Iniciativa parlamentario que presento a la dirección del Grupo Socialista en relación con la petición de reabrir la investigación sobre las causas del accidente del tren Alvia en Santiago.
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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Odón Elorza, Diputado por Gipuzkoa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY, "en relación con la necesidad de reiniciar la investigación oficial sobre las causas del grave accidente del tren Alvia en Santiago, el 24 de julio de 2013", para su debate en el Pleno.
En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 29 de enero de 2017
EL DIPUTADO, ODÓN ELORZA GONZÁLEZ
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Superados los tres años desde que ocurrió el grave accidente del tren Alvia, en Angrois (Santiago) en julio de 2013, se han producido importantes novedades que obligan a las autoridades españolas a reabrir la investigación sobre todas las posibles causas del accidente .
Se trata, en primer lugar, del Auto de la Audiencia Provincial de A Coruña emitida en junio de 2016. Por otra parte, se conoció en julio de 2016 el Informe de las autoridades de la Unión Europea, -por medio del organismo "Agencia Ferroviaria Europea"- que han puesto en cuestión los fundamentos de la investigación llevada a cabo por el Ministerio de Fomento. Por último, el pasado día 24 de enero, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó una resolución tras escuchar a una representación de las víctimas.
En el caso de la Audiencia de A Coruña, su acuerdo de 27 de mayo de 2016, se basa en algunos de los informes periciales que avalan la existencia de indicios de que en la curva había un riesgo de accidente por error humano de tal intensidad que, de haber sido evaluado, habría sido necesario imponer su supresión o minoración para gestionar la reducción de la velocidad en la curva. “Existen indicios”, sostiene, “de que el método aplicado por Adif, tanto como pauta general como en el caso investigado presenta carencias que determinaron que no se apreciase el riesgo realmente existente. Y se centra, finalmente, en la “corrección de la exportación de los riesgos al maquinista o a Renfe en los términos en los que fue efectuada".
Por tal motivo, la sala acuerda reabrir la instrucción y retrotraer la causa a la fase de las diligencias previas y ordena la ratificación y aclaración “de dos informes periciales”, así como de las pruebas que se consideren necesarias. Pide, en concreto, que se determina si “existió y era normativa y técnicamente necesaria una evaluación integral del riesgo de la línea 082 que tuviese en cuenta la situación de peligro concretamente existente en la curva en donde se produjo el accidente”.
La Audiencia indica además al juzgado que confirme si, como consta en el informe de uno de los peritos, es cierto que “existía un consenso técnico entre los expertos sobre la necesidad de protección de las transiciones significativas de velocidad mediante sistemas de control continuo o puntual”. Destacan los magistrados que “no se trata exclusivamente de que el modo en el que se valoró o gestionó el riesgo para la autorización de la línea no fuese el adecuado” sino que ese modo de valoración puede “adquirir una relevancia causal respecto del accidente al haber indicios de que existía efectivamente un riesgo excesivo en la curva” y que este “debería haber sido paliado hasta límites aceptables”.
El accidente, que provocó el descarrilamiento de un tren de alta velocidad a la llegada a la estación de Santiago de Compostela, causando 80 muertos y 152 heridos, "no ha sido investigado de forma independiente”, afirma, por su parte, la Agencia Ferroviaria Europea, según publicaron en julio de 2016 diferentes medios de comunicación.
El documento de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), de abril de 2016 y retenido durante meses por Fomento, cuestiona la actuación del organismo español que llevó a cabo los trabajos, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Así mismo, abre la puerta a reiniciar la investigación. En tal sentido, señala que: "teniendo en cuenta la relevancia del accidente, esta agencia considera que debería abrirse una investigación que siga los requisitos de independencia adecuados”
La evaluación de Bruselas estima que la investigación se ha centrado en el error humano del conductor y ha obviado “cuestiones esenciales sobre el origen del accidente”. El texto incide en que se ha puesto el foco en el descarrilamiento olvidando entrar en más detalles sobre la posterior colisión y el fuego que siguieron al impacto, y estima que no aporta suficiente luz sobre qué vagón fue el primero en salir de la vía, lo que podría aportar información valiosa sobre el episodio. La propia Agencia Ferroviaria Europea ha ofrecido a España que sus expertos tomen parte en las nuevas indagaciones que pudieran reabrirse sobre el caso.
El informe contradice el mensaje que la ex-Ministra de Fomento, Ana Pastor, hizo llegar a las víctimas, en el que aseguraba la independencia de la comisión encargada de la investigación. “La composición del equipo del CIAF no permite asegurar los requisitos de independencia que recoge la directiva sobre seguridad ferroviaria”, concluye Bruselas. Miembros de Adif y Renfe se implicaron en las pesquisas, lo que contraviene las normas europeas sobre independencia.
Por su parte, la Plataforma de Víctimas del accidente ya venía denunciando que la investigación “no fue independiente, ya que parte del equipo de investigación lo forman las empresas públicas implicadas en el accidente: RENFE, ADIF e INECO”. Es decir, los responsables que, en su opinión, “desconectaron el sistema de seguridad porque generaba retrasos". Los portavoces de la plataforma afirman que "la Directiva 2004/49 de seguridad ferroviaria obliga a realizar una evaluación de riesgos y aplicar medidas de control cuando haya cambios en las condiciones de funcionamiento o cuando un nuevo material suponga nuevos riesgos en la infraestructura. En el caso de este accidente, la valoración y control de riesgos se tendría que haber llevado a cabo cuando se hizo un cambio del proyecto original y no se instaló el sistema de seguridad ERTMS en el punto más peligroso del trazado. Tampoco se hizo cuando el jefe de maquinistas advirtió por escrito del riesgo existente en la curva, en diciembre de 2011".
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en sus conclusiones del pasado día 24 de enero de 2017, tras recibir la visita de portavoces de las víctimas del accidente, se dirigirá a la Comisión Europea para que le pida a España una nueva investigación independiente sobre el accidente de Angrois. Cuentan las informaciones publicadas que a sus denuncias sobre las irregularidades que rodearon el accidente, en concreto incumplimientos de la normativa europea en materia de seguridad y publicidad, se sumó la intervención del director de la Agencia Ferroviaria Europea, Josef Doppelbauer, ratificando la ausencia de independencia y de rigor en la investigacion realizada en España por la Ciaf.
Los portavoces de todos los grupos en la Eurocámara, excepto el del Partido Popular, pidieron una nueva investigación supervisada por la Comisión Europea, a la que apelaba la Plataforma de Víctimas para que se pueda conocer la toda la verdad del accidente.
Los anteriores hechos y los importantes nuevos pronunciamientos llevan al Grupo Parlamentario Socialista a plantear, con la finalidad de esclarecer toda la verdad sobre los hechos, la siguiente,
PROPOSICIÓN NO DE LEY :
"El Congreso de los Diputados insta a la Gobierno a que reabra, atendiendo los diferentes pronunciamientos y circunstancias sobrevenidas, la investigación oficial, con garantías plenas de independencia, sobre las causas del accidente del tren Alvia, ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois (Santiago), en el que murieron 80 personas y 152 resultaron heridas".
*Nota: Proposición no autorizada por la dirección del Grupo Socialista.