PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1- Promover y proponer cuantas iniciativas y medidas legislativas sean necesarias para dar respuesta a las deficiencias, inadaptaciones y retos que presenta nuestro sistema político e institucional, abordando su regeneración democrática de la mano de las fuerzas políticas y sociales que permita recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en especial en el Parlamento, así como prevenir y combatir la corrupción.

2- Presentar en el Congreso para su debate, un Plan Estratégico de regeneración democrática con acciones planificadas y dirigidas a las administraciones públicas, sistema educativo, medios de comunicación y redes sociales, partidos políticos, agentes sociales, organizaciones y ciudadanía en general. Un Plan dirigido a fortalecer la calidad de la democracia, el buen gobierno de las instituciones, desarrollar el artículo 23.1 de la Constitución, empoderar a la sociedad civil y formar a los funcionarios, empresarios y políticos en "la cultura de la ética, la transparencia, la participación y la corresponsabilidad política".

Las actuaciones del Plan gubernamental ha de servir para que la ciudadanía tome conciencia de sus derechos y deberes, y para que los funcionarios y políticos asuman sus compromisos ėticos y de servicio en favor del interés general en una sociedad que demanda una democracia de más calidad en el marco de un proceso integral de regeneración del sistema político en España.

3- Comprometerse a promover la participación de las diferentes administraciones y de la sociedad civil en la identificación de Buenas Prácticas que aporten eficacia y eficiencia en el funcionamiento de las instituciones, así como nuevos enfoques de transparencia e innovación en la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación.

4- Promover, con inmediatez, la reforma de la Ley Orgánica sobre la Iniciativa Legislativa Popular, un instrumento de participación directa en la elaboración de leyes para facilitar su utilización regular por la ciudadanía, mejorando el procedimiento de manera que incluya la reducción del número de firmas exigibles y su recogida por vía telemática, la opción de la retirada de la ILP por los promotores, su defensa por representantes de la ILP en la Comisión correspondiente durante su tramitación en el Congreso, así como el replanteamiento de las materias excluidas de la Iniciativa Legislativa Popular.

5- Cooperar con la Mesa del Congreso, los Portavoces, Grupos Parlamentarios y la Ponencia que aborda el estudio de la reforma del Reglamento, para corregir el déficit de representación y favorecer el perfeccionamiento de nuestro sistema parlamentario. De manera que, además, de contar con un Código Ético para los parlamentarios de acuerdo con la recomendación del Grupo GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) que sea de fácil acceso para los ciudadanos, el Reglamento del Congreso incorpore nuevos principios e instrumentos, procedimientos y comportamientos abiertos, programas y plataformas tecnológicas que permitan:

5-1. Incrementar el periodo de trabajo de la Cámara de modo que se garanticen las reuniones del Pleno de la Cámara durante los meses de enero y julio, hasta ahora no hábiles, aumentando con carácter preceptivo las sesiones de control y dependiendo la convocatoria del Pleno durante el mes de agosto del acuerdo de la Diputación Permanente. Además, todas las Comisiones deben reunirse al menos dos veces al mes, sin que sea posible que una mayoría de gobierno obstaculice sus convocatorias con el fin de “desactivar” la función de control. En el mismo sentido, se reforzará tanto la dedicación exclusiva como la obligación de asistencia de los parlamentarios al Pleno y a las Comisiones de las que formen parte.

5-2. La total transparencia de la información parlamentaria, incorporando al expediente legislativo las gestiones e informes previos y los trabajos relacionados con cualquier iniciativa legislativa en tramitación, tanto por el Gobierno como por los Diputados y por los grupos parlamentarios. Implantar sistemas de fácil acceso que permitan el seguimiento, medición y supervisión de la “huella legislativa” para identificar en el texto de una iniciativa legislativa aprobada, el origen y autoría de las enmiendas incorporadas a partir del texto inicial.

5-3. El refuerzo de los mecanismos de control de la acción del Gobierno, y específicamente de las sesiones de control, mediante la ampliación del número de preguntas de la oposición y concretamente de las dirigidas al Presidente del Gobierno, y del tiempo destinado a las mismas; la regulación de preguntas sin formulación ni notificación previa y de los supuestos que justifiquen los aplazamientos por ausencias justificadas, así como la regulación expresa de las peticiones de comparecencias urgentes del Presidente y miembros del Gobierno e interpelaciones dirigidas al Presidente.

5-4. La celebración y regulación del debate anual sobre el estado de la Nación.

5-5. La creación de Comisiones de Investigación cuando lo soliciten un tercio de los miembros de la Cámara, sin que pueda la mayoría parlamentaria evitar su debate y constitución.

5-6. La exigencia de mayorías cualificadas para la inadmisión a trámite de las iniciativas, sin que pueda ser acordada por los miembros de un sólo grupo parlamentario.

5-7. El establecimiento de procedimientos parlamentarios específicos para que el Congreso de los Diputados participe en decisiones que afectan a sus competencias originarias, como las que se derivan de las previsiones de la Unión Económica y Monetaria en materia presupuestaria, especialmente las relativas al semestre europeo y las previstas en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Se debe arbitrar también la posibilidad de que los diputados del Parlamento Europeo puedan tomar la palabra en debates de Comisiones en que se traten temas relacionados con Europa

5-8. La incorporación a la norma reglamentaria del procedimiento de consulta previa y autorización parlamentaria en relación con las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, así como la regulación de documentación que debe acompañar al acuerdo del Gobierno.

5-9. La constitución de un órgano específicamente encargado de realizar un seguimiento del cumplimiento dado a las resoluciones aprobadas por la Cámara.

5-10. Con carácter general, el procedimiento legislativo debe tener dos lecturas: en el Pleno, sobre la totalidad del proyecto, y en la Comisión correspondiente, garantizando el debate detallado del proyecto, por artículos y enmiendas. En las leyes orgánicas y en las iniciativas de especial relevancia, como la Ley de Presupuestos, la lectura final en el Pleno sólo debería incorporar enmiendas previo acuerdo de un número mínimo de grupos parlamentarios.

5-11. La tramitación de los Decretos-Leyes como proyectos de ley cuando así lo soliciten dos grupos parlamentarios o una tercera parte de los diputados

5-12. La previsión, en los tiempos y momentos de intervención en los debates, de condiciones equilibradas entre los portavoces parlamentarios y los miembros del Gobierno.

5-13. Redefinir y promocionar la función de las Comparecencias públicas en Comisiones y Ponencias de agentes sociales, expertos, asociaciones y organizaciones interesadas o afectadas por el contenido de una iniciativa legislativa. Los trámites de audiencia habrán de producirse como un proceso previo a la tramitación de las proposiciones y proyectos de ley con el objetivo de aportar una legitimidad adicional a la tramitación de las leyes. Para ello, se trata de escucharles y de poder dar mayor peso a sus opiniones en la posterior toma de decisiones por el Parlamento y los parlamentarios.

Se deberá contemplar la opción de que los colectivos también puedan solicitar comparecer en audiencia especial para pedir explicaciones al gobierno, así como regular en el Reglamento, por razones de transparencia, que sus aportaciones sean públicas y accesibles en la red.

5-14. Reformular el Derecho de Petición del artículo 77 de la Constitución, convirtiendo la actual Comisión de Peticiones en una Comisión Permanente de Peticiones y Participación Ciudadana que tenga la facultad de convocar en "audiencia especial" a los autores de peticiones y preguntas de interés -si algún Grupo la apoya- o de iniciativas colectivas -apoyadas por un número de firmas- (sería la figura simbólica del diputado 351) para que defiendan en el Congreso su contenido.

La Comisión de Peticiones, en su caso, dará posterior traslado de las mismas a las otras Comisiones de la Cámara, pudiendo ser asumidas por los diputados para su tramitación como demandas de origen ciudadano. Las peticiones y preguntas se podrán formular también por vía telemática, estableciendo la obligación de que se respondan en un plazo concreto, con la ayuda de una sencilla plataforma tecnológica, y que se hagan públicas con su contenido y tratamiento.

5-15. Crear Foros Deliberativos o Audiencias en el Parlamento a instancias de la Mesa del Congreso o de las Mesas de Comisiones, con presencia de ciudadanos, organizaciones, entidades y parlamentarios con el objetivo de promover la deliberación, la consulta y el debate social sobre una materia o demanda concreta para superar las actuales insuficiencias del sistema representativo, hacer posible un mayor control político y una rendición periódica de cuentas y que la opinión de aquellas pueda ser tenidas en cuenta por los representantes parlamentarios en su agenda parlamentaria.

Se tendrá que realizar un informe final con un resumen de las aportaciones efectuadas en cada Audiencia para favorecer que pudieran llegar a convertirse en iniciativas parlamentarias a tramitar por algún Grupo de la Cámara. Requiere la puesta en marcha de una plataforma informática dentro del portal del Parlamento.

5-16. Promover e incentivar iniciativas parlamentarias de carácter incluyentes y participadas. Como ejercicio contemplado en un código de buenas prácticas parlamentarias, se deberá impulsar en la fase de preparación de las iniciativas parlamentarias un proceso de consulta y contraste a entidades y organizaciones interesadas o implicadas en la temática, ofreciéndoles participar en la redacción del contenido de las mismas y manteniéndoles informadas de su posterior tramitación y resultado.

5-17. Potenciar el papel de las nuevas tecnologías y de la web del Parlamento para que faciliten el acceso a la información, actúen como espacio virtual de diálogo, canal de colaboración interna entre instituciones y la sociedad, y sirvan de cauce a la participación ciudadana para que sea parte activa en la toma de decisiones. Para ello se deberá fomentar la presencia en internet y en las redes sociales de la institución y de los parlamentarios para poder interactuar con la sociedad.

Un Parlamento abierto, en contacto con la ciudadanía, exige un compromiso de escucha y respuesta a las personas y una comunicación bidireccional, desarrollar las políticas de información transparentes y favorecer la deliberación y el debate; todo ello mediante el apoyo de guías de buenas prácticas de uso, cursos formativos a parlamentarios y funcionarios, así como nuevas herramientas digitales.

5-18. Garantizar una información del Parlamento con total transparencia desde el Parlamento virtual de su página web, proporcionando a la sociedad el acceso ágil y sencillo a la información sobre las actividades, votaciones en Pleno y Comisiones, iniciativas de todo tipo por parte de Grupos políticos y parlamentarios, incluyendo las Preguntas formuladas y las respuestas del gobierno, las sesiones de control al Gobierno, actas, presupuestos, documentos, informes y tramitaciones que generan tanto el Parlamento como los Grupos Parlamentarios.

5-19. Se deberá posibilitar la reutilización de la información y facilitar su búsqueda a través de formatos abiertos, accesibles y en tiempo real para que la ciudadanía y las organizaciones puedan seguir y controlar la huella legislativa, aportándoles así capacidad de participación y colaboración.

La web del Parlamento no puede estar dirigida a "ciudadanos expertos". Por ello, junto a la labor de acumular y ordenar con una visión integral la información en la web acompañada de vídeos, audios, infografías, etc, también se ha ofrecer un canal de selección de la información para que sea comprensible por el gran público, situándola en su contexto, editando resúmenes y utilizando un vocabulario cercano.

5-20. Recoger en el Reglamento la obligada publicación en su página web de las agendas de los diputados con sus actividades y reuniones.

5-21. Creación creación de un registro de los grupos de interés o lobbies y la regulación de sus actividades.

5-22. Reforzar las obligaciones de información de los parlamentarios relativas a las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales. En tal sentido, deberán presentar al comienzo y fin de su mandato, una certificación de Hacienda sobre su situación patrimonial y sobre si están al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. La Comisión del Estatuto de los Diputados deberá comprobar la veracidad de dichas declaraciones sobre actividades y bienes patrimoniales.

5-23. Reformar el sistema de incompatibilidades de los diputados y, en concreto, dotar de publicidad a los debates en la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre las declaraciones de sus actividades.

5-24. Incorporar la adhesión formal de la Cámara a la llamada "Declaración internacional sobre la Transparencia Parlamentaria de Roma 2012".

5-25. Colaborar con las organizaciones independientes de monitorización parlamentaria mediante acuerdos entre el Gobierno, Las Cortes y las OMP. Su finalidad, como actores puente e interlocutores de la sociedad civil, es la acercar la actividad del Parlamento a las redes, promover el debate sobre las políticas públicas, explorar caminos de colaboración entre la ciudadanía y la institución, vigilar las prácticas de gobierno y parlamentarias, adaptar los mensajes de la web oficial con lenguaje menos técnico, así como hacer más transparente y más accesible la información de la vida del Parlamento.

5-26. Apoyar la creación y el trabajo de los intergrupos parlamentarios sobre objetivos o temas concretos a los que se quiera dar visibilidad política mediante la producción de propuestas o iniciativas parlamentarias de base plural, con apertura a la presencia de representantes de entidades y organizaciones sociales, en base a una regulación básica y flexible de su funcionamiento, de modo que cualquier persona interesada pueda realizar aportaciones a los trabajos en curso.

5-27. La celebración anual, institucionalizada y pública en el propio salón del Pleno de un "Debate Social sobre el estado de la nación", con intervenciones de una pluralidad de entidades y organizaciones sociales para que puedan exponer su visión de la realidad y sus peticiones al Congreso con anterioridad al debate anual de politica general entre el Gobierno y los Grupos Parlamentarios.

5-28. Impulsar las Oficinas Parlamentarias de proximidad, tanto en el territorio de su circunscripción como virtuales en las redes, para atender y dialogar con la ciudadanía y rendir cuentas a los electores. Por la vía de las NTICs se podrá proponer y hacer preguntas, estando obligados los parlamentarios a responder en un plazo para hacer efectivo el principio de participación activa.

5-29. Ofrecer un plan de comunicación, de carácter divulgativo y pedagógico, para que puedan ser conocidos por el conjunto de la sociedad los canales de información, los cauces presenciales y las plataformas digitales que ofrece el Parlamento. Porque la participación no se improvisa y porque existe el peligro de una cierta monopolización de los procesos, resulta obligado activar y extender la cultura de la participación sobre bases reales y comprometidas.

5-30. Encargar la realización de un Informe-Memoria anual a un organismo independiente no gubernamental que haga el seguimiento y vigile el correcto cumplimiento de un nuevo Reglamento del Congreso en favor de un Parlamento Abierto a una democracia participativa y transparente. El informe deberá contemplar una valoración de su nivel de ejecución, problemas detectados y un capítulo de recomendaciones; todo ello deberá ser debatido en el Congreso y Senado.

6- Contemplar en los Presupuestos Generales del Estado, planes y programas que permitan un buen aprovechamiento de las NTICs por parte de la institución parlamentaria y los parlamentarios en el desempeño de sus cometidos, así como por otras administraciones, en especial la Local. Todo ello deberá traducirse, como principio democrático, en una información transparente y accesible para la ciudadanía, ofrecida desde el Parlamento y desde todos los niveles de la administración pública como condición imprescindible para activar la democracia participativa, presencial y digital."

En Madrid, Congreso de los Diputados, a 19 de enero de 2016

Odón Elorza  /  Diputado Socialista por Gipuzkoa